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Roger Noriega dice que el gobierno de RD seleccionó a opositores internos y externos, en el caso Odebrecht, y pide a Brasil entregar toda la información
En la República Dominicana, por ejemplo, el gobierno, donde el fiscal nacional es un cercano colaborador del presidente, ya ha iniciado una ola de arrestos relacionados al caso, pero hay denuncias de que ha seleccionado a sus adversarios políticos internos y externos
Roger F. Noriega, quien fuera Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos en la administración Bush, escribió un artículo en The Miami Herald en que sugiere la idea de que los imputados por el Ministerio Público en el caso Odebrecht han sido seleccionados entre los adversarios políticos internos y externos del gobierno, y que se dejó fuera a los responsables de negociar la planta termoeléctrica de Punta Catalina.
Roger Noriega expresa lo siguiente:
En la República Dominicana, por ejemplo, el gobierno, donde el fiscal nacional es un cercano colaborador del presidente, ya ha iniciado una ola de arrestos relacionados al caso, pero hay denuncias de que ha seleccionado a sus adversarios políticos internos y externos además de excluir de la investigación el proyecto donde se ha denunciado mayor sobrevaluación y que fuere realizado en su gobierno: la Planta Termoeléctrica Punta Catalina, acusada de casi $1,000 millones de sobrecosto. ¿Como podemos saber si estas personas realmente son las mencionadas en las investigaciones si las herramientas para esclarecer la investigación se encuentran en manos del gobierno que más sobornos recibió de Odebrecht?
Roger F. Noruega fue Embajador de los Estados Unidos ante la OEA y Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de 2001-05. Es investigador visitante en el American Enterprise Institute y su firma Visión Américas LLC representa a clientes estadounidenses y extranjeros. Noriega también asesora al equipo legal en EEUU del expresidente del Perú Alejandro Toledo.
En su artículo Roger F. Noriega explica que lo mejor es que la justicia de Brasil ponga toda la información a disposición de los países, y no exclusivamente de los gobiernos.
Entregar evidencia a algunos gobiernos con instituciones judiciales débiles y políticos corruptos crea oportunidades para un abuso aún mayor por parte de fiscales locales con agendas propias. Algunos países usarán esta información con más responsabilidad que otros. Sin embargo, algunos pueden manipular la información para castigar a opositores, filtrar documentos y pruebas de forma selectiva, negar el acceso de los acusados a la información de exculpación, y proteger a socios corruptos del gobierno. Esto no sirve a la justicia, potencialmente sirve a la persecución. Las autoridades brasileñas deben tratar estos expedientes con gran cuidado, poniéndolos a disposición de los abogados de las personas acusadas en los medios de comunicación de actos ilícitos que no pueden esperar recibir justicia de sus propios gobiernos.
A continuación el artículo completo
Lava Jato debe ser transparente en Brasil y en el mundo
La Operación “Lava-Jato” comenzó sin grandes pretensiones como una investigación de una estructura de lavado de dinero utilizada por narcotraficantes. Tres años después, el trabajo de las autoridades brasileñas elevó los descubrimientos de la operación al nivel de uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia, revelando casos de desvío de recursos públicos y lavado de dinero, en al menos doce países.
Desde que 77 ejecutivos de Odebrecht decidieron colaborar con la Justicia brasileña, el contenido de las revelaciones se transformó en una pieza fundamental para millones de latinoamericanos, de una decena de países, que sueñan ver replicados los efectos saludables ya conquistados por Brasil. No obstante, esta semana, el fiscal general de Brasil tomó una decisión que frustró las expectativas en torno al develamiento de los socios de los crímenes de Odebrecht en los países donde la compañía tenía operaciones ilícitas. El fiscal general Rodrigo Janot solicitó al Supremo Tribunal Federal brasileño que se mantenga bajo secreto toda la información referente al caso Odebrecht fuera de Brasil.
La justificación oficial es que el secreto garantizará a los fiscales de los demás países las condiciones ideales para que ellos puedan hacer sus investigaciones. No hay motivos para creer que Janot no haya tomado esa decisión en la más pura buena fe de que sus pares en Latinoamérica harán uso de la información con la misma independencia que el Ministerio Público en Brasil. Pero ¿cómo se puede imaginar que las autoridades de Venezuela harán algo que no sea destruir evidencias, proteger a corruptos y perseguir a opositores? Ecuador y Bolivia son Estados en los que el poder judicial es utilizado para realizar cacerías de brujas políticas. En la República Dominicana, por ejemplo, el gobierno, donde el fiscal nacional es un cercano colaborador del presidente, ya ha iniciado una ola de arrestos relacionados al caso, pero hay denuncias de que ha seleccionado a sus adversarios políticos internos y externos además de excluir de la investigación el proyecto donde se ha denunciado mayor sobrevaluación y que fuere realizado en su gobierno: la Planta Termoeléctrica Punta Catalina, acusada de casi $1,000 millones de sobrecosto. ¿Como podemos saber si estas personas realmente son las mencionadas en las investigaciones si las herramientas para esclarecer la investigación se encuentran en manos del gobierno que más sobornos recibió de Odebrecht?
Entregar evidencia a algunos gobiernos con instituciones judiciales débiles y políticos corruptos crea oportunidades para un abuso aún mayor por parte de fiscales locales con agendas propias. Algunos países usarán esta información con más responsabilidad que otros. Sin embargo, algunos pueden manipular la información para castigar a opositores, filtrar documentos y pruebas de forma selectiva, negar el acceso de los acusados a la información de exculpación, y proteger a socios corruptos del gobierno. Esto no sirve a la justicia, potencialmente sirve a la persecución. Las autoridades brasileñas deben tratar estos expedientes con gran cuidado, poniéndolos a disposición de los abogados de las personas acusadas en los medios de comunicación de actos ilícitos que no pueden esperar recibir justicia de sus propios gobiernos.
En 2015, el juez Sérgio Moro escribió en una de sus sentencias que “la publicidad propicia no sólo el ejercicio de la amplia defensa por los acusados, sino también el sano escrutinio público sobre la actuación de la administración pública y de la propia justicia criminal”. Es evidente que el secreto es fundamental durante algunas fases de la investigación, pero el sigilo se vuelve injustificable en relación a América Latina. Las confesiones y pruebas ya fueron presentadas. Es incomprensible que la fiscalía de Brasil le de la espalda a la realidad latinoamericana.
Los fiscales y la Corte Suprema de Brasil deberían hacer pública toda la información sobre las investigaciones internacionales para que los acusados tengan una oportunidad de defenderse ante la negación del debido proceso. Si el peor escenario se materializa, con la confirmación de mantener en secreto la información, Brasil no sólo desperdiciará la oportunidad de investigar una parte importante del complejo sistema de corrupción y lavado que tuvo el país como epicentro, pero habrá contribuido para el encubrimiento de organizaciones criminales que se instalaron en el poder político en otros países. Esperemos por el bien de la justicia regional que los fiscales y la Corte Suprema de Brasil tomen en consideración las posibles repercusiones de esta decisión.
acento.com.do
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La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.