INNOVACIÓN. A PRINCIPIO DE 2018 INICIARÁ NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE
Encuentro en Palacio. Momento de la reunión entre el presidente Danilo Medina y el componente de la Comisión Técnica que trabaja en la implementación de la Ley No. 63-17.
Santo Domingo.-El Gobierno garantizó ayer que antes de 60 días el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), comenzará a funcionar y que a más tardar el próximo mes serán seleccionados los funcionarios de la nueva entidad.
El anuncio fue hecho por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, tras una reunión de la Comisión Técnica que trabaja en la implementación de la Ley No. 63-17, con el presidente Danilo Medina, a quien presentaron los avances en aplicar el nuevo marco legal de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
“El anuncio más importante que ha salido de esta reunión es que en un plazo no mayor de 60 días estará operando el nuevo Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)”, indicó.
Explicó que el INTRANT “será el órgano rector del sistema de transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana”, tal como lo anunció el presidente Danilo Medina, el pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional.
Sustituirá y absorberá las funciones de cinco instituciones, en las que están el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONDET); la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), además del Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART). La Caja de Pensiones y Jubilaciones de choferes del transporte público es otra de las instituciones que sustituirá. “Como paso previo a la disolución de estas instituciones, hemos iniciado un proceso de identificación del personal”. Se trabaja junto al Ministerio de Administración Pública, para reubicarlos de acuerdo a las experiencias y perfiles.
Agregó que también trabajan en la fusión de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), entidad que será unida a la Autoridad Metropolitana de Transporte de Santiago (AMETRASAN) en una nueva institución. El resultado será la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digeset), tal y como lo establece la ley. La estructura organizacional de esa entidad será sometida a aprobación en los próximos días.
Elaboración de reglamentos
Montalvo explicó que la Ley 63-17 contempla la elaboración de 44 reglamentos y regulaciones, al tiempo que agregó que el propósito es asegurar su plena y efectiva aplicación.
“Para redactar estos reglamentos contamos con expertos internacionales y locales. Someteremos los borradores a consulta pública”. Así se podrán recibir las observaciones de organizaciones públicas y privadas y demás interesados”, argumentó.
El ministro de la Presidencia dijo que de manera simultánea, se están reuniendo con los operadores de las rutas de transporte.
“El plan de movilidad, incorpora cinco (5) terminales interurbanas que permitirán el intercambio de pasajeros al Sistema Integrado de Transporte Público. Estas estarán ubicadas en los portales de acceso a la ciudad de Santo Domingo, conectando las rutas provenientes de las distintas provincias del país, en una red Nacional de Movilidad colectiva. Es decir, que el peatón será prioridad en el acceso a la ciudad interconectado a través de un intercambiador, eficiente, seguro y con condiciones dignas para los usuarios”, agregó.
Dijo que la primera fase de implementación del nuevo modelo de gestión será el proyecto Transporte Rápido en Bus, en la Avenida 27 de Febrero de Santo Domingo, cuya primera etapa entrará en funcionamiento a principio del 2018.
El ministro Montalvo precisó que el objetivo es buscar el mayor consenso posible para regular el sector, esto en función del Plan de Movilidad Urbana y del marco legal vigente.
“Queremos que el nuevo sistema integrado de transporte público beneficie tanto a usuarios como a operadores. Para ello estamos evaluando la mejor manera de financiar el conjunto del sistema de forma equilibrada y sostenible”, dijo.
Agregó que todo se hará bajo la supervisión del INTRANT, mediante indicadores de calidad que garanticen buen servicio al usuario. El proyecto incorporará, asimismo, las rutas alimentadoras, dará acceso a los usuarios al sistema de cobro unificado de metro, bus y teleférico. Cuando entre en funcionamiento el INTRANT se aplicará, bajo su supervisión, el Plan de Seguridad Vial 2017-2020, según informó Montalvo.
Observatorio permanente
La Ley establece la puesta en marcha del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, el cual estará encargado de recolectar información objetiva y confiable que servirá de base para mejorar la seguridad vial y la Escuela Nacional de Educación Vial.
(+)
NUEVOS ÓRGANOS DE SEGURIDAD VIAL
La Ley establece la puesta en marcha del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, el cual estará encargado de recolectar información objetiva y confiable que servirá de base para mejorar la seguridad vial y la Escuela Nacional de Educación Vial (ENEVIAL), que regirá la formación y capacitación en materia de transporte, tránsito terrestre y seguridad vial, así como de coordinar con las entidades que, desde el ámbito privado, tengan los mismos fines.
“Estamos reorganizando nuestras instituciones y nuestro marco legal. Esto solo es el primer paso hacia el objetivo real: reordenar nuestro transporte público”.
Reunión con el Presidente
A la reunión asistieron, además, los viceministros de la Presidencia, Zoraima Cuello, Juan Ariel Jiménez y Sina Del Rosario, junto a ellos, la viceministra de Obras Públicas, Claudia de Los Santos.
El director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, Héctor Mojica, también participó. Asimismo, los asesores del Ministerio de la Presidencia en materia de transporte, Jhael Isa, Raymundo Haché y José Holguín.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.
