Editorial
El Negocio por Encima de la Ley
La instalación de parquímetros en el centro histórico de Santiago se constituyó en su momento en una grave violación a la ley, ya que la alcaldía de la segunda ciudad en importancia de Santiago transfirió la administración y aplicación de la Ley 241 en su jurisdicción en detrimento de los derechos de los ciudadanos cuando facultó a una empresa privada con fines de lucro imponer multas por parqueos.
El cabildo de Santiago ha decidido estudiar de nuevo la posibilidad de reinstalar los parquímetros en el municipio para supuestamente regular el tránsito en la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, lo primero es que ya existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la transferencia del poder público con que cuenta el ayuntamiento para imponer contravenciones económicas por violación de la ley de tránsito.
Lo grave del asunto es que los propietarios de la compañía Blue Parking Caribbean se valía de un ejército de hombres y mujeres que en la práctica sustituyeron la función del órgano que maneja las violaciones de la Ley 241, que es la Policía Nacional.
El asunto era tan grave que los empleados de la companía en cuestión ponían multas, no sólo a los que se les vencía el parquímetro, sino también a los que estaban parqueados en el frente de donde operaban los mismos, que aunque violaban la ley de tránsito, pero quien debía multarlos no son empleados de una empresa privada con fines de lucro, ya que el órgano encargado, como establecimos más arriba, es la Policía Nacional.
De igual modo, los que colocan las multas por la infracción están al margen de la ley por pertenecer a una empresa privada que su principal propósito es buscar lucrarse, lo cual se constituye en una razón muy peligrosa en lo que respecta a los derechos fundamentales.
Además, las multas que imponía esta companía nisiquiera eran conocidas por un juez, sino que la única opción que tenía el ciudadano o ciudadana era pagarlas y si no lo hacia corría el riesgo de que su vehículo fuera remolcado por una grúa que también pertenecía a la misma empresa privada.
Violaciones tan graves como éstas sólo pueden producirse en un país sub-desarrollado donde el empresariado puede borrar de golpe y porrazo los derechos ciudadanos y sustituir la función del Estado.
Es probable que el contrato firmado entre la empresa privada y el Gobierno municipal fuera el resultado de una copia muy mal interpretada de lo que pasa en muchas ciudades de los Estados Unidos, donde una serie de empresas privadas son las que remolcan los vehículos cuando tienen multas no pagadas por parqueo.
Recuérdese que estas empresas privadas aplican las compulsivas metodologías de cobro de las multas sin pagar, pero luego de que primero un empleado del municipio le ha colocado la multa al infractor y un juez ha conocido el caso si el conductor se ha declarado no culpable.
Es decir que el cobro pasa a una empresa privada luego de que el Estado ha cumplido con su parte y se trata de una infracción de tránsito irrevocablemente juzgada, pero nunca se permite que una empresa coloque las multas de tránsito de una manera arbitraria para de esa forma ilegal aumentar sus ganancias.
De manera, que la colocación de los parquímetros nuevamente en Santiago sobre la base de la misma modalidad se constituye en una grave violación de los derechos de los ciudadanos en virtud de que la alcaldía no puede transferir el poder público con que cuenta para beneficiar a particulares en detrimento de los derechos del ciudadano.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.