Santo Domingo.- El juez de la instrucción especial, Francisco Ortega, emitirá a las 4:00 de esta tarde el fallo sobre la solicitud de medida de coerción a los acusados de recibir sobornos de Odebrecht.Nacionales
Hoy se sabrá la medida de coerción en caso Odebrecht
A LAS 12:52 DE LA MADRUGADA EL JUEZ ORDENÓ UN RECESO Y EMITIRÁ EL FALLO A LA 4:00 DE ESTA TARDE
Santo Domingo.- El juez de la instrucción especial, Francisco Ortega, emitirá a las 4:00 de esta tarde el fallo sobre la solicitud de medida de coerción a los acusados de recibir sobornos de Odebrecht.La decisión del magistrado se adoptó a las 12:52 de la madrugada, luego de una maratónica audiencia de alrededor de 13 horas, en la que expusieron sus argumentos los representantes del ministerio público y los abogados de la barra de la defensa.
También a las 11:15 de la noche el juez Ortega declaró un último receso de cinco minutos, tras el cual concedió la oportunidad a los acusados para que expusieran cualquier argumento que no hubiera sido tratado por sus abogados.
Finalizada las labores en la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, diez de los 13 imputados, que se encuentran presos, fueron retornados a la cárcel preventima del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en medio de estrictas medidas de seguridad.
Estos son Ángel Rondón, Temístocles Montás, Ruddy González, Víctor Díaz Rúa, Radhamés Segura, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, César Sánchez, Roberto Rodríguez y Máximo D’ Oleo.
Los otros tres, los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el diputado Alfredo Pacheco conservan su inmunidad parlamentaria, de la que no han sido despojados por el Senado y la Cámara de Diputados. Otro implicado en el caso es Bernardo Castellanos, quien se encuentra fuera del país y su expediente fue desglosado, para permitir la continuación del proceso.
18 meses de prisión
El ministerio público solicitó al tribunal imponer 18 meses de prisión preventiva en contra de los implicados, para ser cumplidos en la cárcel del nuevo modelo penitenciario Najayo-Hombre y el penal de La Victoria.
Los fiscales Laura Guerrero Pelletier, Narciso Escaño, Francisco Polanco, Wilson Camacho, Milciades Guzmán, Joel López Gómez, Carmen Amézquita, Luis Alberto González y Wagner Cubilete solicitaron al tribunal enviar a Rondón al penal de La victoria y los demás 12 imputados a la cárcel de Najayo.
El pedimento de imponer la prisión preventiva en contra del grupo fue sustentado por el fiscal Milcíades Guzmán, quien argumentó que sería peligroso dejar en libertad a los prevenidos, no solo porque representan peligro de fuga, sino también porque podrían distraer, sustraer y contaminar las pruebas.
Guzmán definió la estructura como “un entramado mafioso de lavado de activos, crimen organizado y asociación de malhechores”.
Indicaron sobre todos existen imputaciones en las declaraciones bajo juramento realizadas ante el Ministerio Público Federal de Brasil, por cinco exejecutivos de Odebrecht, las cuales fueron validadas por el Supremo Tribunal Federal de esa nación.
Al advertir del peligro de dejar en libertad a los sospechosos, Guzmán declaró al tribunal que se trata de delitos económicos y que los acusados tienen muchos bienes y riquezas, lo que dijo, no debe ser asumido como “arraigo”, sino todo lo contrario. También pidió al tribunal declarar el caso complejo por la multiplicidad del delito y la cantidad de imputados.
En la presentación de la medida de coerción el Ministerio Público acusó a Rondón de haber movilizado 844 millones de pesos y alrededor de 80 millones de dólares a través de Odebrecht.
Acusa, además, al empresario Rondón de utilizar contratos ficticios para mover el dinero de los sobornos que la Odebrecht habría pagado en el país a funcionarios y legisladores a cambio de la concesión de contratos para obras del Estado y diligenciar la agilidad en el financiamiento de algunos de estos.
Además de ser “El hombre del maletín” y de comenzar su labor de sobornante en el 2002 cuando le ofreció a la Constructora gestionar la obtención del Acueducto de la Línea Noroeste e influir en funcionarios y legisladores para agenciar la asignación. Fue señalado en el caso por declaraciones ofrecidas en Brasil por Marco Vasconcelos y Luis Eduardo Da Rocha Soares, ex ejecutivos de Odebrecht.
Mientras que a Díaz Rúa, lo acusó de enriquecimiento ilícito y de usar al abogado Conrado Pittaluga de testaferro, de igual forma acusó al ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, de haber admitido que firmó dos contratos con Odebrecht.
Díaz Rúa fue director del Instituto Nacional Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) en el período 2004-2007 y ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en 2007-2012.
También afirma que al dirigente peledeísta Radhamés Segura le pagaron US$11 millones por el contrato del proyecto hidroeléctrico Pinalito.
Se trata del administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) durante el período 1998-2000; vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en los años 2004-2009.
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ADMITE ERROR MECANOGRÁFICO
En la audiencia, el fiscal Mílciades Guzmán aclaró que “producto de un error mecanográfico” se le imputó al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), Roberto Rodríguez, hacer dos depósitos consecutivos por un monto total de RD$100 millones, cuando en realidad se trató de RD$1 millón. En la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público sostiene que Rodríguez recibió el pago en efectivo por los sobornos recibidos para beneficiar a Odebrecht con el proyecto Acueducto de la Línea Noroeste, y que posterior a su salida del INAPA introdujo en el sistema financiero parte de lo recibido.
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Nacionales
Imputado en actos ilícitos en la administración pública acepta culpabilidad y devuelve 20 millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Un criterio de oportunidad a favor del exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero, fue homologado por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien está implicado en cobros ilegales a loterías de apuestas.
La magistrada Altagracia Ramírez de la Cruz, tomó la decisión tras acoger una solicitud presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), a favor de Chalas Guerrero.
Los principales acusados en este expediente son los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.
Como parte del acuerdo, Chalas Guerrero admitió los hechos y entregó voluntariamente al Estado dominicano la suma de 20 millones de pesos; de estos 17 millones en efectivo y dos vehículos de lujo valorados en aproximadamente en 3 millones de pesos.
La jueza libró acta del criterio de oportunidad presentado en el tribunal por el Ministerio Público, representado por los fiscales del Pepca Miguel Collado, Arolin Lemos, Melvin Romero y Elvira Rodríguez, en fecha 30 de octubre del año 2025.
Asimismo, el tribunal declaró la extinción de la acción penal en favor del exdirector de Casinos y Juegos de Azar y ordenó el cese de las medidas de coerción que pesaba en su contra. Las mismas consistían en impedimento de salida del país y presentación periódica los 30 días de cada mes.
Durante la audiencia, el tribunal también tomó nota del desistimiento de las querellas interpuestas por diversos particulares y por la Fundación Alfredo Nobel, Inc. en contra de Chalas Guerrero.
El Ministerio Público planteó al tribunal que Chalas Guerrero mantuvo una actitud de colaboración desde la imposición de las medidas de coerción.
Según el órgano acusador, la información proporcionada por el imputado ha sido útil para esclarecer la participación de otros involucrados en la estructura criminal investigada.
Un momento crítico en el proceso ocurrió el 31 de octubre de 2025, cuando la defensa de Chalas Guerrero, representados por Luis Manuel De Jesús Batlle, Jonathan Ravelo y María Cristina Gullón, informó que el imputado fue ingresado de urgencia en la clínica Corazones Unidos debido a un síndrome cardíaco crónico.
Ante esta situación, y para no detener el curso de la audiencia preliminar respecto a los demás coimputados, la magistrada ordenó el desglose y la separación del proceso de Chalas Guerrero.
En el caso Calamar, además, se ha aplicado los criterios de oportunidad a favor de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), quien devolvió RD$715 millones y José Arturo Ureña que entregó RD500 millones.
El Ministerio Público ha utilizado de forma estratégica los criterios de oportunidad también en los casos de Odebrecht, Antipulpo y Coral.
Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Púbico, aseguró este martes que se trabaja «a toda marcha» para presentar en el menor tiempo posible la siguiente fase de la Operación Senasa 2.0.
Camacho dijo que el Ministerio Público no se detiene y que cada persona vinculada a actos de corrupción en instituciones como Senasa enfrentará las consecuencias legales.
Consideró que los tiempos procesales dependen exclusivamente de la solidez de las evidencias.
«Nosotros procesamos cuando tenemos las evidencias suficientes. Todo el que ha sustraído dinero del Estado va a estar sentado en el banquillo de los acusados», afirmó el magistrado.
Camacho defendió las medidas de coerción impuestas a los imputados del caso Senasa, que incluyen prisión preventiva y arresto domiciliario, al calificar los hechos de «gravedad descomunal».
Aseguró que el Ministerio Público defenderá «a capa y espada» dichas medidas ante cualquier recurso de apelación.
Al ser consultado sobre declaraciones de Miguel Surun Hernández, de supuestas presiones del Ministerio de Justicia para detener las investigaciones de Senasa 2.0, Camacho las calificó como un «chiste».
Consideró que en el país nadie tiene duda que el Ministerio Público actúa conforme a “nuestra conciencia».
“Nadie, no los hemos hechos en 21 años que tenemos de carrera, yo creo que nadie se haya atrevido a decir eso”, dijo.
Santo Domingo, R.D.-El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) llamó a evitar consumir alcohol mientras conducen y a respetar las recomendaciones de las autoridades, al recordar que el Día de la Altagracia es una festividad principalmente religiosa, cuya exhortación fue hecha al poner en marcha el Operativo Altagraciano 2026, conjuntamente con la Gobernación de La Altagracia.
El operativo se inició a las 2:00 de la tarde de este martes y concluirá este miécoles Día de la Virgen de La Altagracia a las 6:00 de la tarde.
Participan 9,121 colaboradores de las distintas instituciones y voluntarios que conforma el COE. Fue instalado un dispositivo de prevención vial para agilizar las acciones de respuesta ante los posibles incidentes que pudieran presentar los ciudadanos que se desplacen hacia la Basílica Catedral Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey, para conmemorar el aniversario de la madre protectora del pueblo dominicano.
El director del COE, Juan Manuel Méndez García, informó que el operativo abarcará desde el puente Juan Carlos, en la avenida Las Américas, hasta la Basílica de Higüey, incluyendo los tramos carreteros que unen las provincias del este del país.
“La variable que trabajaremos durante esos dos días son los accidentes de tránsito. La ocasión es oportuna para volver hacer un llamado a la consciencia de cada ciudadano que se trasladará hasta Higüey, para conmemorar el Día de Nuestra Señora de La Altagracia, puntualizó el director del COE.
FOTO DE ARCHIVO-Basílica de HigüeyFUENTE EXTERNA.
Detalló que 113 ambulancias serán distribuidas en puntos estratégicos; serán instalados 153 puestos de socorro en la región Este, 02 hospitales de campaña de la Cruz Roja Dominicana y la Defensa Civil serán ubicados dentro del área de la Basílica.
En esa misma zona también estará un Centro de Mando Móvil y una base operativa habilitado por el COE, conjuntamente con la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalaria (DAEH), que
Además contará con una base operativa para disponer el traslado de hospitales de los feligreses que lo requieran.
Igualmente, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, E.R.D, dispuso un helicóptero para apoyar de forma aérea las operaciones del operativo en la región Este.
Dentro del perímetro de la referida Catedral, se establecerá un dispositivo especial conformado por tres anillos: uno en el exterior con un equipo de reacción rápida del Cuerpo de Bomberos de la demarcación, la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana, que estará ubicado en el centro de coordinación móvil del Operativo.
El segundo estará dentro de la basílica, en la explanada, con un puesto de atención prehospitalaria y se dispondrá ambulancias, a cargo del Ministerio de Salud Pública.
Ya dentro de la iglesia, habrá un puesto fijo de asistencia con brigadas móviles.
Tránsito
Mientras que, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte (Digesett) dispuso varias unidades para contribuir con la seguridad vial y el tránsito en los alrededores de la iglesia.
Asimismo, unidades de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas brindarán asistencia a los usuarios de las autopistas y carreteras en todo el trayecto hacía la provincia La Altagracia, con la distribución de 06 talleres móviles y 08 grúas.