INNOVACIÓN. A PRINCIPIO DE 2018 INICIARÁ NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE
Encuentro en Palacio. Momento de la reunión entre el presidente Danilo Medina y el componente de la Comisión Técnica que trabaja en la implementación de la Ley No. 63-17.
Santo Domingo.-El Gobierno garantizó ayer que antes de 60 días el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), comenzará a funcionar y que a más tardar el próximo mes serán seleccionados los funcionarios de la nueva entidad.
El anuncio fue hecho por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, tras una reunión de la Comisión Técnica que trabaja en la implementación de la Ley No. 63-17, con el presidente Danilo Medina, a quien presentaron los avances en aplicar el nuevo marco legal de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
“El anuncio más importante que ha salido de esta reunión es que en un plazo no mayor de 60 días estará operando el nuevo Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)”, indicó.
Explicó que el INTRANT “será el órgano rector del sistema de transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana”, tal como lo anunció el presidente Danilo Medina, el pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional.
Sustituirá y absorberá las funciones de cinco instituciones, en las que están el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONDET); la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), además del Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART). La Caja de Pensiones y Jubilaciones de choferes del transporte público es otra de las instituciones que sustituirá. “Como paso previo a la disolución de estas instituciones, hemos iniciado un proceso de identificación del personal”. Se trabaja junto al Ministerio de Administración Pública, para reubicarlos de acuerdo a las experiencias y perfiles.
Agregó que también trabajan en la fusión de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), entidad que será unida a la Autoridad Metropolitana de Transporte de Santiago (AMETRASAN) en una nueva institución. El resultado será la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digeset), tal y como lo establece la ley. La estructura organizacional de esa entidad será sometida a aprobación en los próximos días.
Elaboración de reglamentos
Montalvo explicó que la Ley 63-17 contempla la elaboración de 44 reglamentos y regulaciones, al tiempo que agregó que el propósito es asegurar su plena y efectiva aplicación.
“Para redactar estos reglamentos contamos con expertos internacionales y locales. Someteremos los borradores a consulta pública”. Así se podrán recibir las observaciones de organizaciones públicas y privadas y demás interesados”, argumentó.
El ministro de la Presidencia dijo que de manera simultánea, se están reuniendo con los operadores de las rutas de transporte.
“El plan de movilidad, incorpora cinco (5) terminales interurbanas que permitirán el intercambio de pasajeros al Sistema Integrado de Transporte Público. Estas estarán ubicadas en los portales de acceso a la ciudad de Santo Domingo, conectando las rutas provenientes de las distintas provincias del país, en una red Nacional de Movilidad colectiva. Es decir, que el peatón será prioridad en el acceso a la ciudad interconectado a través de un intercambiador, eficiente, seguro y con condiciones dignas para los usuarios”, agregó.
Dijo que la primera fase de implementación del nuevo modelo de gestión será el proyecto Transporte Rápido en Bus, en la Avenida 27 de Febrero de Santo Domingo, cuya primera etapa entrará en funcionamiento a principio del 2018.
El ministro Montalvo precisó que el objetivo es buscar el mayor consenso posible para regular el sector, esto en función del Plan de Movilidad Urbana y del marco legal vigente.
“Queremos que el nuevo sistema integrado de transporte público beneficie tanto a usuarios como a operadores. Para ello estamos evaluando la mejor manera de financiar el conjunto del sistema de forma equilibrada y sostenible”, dijo.
Agregó que todo se hará bajo la supervisión del INTRANT, mediante indicadores de calidad que garanticen buen servicio al usuario. El proyecto incorporará, asimismo, las rutas alimentadoras, dará acceso a los usuarios al sistema de cobro unificado de metro, bus y teleférico. Cuando entre en funcionamiento el INTRANT se aplicará, bajo su supervisión, el Plan de Seguridad Vial 2017-2020, según informó Montalvo.
Observatorio permanente
La Ley establece la puesta en marcha del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, el cual estará encargado de recolectar información objetiva y confiable que servirá de base para mejorar la seguridad vial y la Escuela Nacional de Educación Vial.
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NUEVOS ÓRGANOS DE SEGURIDAD VIAL
La Ley establece la puesta en marcha del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, el cual estará encargado de recolectar información objetiva y confiable que servirá de base para mejorar la seguridad vial y la Escuela Nacional de Educación Vial (ENEVIAL), que regirá la formación y capacitación en materia de transporte, tránsito terrestre y seguridad vial, así como de coordinar con las entidades que, desde el ámbito privado, tengan los mismos fines.
“Estamos reorganizando nuestras instituciones y nuestro marco legal. Esto solo es el primer paso hacia el objetivo real: reordenar nuestro transporte público”.
Reunión con el Presidente
A la reunión asistieron, además, los viceministros de la Presidencia, Zoraima Cuello, Juan Ariel Jiménez y Sina Del Rosario, junto a ellos, la viceministra de Obras Públicas, Claudia de Los Santos.
El director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, Héctor Mojica, también participó. Asimismo, los asesores del Ministerio de la Presidencia en materia de transporte, Jhael Isa, Raymundo Haché y José Holguín.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.
