Editorial
Odebrecht y La Doble Moral
Hay un principio universal del derecho que considera inocente a cualquier imputado hasta que las pruebas presentadas en un juicio público, oral y contradictorio diga lo contrario, lo cual todavía no ha ocurrido con los imputados en el caso del soborno de ODEBRECHT.
Sin embargo, el hecho de que el Ministerio Público haya dispuesto la detención de una serie de personajes se asume que en las próximas horas se buscará imponerles medidas de coerción, las cuales tienen que estar fundamentadas en la aportación de pruebas irrefutables.
Ahora, el sólo hecho de que estos funcionarios e importantes dirigentes políticos hayan sido detenidos de manera aparatoso demuestra que hay tantas pruebas contundentes en su contra que el Ministerio Público no puede soslayarlas, cuya realidad define a estos individuos como personas que se las han pasado jugando el país con un discurso anti-corrupción, pero con los bolsillos llenos de dinero de esa forma incorrecta de proceder.
Por ejemplo, Temístocles Montás, Ministro de Industria y Comercio, que durante la contienda interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se convirtió en el principal cuestionador del ex-presidente Leonel Fernández, quien tampoco está libre de culpa, pero que sólo un hombre sin moral puede atacar a otro que ha cometido el mismo pecado.
Hay una famosa expresión que dice: “Cuando usted vive en una casa con el techo de cristal no le tire piedras a su vecino”
Sólo una persona con un gran descaro puede incurrir en semejante comportamiento, sobre todo porque Temístocles Montás es una persona de una gran influencia en el Gobierno y en el partido oficial, ya que es miembro del Comité Político, cuya condición requiere para su apresamiento la existencia de pruebas que no merecen el más mínimo cuestionamiento.
Lo propio habría que decir de Julio César Valentín, senador y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, cuyo apresamiento debió contar con la aprobación del presidente Danilo Medina, pero éste es un personaje de un plumaje muy extraño, porque su rostro genera muchas dudas, dado que se la pasa promoviendo una conducta ética y transparente, pero cuando estuvo en la Cámara de Diputados su comportamiento dejó mucho que decir.
Otro apresado que también siempre fue generador de dudas, es Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien durante la pasada campaña electoral se comportó de una forma muy cuestionable, a pesar de que quiere vender una imagen de hombre serio.
Tanto él como otros dirigentes del PRM han tenido un cierto activismo a través de la Marcha Verde, cuya participación en las actividades de este movimiento ciudadano no daña para nada este mecanismo de lucha en contra de la corrupción, porque el mismo no es fiscal ni puede impedirle a nadie la asistencia a sus eventos.
Pero cualquiera se pasaría la semana hablando de las dudas que genera, incluso, el PRM como organización que dice haber nacido para cambiar la forma de hacer política en la República Dominicana.
En lo que respecta al PRM hay que decir que está lleno de distorsiones, irresponsabilidades e inconductas como el PLD, el PRSC, cuya mayoría de dirigentes en vez de presidir estas organizaciones debían guardar prisión en las cárceles del país.
Lo que pasa es que la cultura de la doble moral ha permitido que en la República muchos ladrones vendan la imagen de hombres serios, quienes generalmente reciben el apoyo de comunicadores bocinas que siempre apelan al clichet de que cualquiera de esos sinvergüenzas son hombres o mujeres serias.
Penosamente los que así hablan no tienen ningún mecanismo para avalar sus aventureras afirmaciones, las cuales no son más que parte de lo que pasa en la República Dominicana, donde los políticos que abrasan y protegen a un amigo se convierten en un Dios para ellos.
El caso Odebrecht todavía va dejar mucho de que hablar, porque habrán muchas cosas que incluso la propia Procuraduría General de la República buscará esconder para favorecer a las figuras más importantes del Gobierno.
Es bueno que todos tengan claro que los involucrados en este caso se van a conocer, ya sea por las informaciones proporcionadas a la Procuraduría General de la República o porque las autoridades estadounidenses o de Brasil lo hagan público.
De manera que las autoridades dominicanas no tienen otra opción que procesar a gente como Temístocles Montás y Julio César Valentín, quienes cuentan con la base suficiente en el PLD para salir impunes, pero que hacerlo sería jugar al desprestigio total del Gobierno de Danilo Medina.
Sólo el carácter multinacional del escándalo se constituye en la principal presión para que en este caso no pase lo de siempre, la poca transparencia y la impunidad, porque sería jugarse el todo por el todo.
Sin que tenga la necesidad, aunque la justificación podría estar explicada en un problema de ignorancia, intereses o de miedo, el gobierno de Luis Abinader, tal vez el peor en lo que respecta a irrespetar el orden constitucional establecido, no se detiene en su imitación de lo que ocurre en los Estados Unidos.
Este periódico ha dicho y ahora por igual lo repite que la constitucionalización del derecho conlleva una gran confrontación con una partidocracia que ha demostrado históricamente que no cree en la ley ordinaria y orgánica, pero mucho menos en la carta magna.
El respeto de la Constitución es parte de una retórica que forma parte de una formalidad que en la realidad no tiene ningún valor, lo cual implica un alto riesgo para la democracia nacional.
El comportamiento del gobierno del PRM y Luis Abinader no difiere en prácticamente nada con los demás que conforman la llamada partidocracia, pero éste por la poca formación que lo caracteriza para conducir el Estado incurre en peores errores que los que le precedieron.
Desde el punto de vista de la jurisprudencia nacional e internacional el actual gobierno ha llegado a extremos que pueden crear serios escollos jurídicos, políticos y sociales al país, porque ponen en cuestionamiento todo el sistema legal, la seguridad jurídica y la justicia constitucional y convencional, la cual se fundamenta en los derechos fundamentales.
La audacia parece ser cada día más peligrosa, porque Abinader y su gente lucen no tener presente que la República Dominicana es el único país del mundo donde se produjo una revuelta armada para exigir el respeto a la constitucionalidad con el derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch en 1963.
Sin embargo, Abinader no para de cometer torpezas que violentan de forma vulgar la Constitución y todo el derecho internacional, en algunos casos por razones de geopolítica y otras veces por responder a los intereses de la desgraciada partidocracia.
El presidente actúa sobre la base de los parámetros que impone la administración de Donald Trump, que es experto en violar la Constitución de los Estados Unidos y todo el derecho internacional.
Y definitivamente Abinader ha decidido acompañar a Trump en sus andanzas en contra del orden legal internacional y de lo que dispone el derecho interno, cuyos mejores ejemplos, entre muchos otros, está el decreto que promulga la Ley 13-26 que persigue eliminar las candidaturas independientes, pese a que las mismas ya son el resultado de una interpretación del órgano facultado para ello como lo es el Tribunal Constitucional, cuya corte sentó una jurisprudencia al respecto que debe ser respetada por todos los poderes públicos, incluido el Ejecutivo, que preside el presidente de la República.
Pero el jefe de Estado dominicano no tiene la menor idea de nada y en consecuencia ahora incurre, tal vez por miedo a las travesuras de Trump, a firmar un memorando de entendimiento para recibir indocumentados deportados a terceros países por disposición de los Estados Unidos, el cual debió conocerse en el Congreso Nacional.
La vocación anti-constitucional de Abinader es de tal magnitud que aun con el control del Congreso Nacional, cuyos diputados y senadores aprobarían el referido acuerdo, aunque vulnera la Constitución, él no ve necesario acudir a ellos por lo ocurrido anteriormente con la carta magna y que esa conducta no ha recibido la respuesta que se produciría en cualquier pueblo con un menor nivel de contaminación y enfermedad que el dominicano.
Sólo falta esperar cuál será el próximo paso en términos de violación constitucional de un gobierno que no siente ningún respeto por el orden legal, la justicia constitucional y el derecho internacional, lo que podría implicar una grave amenaza para la democracia nacional.
La democracia dominicana tras la desaparición de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina ha sido una falsa, una mentira que se apoya en unos supuestos avances del Estado Social Democrático de Derecho.
Precisamente en esa falsa descansa la verdad sobre el derrocamiento del gobierno que presidió el profesor Juan Bosch en el 1963, cuya revuelta armada derivada de la acción ilegal tuvo como razón de ser el retorno a la constitucionalidad.
Pero la experiencia sirvió de poco, porque la violación de lo consignado en la ley de leyes sigue siendo el pan de cada día, lo que provoca que los derechos fundamentales no sean más que una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
Lo que ocurre en el país desde hace décadas era para que ya hubiera habido varias revoluciones armadas por irrespetar la ley sustantiva de la nación, pero todo parece indicar que la sensibilidad del ciudadano con estos temas ha sido doblegada para siempre.
La reciente promulgación de la Ley 13-26 debió ser un motivo más que suficiente para que el ciudadano se lanzara a las calles pacíficamente para exigir el respeto a la constitución de la República, violada descaradamente por el presidente Luis Abinader y su Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuyos diputados y senadores se han ganado la calificación de ser los más conservadores de la historia política del país.
Lo peor de todo lo que ocurre es que cada día los funcionarios públicos y los propios actores de la partidocracia hablan de la constitución como si fuera un documento respetable y sagrado.
La cuestión es que los que mantienen esa actitud no se dan cuenta que provocan lo peor, porque su miopía política indica que les conviene más continuar con la simulación de que la dominicana es una sociedad democrática, porque lo que podría venir puede ser mucho peor.
Ya este periódico lo había advertido que la torpeza de Abinader no llega más allá de una imitación vulgar de lo que ocurre en los Estados Unidos, donde Donald Trump no emite una orden ejecutiva que no choque con la carta magna.
Pero la mejor resignación no puede ser otra que decir que no se le puede pedir peras al olmo, ya que la incapacidad de las actuales autoridades no deja otra opción que tolerar su torpeza y su falta de formación para dirigir el Estado dominicano.
Pero a los dominicanos tener mucho cuidado con esa tolerancia con el que no tiene la capacidad para dirigir el Estado, porque el país podría entrar en una crisis que lo coloque en el mismo sitial de una nación como la vecina Haití, donde nada es creíble y donde el Estado colapsó para siempre, sin posibilidades reales de recuperación.
Ojo pelao.
El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), como en los mejores tiempos del que es su base de sustentación, el PRD, no tiene ningún reparo en violar, no sólo la ley ordinaria y orgánica, sino la Constitución de la República.
El PRM es tal vez el mejor ejemplo de la doble moral que enarbolan los partidos políticos, con el agravante de que también es ignorante de lo que implica la conducción del Estado, cuya incapacidad ha sumergido a la sociedad dominicana en los tiempos de la caverna.
En la práctica esta organización política es la negación de la eficiencia, la planificación estratégica y otras virtudes que deben adornar a cualquier político que busque dirigir la nación desde una perspectiva de progreso, crecimiento y desarrollo humano.
El PRM es una muestra muy elocuente de esa cultura de improvisación que arrastra el dominicano desde los tiempos de la colonia, todo como resultado de la herencia dejada por la religión católica apostólica y romana, a diferencia de las naciones que se inclinaron por el protestantismo de Martin Lutero de 1517 como una forma de darle una connotación politica a una confrontación contra España, cuya razón de ser era económica y social, ya que en ese momento era la dueña de las riquezas en América.
La administración del PRM, que cumplirá ocho años, se suma a la gran desgracia nacional que tiene su explicación en acontecimiento tan nobles como la guerra restauradora, cuyos buenos resultados en vez de aprovecharse en favor de una nación pobre y golpeado por los imperios, fue utilizada para apartar, perseguir y matar a sus héroes.
Esa conducta que distorsiona los mejores intereses nacionales ahora es replicada por el PRM, cuyos dirigentes son una especie de fiel representación del tigueraje nacional, que se caracteriza por no tener escrúpulo para actuar en una u otra dirección.
Pero el problema es mucho más complejo que el que proyecta y simboliza el PRM, porque el escenario está lleno de estos antivalores de la política, tanto es así que hay otros del mismo carácter tan o más dañino que éste, lo que ha generalizado el criterio de que se trata de un sistema que representa un partido único, cuya sola diferencia es el color que usan y los nombres de sus principales actores, aunque proceden de la misma manera cuanto se trata de la implementación de políticas públicas, las cuales tienen como sustento la corrupción administrativa y la incapacidad para manejar el patrimonio nacional.
El desastre que representa el PRM por mucho que se quiera pregonar algún progreso en términos gubernamentales, no pasa de una mentira que nadie cree después de los ocho años de Abinader, cuya deuda social acumulada, asi como el endeudamiento externa e interna y el aumento desproporcionado del gasto público y una política exterior más conservadora y negadora del derecho internacional.
Por lo que se ve, el retroceso generado por el PRM en el país podría implicar que para superar su pésima gestión la nación tendrá que pasarse décadas, si es que en el camino surge una propuesta que realmente ame a la República Dominicana y piense en la dignidad del pueblo.
De lo que sí se puede estar seguro es que el PRM parece que dejará la sociedad dominicana en una situación que para superarla son muchos los sacrificios que habrá que hacer, sobre todo porque sus acciones en violación del derecho constitucional tienen una grave repercusión en la seguridad jurídica, lo que incluso podría reducir una de las fuentes de alimentación de la economía nacional como es la inversión extranjera directa, así como el turismo y la remesa nacional.
Ya es poco lo que se puede esperar de un país en el que el presidente de la República encabeza las ilegalidades cometidas en contra de jurisprudencias del Tribunal Constitucional (TC), cuyas acciones antijurídicas colocan al Estado a la zaga de las demás naciones de la comunidad internacional, donde el derecho comparado es un referente importante para medir la calidad de sus democracias.