Editorial
El Negocio por Encima de la Ley
La instalación de parquímetros en el centro histórico de Santiago se constituyó en su momento en una grave violación a la ley, ya que la alcaldía de la segunda ciudad en importancia de Santiago transfirió la administración y aplicación de la Ley 241 en su jurisdicción en detrimento de los derechos de los ciudadanos cuando facultó a una empresa privada con fines de lucro imponer multas por parqueos.
El cabildo de Santiago ha decidido estudiar de nuevo la posibilidad de reinstalar los parquímetros en el municipio para supuestamente regular el tránsito en la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, lo primero es que ya existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la transferencia del poder público con que cuenta el ayuntamiento para imponer contravenciones económicas por violación de la ley de tránsito.
Lo grave del asunto es que los propietarios de la compañía Blue Parking Caribbean se valía de un ejército de hombres y mujeres que en la práctica sustituyeron la función del órgano que maneja las violaciones de la Ley 241, que es la Policía Nacional.
El asunto era tan grave que los empleados de la companía en cuestión ponían multas, no sólo a los que se les vencía el parquímetro, sino también a los que estaban parqueados en el frente de donde operaban los mismos, que aunque violaban la ley de tránsito, pero quien debía multarlos no son empleados de una empresa privada con fines de lucro, ya que el órgano encargado, como establecimos más arriba, es la Policía Nacional.
De igual modo, los que colocan las multas por la infracción están al margen de la ley por pertenecer a una empresa privada que su principal propósito es buscar lucrarse, lo cual se constituye en una razón muy peligrosa en lo que respecta a los derechos fundamentales.
Además, las multas que imponía esta companía nisiquiera eran conocidas por un juez, sino que la única opción que tenía el ciudadano o ciudadana era pagarlas y si no lo hacia corría el riesgo de que su vehículo fuera remolcado por una grúa que también pertenecía a la misma empresa privada.
Violaciones tan graves como éstas sólo pueden producirse en un país sub-desarrollado donde el empresariado puede borrar de golpe y porrazo los derechos ciudadanos y sustituir la función del Estado.
Es probable que el contrato firmado entre la empresa privada y el Gobierno municipal fuera el resultado de una copia muy mal interpretada de lo que pasa en muchas ciudades de los Estados Unidos, donde una serie de empresas privadas son las que remolcan los vehículos cuando tienen multas no pagadas por parqueo.
Recuérdese que estas empresas privadas aplican las compulsivas metodologías de cobro de las multas sin pagar, pero luego de que primero un empleado del municipio le ha colocado la multa al infractor y un juez ha conocido el caso si el conductor se ha declarado no culpable.
Es decir que el cobro pasa a una empresa privada luego de que el Estado ha cumplido con su parte y se trata de una infracción de tránsito irrevocablemente juzgada, pero nunca se permite que una empresa coloque las multas de tránsito de una manera arbitraria para de esa forma ilegal aumentar sus ganancias.
De manera, que la colocación de los parquímetros nuevamente en Santiago sobre la base de la misma modalidad se constituye en una grave violación de los derechos de los ciudadanos en virtud de que la alcaldía no puede transferir el poder público con que cuenta para beneficiar a particulares en detrimento de los derechos del ciudadano.
Aunque el título de este editorial no busca sobreponer los huracanes a otro fenómeno natural como son los terremotos, pero el mismo sólo persigue darle la trascendencia que tiene el problema de la falta de prevención que caracteriza al país.
Sin lugar a dudas que lo ocurrido en Venezuela debe servir de voz de alarma para el país, máxime que los terremotos están asociados a una falla tectónica que también abarca a la República Dominicana.
La cuestión es que cada vez que hay un evento de esta naturaleza resurgen las advertencias sobre el peligro que amenaza a la República Dominicana, cuya deficiencia es parte de un todo que no hay forma de superar por razones profundamente culturales.
Pero es que en esta materia como en ninguna otra el país no ha desarrollado políticas públicas dirigidas a construir una cultura de prevención que por lo menos evite que cualquier tragedia como resultado de un fenómeno natural como los terremotos se pueda llevar de paro medio país.
Hace décadas que se repiten las mismas advertencias y alertas e incluso se han creado leyes para disminuir el impacto de un terremoto de alta potencia como el de más de siete grados ocurrido en Venezuela, pero las mismas, como prácticamente todas las del sistema jurídico nacional, son letra muerta.
De manera, que con el discurrir de los años las construcciones a troche y moche han seguido su curso como si ese comportamiento no tuviera ninguna importancia y sólo se esperan los daños como resultado de un terremoto de alta magnitud como se espera en algún momento en el territorio nacional.
Un buen ejemplo del descuido o negligencia de las autoridades edilicias y del gobierno central son las torres construidos en urbanizaciones como “La Trinitaria de Santiago”, pese a que ya los expertos han advertido de que las mismas se levantan sin tomar en cuenta en su diseño el tipo de suelo que hay en la zona.
Ya ha habido hechos que deben servir de escarmiento a las autoridades para que pare la imprudencia de construir sin miramiento, como fue el desplome de la construcción de un hotel en la calle Del Sol de Santiago por la misma causa del tipo de suelo, pero lo ocurrido sirvió de poco.
El problema está nuevamente sobre el tapete por la gran tragedia que se ha producido en Venezuela, pero la preocupación durará muy poco tiempo, ya que al cabo de los días ya se retorna a la normalidad acostumbrada y se olvidan las construcciones que amenazan la vida de mucha gente por tratarse de una imprudencia que no valora la advertencia de los expertos en la materia.
Sólo falta que la verdad, que ojalá Dios no quiera que así sea, le dé en la cara muy duro a las autoridades nacionales que no hacen el menor esfuerzo para evitarle un gran dolor de cabeza a la sociedad dominicana.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso porque el que tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica o que no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora y que deja en una situación difícil la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también que atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.
La no ejecución de las leyes y la violación de las mismas son, sin lugar a dudas, el principal perfil de un Estado no viable, como ocurre en los países del tercer mundo, incluida la República Dominicana.
En el país se activa la acción del Estado después de ocurrida la tragedia, tanto a nivel público como privado, cuyos buenos ejemplos al respecto son la tragedia del Jet Set y los feminicidios, entre otros delitos y crimines que no tienen un régimen de consecuencia.
Todo como resultado de una cultura que tiene una explicación histórica que ha sido concretada con la expresión popular de que el dominicano le ponga candidato a la casa después que le roban.
Por esta razón el fenómeno se repite permanentemente sin que se produzca la capacidad y la fuerza institucional de ponerle coto a la impunidad que abraza a toda la sociedad dominicana.
El asunto se complica porque quien debe velar por la aplicación de la ley es el primero que la viola, es decir, que el Estado en vez de promover el valor del cumplimiento del orden legal es el primero que no lo respeta.
Esta realidad no es exclusiva para la aplicación de las leyes adjetivas, las llamadas organicas y ordinarias, sino que tampoco se respeta la Constitución de la República, la cual es violada regularmente hasta por propio presidente de la República.
De manera, que se trata de una cultura, de un problema integral que erosiona la credibilidad de la democracia, lo que la lleva a perder su legitimidad, cuyos funcionarios electos carecen del nivel de aprobación que valida el sistema.
Por esta razón no hay nada que funcione, porque todo el que va al poder piensa que llegó ahí para toda la vida y se preocupa muy poco porque las leyes se ejecutan como mandan sus textos.
La cuestión es que el partido del sistema que llega al poder se incorpora a una cadena de complicidad que necesariamente tiene que fortalecer para evitar su enjuiciamiento por la comisión de graves violaciones a la ley, lo cual involucra a los tres poderes del Estado, como ocurre en la actualidad.
Ahí está la razón de que en las encuestas de medición electoral esté prácticamente empatado el ninguno en aceptación popular con el partido oficial, lo que está explicada en que en el país prevalece a nivel político el clientelismo y el que tiene el control del Estado puede manejar los recursos públicos para promover ese antivalor que daña tanto a la democracia, lo cual, naturalmente, es transitorio y circunstancial.
La impunidad es lo que provoca que la autoridad no tenga mucho interés en la ejecución de la ley, lo que estimula fenómenos como los feminicidios y la relación sentimental entre hombres mayores y mujeres adolescentes o niñas menores de 16 años, cuyo impacto social es demoledor para cualquier sociedad que busque su desarrollo humano.