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Roger Noriega dice que el gobierno de RD seleccionó a opositores internos y externos, en el caso Odebrecht, y pide a Brasil entregar toda la información
En la República Dominicana, por ejemplo, el gobierno, donde el fiscal nacional es un cercano colaborador del presidente, ya ha iniciado una ola de arrestos relacionados al caso, pero hay denuncias de que ha seleccionado a sus adversarios políticos internos y externos
Roger F. Noriega, quien fuera Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos en la administración Bush, escribió un artículo en The Miami Herald en que sugiere la idea de que los imputados por el Ministerio Público en el caso Odebrecht han sido seleccionados entre los adversarios políticos internos y externos del gobierno, y que se dejó fuera a los responsables de negociar la planta termoeléctrica de Punta Catalina.
Roger Noriega expresa lo siguiente:
En la República Dominicana, por ejemplo, el gobierno, donde el fiscal nacional es un cercano colaborador del presidente, ya ha iniciado una ola de arrestos relacionados al caso, pero hay denuncias de que ha seleccionado a sus adversarios políticos internos y externos además de excluir de la investigación el proyecto donde se ha denunciado mayor sobrevaluación y que fuere realizado en su gobierno: la Planta Termoeléctrica Punta Catalina, acusada de casi $1,000 millones de sobrecosto. ¿Como podemos saber si estas personas realmente son las mencionadas en las investigaciones si las herramientas para esclarecer la investigación se encuentran en manos del gobierno que más sobornos recibió de Odebrecht?
Roger F. Noruega fue Embajador de los Estados Unidos ante la OEA y Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de 2001-05. Es investigador visitante en el American Enterprise Institute y su firma Visión Américas LLC representa a clientes estadounidenses y extranjeros. Noriega también asesora al equipo legal en EEUU del expresidente del Perú Alejandro Toledo.
En su artículo Roger F. Noriega explica que lo mejor es que la justicia de Brasil ponga toda la información a disposición de los países, y no exclusivamente de los gobiernos.
Entregar evidencia a algunos gobiernos con instituciones judiciales débiles y políticos corruptos crea oportunidades para un abuso aún mayor por parte de fiscales locales con agendas propias. Algunos países usarán esta información con más responsabilidad que otros. Sin embargo, algunos pueden manipular la información para castigar a opositores, filtrar documentos y pruebas de forma selectiva, negar el acceso de los acusados a la información de exculpación, y proteger a socios corruptos del gobierno. Esto no sirve a la justicia, potencialmente sirve a la persecución. Las autoridades brasileñas deben tratar estos expedientes con gran cuidado, poniéndolos a disposición de los abogados de las personas acusadas en los medios de comunicación de actos ilícitos que no pueden esperar recibir justicia de sus propios gobiernos.
A continuación el artículo completo
Lava Jato debe ser transparente en Brasil y en el mundo
La Operación “Lava-Jato” comenzó sin grandes pretensiones como una investigación de una estructura de lavado de dinero utilizada por narcotraficantes. Tres años después, el trabajo de las autoridades brasileñas elevó los descubrimientos de la operación al nivel de uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia, revelando casos de desvío de recursos públicos y lavado de dinero, en al menos doce países.
Desde que 77 ejecutivos de Odebrecht decidieron colaborar con la Justicia brasileña, el contenido de las revelaciones se transformó en una pieza fundamental para millones de latinoamericanos, de una decena de países, que sueñan ver replicados los efectos saludables ya conquistados por Brasil. No obstante, esta semana, el fiscal general de Brasil tomó una decisión que frustró las expectativas en torno al develamiento de los socios de los crímenes de Odebrecht en los países donde la compañía tenía operaciones ilícitas. El fiscal general Rodrigo Janot solicitó al Supremo Tribunal Federal brasileño que se mantenga bajo secreto toda la información referente al caso Odebrecht fuera de Brasil.
La justificación oficial es que el secreto garantizará a los fiscales de los demás países las condiciones ideales para que ellos puedan hacer sus investigaciones. No hay motivos para creer que Janot no haya tomado esa decisión en la más pura buena fe de que sus pares en Latinoamérica harán uso de la información con la misma independencia que el Ministerio Público en Brasil. Pero ¿cómo se puede imaginar que las autoridades de Venezuela harán algo que no sea destruir evidencias, proteger a corruptos y perseguir a opositores? Ecuador y Bolivia son Estados en los que el poder judicial es utilizado para realizar cacerías de brujas políticas. En la República Dominicana, por ejemplo, el gobierno, donde el fiscal nacional es un cercano colaborador del presidente, ya ha iniciado una ola de arrestos relacionados al caso, pero hay denuncias de que ha seleccionado a sus adversarios políticos internos y externos además de excluir de la investigación el proyecto donde se ha denunciado mayor sobrevaluación y que fuere realizado en su gobierno: la Planta Termoeléctrica Punta Catalina, acusada de casi $1,000 millones de sobrecosto. ¿Como podemos saber si estas personas realmente son las mencionadas en las investigaciones si las herramientas para esclarecer la investigación se encuentran en manos del gobierno que más sobornos recibió de Odebrecht?
Entregar evidencia a algunos gobiernos con instituciones judiciales débiles y políticos corruptos crea oportunidades para un abuso aún mayor por parte de fiscales locales con agendas propias. Algunos países usarán esta información con más responsabilidad que otros. Sin embargo, algunos pueden manipular la información para castigar a opositores, filtrar documentos y pruebas de forma selectiva, negar el acceso de los acusados a la información de exculpación, y proteger a socios corruptos del gobierno. Esto no sirve a la justicia, potencialmente sirve a la persecución. Las autoridades brasileñas deben tratar estos expedientes con gran cuidado, poniéndolos a disposición de los abogados de las personas acusadas en los medios de comunicación de actos ilícitos que no pueden esperar recibir justicia de sus propios gobiernos.
En 2015, el juez Sérgio Moro escribió en una de sus sentencias que “la publicidad propicia no sólo el ejercicio de la amplia defensa por los acusados, sino también el sano escrutinio público sobre la actuación de la administración pública y de la propia justicia criminal”. Es evidente que el secreto es fundamental durante algunas fases de la investigación, pero el sigilo se vuelve injustificable en relación a América Latina. Las confesiones y pruebas ya fueron presentadas. Es incomprensible que la fiscalía de Brasil le de la espalda a la realidad latinoamericana.
Los fiscales y la Corte Suprema de Brasil deberían hacer pública toda la información sobre las investigaciones internacionales para que los acusados tengan una oportunidad de defenderse ante la negación del debido proceso. Si el peor escenario se materializa, con la confirmación de mantener en secreto la información, Brasil no sólo desperdiciará la oportunidad de investigar una parte importante del complejo sistema de corrupción y lavado que tuvo el país como epicentro, pero habrá contribuido para el encubrimiento de organizaciones criminales que se instalaron en el poder político en otros países. Esperemos por el bien de la justicia regional que los fiscales y la Corte Suprema de Brasil tomen en consideración las posibles repercusiones de esta decisión.
acento.com.do
Santo Domingo.– La designación del nuevo director general de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, reactivó el debate sobre el uso de la «mano dura» para enfrentar la delincuencia y cómo garantizar seguridad ciudadana sin vulnerar los derechos humanos.
¿Qué declararon las autoridades sobre la gestión del nuevo director?
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, afirmó que el nuevo director de la Policía inició «con el pie izquierdo», porque aunque se comprometió a continuar la reducción de la tasa de criminalidad, según dijo, no se refirió a temas clave como los intercambios de disparos, la depuración policial y la profundización de la reforma estructural.
En la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Interior y Policía, Carlos Sánchez, señaló que no se trata de promover mano dura, sino de fortalecer la institucionalidad y respaldar la reforma que cursa en el Congreso.
Acciones y propuestas en el Senado y acto de traspaso de mando
En el Senado, legisladores expresaron que el orden debe imponerse con protocolos claros, tecnología y formación, evitando excesos, y hay quienes defienden la aplicación del régimen de consecuencias contra quienes violen la ley, subrayando que debe hacerse sin irrespetar a la ciudadanía.
Durante el acto de traspaso de mando, el director policial, Andrés Modesto Cruz Cruz, aseguró que dará continuidad a la gestión de su antecesor en la reducción de la criminalidad y que su administración no buscará acumulación de poder, sino fortalecer el trabajo institucional en materia de seguridad.
- No obstante el debate, legisladores oficialistas instan a la población a otorgar un voto de confianza tras la reciente designación del director de la Policía.
Nacionales
Caso Medusa: Defensa de Alfredo Solano arremete contra Ministerio Público y denuncia desinformación sobre juicio
Santo Domingo. – Los abogados del exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Solano Augusto, rechazaron las afirmaciones del Ministerio Público, que mediante una nota de prensa atribuyó a la defensa la presentación de incidentes con fines dilatorios en el proceso judicial que también involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez.
Tribunal da plazo a defensa de Jean Alain para que presente su estrategia organizada
Los juristas Manuel Sierra e Ybo René Sánchez Díaz aclararon que, durante la audiencia celebrada el pasado 18 de febrero, la jueza del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, no emitió reproches contra los abogados defensores, sino que exhortó a las partes a sintetizar sus exposiciones con el propósito de agilizar el conocimiento del caso, dada su complejidad y volumen.
“El Ministerio Público miente al denunciar supuestas tácticas dilatorias. Se trata de la exposición de medios de defensa que el propio tribunal autorizó mediante la resolución 00034/25 a favor de los acusados”, expresaron los togados.
Debate sobre la duración del proceso
La defensa recordó que la investigación fue iniciada el 20 de agosto de 2020 y que el caso ha atravesado diversas etapas judiciales desde entonces. Señalaron que la extensión del expediente, que supera las 12 mil páginas, ha incidido en la duración del juicio.
El Ministerio Público, por su parte, ha señalado en comunicaciones públicas que algunos incidentes presentados por las defensas han contribuido a retrasos en el desarrollo del proceso.
Asimismo, insistieron en que no se produjeron los alegados reproches por parte del tribunal y que la magistrada únicamente solicitó mayor síntesis en las exposiciones para facilitar el avance del juicio.
“Por tanto, no es cierto los alegados reproches para que los abogados organicen sus incidentes, y muchos los supuestos retrasos o dilaciones a cargo de los abogados. Se trata de una información distribuida mediante nota de parte del MP, de forma malintencionada con el fin de esconder sus fracasos en el caso Jean Alain Rodríguez”, expresaron Sierra y Sánchez.
Antecedentes procesales
Los juristas recordaron que, durante la audiencia preliminar celebrada en enero de 2023 ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el tribunal rechazó planteamientos similares sobre supuestas tácticas dilatorias atribuidas a la defensa.
El proceso continúa su curso ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se conocen las acusaciones del Ministerio Público y los argumentos de las defensas. Hasta el momento, no se ha emitido una decisión definitiva sobre el fondo del caso.
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Mirna Ortiz recomienda a Gonzalo Castillo «no comer ansias» y asegura que el caso irá a juicio
Santo Domingo, R-D–La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, calificó como prematuras las afirmaciones de la defensa de Gonzalo Castillo sobre una supuesta falta de pruebas y aseguró que el órgano persecutor «desmontará cada una de las falsedades» presentadas en el tribunal.
Puntualizó que el Ministerio Público aún no ha producido su réplica contra Castillo, proceso que tendrá lugar el próximo miércoles 25, ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas acusado de participar en entramado de corrupción durante su mandato. .Instagram
La magistrada señaló que, durante la jornada de este miércoles, el Ministerio Público presentó evidencias que detallan el entramado de corrupción que presuntamente operaba desde el Ministerio de Hacienda durante la gestión de Donald Guerrero.
Según Ortiz, el grupo de funcionarios bajo investigación utilizó una estructura, en parte dirigida por Ángel Lockward, para ejecutar pagos millonarios de forma irregular, los cuales superaban el 65 % de lo que supuestamente se adeudaba a los presuntos acreedores.
Para la Pepca, es evidente que el único objetivo de esta estructura era obtener dinero público de manera fácil y rápida a través de maniobras fraudulentas que, a juicio de Ortiz, han quedado plenamente demostradas con las evidencias presentadas ante el tribunal.
El proceso se reanudará el miércoles 25, fecha en la que el Ministerio Público presentará su réplica contra los alegatos de la defensa de Gonzalo Castillo.