Opinión
Victoria verde en Azua augura triunfo resonante en SPM
Por Narciso Isa Conde
El gobierno fracasó en su apuesta y empeños para hacer fracasar la MARCHA VERDE DEL SUR y le irá peor en el Este.
Más adelante todo apunta a la vuelta a la Capital, al despliegue a continuación de una enorme Marcha Nacional que implique una especie ocupación del Distrito Nacional por todas las regiones y provincias del país, en volumen de pueblo movilizado y extensión territorial muy superior a lo acontecido el 22 de enero. DEMOCRACIA DE CALLE en grande. Pobres magnates de la corrupción, lo que le espera es para temblar.
La Marcha Verde del Sur, escenificada en Azua, destapó la indignación acumulada a consecuencia del cruel despojo de enormes recursos que debieron ser destinados a programas sociales audaces, del saqueo sistemático del patrimonio natural de la región y la sobre-explotación capitalista que empobrece la población y el territorio.
El Gobierno de Danilo Medina apostó a que la degradación extrema de la zona -sumada a la intensificación de las prácticas clientelistas-asistencialista y a la deprimida escolaridad que afecta todas las provincias de esa región- le aseguraba el fracaso de esa movilización verde (luego de cuatro marchas exitosas).
En verdad ese billete le salió “pelao”, colocándolo en la pendiente de relanzar la represión criminal, tal y como lo evidencia la agresión alevosa al dirigente campesino y lector del manifiesto verde de Azua, Hero Pérez, camuflajeada de “accidente automovilístico”.
En verdad los gobernantes de turno y toda la clase política tradicional responsables de la agobiante corruptela hoy impugnada por gran parte de esta sociedad, no tienen idea del volcán transformador que han provocado ni pueden comprender la evidente decadencia de su gestión.
Cuando una realidad dramática y sus causas son identificadas por el pueblo indignado, no hay forma de frenar su creciente insubordinación si no desaparecen las mismas; que en este caso, equivale el fin de la impunidad de sus protagonistas y beneficiarios, inseparablemente vinculada al fin del sistema que la pro-hija, la recicla y la protege contra todo reclamo de justicia.
Tal percepción de la realidad y tal captación de la verdad concreta es lo que ha potenciado un nuevo periodo político en el que una enorme cantidad de personas se están convenciendo de que en el marco de las instituciones establecidas no hay solución a los males que estamos enfrentando.
De que los partidos tradicionales altamente corrompidos y degradados no tienen remedio…
De que el movimiento verde, ejerciendo la democracia de calle y descartando un sistema electoral podrido debe constituirse en fuerza alternativa transformadora…
De que es necesario cambiarlo todo, hacer colapsar estas instituciones y abrirle camino a algo totalmente diferente al sistema, al régimen político y al gobierno que se sustentan en la Constitución antidemocrática y neoliberal del 201O.
Esta situación, además, es la que hoy pone a mirar a mucha gente –por primera vez en las últimas cinco décadas- hacia la ruta de un contra-poder popular, paralelo al actual.
Ella a su vez determina la necesidad de la ruptura y el desmantelamiento del poder constituido, de la construcción de un nuevo poder constituyente y el establecimiento de un régimen transitorio que convoque una ASAMBLEA CONSTITUYENTE POPULAR Y SOBERANA.
Que posibilite refundar la democracia sobre nuevas bases sustantivas y facilite retomar, actualizar, enriquecer y relanzar el proceso socio-político inconcluso que el pueblo dominicano intentó realizar en abril de 1965 enarbolando la bandera de la Constitución de 1963.
El domingo 11 de junio le toca el turno a la región Este en San Pedro de Macorís y ustedes verán como la Marcha Verde provocará la implosión de la colosal deuda social provocada por los verdugos de la familia cañera, por las graves heridas de la piñata del emporio del CEA, por los sangrantes abusos del Central Romana, por el saqueo inmisericorde de costas, ríos, lagunas y tierras fértiles a cargo de magnates conocidos, por la degradaciones de un turismo al servicio de la corrupción y la expoliación transnacional.
Y junto a los barrios populares teñidos de verde… se hace cada vez más impostergable avanzar sin titubeos hacia una avalancha nacional que vuelque los pueblos de todas las regiones y provincias, incluidas las del Gran Santo Domingo periférico, hacia el corazón de la Capital, para no dejar dudas de que existen fuerzas para poner de rodillas y castigar ejemplarmente el despreciable e inmundo poder que ya declina.
La contundencia de la Marcha de AZUA tiene causas muy precisas que se relacionan con el crecimiento de la conciencia popular respecto a una realidad desgarradora y a verdades ya palpables. Veamos:
- CORRUPCIÓN Y SAQUEO AMENAZA VIDA EN EL SUR
La vida en la Región Sur del país -ya sensiblemente degradada por la desertificación, la muerte y contaminación de numerosos ríos, por la insensibilidad y deshonestidad de las autoridades responsables de las políticas públicas, y por el empobrecimiento de una gran parte de sus habitantes- se ve ahora amenazada de muerte por un conjunto de factores destructivo, todos cruzados por la corrupción impune:
- La carretera Norte-SUR, San Juan de la Maguana-Santiago, ya iniciada, atenta gravemente contra la estabilidad y preservación de dos grandes parques nacionales de la Cordillera Central, principal reserva de agua de la isla. Una ruta trazada fundamentalmente para beneficiar transnacionales del oro, incluidas la Gold Quest, la Barrick Gold y empresas subalternas.
- La región ya está concesionada en un 50% a corporaciones mineras, en areas ubicadas en plena cordillera, incluyendo sus partes más altas.
Ambas determinaciones responden a la corruptela que ha arropado en las últimas décadas las tratativas de la Dirección de Minería, el Ministerio de Medio Ambiente y los funcionarios palaciegos con corporaciones mineras duchas en sobornar.
- En Pedernales se combinan tratativas mineras y turísticas, a todas luces contradictorias, ambas bajo el signo de la corrupción y el interés transnacional de explotar, sin rigor ambiental, el tesoro de Bahía de las Águilas y de valiosos yacimientos de “TIERRAS RARAS”, cuidadosamente ocultado.Sus playas hermosas y el Parque Jaragua claman un SOS, después del gobierno desconocer las bien fundamentadas propuestas de la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD.
- Las grandes empresas granceras -siempre conectadas a altos empresarios inescrupulosos- han ocasionado grave daños a las cuencas de los ríos de la región, registrándose en las provincias de San Cristóbal y San José de Ocoa verdaderos ecocidios plagados de tráfico de influencia y abusos de poder.
- Peravia está amenazada de la contaminación de las Plantas de carbón de Punta Catalina, impuesta contra todo rigor científico y sentido humano solo por el negociazo particular que representa su enorme sobrevaluación para la mafiosa ODEBRECH y el PRESIDENTE MEDINA.
- La mafia peledeísta ha depredado cruelmente la Sierra de Bahoruco con los negocios de siembra y producción de aguacates y otros rublos en áreas vedadas; contando siempre con la protección de de autoridades civiles y militares sobornada.
- En Azua, afectada las prácticas depredadoras, no cabe ya más podredumbre y abandono, siendo el SENADOR RAFAEL CALDERÓN uno de los más conspicuos cabilderos de los negocios de las mafia política en el Sur y a nivel Nacional.
Corrupción, saqueo, contaminación y depredación van de la mano en todas las Provincias del Sur.
- GOLD QUEST Y GOBIERNO A PUNTO DE INICIAR DESTRUCCIÓN AGROPECUARIA
Entre los planes más desbastadores para la vida de los pueblos sureños sobresale el programa minero que pretenden iniciar a breve plazo por San Juan de la Maguana, luego de que fuera contenido en la región Norte del país por los/as defensores/as de LOMA MIRANDA.
Ese proyecto destructivo corresponde al frente minero de Romero situado al borde del río San Juan, afluente del Yaque del Sur, en el lado norte de la Presa de Sabaneta, fuentes de agua vitales para la irrigación del Valle y la región.
Gold Quest es la transnacional concesionaria, a la que la presidencia de la República está a punto de autorizarle la explotación de ese yacimiento, vía ministerios de ENERGÍA y MINA y MEDIO AMBIENTE.
Gold Quest, a su vez, ha pactado recientemente con el consorcio internacional AGNICO, entidad experta en abrir rutas a base de cabildeos y promoción pro-activa. Igual se agenciado el respaldo de las Embajadas de Canadá y EEUU para tratar de vencer obstáculos.
El Presidente Medina, aun con las grande debilidades que exhibe su erosionado régimen, está comprometido con ese proyecto, en procura de adelantos fiscales y ingresos soterrados para su claque; exponiéndose, claro está, a intensas rebeldías en toda esa región.
Esta sería una operación aurífera en las alturas de la Cordillera Central, inadmisible independientemente de la tecnología que se emplee (incluida la “extracción por túneles” en lugar de “minería a cielo abierto”).
Sería el inicio de la transformación de una región agrícola, altamente productora de alimento y generadora de empleos estables, en una región minera con escasos empleos, sometida a la destrucción del sistema de agua del Yaque del Sur y de la producción agrícola y pecuaria del Sur central y el Suroeste del país, desde Azua y San Juan hasta Barahona.
El frente minero de Romero demandará grandes cantidades de agua, ensuciará y contaminará sus fuentes y correntías, disminuirá su captación y fraccionará sus cursos superficiales en una región donde ya el déficit de agua es alarmante; y a eso se agregaría la cadena incontenible de concesiones de explotación minera que estimularía ese funesto precedente convertido en jurisprudencia; provocando niveles trágicos de inseguridad y dependencia alimentaria.
La explotación del “oro nativo” de Romero mediante túneles no anula consecuencias terribles contra el derecho a la vida, dados los impactos de la extracción en el subsuelo y en los depósitos minerales en el sobresuelo, la peligrosidad de las presas de cola envenenadas ya contempladas en el proyecto, y el hecho de que lo limitado del “oro nativo” para garantizar su rentabilidad, obligaría al consorcio a la explotación de óxidos y sulfuros, tramposamente ocultada. Esto ocasionaría graves daños adicionales a cielo abierto.
Esto no es cuestión de reglas de transparencias ni de tal o cual tecnología. Esa catástrofe ecológica solo se evita impidiendo la explotación minera en niveles altos y medios de la Cordillera Central, caracterizados por su riqueza en agua, biodiversidad y fertilidad. Y a falta de Gobierno y Estado sensibles, solo la lucha de agricultores y pobladores en general están en capacidad de lograrlo.
Hay que prepararse para esta gran batalla, organizando la resistencia desde Azua hasta la frontera. Jornaleros, agricultores, ganaderos, pobladores, hombres, mujeres, jóvenes, viejos y niños/a deben rebelarse frente a este crimen contra la vida colectiva de una gran parte del pueblo dominicano.
Hay que vincular esa lucha, inspirándonos en el ejemplo del CAMPAMENTO LOMA MIRANDA, a todas las expresiones de combates al saqueo empedernido, al empobrecimiento forzado y a daños ambientales y programas oficialese plagados de corrupción y protegidos por la impunidad.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.