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Piden Procuraduría garantice la seguridad de Ángel Rondón en la cárcel

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Según la CONA, hay sectores interesados que podrían mandar asesinar a Rondón para silenciar al imputado, señalado como el que repartió los 92 millones de dólares que de la empresa brasileña admitió haber pagado en el país para sobornar a legisladores y funcionarios, y que favorecieran a la multinacional con la aprobación y adjudicación de obras públicas.

Santo Domingo,  (EFE).- La Convergencia Nacional de Abogados (CONA) pidió que la Procuraduría General de la República Dominicana garantice la seguridad de Angel Rondón, condenado a un año de prisión preventiva en la cárcel de La Victoria por su imputación en el caso de los sobornos de Odebrecht.

Según la CONA, hay sectores interesados que podrían mandar asesinar a Rondón para silenciar al imputado, señalado como el que repartió los 92 millones de dólares que de la empresa brasileña admitió haber pagado en el país para sobornar a legisladores y funcionarios, y que favorecieran a la multinacional con la aprobación y adjudicación de obras públicas.

La entidad expresó en un comunicado que, “dada la preocupación del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, Roberto Santana Sánchez, sobre que la seguridad y la vida de Rondón no están garantizadas en La Victoria, se impone la necesidad de que lo trasladen” a otro centro.

La CONA dijo que en la cárcel de La Victoria se dan “todas las condiciones para que algún interesado fragüe un plan para garantizarse impunidad, por lo que responsabilizó al presidente de la República, Danilo Medina, y al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, de preservar la vida de Rondón”.

La institución expuso que, “en vista de que los testimonios de Ángel Rondón podrían ser determinantes para que el caso Odebrecht llegue a feliz término en el país, su silencio constituye una garantía para muchos que podrían estar involucrados en el escándalo, y quienes aún no han sido encartados en el expediente”.

El hecho de que un imputado como el empresario, que maneja informaciones sensibles sobre el caso cumpla la medida en La Victoria, “donde ni los custodias del recinto están seguros, debe llamarnos a preocupación”, dijo el presidente de la CONA, Yuniol Ramírez.

La organización afirmó que, en caso de que maten a Rondón en la cárcel, el expediente por los sobornos quedaría cerrado en lo absoluto.”

El juez de la Suprema Corte de Justicia Francisco Ortega Polanco dispuso el pasado miércoles penas de prisión preventiva que van de los tres meses a un año de cárcel para 8 de los 14 imputados por los sobornos, siendo Rondón el que tiene la coerción más prolongada.

Entre los encausados están también el ahora exministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) y extitular del Senado, Andrés Bautista García.

Ninguno de ellos ha sido trasladado hasta ahora a prisión, solo dos imputados que cumplirán las medidas de coerción en sus domicilios abandonaron el viernes las dependencias del Palacio de Justicia Ciudad Nueva, sin que las autoridades hayan indicado el motivo de la demora en el ingreso en las cárceles de Najayo y La Victoria.

Asimismo, se dispuso fianza de cinco millones de pesos (105.700 dólares) para dos senadores del PLD y para un diputado del PRM, cuyas respectiva cámaras estudian si les retirarán la inmunidad parlamentaria.

La constructora brasileña admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en el país entre 2001 y 2014, período que abarca los Gobiernos de Hipólito Mejía, así como los de Leonel Fernández (2004-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del PLD.

Las detenciones en el país se produjeron poco después de que República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos.

Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño. EFE

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Este viernes se inicia en Puerto Plata nuevo juicio contra Wander Franco por abuso sexual.

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Santo Domingo, R.D.-El pelotero Wander Franco se somete a nuevo juicio a partir de este viernes 20 en Puerto Plata por abuso sexual en perjuicio de una adolescente, tras un tribunal de alzada anulara la sentencia de primera instancia que lo había condenado a dos años de prisión suspendida.

La decisión fue adoptada por la Corte de Apelación de la Cámara Penal del distrito judicial de Puerto Plata, que ordenó la celebración de un nuevo proceso tras acoger los recursos interpuestos por las partes contra la sentencia emitida el 27 de junio de 2025 por el Tribunal Colegiado de esa jurisdicción.

El tribunal de alzada, integrado por los jueces Onasis Pelegrín, Xiomara Tineo y Juan Suardi, dispuso reiniciar el conocimiento del caso desde la etapa de juicio, para que nuevos magistrados valoren las pruebas y apliquen el derecho correspondiente.

En el nuevo proceso también participará Martha Vanessa Chavalier, madre de la víctima, cuya condena de 10 años de prisión fue igualmente anulada. En la sentencia original había sido declarada culpable de explotación sexual comercial y lavado de activos.

En primera instancia, Franco fue condenado por violar el artículo 396, literales b y c, del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, contenido en la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes.

  • La pena impuesta fue de dos años de prisión bajo suspensión, además del pago de 10 salarios mínimos y las costas penales.

Tras la sentencia inicial, el Ministerio Público apeló al considerar insuficiente la pena impuesta a Franco, mientras que tanto el pelotero como Chavalier recurrieron el fallo por no estar conformes con la decisión. Como resultado, la Corte de Apelación dispuso la celebración de un nuevo juicio.

La audiencia está programada para comenzar a partir de las 9:00 de la mañana, conforme al calendario establecido por el tribunal.

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Arremeten contra Ministerio Público en el juicio en caso Medusa.

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Santo Domingo. –La defensa del exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Solano Augusto, rechazaó las afirmaciones del Ministerio Público, que mediante una nota de prensa atribuyó a los abogados del imputado   la presentación de incidentes con fines dilatorios en el proceso judicial que también involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez.

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Los juristas Manuel Sierra e Ybo René Sánchez Díaz aclararon que, durante la audiencia celebrada el pasado 18 de febrero, la jueza del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, no emitió reproches contra los abogados defensores, sino que exhortó a las partes a sintetizar sus exposiciones con el propósito de agilizar el conocimiento del caso, dada su complejidad y volumen.

“El Ministerio Público miente al denunciar supuestas tácticas dilatorias. Se trata de la exposición de medios de defensa que el propio tribunal autorizó mediante la resolución 00034/25 a favor de los acusados”, expresaron los togados.

La defensa recordó que la investigación fue iniciada el 20 de agosto de 2020 y que el caso ha atravesado diversas etapas judiciales desde entonces. Señalaron que la extensión del expediente, que supera las 12 mil páginas, ha incidido en la duración del juicio.

El Ministerio Público, por su parte, ha señalado en comunicaciones públicas que algunos incidentes presentados por las defensas han contribuido a retrasos en el desarrollo del proceso.

Asimismo, insistieron en que no se produjeron los alegados reproches por parte del tribunal y que la magistrada únicamente solicitó mayor síntesis en las exposiciones para facilitar el avance del juicio.

“Por tanto, no es cierto los alegados reproches para que los abogados organicen sus incidentes, y muchos los supuestos retrasos o dilaciones a cargo de los abogados. Se trata de una información distribuida mediante nota de parte del MP, de forma malintencionada con el fin de esconder sus fracasos en el caso Jean Alain Rodríguez”, expresaron Sierra y Sánchez.

Los juristas recordaron que, durante la audiencia preliminar celebrada en enero de 2023 ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el tribunal rechazó planteamientos similares sobre supuestas tácticas dilatorias atribuidas a la defensa.

El proceso continúa su curso ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se conocen las acusaciones del Ministerio Público y los argumentos de las defensas. Hasta el momento, no se ha emitido una decisión definitiva sobre el fondo del caso.

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MP. recomienda a Gonzalo Castillo «no comer ansias» y adelanta que el caso irá a juicio

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Santo Domingo, R-D–Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca),  calificó como prematuras las afirmaciones de la defensa de Gonzalo Castillo sobre una supuesta falta de pruebas y aseguró que el órgano persecutor «desmontará cada una de las falsedades» presentadas en el tribunal.

Al responder a los argumentos de los abogados defensores, quienes afirmaron que el expediente está «blindado con algodón» y que el caso no llegará a juicio de fondo, la magistrada Ortiz recomendó al exministro de Obras Públicas «no comer ansias».

Puntualizó que el Ministerio Público aún no ha producido su réplica contra Castillo, proceso que tendrá lugar el próximo miércoles 25, ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Gonzalo Castillo, se mantiene sin confirmar sus aspiraciones para los comicios presidenciales 2028.

Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas acusado de participar en entramado de corrupción durante su mandato. .Instagram

La magistrada señaló que, durante la jornada de este miércoles, el Ministerio Público presentó evidencias que detallan el entramado de corrupción que presuntamente operaba desde el Ministerio de Hacienda durante la gestión de Donald Guerrero.

Según Ortiz, el grupo de funcionarios bajo investigación utilizó una estructura, en parte dirigida por Ángel Lockward, para ejecutar pagos millonarios de forma irregular, los cuales superaban el 65 % de lo que supuestamente se adeudaba a los presuntos acreedores.

Para la Pepca, es evidente que el único objetivo de esta estructura era obtener dinero público de manera fácil y rápida a través de maniobras fraudulentas que, a juicio de Ortiz, han quedado plenamente demostradas con las evidencias presentadas ante el tribunal.

El proceso se reanudará el miércoles 25, fecha en la que el Ministerio Público presentará su réplica contra los alegatos de la defensa de Gonzalo Castillo.

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