Santo Domingo.- El juez de la instrucción especial, Francisco Ortega, emitirá a las 4:00 de esta tarde el fallo sobre la solicitud de medida de coerción a los acusados de recibir sobornos de Odebrecht.Nacionales
Hoy se sabrá la medida de coerción en caso Odebrecht
A LAS 12:52 DE LA MADRUGADA EL JUEZ ORDENÓ UN RECESO Y EMITIRÁ EL FALLO A LA 4:00 DE ESTA TARDE
Santo Domingo.- El juez de la instrucción especial, Francisco Ortega, emitirá a las 4:00 de esta tarde el fallo sobre la solicitud de medida de coerción a los acusados de recibir sobornos de Odebrecht.La decisión del magistrado se adoptó a las 12:52 de la madrugada, luego de una maratónica audiencia de alrededor de 13 horas, en la que expusieron sus argumentos los representantes del ministerio público y los abogados de la barra de la defensa.
También a las 11:15 de la noche el juez Ortega declaró un último receso de cinco minutos, tras el cual concedió la oportunidad a los acusados para que expusieran cualquier argumento que no hubiera sido tratado por sus abogados.
Finalizada las labores en la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, diez de los 13 imputados, que se encuentran presos, fueron retornados a la cárcel preventima del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en medio de estrictas medidas de seguridad.
Estos son Ángel Rondón, Temístocles Montás, Ruddy González, Víctor Díaz Rúa, Radhamés Segura, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, César Sánchez, Roberto Rodríguez y Máximo D’ Oleo.
Los otros tres, los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el diputado Alfredo Pacheco conservan su inmunidad parlamentaria, de la que no han sido despojados por el Senado y la Cámara de Diputados. Otro implicado en el caso es Bernardo Castellanos, quien se encuentra fuera del país y su expediente fue desglosado, para permitir la continuación del proceso.
18 meses de prisión
El ministerio público solicitó al tribunal imponer 18 meses de prisión preventiva en contra de los implicados, para ser cumplidos en la cárcel del nuevo modelo penitenciario Najayo-Hombre y el penal de La Victoria.
Los fiscales Laura Guerrero Pelletier, Narciso Escaño, Francisco Polanco, Wilson Camacho, Milciades Guzmán, Joel López Gómez, Carmen Amézquita, Luis Alberto González y Wagner Cubilete solicitaron al tribunal enviar a Rondón al penal de La victoria y los demás 12 imputados a la cárcel de Najayo.
El pedimento de imponer la prisión preventiva en contra del grupo fue sustentado por el fiscal Milcíades Guzmán, quien argumentó que sería peligroso dejar en libertad a los prevenidos, no solo porque representan peligro de fuga, sino también porque podrían distraer, sustraer y contaminar las pruebas.
Guzmán definió la estructura como “un entramado mafioso de lavado de activos, crimen organizado y asociación de malhechores”.
Indicaron sobre todos existen imputaciones en las declaraciones bajo juramento realizadas ante el Ministerio Público Federal de Brasil, por cinco exejecutivos de Odebrecht, las cuales fueron validadas por el Supremo Tribunal Federal de esa nación.
Al advertir del peligro de dejar en libertad a los sospechosos, Guzmán declaró al tribunal que se trata de delitos económicos y que los acusados tienen muchos bienes y riquezas, lo que dijo, no debe ser asumido como “arraigo”, sino todo lo contrario. También pidió al tribunal declarar el caso complejo por la multiplicidad del delito y la cantidad de imputados.
En la presentación de la medida de coerción el Ministerio Público acusó a Rondón de haber movilizado 844 millones de pesos y alrededor de 80 millones de dólares a través de Odebrecht.
Acusa, además, al empresario Rondón de utilizar contratos ficticios para mover el dinero de los sobornos que la Odebrecht habría pagado en el país a funcionarios y legisladores a cambio de la concesión de contratos para obras del Estado y diligenciar la agilidad en el financiamiento de algunos de estos.
Además de ser “El hombre del maletín” y de comenzar su labor de sobornante en el 2002 cuando le ofreció a la Constructora gestionar la obtención del Acueducto de la Línea Noroeste e influir en funcionarios y legisladores para agenciar la asignación. Fue señalado en el caso por declaraciones ofrecidas en Brasil por Marco Vasconcelos y Luis Eduardo Da Rocha Soares, ex ejecutivos de Odebrecht.
Mientras que a Díaz Rúa, lo acusó de enriquecimiento ilícito y de usar al abogado Conrado Pittaluga de testaferro, de igual forma acusó al ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, de haber admitido que firmó dos contratos con Odebrecht.
Díaz Rúa fue director del Instituto Nacional Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) en el período 2004-2007 y ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en 2007-2012.
También afirma que al dirigente peledeísta Radhamés Segura le pagaron US$11 millones por el contrato del proyecto hidroeléctrico Pinalito.
Se trata del administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) durante el período 1998-2000; vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en los años 2004-2009.
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ADMITE ERROR MECANOGRÁFICO
En la audiencia, el fiscal Mílciades Guzmán aclaró que “producto de un error mecanográfico” se le imputó al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), Roberto Rodríguez, hacer dos depósitos consecutivos por un monto total de RD$100 millones, cuando en realidad se trató de RD$1 millón. En la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público sostiene que Rodríguez recibió el pago en efectivo por los sobornos recibidos para beneficiar a Odebrecht con el proyecto Acueducto de la Línea Noroeste, y que posterior a su salida del INAPA introdujo en el sistema financiero parte de lo recibido.
listindiario,com
SANTO DOMINGO.- Parte de los imputados en el sonado caso SENASA han admitido ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional su participación en una supuesta trama para desfalcar a esa institución con miles de millones de pesos.
Durante la primera audiencia de medida de coerción, los acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo señalaron a Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución, como el cabecilla del presunto entramado, lo que complica la situación legal del exfuncionario.
El abogado Martín Rubiera, representante de otra imputada, confirmó que “ellos han manifestado todos lo mismo: que entregaron valores, dinero, a favor de él en este entramado. De 3-3 tiene él en contra hasta el momento, tres imputados que han confesado parte de la acusación y han manifestado una participación en la que afecta bastantemente a Hazim”.
De su lado, Surun Hernández, abogado de Read Estrella, dijo su defendido declaró ante el tribunal haber entregado mil millones de pesos a Hazim.
Según el Ministerio Público, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, Read Estrella recibió pagos que ascienden a más de RD$7,110 millones por contratos y adendas con SENASA.
Surun Hernández calificó el entramado como un “hecho de lesa humanidad cruel” y aseguró que el proceso cuenta con “abundancia de elementos probatorios, como pagos, transferencias y actuaciones de lavado de activos debidamente comprobadas».
ABOGADOS DE HAZIM SOLICITAN HABLAR DE ULTIMO
Tras los señalamientos directos que vinculan a Hazim con la recepción de sobornos, uno de sus abogados dijo que la defensa solicitó hablar de último ante el juez.
“La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado ‘el gordo’ eran que recibían sobornos,” declaró el abogado Marcos Valentín Contreras, uno de los abogados del exfuncionario.
Durante la audiencia, el Ministerio Público identificó a José Pablo Ortiz Giráldez (el Gordo) como la “mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a las empresas contratistas de SeNaSa.
HAZIM TENDRA SU TURNO ESTE VIERNES
Hazim tendrá este viernes su turno para defenderse ante el tribunal.
«Nosotros vamos a demostrar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona dedicada a la corrupción, perdonado en otro expediente e involucrada en este caso, y eso obviamente tendremos que discutirlo», manifestó Miguel Valerio, otro de los abogados del exfuncionario.
Dijo que se demostró ante el tribunal que su cliente no guarda ninguna relación con Rafael Domínguez Hazim, otro de los implicados.
«A los empresarios los extorsionaron, pero ellos continuaron trabajando con Senasa. Esa es la extorsión más rara, porque al que extorsionan tienen que parar inmediatamente el trabajo, porque el trabajo no se paró nunca; incluso, el señor Hazim canceló ese contrato. Lo que nadie puede decir ahí es que el señor Hazim recibió ningún pago indebido», declaró.
jt-am
Santo Domingo, R.D.-La esposa del movimiento Ola, que apoyo durante la campaña electoral a Luis Abinader, Heidi Mariela Pineda Perdomo, ha sido vinculada al caso SENASA, aunque el Ministerio Público establece que la persona que controlaba la empresa Flavorheart Food Parts S.R.L era Manuel Enrique Ovalle Tapia, “conocido dentro de la organización por su activa participación y aportes económicos.
El órgano persecutor sostiene que a través de esta empresa Ovalle Tapia compró un reloj marca Rolex Daytona, valorado en USD$83,000.00, destinado al imputado Santiago Hazim.
Su esposa, Heidi Mariela Pineda Perdomo, admitió la noche del jueves su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó directamente a colaborar con las autoridades en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En el expediente de solicitud de medida de coerción a los implicados en este caso, se dice que su programa fue incorporado, a través del programa “Senasa Cuida de Ti”, en el que se le ofrecería complementos nutricionales para niños de 5 a 15 años y adultos en edad de 35 a 64 años.
Este programa “Nutrisalud” tenía un alcance de 55,741 afiliados del Régimen Subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de RD$1,495.00. El mismo terminó ofreciendo servicios, supuestamente, a un total de 350,545 afiliados de diferentes regímenes.
El Ministerio Público establece que la empresa firmó el contrato con Senasa el 22 de julio de 2021. Este se firmó bajo la prestación farmacéutica para los servicios de emergencia, atención primaria. Esta empresa no contaba con licencia de servicio de consultoría de primer nivel de atención, además de que recibió del Ministerio de Salud Pública el “Certificado De Registro de Distribuidora”, un mes antes de la firma con Senasa.
Este programa, según la acusación, no tuvo ninguna supervisión de Senasa, por lo que la Unidad de Antifraude de la Contraloría General de la República constató entregas de proteínas a personas que no cumplían con el rango de edad establecido en las adendas, desviando la población objetivo del programa, y en consecuencia “que se distrajeran, sin ningún control, doscientos setenta y dos millones novecientos setenta mil quinientos sesenta y dos pesos con 69/100 (RD$272,970,562.69), de los fondos de SENASA”.
De acuerdo al expediente a Falvorheart Food Parts S.R.L., se le pagó un monto aproximado de RD$1,606,924,076.95.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), indicó en sus informes que el producto nutricional suministrado era importado desde Europa, sin evidencia completa de registro sanitario nacional y que no existen estudios o evaluaciones que midan los resultados e impacto del programa, lo que impide comprobar su efectividad sobre la salud de los afiliados.
Además, de la ausencia de indicadores de resultados y trazabilidad clínica. Falta de supervisión directa por parte de Senasa durante la ejecución del programa; inexistencia de infraestructura sanitaria adecuada para ofrecer servicios ambulatorios; debilidad documental en los contratos y adendas (algunas sin firma ni sello); deficiencias en el control y monitoreo de los afiliados atendidos.
A esta empresa también Senasa le pagó la suma de RD$3,307,577.06, “bajo el concepto de «NO DEFINIDO», lo que sugiere que dichos pagos no fueron vinculados a ningún régimen”.
Santo Domingo, R.D.-Casi diez horas no fueron suficientes para que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, pudiera concluir este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó en el seguro estatal de salud para desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados.
El magistrado recesó la audiencia y convocó para este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando continuarán las exposiciones de las defensas y posteriormente la réplica del Ministerio Público.
La directora de Persecución, Mirna Ortiz, reveló que tres imputados (sin revelar sus nombres) admitieron su participación y han colaborado con el Ministerio Público.
«Los mismos han admitido que pagaron sobornos a miembros del seguro estatal, incluyendo a su exdirector, Santiago Hazim«, sostuvo Ortiz.
Dijo que el monto de los supuestos sobornos pagados asciende a unos 2,000 millones de pesos.
Ortiz, en representación del Ministerio Público, informó que la acusación presentada este jueves incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y diversas pruebas periciales.
Aseguró que existen múltiples razones para que el caso sea declarado complejo. «Una de ellas es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que cubre a más de siete millones de dominicanos» señaló.
De su lado, el abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, afirmó que en la audiencia se hicieron «pactos que no consideramos adecuados porque eran personas que, en dado caso, eran coautores o autores de soborno».
Valerio adelantó que este viernes desmontarán la credibilidad de uno de los principales testigos de la Fiscalía.
«Vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente, y que eso deberá discutir», dijo.
Agregó que Hazim aclaró en la audiencia que el imputado Martínez Hazim no es su familiar.
«Eso era importante porque se utilizó ese argumento para insinuar que había colocado a un sobrino en la institución, y no existe ningún vínculo familiar», indicó.
La solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.
Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.
Hasta el momento, diez personas están formalmente imputadas en el expediente.