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Fiscal de Venezuela: Tribunal Supremo violó la constitución
Protestas. Opositores al Gobierno de Nicolás Maduro se manifiestan en rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de asumir las competencias del Parlamento, ayer en Caracas.
Caracas.-La fiscal general de Venezuela aseguró ayer que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de atribuirse los poderes de la Asamblea Nacional evidencia una violación a la constitución, en un sorpresivo mensaje de quien hasta ahora era vista como cercana al gobierno de Nicolás Maduro.
Por su parte, la cancillería argentina informó que el sábado se realizará en Buenos Aires una reunión urgente de los cancilleres de los países que integran el Mercosur «ante la grave situación institucional en la República Bolivariana de Venezuela».
Dos días después del fallo del máximo tribunal, la fiscal Luisa Ortega Díaz denunció que hubo una «ruptura» del orden constitucional.
Mientras, en las calles de Caracas las fuerzas de seguridad reprimieron a un grupo de estudiantes que protestaban frente al Tribunal Supremo y algunos periodistas también fueron golpeados.
Al presentar el balance anual de su gestión, Ortega Díaz manifestó su «alta preocupación» por las recientes sentencias del máximo tribunal -que también puso límites a la inmunidad de los legisladores- y llamó a la reflexión para que se tomen los «caminos democráticos» de respeto a la constitución.
En su fallo, el tribunal señaló que la Asamblea Nacional -controlada por la oposición por casi un año y medio- ha desacatado el cumplimiento de ordenamientos anteriores por lo que asumía las competencias legislativas. Las críticas internacionales fueron en aumento y el viernes el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió una sesión urgente para analizar la situación en el país sudamericano.
La coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para el sábado a una concentración en una plaza del este de Caracas donde la Asamblea Nacional realizará una sesión abierta.
Tras reiterar su denuncia de «golpe de Estado» la coalición llamó en un comunicado a las fuerzas armadas a «restituir el orden constitucional» e instó al resto de los representantes de los poderes públicos a seguir el ejemplo de la fiscal general.
«Hemos entrado en una etapa de resistencia», dijo a The Associated Press el diputado del partido Causa R, Américo De Grazia al referirse a la convocatoria a realizar marchas en todo el país. De Grazia insistió en que la oposición defenderá el bastión que ganó en las elecciones legislativas de diciembre de 2015 después 17 años de control oficialista.
Aunque la Sala Constitucional del máximo tribunal asumió el miércoles las competencias parlamentarias, De Grazia sostuvo que la mayoría opositora seguirá legislando.
En Caracas varias decenas de universitarios al grito de «Libertad» se apostaron a las puertas del máximo tribunal para rechazar la sentencia. Guardias nacionales con equipos antimotines reprimieron a los manifestantes empujándolos y golpeándolos. Al menos un estudiante resultó herido y varios periodistas fueron golpeados.
La dirigente estudiantil María Gabriela Cortes relató a AP que al menos dos de sus compañeros fueron detenidos y otros «fuertemente golpeados». «Nos golpearon con los cascos, los escudos y las cachiporras y a algunos hasta les rompieron las camisas mientras los empujaban», agregó.
La Asamblea Nacional convocó para el martes a una sesión especial en la que se debatirá, entre otros temas, la situación de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo cuyo nombramiento ya había sido cuestionado el año pasado por la mayoría opositora.
A pesar de las numerosas críticas que generó en el ámbito local e internacional la sentencia del máximo tribunal, que llevó a algunos gobiernos como los de Perú y Chile a retirar a sus embajadores, Maduro aún no se ha manifestado públicamente.
España se sumó el viernes a las críticas y el presidente del gobierno Mariano Rajoy dijo que «si se rompe la división de poderes se rompe la democracia».
En tanto, siete de los países que integran la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) condenaron la decisión del Tribunal Supremo y reclamaron que se respete el estado de derecho y la separación de poderes.
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay manifestaron su «alarma» por el fallo del máximo tribunal venezolano como un hecho que atenta «contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa» y reclamaron al gobierno de Maduro que garantice «la efectiva separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos, así como a las instituciones democráticas».
En diciembre, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay decidieron apartar a Venezuela del Mercosur por incumplir el plazo que le habían fijado para adecuarse a las normas del bloque, incluidas las relacionadas con la garantía de los derechos humanos y la separación de poderes.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos también manifestó inquietud por la decisión del tribunal y consideró que la democracia venezolana está «claramente vulnerada».
El enfrentamiento entre el Legislativo y el Poder Judicial de Venezuela comenzó en diciembre de 2015 luego de que la Sala Electoral de la Corte suspendió, por supuestas irregularidades en su elección, a cuatro diputados, tres de ellos opositores.
Luego de casi un año de confrontación los tres diputados aceptaron la sentencia y renunciaron a sus cargos pero el Tribunal Supremo mantuvo a la Asamblea Nacional en desacato.
Esta semana la Corte limitó la inmunidad de los diputados, asumió las competencias legislativas y autorizó al gobierno a crear empresas mixtas petroleras sin el visto bueno del Congreso.
MADURO DESCONOCÍA LA SENTENCIA DEL TSJ
El presidente venezolano, Nicolás Maduro indicó que desconocía que el TSJ iba a sacar una sentencia como esa y que además tampoco tenía conocimiento de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, tomaría esa posición, una situación que, ironizó, sirve para demostrar que en Venezuela “hay una dictadura”.
“En Venezuela hay Poderes Públicos legítimos, constitucionales, y cada poder actúa ajustado a la Constitución y su consciencia, yo actúo de acuerdo a los mandatos de la Constitución y del TSJ, si no estoy de acuerdo con alguna parte de alguna sentencia acudo, a través de la Procuraduría General, y pido aclaratoria”, dijo. Por ello, aseguró que en Venezuela todos los poderes están en “pleno uso de sus facultades” y rechazó los señalamientos de que no hay democracia en el país.
Internacionales
Dominicano enfrenta cargos en Estados Unidos por presunto fraude de más de US$166 mil en ayudas sociales
Rodolfo Armando Fernández Guzmán es señalado de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense para acceder a programas de alimentación, servicios médicos y asistencia de vivienda en Massachusetts.
MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS. – Las autoridades federales estadounidenses presentaron cargos contra el dominicano Rodolfo Armando Fernández Guzmán, acusado de apropiarse de la identidad de un ciudadano norteamericano para obtener presuntamente beneficios gubernamentales valorados en US$166,479.25.
De acuerdo con los documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado habría utilizado información personal ajena para acceder a distintos programas de asistencia social destinados a familias y personas que cumplen determinados requisitos económicos.
Las investigaciones señalan que Fernández Guzmán obtuvo presuntamente beneficios de alimentación, cobertura médica y subsidios de vivienda mediante el uso fraudulento de una identidad estadounidense.
Más de 166 mil dólares en beneficios bajo investigación
Según la acusación federal, los recursos supuestamente obtenidos por el dominicano corresponden a tres programas de asistencia pública:
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US$22,402 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a facilitar la adquisición de alimentos.
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US$98,481.25 en beneficios de MassHealth, el sistema de cobertura médica de Massachusetts.
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US$45,596 mediante el programa de asistencia habitacional conocido como Sección 8, que ayuda a familias de bajos ingresos con el pago de alquileres.
El monto total de los beneficios cuestionados asciende a US$166,479.25, según las cantidades detalladas por las autoridades federales.
También habría conseguido documentos oficiales con identidad ajena
La investigación establece que Fernández Guzmán presuntamente empleó los datos personales de la víctima para tramitar documentos de identificación en dos estados norteamericanos.
Entre los documentos mencionados figuran dos tarjetas estatales de identificación, un permiso provisional para conducir y tres licencias de conducir emitidas en Massachusetts y Arizona.
Las autoridades consideran que estas actuaciones formarían parte de un esquema de suplantación de identidad que permitió al acusado realizar diversos trámites utilizando información personal que no le pertenecía.
El expediente también recoge que Fernández Guzmán habría sido condenado anteriormente por dos delitos graves en Arizona y que las sentencias de prisión fueron registradas bajo la identidad del ciudadano afectado.
Este último señalamiento también forma parte de las alegaciones presentadas por las autoridades y deberá ser valorado conforme a las pruebas correspondientes.
Caso forma parte de ofensiva federal contra fraudes sociales
El proceso contra el dominicano está incluido en una operación de alcance nacional desarrollada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Agricultura (USDA) y su Oficina del Inspector General.
La iniciativa busca identificar y perseguir presuntos esquemas de fraude relacionados con programas de asistencia económica financiados con fondos públicos.
Según las informaciones oficiales, las actuaciones iniciadas desde septiembre involucran a más de 40 acusados y abarcan posibles pérdidas cercanas a los US$45 millones.
De esa cantidad, aproximadamente US$42 millones corresponden a presuntas irregularidades vinculadas con el programa de asistencia alimentaria SNAP.
Las investigaciones han identificado diferentes modalidades delictivas, entre ellas la utilización de identidades sustraídas, dispositivos destinados a obtener información de tarjetas electrónicas y establecimientos comerciales presuntamente utilizados para desviar fondos públicos.
Autoridades intensifican investigaciones
En el operativo participan distintas dependencias federales encargadas de investigar delitos económicos y proteger los recursos destinados a programas de asistencia social.
Las actuaciones incluyen la colaboración de 13 fiscalías federales y otras autoridades estadounidenses.
El expediente contra Fernández Guzmán se tramita en el Distrito de Massachusetts, donde las autoridades deberán presentar los elementos probatorios que sustenten las imputaciones.
El caso pone de relieve la preocupación de las instituciones estadounidenses por los mecanismos de fraude que pueden afectar programas creados para atender necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.
Acusado conserva presunción de inocencia
Aunque las autoridades federales han presentado señalamientos sobre el supuesto uso de documentos ajenos y la obtención irregular de beneficios públicos, estas imputaciones todavía deben ser demostradas en el proceso judicial.
La presentación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad.
Fernández Guzmán mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad penal.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos y Diario Libre USA, 26 de octubre de 2026.
Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.