Santo Domingo.- El juez de la instrucción especial, Francisco Ortega, emitirá a las 4:00 de esta tarde el fallo sobre la solicitud de medida de coerción a los acusados de recibir sobornos de Odebrecht.Nacionales
Hoy se sabrá la medida de coerción en caso Odebrecht
A LAS 12:52 DE LA MADRUGADA EL JUEZ ORDENÓ UN RECESO Y EMITIRÁ EL FALLO A LA 4:00 DE ESTA TARDE
Santo Domingo.- El juez de la instrucción especial, Francisco Ortega, emitirá a las 4:00 de esta tarde el fallo sobre la solicitud de medida de coerción a los acusados de recibir sobornos de Odebrecht.La decisión del magistrado se adoptó a las 12:52 de la madrugada, luego de una maratónica audiencia de alrededor de 13 horas, en la que expusieron sus argumentos los representantes del ministerio público y los abogados de la barra de la defensa.
También a las 11:15 de la noche el juez Ortega declaró un último receso de cinco minutos, tras el cual concedió la oportunidad a los acusados para que expusieran cualquier argumento que no hubiera sido tratado por sus abogados.
Finalizada las labores en la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, diez de los 13 imputados, que se encuentran presos, fueron retornados a la cárcel preventima del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en medio de estrictas medidas de seguridad.
Estos son Ángel Rondón, Temístocles Montás, Ruddy González, Víctor Díaz Rúa, Radhamés Segura, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, César Sánchez, Roberto Rodríguez y Máximo D’ Oleo.
Los otros tres, los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el diputado Alfredo Pacheco conservan su inmunidad parlamentaria, de la que no han sido despojados por el Senado y la Cámara de Diputados. Otro implicado en el caso es Bernardo Castellanos, quien se encuentra fuera del país y su expediente fue desglosado, para permitir la continuación del proceso.
18 meses de prisión
El ministerio público solicitó al tribunal imponer 18 meses de prisión preventiva en contra de los implicados, para ser cumplidos en la cárcel del nuevo modelo penitenciario Najayo-Hombre y el penal de La Victoria.
Los fiscales Laura Guerrero Pelletier, Narciso Escaño, Francisco Polanco, Wilson Camacho, Milciades Guzmán, Joel López Gómez, Carmen Amézquita, Luis Alberto González y Wagner Cubilete solicitaron al tribunal enviar a Rondón al penal de La victoria y los demás 12 imputados a la cárcel de Najayo.
El pedimento de imponer la prisión preventiva en contra del grupo fue sustentado por el fiscal Milcíades Guzmán, quien argumentó que sería peligroso dejar en libertad a los prevenidos, no solo porque representan peligro de fuga, sino también porque podrían distraer, sustraer y contaminar las pruebas.
Guzmán definió la estructura como “un entramado mafioso de lavado de activos, crimen organizado y asociación de malhechores”.
Indicaron sobre todos existen imputaciones en las declaraciones bajo juramento realizadas ante el Ministerio Público Federal de Brasil, por cinco exejecutivos de Odebrecht, las cuales fueron validadas por el Supremo Tribunal Federal de esa nación.
Al advertir del peligro de dejar en libertad a los sospechosos, Guzmán declaró al tribunal que se trata de delitos económicos y que los acusados tienen muchos bienes y riquezas, lo que dijo, no debe ser asumido como “arraigo”, sino todo lo contrario. También pidió al tribunal declarar el caso complejo por la multiplicidad del delito y la cantidad de imputados.
En la presentación de la medida de coerción el Ministerio Público acusó a Rondón de haber movilizado 844 millones de pesos y alrededor de 80 millones de dólares a través de Odebrecht.
Acusa, además, al empresario Rondón de utilizar contratos ficticios para mover el dinero de los sobornos que la Odebrecht habría pagado en el país a funcionarios y legisladores a cambio de la concesión de contratos para obras del Estado y diligenciar la agilidad en el financiamiento de algunos de estos.
Además de ser “El hombre del maletín” y de comenzar su labor de sobornante en el 2002 cuando le ofreció a la Constructora gestionar la obtención del Acueducto de la Línea Noroeste e influir en funcionarios y legisladores para agenciar la asignación. Fue señalado en el caso por declaraciones ofrecidas en Brasil por Marco Vasconcelos y Luis Eduardo Da Rocha Soares, ex ejecutivos de Odebrecht.
Mientras que a Díaz Rúa, lo acusó de enriquecimiento ilícito y de usar al abogado Conrado Pittaluga de testaferro, de igual forma acusó al ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, de haber admitido que firmó dos contratos con Odebrecht.
Díaz Rúa fue director del Instituto Nacional Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) en el período 2004-2007 y ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en 2007-2012.
También afirma que al dirigente peledeísta Radhamés Segura le pagaron US$11 millones por el contrato del proyecto hidroeléctrico Pinalito.
Se trata del administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) durante el período 1998-2000; vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en los años 2004-2009.
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ADMITE ERROR MECANOGRÁFICO
En la audiencia, el fiscal Mílciades Guzmán aclaró que “producto de un error mecanográfico” se le imputó al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), Roberto Rodríguez, hacer dos depósitos consecutivos por un monto total de RD$100 millones, cuando en realidad se trató de RD$1 millón. En la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público sostiene que Rodríguez recibió el pago en efectivo por los sobornos recibidos para beneficiar a Odebrecht con el proyecto Acueducto de la Línea Noroeste, y que posterior a su salida del INAPA introdujo en el sistema financiero parte de lo recibido.
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Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
Hasta el momento, el magistrado de SCJ aún no ha informado si estas son sus pretensiones. Si no fuese confirmado en el puesto, deberá entregarlo cuando se desarrolle la toma de posesión de quien le sustituirá.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
Esta entidad considera que “la ausencia de una convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia”
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
“La noble petición se subsidia en atención a que soslayar el enunciado del mandato constitucional genera que la sociedad quede inscrita en un estado límbico ante la connatural incertidumbre que se genera en el seno de la propia alta instancia judicial”, dijo durante una rueda de prensa el jurista Carlos Balcácer, quien es representante del IDDP.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.