Latinoamericanas
Brasil: Corte avala que Temer siga en la Presidencia
POR CUATRO VOTOS CONTRA TRES, EL SUPREMO TRIBUNAL ELECTORAL RECHAZÓ QUE HAYA HABIDO VIOLACIONES AL FINANCIAMIENTO DE SU CAMPAÑA
Sao Paulo.- El máximo tribunal electoral de Brasil dio al presidente Michel Temer una importante victoria ayer, tras rechazar los señalamientos de que violó las leyes de financiamiento de campaña, lo cual habría llevado a que se anulara su mandato.Después de cuatro días de deliberaciones, el Supremo Tribunal Electoral avaló por cuatro votos contra tres que Temer permanezca en el cargo. El mandatario enfrenta un creciente escándalo de corrupción y una popularidad menor al 10%.
El mes pasado salió a la luz una grabación en la que aparentemente se escucha a Temer respaldando un soborno para silenciar al expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un antiguo aliado del actual mandatario que cumple una pena de 15 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. Poco después surgió otro escándalo: que Temer sería investigado por presuntamente recibir sobornos.
Temer ha rechazado cualquier irregularidad y ha dicho que se mantendrá en el cargo. «Los hechos son muy serios, insoportables», dijo el juez Luiz Fux, quien votó a favor de destituir a Temer. Añadió que el caso del financiamiento en su campaña tenía que ver con «crímenes muy graves».
El juez Gilmar Mendes, quien ha llamado a Temer «un amigo de muchos años», otorgó el voto decisivo para que el presidente siga en el poder. Mendes, quien también es juez del Supremo Tribunal Federal, argumentó que las leyes electorales necesitan ser reformadas, insinuando que los políticos no deberían pagar el precio por un sistema que no funciona.
«El sistema necesita estabilidad. Es muy fácil hablar sobre moral y sobre luchar contra la corrupción. Yo también quiero eso», dijo Mendes, quien en el pasado ha ayudado a otros políticos a enfrentar problemas legales.
«Un presidente no puede ser simplemente reemplazado en cualquier momento, incluso si el deseo está ahí».El caso sobre el financiamiento de su campaña se abrió poco después de la elección presidencial de 2014, a solicitud de uno de los partidos perdedores. Se argumentó que la entonces presidenta Dilma Rousseff y su compañero de fórmula Temer, entonces candidato a la vicepresidencia, obtuvieron una ventaja injusta tras recibir contribuciones ilegales.
Temer asumió la presidencia el año pasado después de que Rousseff fue destituida por un manejo ilegal del presupuesto federal.Los señalamientos de financiamiento irregular se reavivaron en los últimos meses tras conocerse los testimonios de ejecutivos y exempleados de la constructora Odebrecht, una compañía que está en el centro de una investigación por haber inflado en miles de millones de dólares el costo de algunos contratos y por haber sobornado a políticos.
Los ejecutivos dieron detalles sobre decenas de millones de dólares en sobornos y contribuciones ilegales a campañas políticas, incluida la de la dupla Rousseff-Temer.A lo largo de cuatro días, los jueces del tribunal electoral discutieron sobre si esos señalamientos deberían haber sido considerados en su decisión sobre el caso de financiamiento ilegal. También tuvieron discrepancias sobre la fortaleza de la evidencia original y si deberían emitirse sanciones cuando el financiamiento ilegal de campaña era generalizado.
De haber votado contra Temer, el tribunal habría anulado la victoria de 2014, con lo cual Temer no estaría en posibilidad de terminar su mandato. También habría significado retirarle por ocho años los derechos políticos tanto a él como a Rousseff.
Aunque Temer había prometido apelar una condena, habría debilitado su postura en un contexto de severos escándalos de corrupción y con un público furioso al respecto.
«Temer permanecerá en su cargo y probablemente enfrentará muchas manifestaciones en las calles», dijo Alexandre Barros, un analista política de la firma brasileña Early Warning. «Creo que nadie está de humor para decidir algo inesperado en este momento».
La crisis política en Brasil, que comenzó con los intentos del año pasado por destituir a Rousseff por violar las leyes presupuestales, se encuentra en su punto más álgido. Prácticamente todas las semanas hay protestas para exigir la renuncia de Temer, son frecuentes los gritos en el Congreso y hay un creciente debate en los medios de comunicación sobre si el presidente terminará o no su periodo.
Ese ambiente se reflejó en el tribunal, donde hubo varios momentos de tensión. Uno de los más dramáticos ocurrió al principio de la sesión vespertina del viernes, cuando un fiscal solicitó la descalificación de uno de los jueces que alguna vez fue abogado de Rousseff, y Maia Filho criticó los artículos en la prensa que lo vinculan a una investigación de corrupción. Debido al incremento en la tensión, el presidente de la corte convocó a un breve receso.
Aunque Temer sobrevivió otro día, el futuro será complicado. Su ya de por si baja popularidad se ha desplomado por las acusaciones de corrupción. Un aliado de Temer y exlegislador, captado en un video de la policía federal portando un maletín lleno de dinero destinado a sobornos, fue recientemente encarcelado, y cualquier testimonio que provea podría perjudicar aún más a Temer.
Hasta el momento, los principales partidos en la coalición de Temer lo han respaldado, pero varios reportes indican preocupación de que ser relacionados con él sería perjudicial para las campañas de reelección del próximo año.
Irónicamente, el argumento más sólido de Temer para permanecer en el poder es que puede brindar grandes reformas a las leyes laborales y al sistema nacional de pensiones. Aunque profundamente impopular entre los brasileños, muchos economistas arguyen que son necesarias para sacar a la nación más grande de Latinoamérica de su recesión, y muchos miembros del Congreso quieren que se aprueben, aunque sea para poder señalar a algo que no sea la extendida corrupción. «Temer argumentará ‘yo soy la persona que le dará a este país el amargo remedio que lo curará'», dijo Carlos Manhanelli, especialista en marketing político y presidente de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos.
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.