Opinión
Los Culpables Libres de Culpa?
Por José Cabral
A propósito de la lista que ha circulado por las redes sociales sobre el caso Odebrecht, se han escuchado una serie de opiniones definitivamente desacertadas con respecto a los posibles responsables de corrupción.
En primer plano nos encontramos con posiciones de muchos comunicadores que sostienen que algunos de los que aparecen en la lista siempre los han conocido como gente seria, pero quién ha dicho que los que así hablan tienen mecanismos para determinar quién se presta a ser sobornado y quién no.
La famosa expresión de que tengo años que los conozco y nadie puede hablar de ellos, no resulta una opinión lógica y certera, porque cualquiera que cometa un acto indecoroso no lo va a pregonar como si se tratara de una conducta honesta e incuestionable.
Es importante establecer que las redes sociales pueden contener listados de corruptos y corruptores como les parezca a quien los elabora y siempre en función de los intereses que representa, porque este instrumento comunicacional se ha constituido en un poderosísimo mecanismo para difamar e injuriar.
Pero es bueno que se sepa que deben ser minuciosamente investigados tanto los funcionarios del gobierno y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, como aquellos que en algún momento tuvieron el control de la administración pública durante períodos en los que otros eran los que tenían el privilegio de manejar a su antojo el presupuesto nacional.
En tal virtud, todos sin importar el color del partido a que pertenezcan y los intereses que representen, deben ser sometidos al escrutinio del ministerio público y de toda la judicatura nacional, a fin de recabar las pruebas a partir de que nadie esta libre de culpa de un flagelo que hoy azota a toda la República Dominicana.
Esto así, porque el Gobierno y la oposición han tenido y aún tienen la misma conducta en lo que tiene que ver con el manejo del Estado, ya que hay una macro corrupción que proviene del Palacio Nacional y de otros poderes del Estado, así como lo que podría llamarse una micro corrupción, cuyos responsables son muchos, por no decir todos, los partidos de la oposición.
Para una buena ilustración del problema necesariamente hay que tomar en cuenta que el comportamiento de los legisladores oficialistas y los de la oposición es muy similar, quienes se hacen cómplices de grandes y pequeños actos bochornosos y ni qué decir, por ejemplo, de los regidores, tanto los del Gobierno como los de la oposición, que se reparten vergonzosamente los patrimonios de los ayuntamientos mediante contratas y otras vertientes de la corrupción.
A caso hay alguien en la República Dominicana que pueda negar que en la pasada campaña electoral riferos y transportistas se sirvieron con la cuchara grande y que hubo igual comportamiento del partido de Gobierno y los de la oposición?
Ese bochornoso proceder de toda la clase política nacional hoy deja como resultado en el Congreso Nacional el conocimiento de un proyecto de ley de lavado de activos en el que su suerte está determinada por los riferos y los transportistas, cuyas actividades comerciales son el epicentro de cualquier transacción ilegal.
De aprobarse esta patente de corso para que los propietarios de bancas de apuestas y de loterías estén fuera del escrutinio del Estado en lo que respecta al lavado de activos, será una demostración de la contundente degradación moral de la sociedad y de su sumergimiento en el bajo mundo.
El PLD, el PRM, el PRSC y otros pequeños partidos que sirven de bisagras para que los más corruptos se alcen con el poder, no están libres de culpas, ni de responsabilidad del cuadro que caracteriza el escenario político nacional y la sociedad en su conjunto.
En el presente caso de la Odebrecht están ligados mansos y cimarrones y en lo que tiene ver con la aplicación de la ley y con la impartición de justicia nadie puede pretender que aquel que tenga un hijo delincuente y que vive con un vecino que también tiene otro con la misma conducta, busque que al vástago del que vive al lado se le aplique todo el peso de la ley, pero que al suyo no.
Este cuadro se ajusta mucho al caso Odebrecht porque la justicia debe imponerse tanto en gobiernistas como en opositores.
El enjuiciamiento de aquellos que estuvieron en el pasado en el Gobierno le daría una mayor seriedad al proceso de judicialización al caso de corrupción más grave que ha sufrido toda Latinoamérica.
Hay que estar seguros de que el enjuiciamiento de los culpables, no importa que tanto poder político tengan algunos, es el resultado de la presión a que han sido sometidas las autoridades, ya que de no haber sido así, hubiera primado la desgraciada impunidad.
Esta conclusión obedece a que el fenómeno de la corrupción es una plaga que arropa a toda la sociedad dominicana.
Es un flagelo que va de arriba hacia abajo y lo contrario, es decir, de abajo hacia arriba, porque se trata de un mal de carácter integral y generalizado y en este caso de la Odebrecht son muy pocos los políticos que están libres de responsabilidad, ya sea por comisión o por omisión.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.