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La corrupción desvela las maniobras mafiosas de la política brasileña

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SAO02. SAO PAULO (BRASIL), 18/05/2017.- Cientos de personas se reúnen durante una manifestación en contra del presidente brasileño, Michel Temer, hoy, jueves 18 de mayo de 2017, en la avenida Paulista de Sao Paulo (Brasil). Miles de personas tomaron hoy las calles de al menos una decena de las principales ciudades de Brasil para manifestarse contra el Gobierno de Temer, acorralado por un monumental escándalo de corrupción. EFE/Sebastião Moreira

Sao Paulo,  (EFE).- Grabaciones clandestinas, emails ficticios y maletas repletas de dinero se han colado en la trama del caso Petrobras, un proceso que no sólo ha desvelado las entrañas de la corrupción en Brasil, sino que también ha sacado a la luz las maniobras de tinte mafioso usadas por sus implicados.

El avance de las investigaciones ha cerrado el cerco sobre la corrupción y las alianzas entre políticos y empresarios se han desmoronado a medida que han avanzado las confesiones “premiadas” de los acusados ante las autoridades.

Cazados por la justicia, muchos de los imputados en el escándalo han sacado los trapos sucios y han puesto en el ventilador las supuestas prácticas corruptas realizadas por algunos de sus antiguos colegas, recurriendo incluso a prácticas kafkianas para respaldar sus acusaciones.

El magnate de la carne Joesley Batista, dueño de JBS, se presentó el pasado mes de marzo en casa del presidente de Brasil, Michel Temer, con una grabadora en forma de pendrive (memoria usb) en su bolsillo para registrar su encuentro -no oficial- con el mandatario.

En esa grabación, Batista relata diversas maniobras ilegales que estaba realizando en favor de JBS tanto en el Poder Judicial como con algunos ministros, ante lo que Temer se mantiene en silencio o hasta llega a consentir.

En esa época, uno de los aliados de Temer, el exdiputado Rodrigo Roucha Loures, fue filmado saliendo de manera apresurada del estacionamiento de una pizzería de Sao Paulo cargado con una maleta repleta de dinero sucio.

El chivatazo fue dado por los directivos de JBS, que entregaron a las autoridades una serie de pruebas que implican a importantes políticos con el fin de evitar un posible pedido de prisión por su implicación en la trama corrupta.

Pero los socios de JBS no han sido los únicos en poner en jaque a la política brasileña. Los publicistas Joao y Mónica Moura, encargados de la campaña electoral de la expresidenta Dilma Rousseff, han dejado en apuros a la exmandataria.

Mónica Moura, presa desde el año pasado, aseguró que ella y Rousseff compartían un email secreto ([email protected]) y se comunicaban mediante mensajes que eran guardados en la caja de “borradores” y posteriormente eliminados, con el fin de evitar su circulación.

Según la empresaria, en dicho email Rouseff informaba al matrimonio Moura sobre el avance de las investigaciones del caso Petrobras, el cual ha salpicado a políticos de todo el arco partidario e importantes empresarios.

La señal para acceder al email la daba un asesor de Rousseff, quien, según Moura, enviaba mensajes fuera de contexto, como por ejemplo “Me ha gustado el vino que me dijiste” o “Mira esa película”, para que la publicista accediese a la bandeja de “borradores”.

Uno de los pilares del escándalo, la constructora Odebrecht, admitió que tenía un departamento exclusivo para la distribución de sobornos entre políticos, a los que registraban en sus planillas con apodos: “todo feo”, “amigo”, “italiano”.

La jerga mafiosa se ha visto a lo largo de los tres años en los que duró las investigaciones: los empresarios de JBS se referían a los sobornos como “alpiste”, mientras que Joao Vaccari Neto, extesorero del Partido de los Trabajadores (PT), hablaba de “pixulecos” (sobornos) cuando negociaba las coimas.

Uno de los receptores de sobornos fue Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de los Diputados e impulsor del juicio político que llevó a la destitución de Rousseff. El dinero sucio fue rastreado gracias a la vida de lujos que su mujer, Claudia Cruz, ostentó en las redes sociales.

Cunha, evangélico declarado, registró una flota de ocho autos de lujo a nombre de “Jesús.com” y su esposa gastó más de 850.000 dólares en artículos como bolsos, zapatos y ropa de marcas exclusivas, en tiendas de París, Roma y Miami.

Algunos de los correligionario Cunha, como el expresidente José Sarney y el senador Romero Jucá, también han caído en las garras de las grabaciones secretas, concretamente con el expresidente de la estatal Transpetro Sergio Machado, sospechoso de participar en la gigantesca red de corrupción de Petrobras.

La grabación telefónica se convirtió en un as en la manga para el exdirector de Petrobras Nestor Cerveró, salpicado por la trama corrupta. Su hijo Bernardo entregó a las autoridades un audio en la que el entonces senador Delcídio Amaral ofrece dinero al exdirectivo de Petrobras a cambio de su ayuda para anular sus acusaciones. EFE

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Haitianos no creen que la ONU logre una solución internacional a crisis de pandillas

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AP

Puerto Príncipe, Haití.-En un momento en que lo mandatarios mundiales reunidos en Naciones Unidas esta semana discuten el futuro de los esfuerzos para frenar a las pandillas que controlan Haití, los haitianos expresan su desesperanza de que una respuesta internacional pueda sofocar la violencia.

Hasta ahora, una fuerza respaldada por la ONU de 400 policías de Kenia y alrededor de dos docenas de agentes jamaicanos ha hecho poco para detener a las pandillas en Haití, que han aterrorizado al país desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

Los mandatarios mundiales han estado discutiendo los próximos pasos en complicados esfuerzos para restaurar el orden en la nación caribeña.

Estados Unidos ha planteado la idea de una fuerza de paz de la ONU, pero la idea se consideró demasiado polémica dados los casos de cólera y abuso sexual que se registraron la última vez que las tropas de Naciones Unidas operaron en Haití.

El despliegue de fuerzas kenianas fue, en parte, para evitar tensiones que podrían desencadenarse con el envío de otra misión de paz de la ONU.

Pero en una visita a Haití del presidente de Kenia, William Ruto, durante el fin de semana —en camino a la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que comenzó el domingo— Ruto se dijo dispuesto a expandir las operaciones de Kenia hasta convertirlas en una misión de paz de la ONU más grande.

Si bien Ruto elogió los logros de las fuerzas kenianas el domingo, un informe reciente de un experto en derechos humanos de Naciones Unidas señaló que la violencia de las pandillas se está extendiendo por todo Haití y que la policía haitiana todavía carece de la “capacidad logística y técnica” para combatir a las pandillas.

La violencia actual ha dejado a haitianos como Mario Canteve, de 39 años, desilusionados por nuevos esfuerzos internacionales para sofocar a las pandillas, afirmando que ya no cree en las promesas de los mandatarios mundiales de que podrán cambiar la situación en la nación azotada por la crisis.

Canteve vende chips para teléfonos móviles y repara aparatos electrónicos en la capital, Puerto Príncipe, cuyo 80% se estima está controlado por pandillas.

Ante la brutal violencia de las pandillas, algunos haitianos han organizado grupos de vigilantes para defenderse.

Moise Jean-Pierre, un profesor de 50 años, recordó misiones pasadas de la ONU en Haití y consideró que tales esfuerzos eran una “pérdida de tiempo”.

“No sería la primera vez que tengamos misiones de la ONU en Haití”, dijo. “¿Qué diferencia habrá?”

Tales opiniones en el lugar hablan de la situación en que se encuentran los mandatarios mundiales que han pasado años buscando una solución más amplia a los problemas de Haití.

El gobierno de Kenia prometió 600 agentes adicionales y se espera que la misión actual de seguridad alcance un total de 2,500 efectivos, y las Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin y Chad también se comprometieron a enviar policías y soldados. Aunque aún no queda claro cuándo sucederá eso.

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Parlamento venezolano rechaza reconocimiento de la Eurocámara a González Urrutia

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Agencia EFE

Caracas.- La Asamblea Nacional de Venezuela (AN), controlada por el chavismo, rechazó este jueves la decisión de la Eurocámara de reconocer a Edmundo González Urrutia, candidato de la mayor coalición opositora, como presidente electo en las elecciones del 28 de julio. El resultado oficial proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.

Durante una sesión transmitida por el canal estatal VTV, la AN condenó «la írrita e ilegítima práctica del Parlamento Europeo de reconocer gobiernos ficticios e ilusorios» y exhortó a respetar «la decisión del pueblo venezolano» que «eligió» a Maduro, un resultado que ha sido cuestionado tanto dentro como fuera del país.

Asimismo, instó a «los europarlamentarios fascistas» a abandonar «la fracasada estrategia neocolonialista» de «cambio de régimen» en Venezuela y pidió que se concentren en «las graves violaciones de derechos humanos que ocurren dentro de sus fronteras».

Por su parte, la diputada Blanca Eekhout, quien presentó el acuerdo, manifestó que «el fascismo pretende desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano», en referencia al resultado oficial de los comicios, que fue calificado de fraudulento por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que respalda a González Urrutia.

El bloque antichavista sostiene que su candidato es el presidente electo, sustentando este reclamo con el «83,5%» de las actas electorales, publicadas en una página web y posteriormente descalificadas como falsas por el Gobierno y la Fiscalía.

Tras el reconocimiento de la Eurocámara, el líder de la PUD, exiliado en Madrid desde el 8 de septiembre, solicitó a la Unión Europea que actúe para que en Venezuela «se haga valer la soberanía expresada en las urnas».

La resolución del Parlamento Europeo, que no es vinculante, fue aprobada con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. También reconoce a María Corina Machado, principal aliada de González Urrutia, como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela.

Maduro fue proclamado presidente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que, a pesar de la insistencia de numerosos países, aún no publica los resultados desagregados por centro de votación, como establece su propia normativa.

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Venezuela solicita orden de captura contra Milei por «robo de avión»; situación similar a la de RD

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Agencias

CARACAS.- La Fiscalía de Venezuela tramita la solicitud de una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei -a quien abrió «una averiguación»-, por el «robo» del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero, informó este miércoles el fiscal general, Tarek William Saab.

La institución «anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes al caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión» también contra la secretaria general de Presidencia de Argentina, Karina Milei, y la ministra de Seguridad del país austral, Patricia Bullrich.

En febrero de este año el Gobierno de Estados Unidos confiscó un avión de carga Boeing de la estatal venezolana Emtrasur, que había sido vendido por una aerolínea iraní sancionada en violación de las leyes federales de control de exportaciones.

El avión de carga, un Boeing 747-300M, partió desde Argentina, donde estaba retenido desde 2022, y aterrizó en un aeropuerto no revelado en la Florida.

Antes de su venta a la estatal venezolana, la aeronave era propiedad de Mahan Air, una compañía a la que Washington señala por su apoyo a las Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, designada por Estados Unidos como una organización terrorista.

Situación en RD
La situación es muy similar a la ocurrida el pasado 2 de septiembre en República Dominicana cuando la justicia dominicana decidió enviar la aeronave a Estados Unidos, a solicitud del Departamento de Justicia de ese país.

El Gobierno de República Dominicana ha negado cualquier responsabilidad directa en la incautación de un avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por orden de las autoridades de Estados Unidos, alegando que todo el proceso se desarrolló en el ámbito de los tribunales, sin intervención de autoridades políticas o de la Fiscalía dominicana.

Según Álvarez, en mayo de este año “el Ministerio Público recibió una solicitud formal de Estados Unidos para inmovilizar la aeronave como parte de una investigación criminal relacionada con actividades de fraude, contrabando y lavado de activos. La aeronave se encontraba en la República Dominicana para fines de mantenimiento debido a la alta calidad de los servicios disponibles en el país. Posteriormente, el 22 de mayo, el Ministerio Público obtuvo una orden judicial de un tribunal competente que autorizó la inmovilización del avión”.

La respuesta de Argentina al proceso de Maduro
El Gobierno de Argentina repudió este miércoles la decisión de la Fiscalía de Venezuela de tramitar la solicitud de una orden de captura contra el presidente, Javier Milei, por el caso del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires desde 2022 y enviado a Estados Unidos en febrero pasado.

«La República Argentina repudia las órdenes de aprehensión dictadas por el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela contra el presidente de la Nación, Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz del incidente del avión de la empresa Emtrasur», dijo la Cancillería argentina en un comunicado.

Según el Gobierno de Milei, «el mencionado caso fue resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional».

«El Gobierno argentino recuerda al régimen venezolano que en la República Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro», añade el comunicado.

En declaraciones transmitidas este miércoles por el canal estatal VTV, el fiscal general, de Venezuela Tarek William Saab, anunció que dos fiscales especializados «se encuentran tramitando la orden de aprehensión» contra Milei, su hermana Karina y Bullrich.

Explicó que, en el caso del avión, que fue «totalmente desmantelado» en Estados Unidos, se incurrió, según la legislación venezolana, en los delitos de «robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir».

Por otra parte, Saab informó de la designación de un «fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes» contra Milei y Bullrich por «las acciones cometidas contra el pueblo argentino» y aseveró que se podría «estar en presencia de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad».

El fiscal, quien llamó «fascista» y «neonazi» a Milei, dijo que en Argentina se aplica un «programa de violencia institucional premeditado» contra su población, por lo que señaló al mandatario argentino como «el violador de derechos humanos más feroz del continente» y como «un peligro brutal para todo el hemisferio».

Este mes, la Cancillería argentina instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a solicitar una orden de detención contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y «otros cabecillas del régimen», ante «el agravamiento de la situación» tras los comicios presidenciales en el país caribeño el 28 de julio.

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