Opinión
Victoria verde en Azua augura triunfo resonante en SPM
Por Narciso Isa Conde
El gobierno fracasó en su apuesta y empeños para hacer fracasar la MARCHA VERDE DEL SUR y le irá peor en el Este.
Más adelante todo apunta a la vuelta a la Capital, al despliegue a continuación de una enorme Marcha Nacional que implique una especie ocupación del Distrito Nacional por todas las regiones y provincias del país, en volumen de pueblo movilizado y extensión territorial muy superior a lo acontecido el 22 de enero. DEMOCRACIA DE CALLE en grande. Pobres magnates de la corrupción, lo que le espera es para temblar.
La Marcha Verde del Sur, escenificada en Azua, destapó la indignación acumulada a consecuencia del cruel despojo de enormes recursos que debieron ser destinados a programas sociales audaces, del saqueo sistemático del patrimonio natural de la región y la sobre-explotación capitalista que empobrece la población y el territorio.
El Gobierno de Danilo Medina apostó a que la degradación extrema de la zona -sumada a la intensificación de las prácticas clientelistas-asistencialista y a la deprimida escolaridad que afecta todas las provincias de esa región- le aseguraba el fracaso de esa movilización verde (luego de cuatro marchas exitosas).
En verdad ese billete le salió “pelao”, colocándolo en la pendiente de relanzar la represión criminal, tal y como lo evidencia la agresión alevosa al dirigente campesino y lector del manifiesto verde de Azua, Hero Pérez, camuflajeada de “accidente automovilístico”.
En verdad los gobernantes de turno y toda la clase política tradicional responsables de la agobiante corruptela hoy impugnada por gran parte de esta sociedad, no tienen idea del volcán transformador que han provocado ni pueden comprender la evidente decadencia de su gestión.
Cuando una realidad dramática y sus causas son identificadas por el pueblo indignado, no hay forma de frenar su creciente insubordinación si no desaparecen las mismas; que en este caso, equivale el fin de la impunidad de sus protagonistas y beneficiarios, inseparablemente vinculada al fin del sistema que la pro-hija, la recicla y la protege contra todo reclamo de justicia.
Tal percepción de la realidad y tal captación de la verdad concreta es lo que ha potenciado un nuevo periodo político en el que una enorme cantidad de personas se están convenciendo de que en el marco de las instituciones establecidas no hay solución a los males que estamos enfrentando.
De que los partidos tradicionales altamente corrompidos y degradados no tienen remedio…
De que el movimiento verde, ejerciendo la democracia de calle y descartando un sistema electoral podrido debe constituirse en fuerza alternativa transformadora…
De que es necesario cambiarlo todo, hacer colapsar estas instituciones y abrirle camino a algo totalmente diferente al sistema, al régimen político y al gobierno que se sustentan en la Constitución antidemocrática y neoliberal del 201O.
Esta situación, además, es la que hoy pone a mirar a mucha gente –por primera vez en las últimas cinco décadas- hacia la ruta de un contra-poder popular, paralelo al actual.
Ella a su vez determina la necesidad de la ruptura y el desmantelamiento del poder constituido, de la construcción de un nuevo poder constituyente y el establecimiento de un régimen transitorio que convoque una ASAMBLEA CONSTITUYENTE POPULAR Y SOBERANA.
Que posibilite refundar la democracia sobre nuevas bases sustantivas y facilite retomar, actualizar, enriquecer y relanzar el proceso socio-político inconcluso que el pueblo dominicano intentó realizar en abril de 1965 enarbolando la bandera de la Constitución de 1963.
El domingo 11 de junio le toca el turno a la región Este en San Pedro de Macorís y ustedes verán como la Marcha Verde provocará la implosión de la colosal deuda social provocada por los verdugos de la familia cañera, por las graves heridas de la piñata del emporio del CEA, por los sangrantes abusos del Central Romana, por el saqueo inmisericorde de costas, ríos, lagunas y tierras fértiles a cargo de magnates conocidos, por la degradaciones de un turismo al servicio de la corrupción y la expoliación transnacional.
Y junto a los barrios populares teñidos de verde… se hace cada vez más impostergable avanzar sin titubeos hacia una avalancha nacional que vuelque los pueblos de todas las regiones y provincias, incluidas las del Gran Santo Domingo periférico, hacia el corazón de la Capital, para no dejar dudas de que existen fuerzas para poner de rodillas y castigar ejemplarmente el despreciable e inmundo poder que ya declina.
La contundencia de la Marcha de AZUA tiene causas muy precisas que se relacionan con el crecimiento de la conciencia popular respecto a una realidad desgarradora y a verdades ya palpables. Veamos:
- CORRUPCIÓN Y SAQUEO AMENAZA VIDA EN EL SUR
La vida en la Región Sur del país -ya sensiblemente degradada por la desertificación, la muerte y contaminación de numerosos ríos, por la insensibilidad y deshonestidad de las autoridades responsables de las políticas públicas, y por el empobrecimiento de una gran parte de sus habitantes- se ve ahora amenazada de muerte por un conjunto de factores destructivo, todos cruzados por la corrupción impune:
- La carretera Norte-SUR, San Juan de la Maguana-Santiago, ya iniciada, atenta gravemente contra la estabilidad y preservación de dos grandes parques nacionales de la Cordillera Central, principal reserva de agua de la isla. Una ruta trazada fundamentalmente para beneficiar transnacionales del oro, incluidas la Gold Quest, la Barrick Gold y empresas subalternas.
- La región ya está concesionada en un 50% a corporaciones mineras, en areas ubicadas en plena cordillera, incluyendo sus partes más altas.
Ambas determinaciones responden a la corruptela que ha arropado en las últimas décadas las tratativas de la Dirección de Minería, el Ministerio de Medio Ambiente y los funcionarios palaciegos con corporaciones mineras duchas en sobornar.
- En Pedernales se combinan tratativas mineras y turísticas, a todas luces contradictorias, ambas bajo el signo de la corrupción y el interés transnacional de explotar, sin rigor ambiental, el tesoro de Bahía de las Águilas y de valiosos yacimientos de “TIERRAS RARAS”, cuidadosamente ocultado.Sus playas hermosas y el Parque Jaragua claman un SOS, después del gobierno desconocer las bien fundamentadas propuestas de la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD.
- Las grandes empresas granceras -siempre conectadas a altos empresarios inescrupulosos- han ocasionado grave daños a las cuencas de los ríos de la región, registrándose en las provincias de San Cristóbal y San José de Ocoa verdaderos ecocidios plagados de tráfico de influencia y abusos de poder.
- Peravia está amenazada de la contaminación de las Plantas de carbón de Punta Catalina, impuesta contra todo rigor científico y sentido humano solo por el negociazo particular que representa su enorme sobrevaluación para la mafiosa ODEBRECH y el PRESIDENTE MEDINA.
- La mafia peledeísta ha depredado cruelmente la Sierra de Bahoruco con los negocios de siembra y producción de aguacates y otros rublos en áreas vedadas; contando siempre con la protección de de autoridades civiles y militares sobornada.
- En Azua, afectada las prácticas depredadoras, no cabe ya más podredumbre y abandono, siendo el SENADOR RAFAEL CALDERÓN uno de los más conspicuos cabilderos de los negocios de las mafia política en el Sur y a nivel Nacional.
Corrupción, saqueo, contaminación y depredación van de la mano en todas las Provincias del Sur.
- GOLD QUEST Y GOBIERNO A PUNTO DE INICIAR DESTRUCCIÓN AGROPECUARIA
Entre los planes más desbastadores para la vida de los pueblos sureños sobresale el programa minero que pretenden iniciar a breve plazo por San Juan de la Maguana, luego de que fuera contenido en la región Norte del país por los/as defensores/as de LOMA MIRANDA.
Ese proyecto destructivo corresponde al frente minero de Romero situado al borde del río San Juan, afluente del Yaque del Sur, en el lado norte de la Presa de Sabaneta, fuentes de agua vitales para la irrigación del Valle y la región.
Gold Quest es la transnacional concesionaria, a la que la presidencia de la República está a punto de autorizarle la explotación de ese yacimiento, vía ministerios de ENERGÍA y MINA y MEDIO AMBIENTE.
Gold Quest, a su vez, ha pactado recientemente con el consorcio internacional AGNICO, entidad experta en abrir rutas a base de cabildeos y promoción pro-activa. Igual se agenciado el respaldo de las Embajadas de Canadá y EEUU para tratar de vencer obstáculos.
El Presidente Medina, aun con las grande debilidades que exhibe su erosionado régimen, está comprometido con ese proyecto, en procura de adelantos fiscales y ingresos soterrados para su claque; exponiéndose, claro está, a intensas rebeldías en toda esa región.
Esta sería una operación aurífera en las alturas de la Cordillera Central, inadmisible independientemente de la tecnología que se emplee (incluida la “extracción por túneles” en lugar de “minería a cielo abierto”).
Sería el inicio de la transformación de una región agrícola, altamente productora de alimento y generadora de empleos estables, en una región minera con escasos empleos, sometida a la destrucción del sistema de agua del Yaque del Sur y de la producción agrícola y pecuaria del Sur central y el Suroeste del país, desde Azua y San Juan hasta Barahona.
El frente minero de Romero demandará grandes cantidades de agua, ensuciará y contaminará sus fuentes y correntías, disminuirá su captación y fraccionará sus cursos superficiales en una región donde ya el déficit de agua es alarmante; y a eso se agregaría la cadena incontenible de concesiones de explotación minera que estimularía ese funesto precedente convertido en jurisprudencia; provocando niveles trágicos de inseguridad y dependencia alimentaria.
La explotación del “oro nativo” de Romero mediante túneles no anula consecuencias terribles contra el derecho a la vida, dados los impactos de la extracción en el subsuelo y en los depósitos minerales en el sobresuelo, la peligrosidad de las presas de cola envenenadas ya contempladas en el proyecto, y el hecho de que lo limitado del “oro nativo” para garantizar su rentabilidad, obligaría al consorcio a la explotación de óxidos y sulfuros, tramposamente ocultada. Esto ocasionaría graves daños adicionales a cielo abierto.
Esto no es cuestión de reglas de transparencias ni de tal o cual tecnología. Esa catástrofe ecológica solo se evita impidiendo la explotación minera en niveles altos y medios de la Cordillera Central, caracterizados por su riqueza en agua, biodiversidad y fertilidad. Y a falta de Gobierno y Estado sensibles, solo la lucha de agricultores y pobladores en general están en capacidad de lograrlo.
Hay que prepararse para esta gran batalla, organizando la resistencia desde Azua hasta la frontera. Jornaleros, agricultores, ganaderos, pobladores, hombres, mujeres, jóvenes, viejos y niños/a deben rebelarse frente a este crimen contra la vida colectiva de una gran parte del pueblo dominicano.
Hay que vincular esa lucha, inspirándonos en el ejemplo del CAMPAMENTO LOMA MIRANDA, a todas las expresiones de combates al saqueo empedernido, al empobrecimiento forzado y a daños ambientales y programas oficialese plagados de corrupción y protegidos por la impunidad.
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026