Santo Domingo.- El juez de la instrucción especial, Francisco Ortega, emitirá a las 4:00 de esta tarde el fallo sobre la solicitud de medida de coerción a los acusados de recibir sobornos de Odebrecht.Nacionales
Hoy se sabrá la medida de coerción en caso Odebrecht
A LAS 12:52 DE LA MADRUGADA EL JUEZ ORDENÓ UN RECESO Y EMITIRÁ EL FALLO A LA 4:00 DE ESTA TARDE
Santo Domingo.- El juez de la instrucción especial, Francisco Ortega, emitirá a las 4:00 de esta tarde el fallo sobre la solicitud de medida de coerción a los acusados de recibir sobornos de Odebrecht.La decisión del magistrado se adoptó a las 12:52 de la madrugada, luego de una maratónica audiencia de alrededor de 13 horas, en la que expusieron sus argumentos los representantes del ministerio público y los abogados de la barra de la defensa.
También a las 11:15 de la noche el juez Ortega declaró un último receso de cinco minutos, tras el cual concedió la oportunidad a los acusados para que expusieran cualquier argumento que no hubiera sido tratado por sus abogados.
Finalizada las labores en la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, diez de los 13 imputados, que se encuentran presos, fueron retornados a la cárcel preventima del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en medio de estrictas medidas de seguridad.
Estos son Ángel Rondón, Temístocles Montás, Ruddy González, Víctor Díaz Rúa, Radhamés Segura, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, César Sánchez, Roberto Rodríguez y Máximo D’ Oleo.
Los otros tres, los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el diputado Alfredo Pacheco conservan su inmunidad parlamentaria, de la que no han sido despojados por el Senado y la Cámara de Diputados. Otro implicado en el caso es Bernardo Castellanos, quien se encuentra fuera del país y su expediente fue desglosado, para permitir la continuación del proceso.
18 meses de prisión
El ministerio público solicitó al tribunal imponer 18 meses de prisión preventiva en contra de los implicados, para ser cumplidos en la cárcel del nuevo modelo penitenciario Najayo-Hombre y el penal de La Victoria.
Los fiscales Laura Guerrero Pelletier, Narciso Escaño, Francisco Polanco, Wilson Camacho, Milciades Guzmán, Joel López Gómez, Carmen Amézquita, Luis Alberto González y Wagner Cubilete solicitaron al tribunal enviar a Rondón al penal de La victoria y los demás 12 imputados a la cárcel de Najayo.
El pedimento de imponer la prisión preventiva en contra del grupo fue sustentado por el fiscal Milcíades Guzmán, quien argumentó que sería peligroso dejar en libertad a los prevenidos, no solo porque representan peligro de fuga, sino también porque podrían distraer, sustraer y contaminar las pruebas.
Guzmán definió la estructura como “un entramado mafioso de lavado de activos, crimen organizado y asociación de malhechores”.
Indicaron sobre todos existen imputaciones en las declaraciones bajo juramento realizadas ante el Ministerio Público Federal de Brasil, por cinco exejecutivos de Odebrecht, las cuales fueron validadas por el Supremo Tribunal Federal de esa nación.
Al advertir del peligro de dejar en libertad a los sospechosos, Guzmán declaró al tribunal que se trata de delitos económicos y que los acusados tienen muchos bienes y riquezas, lo que dijo, no debe ser asumido como “arraigo”, sino todo lo contrario. También pidió al tribunal declarar el caso complejo por la multiplicidad del delito y la cantidad de imputados.
En la presentación de la medida de coerción el Ministerio Público acusó a Rondón de haber movilizado 844 millones de pesos y alrededor de 80 millones de dólares a través de Odebrecht.
Acusa, además, al empresario Rondón de utilizar contratos ficticios para mover el dinero de los sobornos que la Odebrecht habría pagado en el país a funcionarios y legisladores a cambio de la concesión de contratos para obras del Estado y diligenciar la agilidad en el financiamiento de algunos de estos.
Además de ser “El hombre del maletín” y de comenzar su labor de sobornante en el 2002 cuando le ofreció a la Constructora gestionar la obtención del Acueducto de la Línea Noroeste e influir en funcionarios y legisladores para agenciar la asignación. Fue señalado en el caso por declaraciones ofrecidas en Brasil por Marco Vasconcelos y Luis Eduardo Da Rocha Soares, ex ejecutivos de Odebrecht.
Mientras que a Díaz Rúa, lo acusó de enriquecimiento ilícito y de usar al abogado Conrado Pittaluga de testaferro, de igual forma acusó al ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, de haber admitido que firmó dos contratos con Odebrecht.
Díaz Rúa fue director del Instituto Nacional Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) en el período 2004-2007 y ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en 2007-2012.
También afirma que al dirigente peledeísta Radhamés Segura le pagaron US$11 millones por el contrato del proyecto hidroeléctrico Pinalito.
Se trata del administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) durante el período 1998-2000; vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en los años 2004-2009.
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ADMITE ERROR MECANOGRÁFICO
En la audiencia, el fiscal Mílciades Guzmán aclaró que “producto de un error mecanográfico” se le imputó al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), Roberto Rodríguez, hacer dos depósitos consecutivos por un monto total de RD$100 millones, cuando en realidad se trató de RD$1 millón. En la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público sostiene que Rodríguez recibió el pago en efectivo por los sobornos recibidos para beneficiar a Odebrecht con el proyecto Acueducto de la Línea Noroeste, y que posterior a su salida del INAPA introdujo en el sistema financiero parte de lo recibido.
listindiario,com
SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.
La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.
De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.
El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.
La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.
El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.
La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Nacionales
Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.
Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.
En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.
Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.
El caso fue confirmado por la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en la zona, Arleny Santana, quien explicó que el menor que aparece con el arma es estudiante del mismo centro educativo.
Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.
Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.
«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.
Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.
En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.
También expresó preocupación por la seguridad dentro del plantel, señalando que en el momento del incidente una docente se encontraba cerca, sin percatarse de la situación. «Tenemos que cuidar a todos: estudiantes, maestros y personal de apoyo», afirmó.
La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.