Editorial
Odebrecht y La Doble Moral
Hay un principio universal del derecho que considera inocente a cualquier imputado hasta que las pruebas presentadas en un juicio público, oral y contradictorio diga lo contrario, lo cual todavía no ha ocurrido con los imputados en el caso del soborno de ODEBRECHT.
Sin embargo, el hecho de que el Ministerio Público haya dispuesto la detención de una serie de personajes se asume que en las próximas horas se buscará imponerles medidas de coerción, las cuales tienen que estar fundamentadas en la aportación de pruebas irrefutables.
Ahora, el sólo hecho de que estos funcionarios e importantes dirigentes políticos hayan sido detenidos de manera aparatoso demuestra que hay tantas pruebas contundentes en su contra que el Ministerio Público no puede soslayarlas, cuya realidad define a estos individuos como personas que se las han pasado jugando el país con un discurso anti-corrupción, pero con los bolsillos llenos de dinero de esa forma incorrecta de proceder.
Por ejemplo, Temístocles Montás, Ministro de Industria y Comercio, que durante la contienda interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se convirtió en el principal cuestionador del ex-presidente Leonel Fernández, quien tampoco está libre de culpa, pero que sólo un hombre sin moral puede atacar a otro que ha cometido el mismo pecado.
Hay una famosa expresión que dice: “Cuando usted vive en una casa con el techo de cristal no le tire piedras a su vecino”
Sólo una persona con un gran descaro puede incurrir en semejante comportamiento, sobre todo porque Temístocles Montás es una persona de una gran influencia en el Gobierno y en el partido oficial, ya que es miembro del Comité Político, cuya condición requiere para su apresamiento la existencia de pruebas que no merecen el más mínimo cuestionamiento.
Lo propio habría que decir de Julio César Valentín, senador y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, cuyo apresamiento debió contar con la aprobación del presidente Danilo Medina, pero éste es un personaje de un plumaje muy extraño, porque su rostro genera muchas dudas, dado que se la pasa promoviendo una conducta ética y transparente, pero cuando estuvo en la Cámara de Diputados su comportamiento dejó mucho que decir.
Otro apresado que también siempre fue generador de dudas, es Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien durante la pasada campaña electoral se comportó de una forma muy cuestionable, a pesar de que quiere vender una imagen de hombre serio.
Tanto él como otros dirigentes del PRM han tenido un cierto activismo a través de la Marcha Verde, cuya participación en las actividades de este movimiento ciudadano no daña para nada este mecanismo de lucha en contra de la corrupción, porque el mismo no es fiscal ni puede impedirle a nadie la asistencia a sus eventos.
Pero cualquiera se pasaría la semana hablando de las dudas que genera, incluso, el PRM como organización que dice haber nacido para cambiar la forma de hacer política en la República Dominicana.
En lo que respecta al PRM hay que decir que está lleno de distorsiones, irresponsabilidades e inconductas como el PLD, el PRSC, cuya mayoría de dirigentes en vez de presidir estas organizaciones debían guardar prisión en las cárceles del país.
Lo que pasa es que la cultura de la doble moral ha permitido que en la República muchos ladrones vendan la imagen de hombres serios, quienes generalmente reciben el apoyo de comunicadores bocinas que siempre apelan al clichet de que cualquiera de esos sinvergüenzas son hombres o mujeres serias.
Penosamente los que así hablan no tienen ningún mecanismo para avalar sus aventureras afirmaciones, las cuales no son más que parte de lo que pasa en la República Dominicana, donde los políticos que abrasan y protegen a un amigo se convierten en un Dios para ellos.
El caso Odebrecht todavía va dejar mucho de que hablar, porque habrán muchas cosas que incluso la propia Procuraduría General de la República buscará esconder para favorecer a las figuras más importantes del Gobierno.
Es bueno que todos tengan claro que los involucrados en este caso se van a conocer, ya sea por las informaciones proporcionadas a la Procuraduría General de la República o porque las autoridades estadounidenses o de Brasil lo hagan público.
De manera que las autoridades dominicanas no tienen otra opción que procesar a gente como Temístocles Montás y Julio César Valentín, quienes cuentan con la base suficiente en el PLD para salir impunes, pero que hacerlo sería jugar al desprestigio total del Gobierno de Danilo Medina.
Sólo el carácter multinacional del escándalo se constituye en la principal presión para que en este caso no pase lo de siempre, la poca transparencia y la impunidad, porque sería jugarse el todo por el todo.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.