Santo Domingo.- El pago en efectivo por concepto de ventas a consumidores finales ha sido detectado como el mayor renglón dado a incurrir en evasión fiscal en República Dominicana.Nacionales
Ventas en efectivo: principal reto para la DGII
Santo Domingo.- El pago en efectivo por concepto de ventas a consumidores finales ha sido detectado como el mayor renglón dado a incurrir en evasión fiscal en República Dominicana.En una entrevista para Listín Diario el director general de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz, afirmó que en la actualidad el control de las ventas en efectivo es el principal reto de la DGII.
De igual modo, sostuvo que de acuerdo al comportamiento internacional en el ámbito fiscal el Código Tributario se revisa cada 20 años y, sin embargo, en el país éste data de 25 años, lo que revela que existe una gran oportunidad para la discusión del Pacto Fiscal.
Entre otros temas, el funcionario explicó que la evasión del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) se ha reducido. Esto debido a los controles que se aplican en la administración tributaria. También dijo que cada vez menos empresas declaran pérdidas. Habló del proceso de facilitación para el cumplimiento voluntario de los contribuyentes y las causas por las cuáles aún no comienza la “factura electrónica”.
“El tamaño que representan las ventas a consumidores finales en la economía no es para nada despreciable”, dijo el director general de la DGII al explicar que de acuerdo con estadísticas del Banco Central el gasto final privado ha representado en promedio el 80% del producto interno bruto (PIB) del país, lo que quiere decir que “esto pone en clara evidencia la magnitud y reto a que se enfrenta la Administración Tributaria para hacerle frente a la evasión fiscal”, agregó.
En ese contexto, el funcionario citó el avance que en ese aspecto han alcanzado otras administraciones al hacer uso de impresoras fiscales y de puntos de control.
13%
En el segundo semestre de 2016 el promedio de crecimiento de las recaudaciones fue de 13%, según la DGII.
42.9%
El porcentaje de incumplimiento tributario del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) fue de 42.9% en 2015.
Impuestos Internos aumenta controles
¿En qué porcentaje ha disminuido la evasión fiscal del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)?
El porcentaje de incumplimiento tributario del ITBIS (que incluye evasión y elusión) fue de 42.9% en el 2015.
Las proyecciones indican que este porcentaje será menor para el 2016 dado el crecimiento que ha experimentado la recaudación en ese periodo, y con mayor intensidad en el segundo semestre (ver Gráfico No. 1). En el primer semestre, el promedio de crecimiento fue de 8.1%, mientras que en el segundo semestre fue de 13%.
Este crecimiento es explicado principalmente por las medidas de control implementadas por la Administración Tributaria que han incrementado la percepción del riesgo por parte de los contribuyentes.
¿Cuál sector de la economía se presta más al incumplimiento?
El control de las ventas a consumidores finales es una de las áreas más críticas del cumplimiento tributario, siendo la omisión de estas una de las prácticas más recurrentes por los contribuyentes para evadir el pago de impuestos, especialmente si las operaciones se efectúan utilizando como medio de pago el efectivo.
El tamaño que representan las ventas a consumidores finales en la economía no es para nada despreciable. Según estadísticas del Banco Central, el gasto de consumo final privado ha representado en promedio 80% del PIB, lo cual pone en clara evidencia la magnitud y el reto a que se enfrenta la Administración Tributaria para hacerle frente a la evasión fiscal.
Para afrontar este problema, algunas Administraciones Tributarias de la región han adoptado, entre otras medidas, una novedosa solución tecnológica con resultados muy positivos. Esta medida es conocida como Impresoras Fiscales (IF) y su tecnología permite habilitar puntos de control dentro de los negocios para el registro y envío de las transacciones de ventas a las Administraciones Tributarias. Experiencias exitosas, al implementar este sistema en la región, se muestran en Chile (2003), Argentina (1998), Brasil, Venezuela (1994) y República Dominicana (2008).
¿Cuáles proyectos se están aplicando para facilitar el cumplimiento voluntario?
Con respecto a proyectos para facilitar el cumplimiento tributario, se está trabajando en diferentes áreas, incluyendo:
. Revisión de los procesos para el registro de los contribuyentes (incorporación y modificaciones) de cara a la simplificación y agilización de trámites;
. Revisión del régimen simplificado de tributación (PST);
Mejoras en los sistemas de facturación, con inclusión de medidas de validación que faciliten la presentación y el pago de ITBIS;
. Mejora en la Estrategia de Atención al Contribuyente con:
. Ampliación de servicios que puede realizar vía OFV y vía el portal de DGII (rectificativas, validaciones en línea, pago a cuentas, entre otros);
. Ampliación de canales de atención, trabajando actualmente con el establecimiento de un canal de atención especializada (a mayor profundidad), así como un canal de atención para las MIPyMES;
. Mejora del contenido y calidad de los materiales informativos de Educación Tributaria, así como del alcance de las capacitaciones;
. Cambios en formularios y diseño de tutoriales para pago de impuesto (se trabajó con el IR-2 y se está trabajando con ITBIS)
. Mejora de las instalaciones físicas de las administraciones locales e inclusión de área de servicios;
. Revisión y homologación de las preguntas y respuestas que se entregan a los contribuyentes a través de los diferentes canales de asistencia.
¿Cuándo comienza a aplicarse la factura electrónica?
Hasta el momento no se ha definido el plazo para la aplicación. Nos encontramos en la etapa de evaluación de los modelos de facturación electrónica ya implementados (con la experiencia de algunos países de América Latina) para determinar cuál es factible utilizar en República Dominicana.
¿Muchos contribuyentes consideran que el sistema tributario está plagado de inequidades, qué opina usted?
El Sistema Tributario ha sido evaluado en varias ocasiones por organismos internacionales, por ejemplo el Banco Mundial, en su informe Doing Business 2017, posiciona al país en el lugar 129 de 190 economías analizadas en el renglón Pago de Impuestos. El informe destaca que se han logrado avances en reformas para mejorar el Sistema Tributario, subrayando mejoras en la Administración Tributaria. Sin embargo, importantes retos se mantienen como la simplificación del Sistema Tributario para seguir escalando posiciones equivalentes a países miembros de la OECD. Por su parte, Fenochietto et al. (2011) pág 7, se refiere al Sistema Tributario Dominicano de esta forma: “se ha creado así un régimen tributario complejo, inestable (seis reformas en 9 años) y difícil de controlar, que no cumple con ninguno de los principios básicos de tributación: suficiencia (para financiar un gasto público mínimo); equidad (que los habitantes de un país contribuyan a las arcas del Estado en la medida de su capacidad) y eficiencia (que el régimen altere mínimamente las decisiones de los productores y consumidores)”.
En este sentido, lo anterior sugiere un nivel considerable de complejidad en la legislación tributaria dominicana lo que puede atentar contra la efectividad del control que puede aplicar la Administración Tributaria, y al mismo tiempo desalentar el cumplimiento tributario por parte de los actuales y potenciales contribuyentes. Por lo cual existe una gran oportunidad para discusión en el Pacto Fiscal.
El Código Tributario de la República Dominicana tiene 25 años de edad, no obstante, la experiencia internacional indica que este debe reformarse por lo menos cada 20 años.
¿Hay algún sector que esté afectando la recaudación efectiva, con la elusión?
El Código Tributario de la República Dominicana data del año 1992, esto quiere decir que estamos administrando una economía moderna con un Código de hace 25 años. La experiencia internacional sugiere que estos deben revisarse completamente y reformarse por lo menos cada 20 años. Los avances de la economía moderna hacen necesaria estas reformas para poder hacerle frente a la elusión y evasión. Un ejemplo de estas complejidades son: el seguimiento y tratamiento de las ganancias de capital, transacciones internacionales, la definición de establecimiento permanente, la globalización, fideicomisos, los precios de transferencia, el tratamiento fiscal de los productos y servicios digitales (ejemplo: software, video, música, datos), entre otros.
listindiario.com
Nacionales
Abinader llama a personas con órdenes de arresto a entregarse y advierte que serán perseguidas
Por redacción
Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader exhortó este lunes a las personas que tienen órdenes de arresto pendientes a entregarse ante las autoridades y aseguró que los organismos de seguridad continuarán su búsqueda para evitar la comisión de nuevos hechos delictivos.
El mandatario hizo el planteamiento durante LA Agenda Semanal, encuentro encabezado por el Gobierno y dedicado en esta ocasión a las acciones implementadas frente a la criminalidad y la seguridad ciudadana.
“A esos que tienen órdenes de arresto, que se entreguen, porque si no, se van a ir a buscar antes de que cometan otro crimen”, declaró Abinader durante su intervención.
El jefe de Estado manifestó que las autoridades no pretenden esperar a que una persona requerida judicialmente vuelva a involucrarse en un hecho violento para ejecutar una orden de captura.
Gobierno reforzará búsqueda de personas requeridas
Abinader explicó que las autoridades cuentan con registros de personas sobre las cuales pesan una o varias órdenes de arresto y sostuvo que la Policía Nacional mantendrá activa su localización.
Según señaló, algunos de los individuos requeridos acumulan varias órdenes pendientes y continúan circulando libremente.
El mandatario afirmó que el objetivo de las autoridades es actuar de forma preventiva y reducir la posibilidad de que personas vinculadas previamente a hechos delictivos vuelvan a afectar a ciudadanos.
La Presidencia informó por separado que Abinader reafirmó que quienes cometan actos criminales serán perseguidos y capturados mediante el fortalecimiento de la capacidad tecnológica y operativa de las instituciones de seguridad.
Cuestiona exhibición de armas en redes sociales
Durante su exposición, Abinader también manifestó preocupación por personas requeridas por las autoridades que aparecen en plataformas digitales exhibiendo armas de fuego o realizando disparos.
El gobernante sostuvo que este tipo de comportamiento constituye, desde su perspectiva, un desafío a la autoridad que no debe ser tolerado.
Mientras realizaba esas declaraciones, golpeó la mesa con la mano para enfatizar su posición.
Según el mandatario, las propias publicaciones en redes sociales pueden convertirse en un elemento utilizado por las autoridades para localizar a personas buscadas.
Policía también exhorta a entregarse
Las declaraciones presidenciales se producen el mismo día en que el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, exhortó a quienes tengan asuntos pendientes con la justicia a entregarse voluntariamente.
Rodríguez García afirmó que las personas que no lo hagan continuarán siendo perseguidas por los agentes y aseguró que existe una lista de individuos requeridos desde hace años por diferentes hechos.
La Policía informó además que 85 personas se entregaron voluntariamente durante septiembre, según declaraciones de su director.
Debate por actuaciones policiales
El pronunciamiento de las autoridades coincide con un período de cuestionamientos sobre las muertes ocurridas durante actuaciones policiales reportadas oficialmente como intercambios de disparos.
Un recuento publicado este 28 de septiembre registra 37 personas fallecidas durante septiembre en hechos de ese tipo. La Policía ha informado en diferentes casos que los fallecidos eran buscados por órdenes judiciales, denuncias o presunta vinculación con delitos.
El tema también ha provocado llamados de distintos sectores para que las actuaciones policiales se mantengan dentro del debido proceso y del respeto a los derechos fundamentales.
Abinader, por su parte, sostuvo durante LA Agenda Semanal que la seguridad ciudadana continúa siendo una preocupación del Gobierno y aseguró que las autoridades seguirán adoptando acciones destinadas a enfrentar la criminalidad.
Por redacción
Santo Domingo.– El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, hizo este lunes un llamado a los médicos a no facilitar sus códigos profesionales para la facturación o tramitación de servicios de salud, al señalar que esa práctica puede comprometerlos penalmente.
La advertencia fue formulada tras conocerse las medidas de coerción impuestas por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, contra los imputados en el denominado caso SeNaSa 2.0, investigación vinculada a presuntas irregularidades en perjuicio del Seguro Nacional de Salud y de sus afiliados.
Camacho sostuvo que el proceso debe servir de experiencia para el sector médico y consideró necesario promover una campaña preventiva que oriente a los profesionales sobre las consecuencias de ceder sus credenciales a terceros.
“Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal”, manifestó el funcionario, quien afirmó que 22 médicos fueron procesados dentro de esta etapa de la investigación.
Según explicó, el Ministerio Público entiende que el uso de códigos profesionales cedidos a terceros constituye uno de los elementos que deben ser tomados en cuenta para evitar que otros médicos puedan verse involucrados en investigaciones similares.
Investigación continuará
Camacho también dejó establecido que las medidas de coerción conocidas por el tribunal no significan el cierre de las pesquisas relacionadas con SeNaSa.
El titular de Persecución consideró razonable la decisión adoptada por el juez y afirmó que, desde la perspectiva del Ministerio Público, el fallo reconoce la investigación presentada ante el tribunal.
No obstante, señaló que las indagatorias seguirán abiertas.
“La investigación sobre lo sucedido en SeNaSa no se cierra, no concluye con esta investigación, y vamos a ir por más”, declaró Camacho.
Ocho imputados cumplirán prisión preventiva
El juez Rigoberto Sena impuso 18 meses de prisión preventiva a ocho de los procesados.
Los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Mientras, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
Arresto domiciliario para otros procesados
El tribunal dispuso arresto domiciliario para las exempleadas de SeNaSa Heidy Coronado Paulino y Lucreisy Polanco Núñez, así como para los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo y Víctor Felipe Rodríguez García.
A otro grupo de imputados se les impuso, además del arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantías económicas.
Para Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Keila Beatriz Acosta Leonardo, la garantía económica fue fijada en RD$2 millones, a través de una compañía aseguradora.
En el caso de Martha María Saldaña, el tribunal estableció una garantía económica de RD$3 millones, además de arresto domiciliario e impedimento de salida del territorio nacional.
Garantías de un millón de pesos
El juez también impuso garantía económica de RD$1 millón a los médicos José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocairis Antonia Méndez Beltré.
Estos imputados deberán, además, cumplir con presentación periódica e impedimento de salida del país.
El tribunal concedió un plazo de siete días para hacer efectivas las garantías económicas. De no cumplir con ese requisito, los afectados podrían ser trasladados a los centros penitenciarios correspondientes, conforme a la decisión judicial.
Ministerio Público atribuye varios delitos
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público vincula a los procesados de la denominada Operación Cobra 2.0-A con presuntos delitos de asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología, acceso ilícito, utilización indebida de códigos y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
El órgano acusador sostiene que la investigación guarda relación con supuestas maniobras fraudulentas vinculadas a servicios y autorizaciones médicas en el Seguro Nacional de Salud.
El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados y pidió, además, que el expediente fuera declarado de tramitación compleja.
Durante la audiencia, los fiscales presentaron numerosos elementos de prueba para sustentar sus imputaciones.
Los arrestos fueron realizados durante allanamientos ejecutados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Caso fue declarado complejo
Además de decidir sobre las medidas de coerción, el juez Rigoberto Sena declaró el proceso de tramitación compleja, lo que permitirá que la investigación continúe bajo las reglas procesales previstas para expedientes que involucran múltiples imputados, hechos y elementos probatorios.
El Ministerio Público ha señalado que esta investigación forma parte de una nueva etapa de las pesquisas relacionadas con las presuntas irregularidades cometidas en el Seguro Nacional de Salud.
El director policial afirma que busca cambiar la percepción de inseguridad y sostiene que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia deben entregarse; insiste en que la actuación policial debe respetar los derechos ciudadanos
Por Alberto Rodríguez
SANTO DOMINGO.– El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, colocó la persecución de personas prófugas entre las prioridades de su gestión y aseguró que la institución intensificará las acciones para localizar a quienes tienen órdenes de arresto pendientes por homicidios, robos, agresiones y otros hechos delictivos.
Rodríguez García sostuvo este lunes que procura revertir una realidad que, a su juicio, afecta la tranquilidad de la población: que sean los ciudadanos quienes sientan temor frente a la delincuencia. Su planteamiento es que la autoridad debe garantizar condiciones para que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas con mayor seguridad. El Día
El mayor general asumió la Dirección General de la Policía Nacional en agosto pasado y durante sus primeras semanas ha desarrollado recorridos, cambios operativos y encuentros con diferentes estructuras de la institución. La Policía ha presentado esa agenda como parte de un esfuerzo dirigido a fortalecer su presencia territorial, supervisión y capacidad de respuesta. Policía Nacional Dominicana
Una lista de prófugos bajo seguimiento
Durante sus declaraciones, Rodríguez García reveló que mantiene en su despacho una relación de personas que llevan años prófugas de la justicia y aseguró que el personal policial tiene instrucciones de trabajar en su localización.
Según explicó, entre los buscados figuran personas señaladas por homicidios, robos y agresiones, incluyendo hechos cometidos contra menores y otras personas vulnerables.
La propia Policía Nacional mantiene públicamente un listado de prófugos buscados por las autoridades, que incluye personas requeridas por distintos procesos. Policía Nacional Dominicana
El director policial exhortó a quienes tengan órdenes de arresto pendientes a entregarse voluntariamente y aseguró que serán recibidos y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.
Actuación policial y derechos humanos
Las declaraciones se producen en momentos en que las actuaciones de agentes durante determinados operativos han provocado cuestionamientos, particularmente en casos reportados como intercambios de disparos.
Interrogado sobre esas críticas, Rodríguez García defendió el derecho de los policías a proteger sus vidas cuando sean atacados, pero afirmó al mismo tiempo que la institución debe actuar respetando los derechos humanos. El Día
Esa posición coincide con orientaciones ofrecidas recientemente por el propio director a miembros de la Dirección Regional Noreste, donde pidió a los agentes preservar vidas, actuar con prudencia y mantener un trato digno hacia la ciudadanía, sin renunciar a la firmeza frente al delito. También insistió en que el uso de la fuerza debe ajustarse a la Constitución, las leyes y los protocolos establecidos. Policía Nacional Dominicana
Agentes suspendidos por incidente en Villa Vásquez
Rodríguez García se refirió además a un video divulgado sobre una intervención policial en Villa Vásquez, en el que se observa a un hombre detenerse y levantar las manos durante una actuación de agentes.
El director informó que los policías involucrados fueron suspendidos y que el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, órgano al que corresponde establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con el hecho. El Día
El jefe policial señaló que cualquier ciudadano que considere haber sido víctima de una actuación irregular de agentes puede recurrir al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.
Seguridad sin apartarse de la legalidad
El discurso de Rodríguez García plantea dos líneas que deberán coexistir durante su gestión: incrementar la capacidad de persecución contra personas requeridas por la justicia y, simultáneamente, procurar que las intervenciones policiales se mantengan dentro de los límites legales.
La institución atraviesa además un proceso de reforma que incluye cambios en formación, tecnología y despliegue territorial. El Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial informó el 24 de septiembre que se han incorporado 11,001 nuevos agentes, instalado más de 8,000 cámaras corporales y ampliado de tres meses a un año el período de formación de los nuevos policías. Policía Nacional Dominicana
El desafío será que el fortalecimiento operativo produzca mayor seguridad ciudadana sin debilitar las garantías que corresponden a toda persona sometida a una investigación o persecución penal.
La persecución del delito y el respeto al debido proceso no constituyen objetivos incompatibles: forman parte de las responsabilidades que debe asumir una institución policial en un Estado de derecho.
Rodríguez García reiteró que la función de la Policía es proteger a la sociedad, preservar la paz y llevar ante las autoridades competentes a quienes tengan cuentas pendientes con la justicia.