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Roger Noriega dice que el gobierno de RD seleccionó a opositores internos y externos, en el caso Odebrecht, y pide a Brasil entregar toda la información
En la República Dominicana, por ejemplo, el gobierno, donde el fiscal nacional es un cercano colaborador del presidente, ya ha iniciado una ola de arrestos relacionados al caso, pero hay denuncias de que ha seleccionado a sus adversarios políticos internos y externos
Roger F. Noriega, quien fuera Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos en la administración Bush, escribió un artículo en The Miami Herald en que sugiere la idea de que los imputados por el Ministerio Público en el caso Odebrecht han sido seleccionados entre los adversarios políticos internos y externos del gobierno, y que se dejó fuera a los responsables de negociar la planta termoeléctrica de Punta Catalina.
Roger Noriega expresa lo siguiente:
En la República Dominicana, por ejemplo, el gobierno, donde el fiscal nacional es un cercano colaborador del presidente, ya ha iniciado una ola de arrestos relacionados al caso, pero hay denuncias de que ha seleccionado a sus adversarios políticos internos y externos además de excluir de la investigación el proyecto donde se ha denunciado mayor sobrevaluación y que fuere realizado en su gobierno: la Planta Termoeléctrica Punta Catalina, acusada de casi $1,000 millones de sobrecosto. ¿Como podemos saber si estas personas realmente son las mencionadas en las investigaciones si las herramientas para esclarecer la investigación se encuentran en manos del gobierno que más sobornos recibió de Odebrecht?
Roger F. Noruega fue Embajador de los Estados Unidos ante la OEA y Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de 2001-05. Es investigador visitante en el American Enterprise Institute y su firma Visión Américas LLC representa a clientes estadounidenses y extranjeros. Noriega también asesora al equipo legal en EEUU del expresidente del Perú Alejandro Toledo.
En su artículo Roger F. Noriega explica que lo mejor es que la justicia de Brasil ponga toda la información a disposición de los países, y no exclusivamente de los gobiernos.
Entregar evidencia a algunos gobiernos con instituciones judiciales débiles y políticos corruptos crea oportunidades para un abuso aún mayor por parte de fiscales locales con agendas propias. Algunos países usarán esta información con más responsabilidad que otros. Sin embargo, algunos pueden manipular la información para castigar a opositores, filtrar documentos y pruebas de forma selectiva, negar el acceso de los acusados a la información de exculpación, y proteger a socios corruptos del gobierno. Esto no sirve a la justicia, potencialmente sirve a la persecución. Las autoridades brasileñas deben tratar estos expedientes con gran cuidado, poniéndolos a disposición de los abogados de las personas acusadas en los medios de comunicación de actos ilícitos que no pueden esperar recibir justicia de sus propios gobiernos.
A continuación el artículo completo
Lava Jato debe ser transparente en Brasil y en el mundo
La Operación “Lava-Jato” comenzó sin grandes pretensiones como una investigación de una estructura de lavado de dinero utilizada por narcotraficantes. Tres años después, el trabajo de las autoridades brasileñas elevó los descubrimientos de la operación al nivel de uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia, revelando casos de desvío de recursos públicos y lavado de dinero, en al menos doce países.
Desde que 77 ejecutivos de Odebrecht decidieron colaborar con la Justicia brasileña, el contenido de las revelaciones se transformó en una pieza fundamental para millones de latinoamericanos, de una decena de países, que sueñan ver replicados los efectos saludables ya conquistados por Brasil. No obstante, esta semana, el fiscal general de Brasil tomó una decisión que frustró las expectativas en torno al develamiento de los socios de los crímenes de Odebrecht en los países donde la compañía tenía operaciones ilícitas. El fiscal general Rodrigo Janot solicitó al Supremo Tribunal Federal brasileño que se mantenga bajo secreto toda la información referente al caso Odebrecht fuera de Brasil.
La justificación oficial es que el secreto garantizará a los fiscales de los demás países las condiciones ideales para que ellos puedan hacer sus investigaciones. No hay motivos para creer que Janot no haya tomado esa decisión en la más pura buena fe de que sus pares en Latinoamérica harán uso de la información con la misma independencia que el Ministerio Público en Brasil. Pero ¿cómo se puede imaginar que las autoridades de Venezuela harán algo que no sea destruir evidencias, proteger a corruptos y perseguir a opositores? Ecuador y Bolivia son Estados en los que el poder judicial es utilizado para realizar cacerías de brujas políticas. En la República Dominicana, por ejemplo, el gobierno, donde el fiscal nacional es un cercano colaborador del presidente, ya ha iniciado una ola de arrestos relacionados al caso, pero hay denuncias de que ha seleccionado a sus adversarios políticos internos y externos además de excluir de la investigación el proyecto donde se ha denunciado mayor sobrevaluación y que fuere realizado en su gobierno: la Planta Termoeléctrica Punta Catalina, acusada de casi $1,000 millones de sobrecosto. ¿Como podemos saber si estas personas realmente son las mencionadas en las investigaciones si las herramientas para esclarecer la investigación se encuentran en manos del gobierno que más sobornos recibió de Odebrecht?
Entregar evidencia a algunos gobiernos con instituciones judiciales débiles y políticos corruptos crea oportunidades para un abuso aún mayor por parte de fiscales locales con agendas propias. Algunos países usarán esta información con más responsabilidad que otros. Sin embargo, algunos pueden manipular la información para castigar a opositores, filtrar documentos y pruebas de forma selectiva, negar el acceso de los acusados a la información de exculpación, y proteger a socios corruptos del gobierno. Esto no sirve a la justicia, potencialmente sirve a la persecución. Las autoridades brasileñas deben tratar estos expedientes con gran cuidado, poniéndolos a disposición de los abogados de las personas acusadas en los medios de comunicación de actos ilícitos que no pueden esperar recibir justicia de sus propios gobiernos.
En 2015, el juez Sérgio Moro escribió en una de sus sentencias que “la publicidad propicia no sólo el ejercicio de la amplia defensa por los acusados, sino también el sano escrutinio público sobre la actuación de la administración pública y de la propia justicia criminal”. Es evidente que el secreto es fundamental durante algunas fases de la investigación, pero el sigilo se vuelve injustificable en relación a América Latina. Las confesiones y pruebas ya fueron presentadas. Es incomprensible que la fiscalía de Brasil le de la espalda a la realidad latinoamericana.
Los fiscales y la Corte Suprema de Brasil deberían hacer pública toda la información sobre las investigaciones internacionales para que los acusados tengan una oportunidad de defenderse ante la negación del debido proceso. Si el peor escenario se materializa, con la confirmación de mantener en secreto la información, Brasil no sólo desperdiciará la oportunidad de investigar una parte importante del complejo sistema de corrupción y lavado que tuvo el país como epicentro, pero habrá contribuido para el encubrimiento de organizaciones criminales que se instalaron en el poder político en otros países. Esperemos por el bien de la justicia regional que los fiscales y la Corte Suprema de Brasil tomen en consideración las posibles repercusiones de esta decisión.
acento.com.do
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Migración detecta cientos de extranjeros indocumentados en fincas agrícolas de seis provincias
Las inspecciones realizadas por la Dirección General de Migración identificaron cerca de 700 extranjeros en situación irregular, con la mayor concentración en una explotación tomatera de San Juan. Las autoridades también investigarán posibles incumplimientos laborales.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Dirección General de Migración (DGM) extendió sus labores de fiscalización a diferentes zonas de producción agrícola del país, donde identificó cerca de 700 ciudadanos extranjeros que presuntamente no contaban con la documentación requerida para permanecer legalmente en territorio dominicano.
Las inspecciones fueron realizadas los días 15 y 16 de octubre de 2026 y forman parte de las acciones desarrolladas por el organismo para verificar el cumplimiento de las disposiciones migratorias en actividades económicas que utilizan mano de obra extranjera.
Los equipos de inspección intervinieron en establecimientos agrícolas de Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana.
Durante las jornadas, las autoridades verificaron la situación documental de trabajadores y recopilaron información sobre las condiciones existentes en las explotaciones agrícolas visitadas.
Finca de San Juan concentra mayor cantidad de casos
Uno de los hallazgos más significativos se produjo en una explotación dedicada al cultivo de tomates, ubicada en San Juan de la Maguana.
En ese establecimiento, los inspectores identificaron aproximadamente 520 extranjeros que, según las informaciones ofrecidas por Migración, se encontraban en condición migratoria irregular.
La cantidad representa una proporción considerable de los casos detectados durante las jornadas realizadas en las distintas provincias.
En otros cinco centros de trabajo inspeccionados, los equipos oficiales contabilizaron 114 empleados, distribuidos entre 86 ciudadanos haitianos y 28 dominicanos.
De los trabajadores haitianos identificados en esos establecimientos, 80 carecían de una condición migratoria regular, de acuerdo con los registros levantados por las autoridades.
Estas cifras reflejan la presencia de trabajadores extranjeros en determinadas actividades agrícolas y plantean interrogantes sobre los mecanismos de contratación y verificación documental utilizados por los empleadores.
Autoridades examinarán posibles infracciones laborales
Además de comprobar la situación migratoria de los trabajadores, los inspectores recopilaron información relacionada con las condiciones encontradas en los lugares intervenidos.
La Dirección General de Migración informó que dará seguimiento a los resultados y remitirá a las instituciones competentes aquellos casos que requieran investigaciones adicionales.
Entre los aspectos que podrían ser examinados figuran posibles incumplimientos de las disposiciones laborales y situaciones que involucren la protección de niños, debido a que durante algunas inspecciones se constató la presencia de menores de edad.
La presencia de niños en un establecimiento agrícola no constituye por sí sola una prueba de explotación infantil, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las circunstancias particulares de cada caso.
De igual manera, las eventuales responsabilidades de empleadores o administradores deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes y conforme a la legislación aplicable.
Migración anuncia continuidad de las fiscalizaciones
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, de la Armada de República Dominicana, reiteró que las inspecciones continuarán en las áreas donde se registra una elevada concentración de trabajadores extranjeros.
El funcionario señaló que las acciones forman parte de los mecanismos de control dirigidos a garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración número 285-04.
Las intervenciones también buscan determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de infracciones identificadas durante las verificaciones.
El reforzamiento de las fiscalizaciones en actividades productivas coloca nuevamente en discusión la necesidad de establecer mecanismos eficaces para la contratación regular de trabajadores extranjeros, especialmente en sectores que requieren cantidades significativas de mano de obra.
Actividad agrícola y regulación migratoria
La producción agropecuaria dominicana utiliza trabajadores nacionales y extranjeros en labores de siembra, mantenimiento y recolección de productos.
En ese contexto, las inspecciones migratorias pueden tener repercusiones sobre la organización de las actividades productivas y las prácticas de contratación en determinadas explotaciones agrícolas.
La aplicación de las normas migratorias debe desarrollarse conjuntamente con el respeto a los derechos laborales y las garantías legales de las personas sometidas a verificación.
Asimismo, el seguimiento a los empleadores resulta fundamental para determinar si existen prácticas de contratación contrarias a las disposiciones migratorias o laborales vigentes.
Las autoridades deberán establecer, de manera individual, la condición jurídica de las personas identificadas y las medidas que correspondan conforme al ordenamiento dominicano.
Operativos se extenderán a otras actividades productivas
El fortalecimiento de los controles migratorios forma parte de las acciones oficiales dirigidas a fiscalizar la presencia de trabajadores extranjeros en distintos sectores de la economía.
Aunque las inspecciones cuyos resultados fueron divulgados se concentraron en explotaciones agrícolas, la estrategia de fiscalización también contempla espacios laborales como las obras de construcción.
La DGM mantiene su propósito de ampliar la supervisión en zonas de alta concentración de mano de obra extranjera, mientras las instituciones competentes deberán evaluar las posibles infracciones detectadas.
Los resultados de estas jornadas vuelven a colocar sobre la mesa el desafío de conciliar el cumplimiento de la legislación migratoria, las necesidades de los sectores productivos y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.
El organismo electoral amplía las facilidades para que los ciudadanos obtengan el nuevo documento de identidad antes de abril de 2027. Cerca de tres millones de dominicanos residentes en el país todavía tienen pendiente completar el trámite, según los datos divulgados.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Junta Central Electoral (JCE) intensificó las jornadas de renovación de la cédula de identidad y electoral mediante el desplazamiento de unidades móviles a diferentes comunidades del territorio nacional, acompañadas de un servicio de transporte gratuito para facilitar el acceso de la población a los centros de atención.
La iniciativa procura reducir las dificultades de desplazamiento que enfrentan algunos ciudadanos y acelerar la entrega del nuevo documento, cuyo proceso de sustitución deberá completarse antes de abril de 2027, de acuerdo con el calendario anunciado por las autoridades electorales.
Según las cifras divulgadas, aproximadamente cuatro millones de dominicanos han renovado su documento de identidad, mientras que cerca de tres millones de residentes en el país todavía tienen pendiente realizar el procedimiento.
Buscan facilitar el acceso a los servicios de cedulación
El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, ha destacado la necesidad de acercar los servicios de identificación a las comunidades, particularmente aquellas donde los ciudadanos enfrentan mayores dificultades para trasladarse a las oficinas tradicionales.
Como parte de las medidas implementadas, el organismo dispone de vehículos que ofrecen transporte de ida y vuelta sin costo para las personas interesadas en completar el proceso.
Asimismo, unidades equipadas con sistemas de amplificación recorren diferentes sectores para informar a los residentes sobre las fechas de las jornadas, los lugares de atención y los puntos habilitados para abordar el transporte gratuito.
Esta modalidad permite ampliar el alcance del programa y facilitar la participación de ciudadanos que, por razones económicas, laborales o de movilidad, encuentran obstáculos para acudir a los centros permanentes de cedulación.
Operativos disponibles en varias localidades
Entre los lugares incluidos en el calendario divulgado por la institución figura la comunidad El Torito, en Santo Domingo Norte, donde se programó una jornada del 16 al 18 de octubre, en horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche.
El servicio fue ubicado en la parroquia San Pablo de la Cruz, situada en la calle principal número uno, esquina Proyecto, urbanización Santa Cruz.
Durante esas mismas fechas y horarios se estableció otro punto de atención en Las Cubayas, específicamente en el Liceo Secundario Don Juan Rodríguez, próximo al cruce del Abanico.
En La Gina, distrito municipal perteneciente a Miches, el operativo está previsto del 18 al 22 de octubre, entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.
Los servicios se ofrecerán en la Junta Distrital, ubicada en la carretera Miches-Sabana de la Mar.
Santiago contará con jornada extendida
En Santiago de los Caballeros, la JCE habilitó un operativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Santiago, cuya duración está prevista hasta el jueves 22 de octubre.
La jornada contempla atención de lunes a viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.
Para los sábados y domingos, el horario establecido es de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
La ampliación de horarios busca ofrecer alternativas a quienes deben cumplir compromisos laborales o académicos durante las jornadas ordinarias.
Renovación forma parte de la actualización del registro ciudadano
El proceso de sustitución de la cédula constituye una de las principales iniciativas administrativas de la Junta Central Electoral, debido a la importancia del documento para la identificación de las personas y la realización de múltiples gestiones públicas y privadas.
Además de su utilización en los procesos electorales, la cédula es necesaria para operaciones bancarias, trámites institucionales, servicios comerciales y otras actividades que requieren acreditar la identidad de los ciudadanos.
La renovación también está vinculada con la actualización de los registros de identificación y del padrón electoral, instrumentos esenciales para el funcionamiento del sistema democrático dominicano.
El organismo ha establecido abril de 2027 como fecha límite para la sustitución del documento anterior, conforme al calendario divulgado.
Llamado a completar el procedimiento
Las autoridades electorales procuran que la mayor cantidad posible de ciudadanos obtenga su nueva cédula dentro del plazo establecido, evitando acumulaciones de solicitudes durante las últimas etapas del proceso.
Con los operativos móviles y las facilidades de transporte, la JCE busca reducir las barreras de acceso y ampliar la cobertura territorial de los servicios de identificación.
Se recomienda a los interesados consultar los canales oficiales del organismo antes de desplazarse, debido a que los puntos móviles y sus horarios pueden experimentar modificaciones.
La institución continúa así con el despliegue de su programa de cedulación, con el propósito de facilitar que los dominicanos dispongan del nuevo documento de identidad dentro del calendario establecido.
El Consejo Nacional de la Magistratura deberá escoger seis integrantes de la Suprema Corte de Justicia, incluida su presidencia, mientras continúa pendiente la publicación del acta que contiene las votaciones de la evaluación anterior.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se encamina hacia la conclusión del proceso de escogencia de seis jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en medio de interrogantes sobre la publicidad de las decisiones adoptadas durante la evaluación de los magistrados que aspiraban a permanecer en sus funciones.
El organismo, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, tiene previsto completar el procedimiento el próximo viernes 23 de octubre, fecha establecida provisionalmente para la juramentación de los nuevos integrantes del alto tribunal.
Sin embargo, el calendario llega a su fase final sin que, según una revisión del portal oficial reseñada este domingo, se haya publicado el acta correspondiente a la sesión del 8 de septiembre, cuando fueron ratificados cinco magistrados y otros dos quedaron fuera de la Suprema Corte.
Concluyen entrevistas a 83 aspirantes
El CNM agotó las jornadas de vistas públicas celebradas los días 5, 6, 8 y 9 de octubre, durante las cuales fueron entrevistados 83 de los 88 candidatos preseleccionados para las posiciones disponibles.
Con la conclusión de esta etapa, corresponde a los integrantes del Consejo ponderar la trayectoria profesional, experiencia, conocimientos jurídicos y demás condiciones de los postulantes antes de adoptar las decisiones definitivas.
Entre las seis posiciones pendientes figura la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, una de las responsabilidades institucionales de mayor relevancia dentro del Poder Judicial dominicano.
El cronograma contempla que los nuevos jueces sean juramentados el 23 de octubre, aunque la fecha podría experimentar modificaciones.
Votaciones anteriores permanecen sin divulgarse
Uno de los principales aspectos que genera interrogantes es la ausencia del documento que permitiría conocer el sentido de los votos emitidos por cada integrante del Consejo durante la sesión del pasado 8 de septiembre.
En aquella reunión fueron ratificados para un nuevo período de siete años los magistrados Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Amaury Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.
Por el contrario, Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Elizabeth Acosta Peralta no obtuvieron la confirmación necesaria para continuar en sus funciones.
Las decisiones contribuyeron a elevar a seis el número de vacantes que deben ser cubiertas mediante el procedimiento actualmente en curso.
Tras aquella sesión, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, indicó que el registro de las votaciones quedaría incorporado en el acta correspondiente.
No obstante, según la información publicada este 18 de octubre, dicho documento todavía no estaba disponible para consulta en el portal institucional.
Publicidad de las decisiones vuelve al centro del debate
La falta de divulgación del acta adquiere especial relevancia por tratarse de decisiones relacionadas con la integración del máximo tribunal del Poder Judicial.
De acuerdo con la revisión periodística divulgada, el portal del CNM únicamente mostraba las actas 001-2026 y 002-2026, correspondientes a las sesiones del 3 y 28 de agosto.
Ambos documentos recogen actuaciones vinculadas con la organización del proceso, el calendario de evaluación y las objeciones formuladas contra postulantes, pero no contienen las votaciones individuales de la sesión de septiembre.
La publicación de las actas constituye un mecanismo importante para fortalecer la rendición de cuentas y permitir que la ciudadanía conozca cómo se desarrollan las decisiones de los órganos encargados de seleccionar a los integrantes de las altas cortes.
No obstante, la ausencia de publicación de un documento no demuestra por sí sola la existencia de irregularidades en las votaciones ni invalida automáticamente las decisiones adoptadas.
Una escogencia de trascendencia institucional
La composición de la Suprema Corte de Justicia tiene repercusiones directas sobre el funcionamiento del sistema judicial dominicano, debido a las competencias constitucionales y legales asignadas a este tribunal.
En ese sentido, la selección de seis nuevos magistrados representa una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia mediante un procedimiento fundamentado en criterios objetivos, capacidad profesional e independencia judicial.
La transparencia sobre las evaluaciones y decisiones adoptadas adquiere una importancia particular cuando se trata de garantizar que la integración del tribunal responda a las exigencias institucionales y al principio de separación de poderes.
Con las entrevistas concluidas y la decisión final pendiente, la atención se concentra ahora en las deliberaciones del Consejo y en la eventual divulgación de la documentación correspondiente a las evaluaciones anteriores.
El CNM afronta así una etapa determinante, en la que no solo deberá completar la renovación parcial de la Suprema Corte de Justicia, sino también ofrecer garantías de transparencia que permitan fortalecer la credibilidad del proceso ante la sociedad dominicana.