Santo Domingo.- El juez de la instrucción especial, Francisco Ortega, emitirá a las 4:00 de esta tarde el fallo sobre la solicitud de medida de coerción a los acusados de recibir sobornos de Odebrecht.Nacionales
Hoy se sabrá la medida de coerción en caso Odebrecht
A LAS 12:52 DE LA MADRUGADA EL JUEZ ORDENÓ UN RECESO Y EMITIRÁ EL FALLO A LA 4:00 DE ESTA TARDE
Santo Domingo.- El juez de la instrucción especial, Francisco Ortega, emitirá a las 4:00 de esta tarde el fallo sobre la solicitud de medida de coerción a los acusados de recibir sobornos de Odebrecht.La decisión del magistrado se adoptó a las 12:52 de la madrugada, luego de una maratónica audiencia de alrededor de 13 horas, en la que expusieron sus argumentos los representantes del ministerio público y los abogados de la barra de la defensa.
También a las 11:15 de la noche el juez Ortega declaró un último receso de cinco minutos, tras el cual concedió la oportunidad a los acusados para que expusieran cualquier argumento que no hubiera sido tratado por sus abogados.
Finalizada las labores en la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, diez de los 13 imputados, que se encuentran presos, fueron retornados a la cárcel preventima del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en medio de estrictas medidas de seguridad.
Estos son Ángel Rondón, Temístocles Montás, Ruddy González, Víctor Díaz Rúa, Radhamés Segura, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, César Sánchez, Roberto Rodríguez y Máximo D’ Oleo.
Los otros tres, los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el diputado Alfredo Pacheco conservan su inmunidad parlamentaria, de la que no han sido despojados por el Senado y la Cámara de Diputados. Otro implicado en el caso es Bernardo Castellanos, quien se encuentra fuera del país y su expediente fue desglosado, para permitir la continuación del proceso.
18 meses de prisión
El ministerio público solicitó al tribunal imponer 18 meses de prisión preventiva en contra de los implicados, para ser cumplidos en la cárcel del nuevo modelo penitenciario Najayo-Hombre y el penal de La Victoria.
Los fiscales Laura Guerrero Pelletier, Narciso Escaño, Francisco Polanco, Wilson Camacho, Milciades Guzmán, Joel López Gómez, Carmen Amézquita, Luis Alberto González y Wagner Cubilete solicitaron al tribunal enviar a Rondón al penal de La victoria y los demás 12 imputados a la cárcel de Najayo.
El pedimento de imponer la prisión preventiva en contra del grupo fue sustentado por el fiscal Milcíades Guzmán, quien argumentó que sería peligroso dejar en libertad a los prevenidos, no solo porque representan peligro de fuga, sino también porque podrían distraer, sustraer y contaminar las pruebas.
Guzmán definió la estructura como “un entramado mafioso de lavado de activos, crimen organizado y asociación de malhechores”.
Indicaron sobre todos existen imputaciones en las declaraciones bajo juramento realizadas ante el Ministerio Público Federal de Brasil, por cinco exejecutivos de Odebrecht, las cuales fueron validadas por el Supremo Tribunal Federal de esa nación.
Al advertir del peligro de dejar en libertad a los sospechosos, Guzmán declaró al tribunal que se trata de delitos económicos y que los acusados tienen muchos bienes y riquezas, lo que dijo, no debe ser asumido como “arraigo”, sino todo lo contrario. También pidió al tribunal declarar el caso complejo por la multiplicidad del delito y la cantidad de imputados.
En la presentación de la medida de coerción el Ministerio Público acusó a Rondón de haber movilizado 844 millones de pesos y alrededor de 80 millones de dólares a través de Odebrecht.
Acusa, además, al empresario Rondón de utilizar contratos ficticios para mover el dinero de los sobornos que la Odebrecht habría pagado en el país a funcionarios y legisladores a cambio de la concesión de contratos para obras del Estado y diligenciar la agilidad en el financiamiento de algunos de estos.
Además de ser “El hombre del maletín” y de comenzar su labor de sobornante en el 2002 cuando le ofreció a la Constructora gestionar la obtención del Acueducto de la Línea Noroeste e influir en funcionarios y legisladores para agenciar la asignación. Fue señalado en el caso por declaraciones ofrecidas en Brasil por Marco Vasconcelos y Luis Eduardo Da Rocha Soares, ex ejecutivos de Odebrecht.
Mientras que a Díaz Rúa, lo acusó de enriquecimiento ilícito y de usar al abogado Conrado Pittaluga de testaferro, de igual forma acusó al ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, de haber admitido que firmó dos contratos con Odebrecht.
Díaz Rúa fue director del Instituto Nacional Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) en el período 2004-2007 y ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en 2007-2012.
También afirma que al dirigente peledeísta Radhamés Segura le pagaron US$11 millones por el contrato del proyecto hidroeléctrico Pinalito.
Se trata del administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) durante el período 1998-2000; vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en los años 2004-2009.
(+)
ADMITE ERROR MECANOGRÁFICO
En la audiencia, el fiscal Mílciades Guzmán aclaró que “producto de un error mecanográfico” se le imputó al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), Roberto Rodríguez, hacer dos depósitos consecutivos por un monto total de RD$100 millones, cuando en realidad se trató de RD$1 millón. En la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público sostiene que Rodríguez recibió el pago en efectivo por los sobornos recibidos para beneficiar a Odebrecht con el proyecto Acueducto de la Línea Noroeste, y que posterior a su salida del INAPA introdujo en el sistema financiero parte de lo recibido.
listindiario,com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.