Santo Domingo.- El pago en efectivo por concepto de ventas a consumidores finales ha sido detectado como el mayor renglón dado a incurrir en evasión fiscal en República Dominicana.Nacionales
Ventas en efectivo: principal reto para la DGII
Santo Domingo.- El pago en efectivo por concepto de ventas a consumidores finales ha sido detectado como el mayor renglón dado a incurrir en evasión fiscal en República Dominicana.En una entrevista para Listín Diario el director general de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz, afirmó que en la actualidad el control de las ventas en efectivo es el principal reto de la DGII.
De igual modo, sostuvo que de acuerdo al comportamiento internacional en el ámbito fiscal el Código Tributario se revisa cada 20 años y, sin embargo, en el país éste data de 25 años, lo que revela que existe una gran oportunidad para la discusión del Pacto Fiscal.
Entre otros temas, el funcionario explicó que la evasión del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) se ha reducido. Esto debido a los controles que se aplican en la administración tributaria. También dijo que cada vez menos empresas declaran pérdidas. Habló del proceso de facilitación para el cumplimiento voluntario de los contribuyentes y las causas por las cuáles aún no comienza la “factura electrónica”.
“El tamaño que representan las ventas a consumidores finales en la economía no es para nada despreciable”, dijo el director general de la DGII al explicar que de acuerdo con estadísticas del Banco Central el gasto final privado ha representado en promedio el 80% del producto interno bruto (PIB) del país, lo que quiere decir que “esto pone en clara evidencia la magnitud y reto a que se enfrenta la Administración Tributaria para hacerle frente a la evasión fiscal”, agregó.
En ese contexto, el funcionario citó el avance que en ese aspecto han alcanzado otras administraciones al hacer uso de impresoras fiscales y de puntos de control.
13%
En el segundo semestre de 2016 el promedio de crecimiento de las recaudaciones fue de 13%, según la DGII.
42.9%
El porcentaje de incumplimiento tributario del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) fue de 42.9% en 2015.
Impuestos Internos aumenta controles
¿En qué porcentaje ha disminuido la evasión fiscal del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)?
El porcentaje de incumplimiento tributario del ITBIS (que incluye evasión y elusión) fue de 42.9% en el 2015.
Las proyecciones indican que este porcentaje será menor para el 2016 dado el crecimiento que ha experimentado la recaudación en ese periodo, y con mayor intensidad en el segundo semestre (ver Gráfico No. 1). En el primer semestre, el promedio de crecimiento fue de 8.1%, mientras que en el segundo semestre fue de 13%.
Este crecimiento es explicado principalmente por las medidas de control implementadas por la Administración Tributaria que han incrementado la percepción del riesgo por parte de los contribuyentes.
¿Cuál sector de la economía se presta más al incumplimiento?
El control de las ventas a consumidores finales es una de las áreas más críticas del cumplimiento tributario, siendo la omisión de estas una de las prácticas más recurrentes por los contribuyentes para evadir el pago de impuestos, especialmente si las operaciones se efectúan utilizando como medio de pago el efectivo.
El tamaño que representan las ventas a consumidores finales en la economía no es para nada despreciable. Según estadísticas del Banco Central, el gasto de consumo final privado ha representado en promedio 80% del PIB, lo cual pone en clara evidencia la magnitud y el reto a que se enfrenta la Administración Tributaria para hacerle frente a la evasión fiscal.
Para afrontar este problema, algunas Administraciones Tributarias de la región han adoptado, entre otras medidas, una novedosa solución tecnológica con resultados muy positivos. Esta medida es conocida como Impresoras Fiscales (IF) y su tecnología permite habilitar puntos de control dentro de los negocios para el registro y envío de las transacciones de ventas a las Administraciones Tributarias. Experiencias exitosas, al implementar este sistema en la región, se muestran en Chile (2003), Argentina (1998), Brasil, Venezuela (1994) y República Dominicana (2008).
¿Cuáles proyectos se están aplicando para facilitar el cumplimiento voluntario?
Con respecto a proyectos para facilitar el cumplimiento tributario, se está trabajando en diferentes áreas, incluyendo:
. Revisión de los procesos para el registro de los contribuyentes (incorporación y modificaciones) de cara a la simplificación y agilización de trámites;
. Revisión del régimen simplificado de tributación (PST);
Mejoras en los sistemas de facturación, con inclusión de medidas de validación que faciliten la presentación y el pago de ITBIS;
. Mejora en la Estrategia de Atención al Contribuyente con:
. Ampliación de servicios que puede realizar vía OFV y vía el portal de DGII (rectificativas, validaciones en línea, pago a cuentas, entre otros);
. Ampliación de canales de atención, trabajando actualmente con el establecimiento de un canal de atención especializada (a mayor profundidad), así como un canal de atención para las MIPyMES;
. Mejora del contenido y calidad de los materiales informativos de Educación Tributaria, así como del alcance de las capacitaciones;
. Cambios en formularios y diseño de tutoriales para pago de impuesto (se trabajó con el IR-2 y se está trabajando con ITBIS)
. Mejora de las instalaciones físicas de las administraciones locales e inclusión de área de servicios;
. Revisión y homologación de las preguntas y respuestas que se entregan a los contribuyentes a través de los diferentes canales de asistencia.
¿Cuándo comienza a aplicarse la factura electrónica?
Hasta el momento no se ha definido el plazo para la aplicación. Nos encontramos en la etapa de evaluación de los modelos de facturación electrónica ya implementados (con la experiencia de algunos países de América Latina) para determinar cuál es factible utilizar en República Dominicana.
¿Muchos contribuyentes consideran que el sistema tributario está plagado de inequidades, qué opina usted?
El Sistema Tributario ha sido evaluado en varias ocasiones por organismos internacionales, por ejemplo el Banco Mundial, en su informe Doing Business 2017, posiciona al país en el lugar 129 de 190 economías analizadas en el renglón Pago de Impuestos. El informe destaca que se han logrado avances en reformas para mejorar el Sistema Tributario, subrayando mejoras en la Administración Tributaria. Sin embargo, importantes retos se mantienen como la simplificación del Sistema Tributario para seguir escalando posiciones equivalentes a países miembros de la OECD. Por su parte, Fenochietto et al. (2011) pág 7, se refiere al Sistema Tributario Dominicano de esta forma: “se ha creado así un régimen tributario complejo, inestable (seis reformas en 9 años) y difícil de controlar, que no cumple con ninguno de los principios básicos de tributación: suficiencia (para financiar un gasto público mínimo); equidad (que los habitantes de un país contribuyan a las arcas del Estado en la medida de su capacidad) y eficiencia (que el régimen altere mínimamente las decisiones de los productores y consumidores)”.
En este sentido, lo anterior sugiere un nivel considerable de complejidad en la legislación tributaria dominicana lo que puede atentar contra la efectividad del control que puede aplicar la Administración Tributaria, y al mismo tiempo desalentar el cumplimiento tributario por parte de los actuales y potenciales contribuyentes. Por lo cual existe una gran oportunidad para discusión en el Pacto Fiscal.
El Código Tributario de la República Dominicana tiene 25 años de edad, no obstante, la experiencia internacional indica que este debe reformarse por lo menos cada 20 años.
¿Hay algún sector que esté afectando la recaudación efectiva, con la elusión?
El Código Tributario de la República Dominicana data del año 1992, esto quiere decir que estamos administrando una economía moderna con un Código de hace 25 años. La experiencia internacional sugiere que estos deben revisarse completamente y reformarse por lo menos cada 20 años. Los avances de la economía moderna hacen necesaria estas reformas para poder hacerle frente a la elusión y evasión. Un ejemplo de estas complejidades son: el seguimiento y tratamiento de las ganancias de capital, transacciones internacionales, la definición de establecimiento permanente, la globalización, fideicomisos, los precios de transferencia, el tratamiento fiscal de los productos y servicios digitales (ejemplo: software, video, música, datos), entre otros.
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Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
Hasta el momento, el magistrado de SCJ aún no ha informado si estas son sus pretensiones. Si no fuese confirmado en el puesto, deberá entregarlo cuando se desarrolle la toma de posesión de quien le sustituirá.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
Esta entidad considera que “la ausencia de una convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia”
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
“La noble petición se subsidia en atención a que soslayar el enunciado del mandato constitucional genera que la sociedad quede inscrita en un estado límbico ante la connatural incertidumbre que se genera en el seno de la propia alta instancia judicial”, dijo durante una rueda de prensa el jurista Carlos Balcácer, quien es representante del IDDP.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.