Opinión
Victoria verde en Azua augura triunfo resonante en SPM
Por Narciso Isa Conde
El gobierno fracasó en su apuesta y empeños para hacer fracasar la MARCHA VERDE DEL SUR y le irá peor en el Este.
Más adelante todo apunta a la vuelta a la Capital, al despliegue a continuación de una enorme Marcha Nacional que implique una especie ocupación del Distrito Nacional por todas las regiones y provincias del país, en volumen de pueblo movilizado y extensión territorial muy superior a lo acontecido el 22 de enero. DEMOCRACIA DE CALLE en grande. Pobres magnates de la corrupción, lo que le espera es para temblar.
La Marcha Verde del Sur, escenificada en Azua, destapó la indignación acumulada a consecuencia del cruel despojo de enormes recursos que debieron ser destinados a programas sociales audaces, del saqueo sistemático del patrimonio natural de la región y la sobre-explotación capitalista que empobrece la población y el territorio.
El Gobierno de Danilo Medina apostó a que la degradación extrema de la zona -sumada a la intensificación de las prácticas clientelistas-asistencialista y a la deprimida escolaridad que afecta todas las provincias de esa región- le aseguraba el fracaso de esa movilización verde (luego de cuatro marchas exitosas).
En verdad ese billete le salió “pelao”, colocándolo en la pendiente de relanzar la represión criminal, tal y como lo evidencia la agresión alevosa al dirigente campesino y lector del manifiesto verde de Azua, Hero Pérez, camuflajeada de “accidente automovilístico”.
En verdad los gobernantes de turno y toda la clase política tradicional responsables de la agobiante corruptela hoy impugnada por gran parte de esta sociedad, no tienen idea del volcán transformador que han provocado ni pueden comprender la evidente decadencia de su gestión.
Cuando una realidad dramática y sus causas son identificadas por el pueblo indignado, no hay forma de frenar su creciente insubordinación si no desaparecen las mismas; que en este caso, equivale el fin de la impunidad de sus protagonistas y beneficiarios, inseparablemente vinculada al fin del sistema que la pro-hija, la recicla y la protege contra todo reclamo de justicia.
Tal percepción de la realidad y tal captación de la verdad concreta es lo que ha potenciado un nuevo periodo político en el que una enorme cantidad de personas se están convenciendo de que en el marco de las instituciones establecidas no hay solución a los males que estamos enfrentando.
De que los partidos tradicionales altamente corrompidos y degradados no tienen remedio…
De que el movimiento verde, ejerciendo la democracia de calle y descartando un sistema electoral podrido debe constituirse en fuerza alternativa transformadora…
De que es necesario cambiarlo todo, hacer colapsar estas instituciones y abrirle camino a algo totalmente diferente al sistema, al régimen político y al gobierno que se sustentan en la Constitución antidemocrática y neoliberal del 201O.
Esta situación, además, es la que hoy pone a mirar a mucha gente –por primera vez en las últimas cinco décadas- hacia la ruta de un contra-poder popular, paralelo al actual.
Ella a su vez determina la necesidad de la ruptura y el desmantelamiento del poder constituido, de la construcción de un nuevo poder constituyente y el establecimiento de un régimen transitorio que convoque una ASAMBLEA CONSTITUYENTE POPULAR Y SOBERANA.
Que posibilite refundar la democracia sobre nuevas bases sustantivas y facilite retomar, actualizar, enriquecer y relanzar el proceso socio-político inconcluso que el pueblo dominicano intentó realizar en abril de 1965 enarbolando la bandera de la Constitución de 1963.
El domingo 11 de junio le toca el turno a la región Este en San Pedro de Macorís y ustedes verán como la Marcha Verde provocará la implosión de la colosal deuda social provocada por los verdugos de la familia cañera, por las graves heridas de la piñata del emporio del CEA, por los sangrantes abusos del Central Romana, por el saqueo inmisericorde de costas, ríos, lagunas y tierras fértiles a cargo de magnates conocidos, por la degradaciones de un turismo al servicio de la corrupción y la expoliación transnacional.
Y junto a los barrios populares teñidos de verde… se hace cada vez más impostergable avanzar sin titubeos hacia una avalancha nacional que vuelque los pueblos de todas las regiones y provincias, incluidas las del Gran Santo Domingo periférico, hacia el corazón de la Capital, para no dejar dudas de que existen fuerzas para poner de rodillas y castigar ejemplarmente el despreciable e inmundo poder que ya declina.
La contundencia de la Marcha de AZUA tiene causas muy precisas que se relacionan con el crecimiento de la conciencia popular respecto a una realidad desgarradora y a verdades ya palpables. Veamos:
- CORRUPCIÓN Y SAQUEO AMENAZA VIDA EN EL SUR
La vida en la Región Sur del país -ya sensiblemente degradada por la desertificación, la muerte y contaminación de numerosos ríos, por la insensibilidad y deshonestidad de las autoridades responsables de las políticas públicas, y por el empobrecimiento de una gran parte de sus habitantes- se ve ahora amenazada de muerte por un conjunto de factores destructivo, todos cruzados por la corrupción impune:
- La carretera Norte-SUR, San Juan de la Maguana-Santiago, ya iniciada, atenta gravemente contra la estabilidad y preservación de dos grandes parques nacionales de la Cordillera Central, principal reserva de agua de la isla. Una ruta trazada fundamentalmente para beneficiar transnacionales del oro, incluidas la Gold Quest, la Barrick Gold y empresas subalternas.
- La región ya está concesionada en un 50% a corporaciones mineras, en areas ubicadas en plena cordillera, incluyendo sus partes más altas.
Ambas determinaciones responden a la corruptela que ha arropado en las últimas décadas las tratativas de la Dirección de Minería, el Ministerio de Medio Ambiente y los funcionarios palaciegos con corporaciones mineras duchas en sobornar.
- En Pedernales se combinan tratativas mineras y turísticas, a todas luces contradictorias, ambas bajo el signo de la corrupción y el interés transnacional de explotar, sin rigor ambiental, el tesoro de Bahía de las Águilas y de valiosos yacimientos de “TIERRAS RARAS”, cuidadosamente ocultado.Sus playas hermosas y el Parque Jaragua claman un SOS, después del gobierno desconocer las bien fundamentadas propuestas de la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD.
- Las grandes empresas granceras -siempre conectadas a altos empresarios inescrupulosos- han ocasionado grave daños a las cuencas de los ríos de la región, registrándose en las provincias de San Cristóbal y San José de Ocoa verdaderos ecocidios plagados de tráfico de influencia y abusos de poder.
- Peravia está amenazada de la contaminación de las Plantas de carbón de Punta Catalina, impuesta contra todo rigor científico y sentido humano solo por el negociazo particular que representa su enorme sobrevaluación para la mafiosa ODEBRECH y el PRESIDENTE MEDINA.
- La mafia peledeísta ha depredado cruelmente la Sierra de Bahoruco con los negocios de siembra y producción de aguacates y otros rublos en áreas vedadas; contando siempre con la protección de de autoridades civiles y militares sobornada.
- En Azua, afectada las prácticas depredadoras, no cabe ya más podredumbre y abandono, siendo el SENADOR RAFAEL CALDERÓN uno de los más conspicuos cabilderos de los negocios de las mafia política en el Sur y a nivel Nacional.
Corrupción, saqueo, contaminación y depredación van de la mano en todas las Provincias del Sur.
- GOLD QUEST Y GOBIERNO A PUNTO DE INICIAR DESTRUCCIÓN AGROPECUARIA
Entre los planes más desbastadores para la vida de los pueblos sureños sobresale el programa minero que pretenden iniciar a breve plazo por San Juan de la Maguana, luego de que fuera contenido en la región Norte del país por los/as defensores/as de LOMA MIRANDA.
Ese proyecto destructivo corresponde al frente minero de Romero situado al borde del río San Juan, afluente del Yaque del Sur, en el lado norte de la Presa de Sabaneta, fuentes de agua vitales para la irrigación del Valle y la región.
Gold Quest es la transnacional concesionaria, a la que la presidencia de la República está a punto de autorizarle la explotación de ese yacimiento, vía ministerios de ENERGÍA y MINA y MEDIO AMBIENTE.
Gold Quest, a su vez, ha pactado recientemente con el consorcio internacional AGNICO, entidad experta en abrir rutas a base de cabildeos y promoción pro-activa. Igual se agenciado el respaldo de las Embajadas de Canadá y EEUU para tratar de vencer obstáculos.
El Presidente Medina, aun con las grande debilidades que exhibe su erosionado régimen, está comprometido con ese proyecto, en procura de adelantos fiscales y ingresos soterrados para su claque; exponiéndose, claro está, a intensas rebeldías en toda esa región.
Esta sería una operación aurífera en las alturas de la Cordillera Central, inadmisible independientemente de la tecnología que se emplee (incluida la “extracción por túneles” en lugar de “minería a cielo abierto”).
Sería el inicio de la transformación de una región agrícola, altamente productora de alimento y generadora de empleos estables, en una región minera con escasos empleos, sometida a la destrucción del sistema de agua del Yaque del Sur y de la producción agrícola y pecuaria del Sur central y el Suroeste del país, desde Azua y San Juan hasta Barahona.
El frente minero de Romero demandará grandes cantidades de agua, ensuciará y contaminará sus fuentes y correntías, disminuirá su captación y fraccionará sus cursos superficiales en una región donde ya el déficit de agua es alarmante; y a eso se agregaría la cadena incontenible de concesiones de explotación minera que estimularía ese funesto precedente convertido en jurisprudencia; provocando niveles trágicos de inseguridad y dependencia alimentaria.
La explotación del “oro nativo” de Romero mediante túneles no anula consecuencias terribles contra el derecho a la vida, dados los impactos de la extracción en el subsuelo y en los depósitos minerales en el sobresuelo, la peligrosidad de las presas de cola envenenadas ya contempladas en el proyecto, y el hecho de que lo limitado del “oro nativo” para garantizar su rentabilidad, obligaría al consorcio a la explotación de óxidos y sulfuros, tramposamente ocultada. Esto ocasionaría graves daños adicionales a cielo abierto.
Esto no es cuestión de reglas de transparencias ni de tal o cual tecnología. Esa catástrofe ecológica solo se evita impidiendo la explotación minera en niveles altos y medios de la Cordillera Central, caracterizados por su riqueza en agua, biodiversidad y fertilidad. Y a falta de Gobierno y Estado sensibles, solo la lucha de agricultores y pobladores en general están en capacidad de lograrlo.
Hay que prepararse para esta gran batalla, organizando la resistencia desde Azua hasta la frontera. Jornaleros, agricultores, ganaderos, pobladores, hombres, mujeres, jóvenes, viejos y niños/a deben rebelarse frente a este crimen contra la vida colectiva de una gran parte del pueblo dominicano.
Hay que vincular esa lucha, inspirándonos en el ejemplo del CAMPAMENTO LOMA MIRANDA, a todas las expresiones de combates al saqueo empedernido, al empobrecimiento forzado y a daños ambientales y programas oficialese plagados de corrupción y protegidos por la impunidad.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.