Santo Domingo.- El pago en efectivo por concepto de ventas a consumidores finales ha sido detectado como el mayor renglón dado a incurrir en evasión fiscal en República Dominicana.Nacionales
Ventas en efectivo: principal reto para la DGII
Santo Domingo.- El pago en efectivo por concepto de ventas a consumidores finales ha sido detectado como el mayor renglón dado a incurrir en evasión fiscal en República Dominicana.En una entrevista para Listín Diario el director general de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz, afirmó que en la actualidad el control de las ventas en efectivo es el principal reto de la DGII.
De igual modo, sostuvo que de acuerdo al comportamiento internacional en el ámbito fiscal el Código Tributario se revisa cada 20 años y, sin embargo, en el país éste data de 25 años, lo que revela que existe una gran oportunidad para la discusión del Pacto Fiscal.
Entre otros temas, el funcionario explicó que la evasión del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) se ha reducido. Esto debido a los controles que se aplican en la administración tributaria. También dijo que cada vez menos empresas declaran pérdidas. Habló del proceso de facilitación para el cumplimiento voluntario de los contribuyentes y las causas por las cuáles aún no comienza la “factura electrónica”.
“El tamaño que representan las ventas a consumidores finales en la economía no es para nada despreciable”, dijo el director general de la DGII al explicar que de acuerdo con estadísticas del Banco Central el gasto final privado ha representado en promedio el 80% del producto interno bruto (PIB) del país, lo que quiere decir que “esto pone en clara evidencia la magnitud y reto a que se enfrenta la Administración Tributaria para hacerle frente a la evasión fiscal”, agregó.
En ese contexto, el funcionario citó el avance que en ese aspecto han alcanzado otras administraciones al hacer uso de impresoras fiscales y de puntos de control.
13%
En el segundo semestre de 2016 el promedio de crecimiento de las recaudaciones fue de 13%, según la DGII.
42.9%
El porcentaje de incumplimiento tributario del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) fue de 42.9% en 2015.
Impuestos Internos aumenta controles
¿En qué porcentaje ha disminuido la evasión fiscal del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)?
El porcentaje de incumplimiento tributario del ITBIS (que incluye evasión y elusión) fue de 42.9% en el 2015.
Las proyecciones indican que este porcentaje será menor para el 2016 dado el crecimiento que ha experimentado la recaudación en ese periodo, y con mayor intensidad en el segundo semestre (ver Gráfico No. 1). En el primer semestre, el promedio de crecimiento fue de 8.1%, mientras que en el segundo semestre fue de 13%.
Este crecimiento es explicado principalmente por las medidas de control implementadas por la Administración Tributaria que han incrementado la percepción del riesgo por parte de los contribuyentes.
¿Cuál sector de la economía se presta más al incumplimiento?
El control de las ventas a consumidores finales es una de las áreas más críticas del cumplimiento tributario, siendo la omisión de estas una de las prácticas más recurrentes por los contribuyentes para evadir el pago de impuestos, especialmente si las operaciones se efectúan utilizando como medio de pago el efectivo.
El tamaño que representan las ventas a consumidores finales en la economía no es para nada despreciable. Según estadísticas del Banco Central, el gasto de consumo final privado ha representado en promedio 80% del PIB, lo cual pone en clara evidencia la magnitud y el reto a que se enfrenta la Administración Tributaria para hacerle frente a la evasión fiscal.
Para afrontar este problema, algunas Administraciones Tributarias de la región han adoptado, entre otras medidas, una novedosa solución tecnológica con resultados muy positivos. Esta medida es conocida como Impresoras Fiscales (IF) y su tecnología permite habilitar puntos de control dentro de los negocios para el registro y envío de las transacciones de ventas a las Administraciones Tributarias. Experiencias exitosas, al implementar este sistema en la región, se muestran en Chile (2003), Argentina (1998), Brasil, Venezuela (1994) y República Dominicana (2008).
¿Cuáles proyectos se están aplicando para facilitar el cumplimiento voluntario?
Con respecto a proyectos para facilitar el cumplimiento tributario, se está trabajando en diferentes áreas, incluyendo:
. Revisión de los procesos para el registro de los contribuyentes (incorporación y modificaciones) de cara a la simplificación y agilización de trámites;
. Revisión del régimen simplificado de tributación (PST);
Mejoras en los sistemas de facturación, con inclusión de medidas de validación que faciliten la presentación y el pago de ITBIS;
. Mejora en la Estrategia de Atención al Contribuyente con:
. Ampliación de servicios que puede realizar vía OFV y vía el portal de DGII (rectificativas, validaciones en línea, pago a cuentas, entre otros);
. Ampliación de canales de atención, trabajando actualmente con el establecimiento de un canal de atención especializada (a mayor profundidad), así como un canal de atención para las MIPyMES;
. Mejora del contenido y calidad de los materiales informativos de Educación Tributaria, así como del alcance de las capacitaciones;
. Cambios en formularios y diseño de tutoriales para pago de impuesto (se trabajó con el IR-2 y se está trabajando con ITBIS)
. Mejora de las instalaciones físicas de las administraciones locales e inclusión de área de servicios;
. Revisión y homologación de las preguntas y respuestas que se entregan a los contribuyentes a través de los diferentes canales de asistencia.
¿Cuándo comienza a aplicarse la factura electrónica?
Hasta el momento no se ha definido el plazo para la aplicación. Nos encontramos en la etapa de evaluación de los modelos de facturación electrónica ya implementados (con la experiencia de algunos países de América Latina) para determinar cuál es factible utilizar en República Dominicana.
¿Muchos contribuyentes consideran que el sistema tributario está plagado de inequidades, qué opina usted?
El Sistema Tributario ha sido evaluado en varias ocasiones por organismos internacionales, por ejemplo el Banco Mundial, en su informe Doing Business 2017, posiciona al país en el lugar 129 de 190 economías analizadas en el renglón Pago de Impuestos. El informe destaca que se han logrado avances en reformas para mejorar el Sistema Tributario, subrayando mejoras en la Administración Tributaria. Sin embargo, importantes retos se mantienen como la simplificación del Sistema Tributario para seguir escalando posiciones equivalentes a países miembros de la OECD. Por su parte, Fenochietto et al. (2011) pág 7, se refiere al Sistema Tributario Dominicano de esta forma: “se ha creado así un régimen tributario complejo, inestable (seis reformas en 9 años) y difícil de controlar, que no cumple con ninguno de los principios básicos de tributación: suficiencia (para financiar un gasto público mínimo); equidad (que los habitantes de un país contribuyan a las arcas del Estado en la medida de su capacidad) y eficiencia (que el régimen altere mínimamente las decisiones de los productores y consumidores)”.
En este sentido, lo anterior sugiere un nivel considerable de complejidad en la legislación tributaria dominicana lo que puede atentar contra la efectividad del control que puede aplicar la Administración Tributaria, y al mismo tiempo desalentar el cumplimiento tributario por parte de los actuales y potenciales contribuyentes. Por lo cual existe una gran oportunidad para discusión en el Pacto Fiscal.
El Código Tributario de la República Dominicana tiene 25 años de edad, no obstante, la experiencia internacional indica que este debe reformarse por lo menos cada 20 años.
¿Hay algún sector que esté afectando la recaudación efectiva, con la elusión?
El Código Tributario de la República Dominicana data del año 1992, esto quiere decir que estamos administrando una economía moderna con un Código de hace 25 años. La experiencia internacional sugiere que estos deben revisarse completamente y reformarse por lo menos cada 20 años. Los avances de la economía moderna hacen necesaria estas reformas para poder hacerle frente a la elusión y evasión. Un ejemplo de estas complejidades son: el seguimiento y tratamiento de las ganancias de capital, transacciones internacionales, la definición de establecimiento permanente, la globalización, fideicomisos, los precios de transferencia, el tratamiento fiscal de los productos y servicios digitales (ejemplo: software, video, música, datos), entre otros.
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Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.