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INTRANT empezará a operar antes de 60 días

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INNOVACIÓN. A PRINCIPIO DE 2018 INICIARÁ NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE

Encuentro en Palacio. Momento de la reunión entre el presidente Danilo Medina y el componente de la Comisión Técnica que trabaja en la implementación de la Ley No. 63-17.

Santo Domingo.-El Gobierno garantizó ayer que antes de 60 días el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), comenzará a funcionar y que a más tardar el próximo mes serán seleccionados los funcionarios de la nueva entidad.

El anuncio fue hecho por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, tras una reunión de la Comisión Técnica que trabaja en la implementación de la Ley No. 63-17, con el presidente Danilo Medina, a quien presentaron los avances en aplicar el nuevo marco legal de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

“El anuncio más importante que ha salido de esta reunión es que en un plazo no mayor de 60 días estará operando el nuevo Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)”, indicó.

Explicó que el INTRANT “será el órgano rector del sistema de transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana”, tal como lo anunció el presidente Danilo Medina, el pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional.

Sustituirá y absorberá las funciones de cinco instituciones, en las que están el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONDET); la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), además del Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART). La Caja de Pensiones y Jubilaciones de choferes del transporte público es otra de las instituciones que sustituirá. “Como paso previo a la disolución de estas instituciones, hemos iniciado un proceso de identificación del personal”. Se trabaja junto al Ministerio de Administración Pública, para reubicarlos de acuerdo a las experiencias y perfiles.

Agregó que también  trabajan  en la fusión de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), entidad que  será unida a la Autoridad Metropolitana de Transporte de Santiago (AMETRASAN) en una nueva institución. El resultado será la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digeset), tal y como lo establece la ley. La estructura organizacional de esa entidad será sometida a aprobación en los próximos días.

Elaboración de reglamentos
Montalvo explicó que la  Ley 63-17 contempla la elaboración de 44 reglamentos y regulaciones, al tiempo que agregó que el propósito es asegurar su plena y efectiva aplicación.

“Para redactar estos reglamentos contamos con expertos internacionales y locales. Someteremos los borradores a consulta pública”. Así se podrán recibir las observaciones de organizaciones públicas y privadas y demás interesados”, argumentó.

El ministro de la Presidencia dijo que de manera simultánea, se están reuniendo con los operadores de las rutas de transporte.

“El plan de movilidad, incorpora cinco (5) terminales interurbanas que permitirán el intercambio de pasajeros al Sistema Integrado de Transporte Público. Estas estarán ubicadas en los portales de acceso a la ciudad de Santo Domingo, conectando las rutas provenientes de las distintas provincias del país, en una red Nacional de Movilidad colectiva. Es decir, que el peatón será prioridad en el acceso a la ciudad interconectado a través de un intercambiador, eficiente, seguro y con condiciones dignas para los usuarios”, agregó.

Dijo que la primera fase de implementación del nuevo modelo de gestión será el proyecto Transporte Rápido en Bus, en la Avenida 27 de Febrero de Santo Domingo, cuya primera etapa entrará en funcionamiento a  principio del 2018.

El ministro Montalvo precisó que el objetivo es buscar el mayor consenso posible para regular el sector, esto en función del Plan de Movilidad Urbana y del marco legal vigente.

“Queremos que el nuevo sistema integrado de transporte público beneficie tanto a usuarios como a operadores. Para ello estamos evaluando la mejor manera de financiar el conjunto del sistema de forma equilibrada y sostenible”, dijo.

Agregó que todo se hará bajo la supervisión del INTRANT, mediante indicadores de calidad que garanticen buen servicio al usuario. El proyecto incorporará, asimismo, las rutas alimentadoras, dará acceso a los usuarios al sistema de cobro unificado de metro, bus y teleférico. Cuando entre en funcionamiento el INTRANT se aplicará, bajo su supervisión, el Plan de Seguridad Vial 2017-2020, según informó Montalvo.

Observatorio permanente 
La Ley  establece  la puesta en marcha del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, el cual estará encargado de recolectar información objetiva y confiable que servirá de base para mejorar la seguridad vial y la  Escuela Nacional de Educación Vial.

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NUEVOS ÓRGANOS DE SEGURIDAD VIAL

La Ley establece la puesta en marcha del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, el cual estará encargado de recolectar información objetiva y confiable que servirá de base para mejorar la seguridad vial y la Escuela Nacional de Educación Vial (ENEVIAL), que regirá la formación y capacitación en materia de transporte, tránsito terrestre y seguridad vial, así como de coordinar con las entidades que, desde el ámbito privado, tengan los mismos fines.

“Estamos reorganizando nuestras instituciones y nuestro marco legal. Esto solo es el primer paso hacia el objetivo real: reordenar nuestro transporte público”.

Reunión con el Presidente
A la reunión asistieron, además, los viceministros de la Presidencia, Zoraima Cuello, Juan Ariel Jiménez y Sina Del Rosario, junto a ellos, la viceministra de Obras Públicas, Claudia de Los Santos.

El director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, Héctor Mojica, también participó. Asimismo, los asesores del Ministerio de la Presidencia en materia de transporte, Jhael Isa, Raymundo Haché y José Holguín.

listindiario.com

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Piden prisión para profesor imputado por acoso sexual contra una estudiante

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SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.

La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.

De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.

El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.

La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.

El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.

Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.

La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

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Apelarán condena de 30 años a anciano de 83 años por tentativa de asesinato.

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Santo Domingo, R.D.-Milagros del Carmen Rodriguez, abogada de la Defensoría Pública, anunció que recurrirá la sentencia de 30 años de prisión impuesta a Nicolás Suárez, de 83 años, condenado por tentativa de feminicidio contra su expareja Erminia Núñez Durán, en el distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), quien  argumenta que la edad avanzada y el deteriorado estado de salud del imputado hacen inviable su reclusión en un centro penitenciario.

El Tercer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, integrado por las juezas Ingrid LiberatoDeyanira Méndez y Kimberly Tatis, impuso a Suárez la pena máxima por tentativa de asesinato. Sin embargo, la defensa sostiene que el tribunal no tomó en cuenta las atenuantes presentadas durante el proceso.

La abogada Milagros Del Carmen Rodríguez señaló que Suárez padece diabetes avanzada que le ha provocado la pérdida de la visión, condición que motivó que durante todo el proceso judicial permaneciera en prisión domiciliaria.

«Hemos solicitado varios permisos para ir al médico porque no ve; tiene una situación de diabetes que le ha quitado la vista», declaró la defensora pública.

Los hechos que originaron el proceso ocurrieron el 17 de julio de 2024 en un barrio del distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), cuando Nicolás Suárez agredió a su expareja, Erminia Núñez Durán, en un hecho calificado por la justicia como tentativa de asesinato.

A pesar de que el tribunal no acogió los argumentos atenuantes presentados por la defensa, la abogada insiste en que una condena de 30 años resulta desproporcionada e inaplicable dadas las condiciones del imputado.

La Defensoría Pública solicita que, en caso de mantenerse la calificación de tentativa de asesinato, la pena sea sustituida por una condena suspendida que no exceda los tres años.

La defensora invocó el principio de humanización de las penas, establecido en el ordenamiento jurídico dominicano, como fundamento central del recurso de apelación.

«No es posible que en este caso no se tome en cuenta el principio de humanización», afirmó Rodríguez.

El principio de humanización de las penas reconoce que la ejecución de una condena no debe atentar contra la dignidad del condenado ni agravar su situación más allá de lo que la propia pena implica. En casos de personas de edad avanzada con enfermedades graves, los tribunales de alzada dominicanos han considerado este principio como criterio válido para modificar sanciones.

La apelación será presentada ante la Corte de Apelación del departamento judicial de Santiago.

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Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.

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Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.

En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.

Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el  cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.

Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.

Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.

«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.

Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.

En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.

La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

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