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Fiscal de Venezuela: Tribunal Supremo violó la constitución

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AP

Protestas. Opositores al Gobierno de Nicolás Maduro se manifiestan en rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de asumir las competencias del Parlamento, ayer en Caracas.

Caracas.-La fiscal general de Venezuela aseguró ayer que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de atribuirse los poderes de la Asamblea Nacional evidencia una violación a la constitución, en un sorpresivo mensaje de quien hasta ahora era vista como cercana al gobierno de Nicolás Maduro.

Por su parte, la cancillería argentina informó que el sábado se realizará en Buenos Aires una reunión urgente de los cancilleres de los países que integran el Mercosur «ante la grave situación institucional en la República Bolivariana de Venezuela».

Dos días después del fallo del máximo tribunal, la fiscal Luisa Ortega Díaz denunció que hubo una «ruptura» del orden constitucional.

Mientras, en las calles de Caracas las fuerzas de seguridad reprimieron a un grupo de estudiantes que protestaban frente al Tribunal Supremo y algunos periodistas también fueron golpeados.

Al presentar el balance anual de su gestión, Ortega Díaz manifestó su «alta preocupación» por las recientes sentencias del máximo tribunal -que también puso límites a la inmunidad de los legisladores- y llamó a la reflexión para que se tomen los «caminos democráticos» de respeto a la constitución.

En su fallo, el tribunal señaló que la Asamblea Nacional -controlada por la oposición por casi un año y medio- ha desacatado el cumplimiento de ordenamientos anteriores por lo que asumía las competencias legislativas. Las críticas internacionales fueron en aumento y el viernes el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió una sesión urgente para analizar la situación en el país sudamericano.

La coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para el sábado a una concentración en una plaza del este de Caracas donde la Asamblea Nacional realizará una sesión abierta.

Tras reiterar su denuncia de «golpe de Estado» la coalición llamó en un comunicado a las fuerzas armadas a «restituir el orden constitucional» e instó al resto de los representantes de los poderes públicos a seguir el ejemplo de la fiscal general.

«Hemos entrado en una etapa de resistencia», dijo a The Associated Press el diputado del partido Causa R, Américo De Grazia al referirse a la convocatoria a realizar marchas en todo el país.               De Grazia insistió en que la oposición defenderá el bastión que ganó en las elecciones legislativas de diciembre de 2015 después 17 años de control oficialista.

Aunque la Sala Constitucional del máximo tribunal asumió el miércoles las competencias parlamentarias, De Grazia sostuvo que la mayoría opositora seguirá legislando.

En Caracas varias decenas de universitarios al grito de «Libertad» se apostaron a las puertas del máximo tribunal para rechazar la sentencia. Guardias nacionales con equipos antimotines reprimieron a los manifestantes empujándolos y golpeándolos. Al menos un estudiante resultó herido y varios periodistas fueron golpeados.

La dirigente estudiantil María Gabriela Cortes relató a AP que al menos dos de sus compañeros fueron detenidos y otros «fuertemente golpeados». «Nos golpearon con los cascos, los escudos y las cachiporras y a algunos hasta les rompieron las camisas mientras los empujaban», agregó.

La Asamblea Nacional convocó para el martes a una sesión especial en la que se debatirá, entre otros temas, la situación de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo cuyo nombramiento ya había sido cuestionado el año pasado por la mayoría opositora.

A pesar de las numerosas críticas que generó en el ámbito local e internacional la sentencia del máximo tribunal, que llevó a algunos gobiernos como los de Perú y Chile a retirar a sus embajadores, Maduro aún no se ha manifestado públicamente.

España se sumó el viernes a las críticas y el presidente del gobierno Mariano Rajoy dijo que «si se rompe la división de poderes se rompe la democracia».

En tanto, siete de los países que integran la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) condenaron la decisión del Tribunal Supremo y reclamaron que se respete el estado de derecho y la separación de poderes.

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay manifestaron su «alarma» por el fallo del máximo tribunal venezolano como un hecho que atenta «contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa» y reclamaron al gobierno de Maduro que garantice «la efectiva separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos, así como a las instituciones democráticas».

En diciembre, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay decidieron apartar a Venezuela del Mercosur por incumplir el plazo que le habían fijado para adecuarse a las normas del bloque, incluidas las relacionadas con la garantía de los derechos humanos y la separación de poderes.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos también manifestó inquietud por la decisión del tribunal y consideró que la democracia venezolana está «claramente vulnerada».

El enfrentamiento entre el Legislativo y el Poder Judicial de Venezuela comenzó en diciembre de 2015 luego de que la Sala Electoral de la Corte suspendió, por supuestas irregularidades en su elección, a cuatro diputados, tres de ellos opositores.

Luego de casi un año de confrontación los tres diputados aceptaron la sentencia y renunciaron a sus cargos pero el Tribunal Supremo mantuvo a la Asamblea Nacional en desacato.

Esta semana la Corte limitó la inmunidad de los diputados, asumió las competencias legislativas y autorizó al gobierno a crear empresas mixtas petroleras sin el visto bueno del Congreso.

MADURO DESCONOCÍA LA SENTENCIA DEL TSJ
El presidente venezolano, Nicolás Maduro indicó que desconocía que el TSJ iba a sacar una sentencia como esa y que además tampoco tenía conocimiento de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, tomaría esa posición, una situación que, ironizó, sirve para demostrar que en Venezuela “hay una dictadura”.

“En Venezuela hay Poderes Públicos legítimos, constitucionales, y cada poder actúa ajustado a la Constitución y su consciencia, yo actúo de acuerdo a los mandatos de la Constitución y del TSJ, si no estoy de acuerdo con alguna parte de alguna sentencia acudo, a través de la Procuraduría General, y pido aclaratoria”, dijo. Por ello, aseguró que en Venezuela todos los poderes están en “pleno uso de sus facultades” y rechazó los señalamientos de que no hay democracia en el país.

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Internacionales

Las muertes por ahogamiento en Francia aumentaron un 14 % durante las tres olas de calor

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Agencia EFE

PARÍS.- Un total de 925 personas sufrieron un episodio de ahogamiento en Francia entre el 1 de mayo y el 15 de julio de 2026, de las que 274 fallecieron, un aumento del 14 % respecto al mismo periodo del año anterior, informó este viernes Salud Pública Francia (SpF).

La mayoría de los ahogamientos, mortales o no, se registraron coincidiendo con las tres olas de calor que han afectado al país hasta la fecha.

Los adultos representaron la mayor parte de las víctimas mortales, con 237 fallecidos, mientras que 37 menores perdieron la vida, una cifra, en este último caso, similar a la registrada en el mismo periodo de 2025.

Entre los menores, la mayoría de los ahogamientos mortales se produjeron en ríos y lagos, especialmente en zonas de baño no habilitadas, durante los episodios de calor extremo.

Las regiones del sur y las zonas costeras concentraron el mayor número de ahogamientos, aunque Salud Pública Francia destacó un fuerte incremento de las muertes en regiones del interior, especialmente en Auvernia-Ródano-AlpesBorgoña-Franco Condado e Isla de Francia (donde está París).

Los fallecimientos en piscinas y otras zonas de baño artificial casi se duplicaron al pasar de 31 a 60.

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Internacionales

China realiza maniobras con fuego real en el estrecho Taiwán

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PEKIN.- Las Fuerzas Armadas de China han iniciado este jueves una serie de maniobras militares con fuego real en el estrecho de Taiwán poco después de que las autoridades del gigante asiático tildaran de «temerario» el discurso dado recientemente por el presidente taiwanés, Lai Ching Te, que ha afirmado que la isla «no va a actuar como una subordinada» de Pekín.

Está previsto que estas maniobras se lleven a cabo hasta las 18.00 horas (hora local) de este jueves, antes de reanudarse este viernes frente a las costas de Zhangzou, en la provincia de Fujian, en el este del país, según ha informado el Ejército.

En este sentido, ha confirmado que las áreas afectadas permanecerán cerradas de forma temporal a la navegación hasta que finalicen las actividades, aunque no han ofrecido más detalles sobre el asunto.

Los comentarios de Lai, a los que se han sumado declaraciones de representantes del gubernamental Partido Democrático Progresista (PDP), que han dicho que jamás permitirán un «retroceso» hacia un «Taiwán chino», han suscitado críticas en Pekín.

Las relaciones entre Pekín y Taipéi quedaron suspendidas en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai Shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a la isla de Taiwán.

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Internacionales

Veinte años contra financiero cometió fraude en Haití

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Agencia EFE  

Miami, Florida, Estados Unidos.- Una jueza federal sentenció este jueves a 20 años de cárcel a un financiero de Florida por armar un fraude en el que obtuvo fondos federales durante la pandemia de la covid-19 para financiar el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, informó la Fiscalía de Estados Unidos.

La Corte del Distrito Sur de Florida condenó a Keegan Harricharan, de 42 años y quien se había declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero con préstamos emitidos durante la pandemia bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES, en inglés).

Harricharan, residente en Florida, y sus cómplices «obtuvieron de manera fraudulenta» más de 840,000 dólares en préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP), para «promover, financiar y apoyar la conspiración» destinada a derrocar al Gobierno de Haití, en la que fue asesinado el presidente, según el Departamento de Justicia (DOJ).

El caso «es un recordatorio» de que los delitos financieros suelen ser «el motor detrás de conductas mucho más peligrosas», declaró Jason A. Reding Quiñones, fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida.

explotó programas de ayuda

«Este acusado no se limitó a cometer fraude. Explotó programas de ayuda por la pandemia destinados a mantener con vida a las pequeñas empresas durante una crisis nacional y lavó esos fondos robados a los contribuyentes para ayudar a promover una conspiración que culminó en el magnicidio del presidente haitiano», apuntó.

Con ello, suman nueve implicados condenados en Estados Unidos por el asesinato, a manos de un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos, además de más de 50 personas acusadas en Haití por el magnicidio, incluyendo la viuda de Moïse, aunque el proceso judicial en ese país permanece estancado por la crisis.

El asesinato del mandatario desató una crisis en Haití, lo que ha impulsado una ola migratoria hacia Estados Unidos, donde unos 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación, aunque el gobierno del presidente Donald Trump revocó esa medida, que expira la próxima semana.

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