Editorial
El Negocio por Encima de la Ley
La instalación de parquímetros en el centro histórico de Santiago se constituyó en su momento en una grave violación a la ley, ya que la alcaldía de la segunda ciudad en importancia de Santiago transfirió la administración y aplicación de la Ley 241 en su jurisdicción en detrimento de los derechos de los ciudadanos cuando facultó a una empresa privada con fines de lucro imponer multas por parqueos.
El cabildo de Santiago ha decidido estudiar de nuevo la posibilidad de reinstalar los parquímetros en el municipio para supuestamente regular el tránsito en la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, lo primero es que ya existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la transferencia del poder público con que cuenta el ayuntamiento para imponer contravenciones económicas por violación de la ley de tránsito.
Lo grave del asunto es que los propietarios de la compañía Blue Parking Caribbean se valía de un ejército de hombres y mujeres que en la práctica sustituyeron la función del órgano que maneja las violaciones de la Ley 241, que es la Policía Nacional.
El asunto era tan grave que los empleados de la companía en cuestión ponían multas, no sólo a los que se les vencía el parquímetro, sino también a los que estaban parqueados en el frente de donde operaban los mismos, que aunque violaban la ley de tránsito, pero quien debía multarlos no son empleados de una empresa privada con fines de lucro, ya que el órgano encargado, como establecimos más arriba, es la Policía Nacional.
De igual modo, los que colocan las multas por la infracción están al margen de la ley por pertenecer a una empresa privada que su principal propósito es buscar lucrarse, lo cual se constituye en una razón muy peligrosa en lo que respecta a los derechos fundamentales.
Además, las multas que imponía esta companía nisiquiera eran conocidas por un juez, sino que la única opción que tenía el ciudadano o ciudadana era pagarlas y si no lo hacia corría el riesgo de que su vehículo fuera remolcado por una grúa que también pertenecía a la misma empresa privada.
Violaciones tan graves como éstas sólo pueden producirse en un país sub-desarrollado donde el empresariado puede borrar de golpe y porrazo los derechos ciudadanos y sustituir la función del Estado.
Es probable que el contrato firmado entre la empresa privada y el Gobierno municipal fuera el resultado de una copia muy mal interpretada de lo que pasa en muchas ciudades de los Estados Unidos, donde una serie de empresas privadas son las que remolcan los vehículos cuando tienen multas no pagadas por parqueo.
Recuérdese que estas empresas privadas aplican las compulsivas metodologías de cobro de las multas sin pagar, pero luego de que primero un empleado del municipio le ha colocado la multa al infractor y un juez ha conocido el caso si el conductor se ha declarado no culpable.
Es decir que el cobro pasa a una empresa privada luego de que el Estado ha cumplido con su parte y se trata de una infracción de tránsito irrevocablemente juzgada, pero nunca se permite que una empresa coloque las multas de tránsito de una manera arbitraria para de esa forma ilegal aumentar sus ganancias.
De manera, que la colocación de los parquímetros nuevamente en Santiago sobre la base de la misma modalidad se constituye en una grave violación de los derechos de los ciudadanos en virtud de que la alcaldía no puede transferir el poder público con que cuenta para beneficiar a particulares en detrimento de los derechos del ciudadano.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.