Opinión
Victoria verde en Azua augura triunfo resonante en SPM
Por Narciso Isa Conde
El gobierno fracasó en su apuesta y empeños para hacer fracasar la MARCHA VERDE DEL SUR y le irá peor en el Este.
Más adelante todo apunta a la vuelta a la Capital, al despliegue a continuación de una enorme Marcha Nacional que implique una especie ocupación del Distrito Nacional por todas las regiones y provincias del país, en volumen de pueblo movilizado y extensión territorial muy superior a lo acontecido el 22 de enero. DEMOCRACIA DE CALLE en grande. Pobres magnates de la corrupción, lo que le espera es para temblar.
La Marcha Verde del Sur, escenificada en Azua, destapó la indignación acumulada a consecuencia del cruel despojo de enormes recursos que debieron ser destinados a programas sociales audaces, del saqueo sistemático del patrimonio natural de la región y la sobre-explotación capitalista que empobrece la población y el territorio.
El Gobierno de Danilo Medina apostó a que la degradación extrema de la zona -sumada a la intensificación de las prácticas clientelistas-asistencialista y a la deprimida escolaridad que afecta todas las provincias de esa región- le aseguraba el fracaso de esa movilización verde (luego de cuatro marchas exitosas).
En verdad ese billete le salió “pelao”, colocándolo en la pendiente de relanzar la represión criminal, tal y como lo evidencia la agresión alevosa al dirigente campesino y lector del manifiesto verde de Azua, Hero Pérez, camuflajeada de “accidente automovilístico”.
En verdad los gobernantes de turno y toda la clase política tradicional responsables de la agobiante corruptela hoy impugnada por gran parte de esta sociedad, no tienen idea del volcán transformador que han provocado ni pueden comprender la evidente decadencia de su gestión.
Cuando una realidad dramática y sus causas son identificadas por el pueblo indignado, no hay forma de frenar su creciente insubordinación si no desaparecen las mismas; que en este caso, equivale el fin de la impunidad de sus protagonistas y beneficiarios, inseparablemente vinculada al fin del sistema que la pro-hija, la recicla y la protege contra todo reclamo de justicia.
Tal percepción de la realidad y tal captación de la verdad concreta es lo que ha potenciado un nuevo periodo político en el que una enorme cantidad de personas se están convenciendo de que en el marco de las instituciones establecidas no hay solución a los males que estamos enfrentando.
De que los partidos tradicionales altamente corrompidos y degradados no tienen remedio…
De que el movimiento verde, ejerciendo la democracia de calle y descartando un sistema electoral podrido debe constituirse en fuerza alternativa transformadora…
De que es necesario cambiarlo todo, hacer colapsar estas instituciones y abrirle camino a algo totalmente diferente al sistema, al régimen político y al gobierno que se sustentan en la Constitución antidemocrática y neoliberal del 201O.
Esta situación, además, es la que hoy pone a mirar a mucha gente –por primera vez en las últimas cinco décadas- hacia la ruta de un contra-poder popular, paralelo al actual.
Ella a su vez determina la necesidad de la ruptura y el desmantelamiento del poder constituido, de la construcción de un nuevo poder constituyente y el establecimiento de un régimen transitorio que convoque una ASAMBLEA CONSTITUYENTE POPULAR Y SOBERANA.
Que posibilite refundar la democracia sobre nuevas bases sustantivas y facilite retomar, actualizar, enriquecer y relanzar el proceso socio-político inconcluso que el pueblo dominicano intentó realizar en abril de 1965 enarbolando la bandera de la Constitución de 1963.
El domingo 11 de junio le toca el turno a la región Este en San Pedro de Macorís y ustedes verán como la Marcha Verde provocará la implosión de la colosal deuda social provocada por los verdugos de la familia cañera, por las graves heridas de la piñata del emporio del CEA, por los sangrantes abusos del Central Romana, por el saqueo inmisericorde de costas, ríos, lagunas y tierras fértiles a cargo de magnates conocidos, por la degradaciones de un turismo al servicio de la corrupción y la expoliación transnacional.
Y junto a los barrios populares teñidos de verde… se hace cada vez más impostergable avanzar sin titubeos hacia una avalancha nacional que vuelque los pueblos de todas las regiones y provincias, incluidas las del Gran Santo Domingo periférico, hacia el corazón de la Capital, para no dejar dudas de que existen fuerzas para poner de rodillas y castigar ejemplarmente el despreciable e inmundo poder que ya declina.
La contundencia de la Marcha de AZUA tiene causas muy precisas que se relacionan con el crecimiento de la conciencia popular respecto a una realidad desgarradora y a verdades ya palpables. Veamos:
- CORRUPCIÓN Y SAQUEO AMENAZA VIDA EN EL SUR
La vida en la Región Sur del país -ya sensiblemente degradada por la desertificación, la muerte y contaminación de numerosos ríos, por la insensibilidad y deshonestidad de las autoridades responsables de las políticas públicas, y por el empobrecimiento de una gran parte de sus habitantes- se ve ahora amenazada de muerte por un conjunto de factores destructivo, todos cruzados por la corrupción impune:
- La carretera Norte-SUR, San Juan de la Maguana-Santiago, ya iniciada, atenta gravemente contra la estabilidad y preservación de dos grandes parques nacionales de la Cordillera Central, principal reserva de agua de la isla. Una ruta trazada fundamentalmente para beneficiar transnacionales del oro, incluidas la Gold Quest, la Barrick Gold y empresas subalternas.
- La región ya está concesionada en un 50% a corporaciones mineras, en areas ubicadas en plena cordillera, incluyendo sus partes más altas.
Ambas determinaciones responden a la corruptela que ha arropado en las últimas décadas las tratativas de la Dirección de Minería, el Ministerio de Medio Ambiente y los funcionarios palaciegos con corporaciones mineras duchas en sobornar.
- En Pedernales se combinan tratativas mineras y turísticas, a todas luces contradictorias, ambas bajo el signo de la corrupción y el interés transnacional de explotar, sin rigor ambiental, el tesoro de Bahía de las Águilas y de valiosos yacimientos de “TIERRAS RARAS”, cuidadosamente ocultado.Sus playas hermosas y el Parque Jaragua claman un SOS, después del gobierno desconocer las bien fundamentadas propuestas de la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD.
- Las grandes empresas granceras -siempre conectadas a altos empresarios inescrupulosos- han ocasionado grave daños a las cuencas de los ríos de la región, registrándose en las provincias de San Cristóbal y San José de Ocoa verdaderos ecocidios plagados de tráfico de influencia y abusos de poder.
- Peravia está amenazada de la contaminación de las Plantas de carbón de Punta Catalina, impuesta contra todo rigor científico y sentido humano solo por el negociazo particular que representa su enorme sobrevaluación para la mafiosa ODEBRECH y el PRESIDENTE MEDINA.
- La mafia peledeísta ha depredado cruelmente la Sierra de Bahoruco con los negocios de siembra y producción de aguacates y otros rublos en áreas vedadas; contando siempre con la protección de de autoridades civiles y militares sobornada.
- En Azua, afectada las prácticas depredadoras, no cabe ya más podredumbre y abandono, siendo el SENADOR RAFAEL CALDERÓN uno de los más conspicuos cabilderos de los negocios de las mafia política en el Sur y a nivel Nacional.
Corrupción, saqueo, contaminación y depredación van de la mano en todas las Provincias del Sur.
- GOLD QUEST Y GOBIERNO A PUNTO DE INICIAR DESTRUCCIÓN AGROPECUARIA
Entre los planes más desbastadores para la vida de los pueblos sureños sobresale el programa minero que pretenden iniciar a breve plazo por San Juan de la Maguana, luego de que fuera contenido en la región Norte del país por los/as defensores/as de LOMA MIRANDA.
Ese proyecto destructivo corresponde al frente minero de Romero situado al borde del río San Juan, afluente del Yaque del Sur, en el lado norte de la Presa de Sabaneta, fuentes de agua vitales para la irrigación del Valle y la región.
Gold Quest es la transnacional concesionaria, a la que la presidencia de la República está a punto de autorizarle la explotación de ese yacimiento, vía ministerios de ENERGÍA y MINA y MEDIO AMBIENTE.
Gold Quest, a su vez, ha pactado recientemente con el consorcio internacional AGNICO, entidad experta en abrir rutas a base de cabildeos y promoción pro-activa. Igual se agenciado el respaldo de las Embajadas de Canadá y EEUU para tratar de vencer obstáculos.
El Presidente Medina, aun con las grande debilidades que exhibe su erosionado régimen, está comprometido con ese proyecto, en procura de adelantos fiscales y ingresos soterrados para su claque; exponiéndose, claro está, a intensas rebeldías en toda esa región.
Esta sería una operación aurífera en las alturas de la Cordillera Central, inadmisible independientemente de la tecnología que se emplee (incluida la “extracción por túneles” en lugar de “minería a cielo abierto”).
Sería el inicio de la transformación de una región agrícola, altamente productora de alimento y generadora de empleos estables, en una región minera con escasos empleos, sometida a la destrucción del sistema de agua del Yaque del Sur y de la producción agrícola y pecuaria del Sur central y el Suroeste del país, desde Azua y San Juan hasta Barahona.
El frente minero de Romero demandará grandes cantidades de agua, ensuciará y contaminará sus fuentes y correntías, disminuirá su captación y fraccionará sus cursos superficiales en una región donde ya el déficit de agua es alarmante; y a eso se agregaría la cadena incontenible de concesiones de explotación minera que estimularía ese funesto precedente convertido en jurisprudencia; provocando niveles trágicos de inseguridad y dependencia alimentaria.
La explotación del “oro nativo” de Romero mediante túneles no anula consecuencias terribles contra el derecho a la vida, dados los impactos de la extracción en el subsuelo y en los depósitos minerales en el sobresuelo, la peligrosidad de las presas de cola envenenadas ya contempladas en el proyecto, y el hecho de que lo limitado del “oro nativo” para garantizar su rentabilidad, obligaría al consorcio a la explotación de óxidos y sulfuros, tramposamente ocultada. Esto ocasionaría graves daños adicionales a cielo abierto.
Esto no es cuestión de reglas de transparencias ni de tal o cual tecnología. Esa catástrofe ecológica solo se evita impidiendo la explotación minera en niveles altos y medios de la Cordillera Central, caracterizados por su riqueza en agua, biodiversidad y fertilidad. Y a falta de Gobierno y Estado sensibles, solo la lucha de agricultores y pobladores en general están en capacidad de lograrlo.
Hay que prepararse para esta gran batalla, organizando la resistencia desde Azua hasta la frontera. Jornaleros, agricultores, ganaderos, pobladores, hombres, mujeres, jóvenes, viejos y niños/a deben rebelarse frente a este crimen contra la vida colectiva de una gran parte del pueblo dominicano.
Hay que vincular esa lucha, inspirándonos en el ejemplo del CAMPAMENTO LOMA MIRANDA, a todas las expresiones de combates al saqueo empedernido, al empobrecimiento forzado y a daños ambientales y programas oficialese plagados de corrupción y protegidos por la impunidad.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.