Editorial
Una Sociedad Sumergida en el Peor de los Peligros
En la sociedad dominicana todos los caminos parecen conducirla al peor de los peligros, cuya realidad aparece hasta en los escenarios sin ninguna trascendencia, pero también en cuestiones vitales para la convivencia social y moral.
Cada día el dominicano se levanta con la ocurrencia de crímenes por razones delincuenciales, pero también por motivos sin ningún valor, poco entendible, a menos que no se recurra a la crisis ético-moral y socio-económicas que se traga la nación ante la mirada indiferente de aquellos que tienen la misión de manejar el Estado para que la gente no se coma entre si.
Es un drama que va desde la delincuencia de poca monta, hasta la de cuello blanco, pasando por una crisis muy grande de los valares nacionales, sobre todo del sentido de la responsabilidad, donde quedar mal es una virtud, más que un defecto, un orgullo más que una vergüenza.
El cuadro luce tan feo y preocupante que el dominicano está definitivamente atrapado por un malestar que por donde quiera que la gente se mueve cae en un laberinto, cuya solución al problema sólo se observa en el campo de la percepción, la cual es proyectada a través de una retórica política adornada por la mentira y los sofismas.
En la práctica no se observa ninguna solución al problema y la mayoría de la gente no tiene una salida a la vista, entonces se apela al día a día, a la solución fácil, sin tener que trabajar, sin metodología, sin sacrificios y con la incertidumbre de qué será de la comida mañana, dónde encontrarla, porque no existe el trabajo que proviene del empleo.
Es como si nos encamináramos a comernos unos con otros, cuyo salvajismo en tiempos de civilización parece normal para los que viven de la retórica y la percepción, de la venta de unos sueños que no llevan a otra cosa que no sea a la disolución de la sociedad dominicana.
Hoy jueves 15 de junio las principales noticias de los diarios nacionales tienen que ver con el apresamiento en Puerto Rico con un cargamento de drogas de un coronel del Ejercito Nacional y la denuncia de que los colmados y otros establecimientos del país venden alimentos a la población, vencidos, adulterados y falsificados.
Esta última información es sumamente grave, ya que se trata de un referente de lo que pasa en los lugares donde compra alimentos la gente pobre, los colmados, donde se venden quesos hechos en callejones, sin ninguna higiene, como lo demanda el Ministerio de Salud Pública y otras instancias del Estado.
La denuncia explica que en la actualidad en la República Dominicana operan alrededor de 700 lugares donde se fabrican quesos que no tienen ninguna autorización oficial, que además no cuentan con plantas pasteurizadoras para su elaboración, lo cual podría poner en peligro la vida de los consumidores mediante cualquier bacteria que les puede provocar la muerte.
En la actualidad en la República Dominicana sólo hay cuatro o cinco empresas autorizadas por el Estado para producir este producto, lo cual nos proporciona una idea de hasta dónde estamos arropados por la informalidad y la ilegalidad, lo que pone en peligro la salud de todos.
Pero este no es un caso aislado, no lo crea así, arropa toda la sociedad, porque se trata de un problema integral, pasa tanto abajo como arriba de la pirámide social, porque éste es el resultado de un Estado que no está en capacidad de regular y fiscalizar nada, donde no importa cómo se haga el dinero, así sea cortándole la cabeza a su vecino, lo cual es premiado como una gran hazaña y el protagonista de semejante inconducta termina con el recibimiento de un gran reconocimiento como un ciudadano distinguido.
El problema de la sociedad dominicana es tan grave que si saltamos del campo de los alimentos a la medicinas, nos encontramos con el mismo o un cuadro peor, pero no se entiende cómo la gente no ha entrado en pánico colectivo que tenga su clímax con una explosión social.
Es como si no hubiera una salida a la vista, porque la vía para la solución de los problemas es el empoderamiento ciudadano para refundar el Estado, pero habría que preguntarse si la sociedad dominicana está en capacidad de entenderlo, porque de alguna manera la misma también luce gravemente enferma y cansada, sin la capacidad de dar la respuesta que el problema demanda.
De cualquier manera, no se pueden perder las esperanzas y el poquito de gente que entiende el fenómeno debe trabajar para solucionar el problema antes de que sea demasiado tarde.
Editorial
Abinader se expone a destitución con promulgacion de ley sobre candidaturas independientes.
La promulgación del presidente de la Ley 13-26 que busca eliminar las candidaturas independientes pone en cuestionamiento hasta la propia legalidad del jefe de Estado en razón de que la misma implica una grave violación de la Constitución de la República.
Ello así, porque si no se respeta una parte de la carta magna tampoco puede tener validez el resto de ella y como la elección de la presidencia de la República se sustenta en el artículo 124 de ley sustantiva de la nación, igual ocurre con los demás articulados de la misma, como por ejemplo los 184 y 185 que dota de facultad al Tribunal Constitucional para someter al mandato de la carta magna todas aquellas normas que la violentan.
Y sobre esa base y por la autoridad otorgada por el constituyente es que el TC tiene la facultad de examinar todas las leyes y cualquier otra norma para que se ajuste al espíritu de la ley de leyes e incluso todas aquellas que provienen del derecho externo y que son de obligatorio cumplimiento a nivel interno.
De manera, que si cualquier funcionario público, incluido el presidente de la República, se atribuye la calidad de anular una parte de ella, ello implica que todo el ordenamiento jurídico, además del constitucional, quedaría invalidado, porque una parte del texto no puede ser válido cuando se intenta anular aquella que le afecta a quien toma una medida que se puede calificar de ilegal.
Y exactamente esto ha ocurrido con el presidente Luís Abinader que mediante la promulgación de la Ley 13-26 busca anular las candidaturas independientes sobre la base de una medida ilegal y violatoria de la Constitución y de todo el sistema jurídico e institucional de la nación.
En esa lógica si una cosa no es legal a pesar de que así lo dispone el texto constitucional, pues igual ocurre con aquella disposición que permite que la autoridad que así actúa tampoco la tenga y entonces se entraría en un nivel de cuestionamiento general que arruina la credibilidad de todo el sistema.
Y efectivamente en ese plano se ha colocado Abinader, porque no es verdad de que porque sea el jefe del Estado dominicano tiene la calidad para sólo cumplir con aquellas partes del texto constitucional que le convengan y que beneficie sus intereses políticos.
Luce que Abinader no entiende en el embrollo legal en que ha metido el país, cuya palabra en lo inmediato la tiene el TC, pero en cualquier caso también otorga un nivel de participación y decisión importante al derecho convencional e internacional.
Las consecuencias de la torpeza de Luis Abinader con la promulgación de una norma que despoja de la facultad que tiene el Tribunal Constitucional de interpretar de las leyes a través del artículo 47 de la Ley 137-11 para sumarse a las travesuras de los senadores y diputados, que están llenos de miedo más que de vergüenza, coloca a la democracia dominicana en una posición de total falta de credibilidad y que confirma que la Constitución sólo es válida y cumplible cuando así lo entiende el funcionario público, que en este caso no es nada menos que el presidente de la República, quien se ha atrincherado en la ilegalidad para defender lo indefendible.
Abinader podrá tener algún nivel de ingenuidad, pero parece que en su persona pesa más la ignorancia que cualquier otra virtud, lo que pone en peligro la seguridad jurídica e institucional de la sociedad dominicana.
Razones de tipo profundamente culturales y de inversión de valores representan el principal escollo para que en el país surja la figura del “outsider” en función de la necesidad de la política nacional.
Este tipo de personaje ha sido muy común en los procesos electorales de los países suramericanos, principalmente en Ecuador y Perú.
Igual puede decirse que ha ocurrido en México, donde el escenario político y electoral fue monopolizado durante largos años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual llegó a su fin con el triunfo de Manuel López Obrador, quien en ningún momento intentó modificar la Constitución para perpetuarse en el poder.
Sin embargo, la figura del “outsider” ha sido prácticamente difícil que surge en el escenario dominicano por factores que no son tan fáciles de romper con ellos, como aquellos de inversión de valores que han hecho desaparecer la hermandad, la solidaridad y la reciprocidad sustituyéndolos después de la llegada del neoliberalismo salvaje por el chisme, la envidia, el egoísmo y el amor por los asuntos materiales y monetarios.
Estas desviaciones explican de alguna manera el hecho de que el clientelismo tenga tanta fuerza en la sociedad dominicana, donde cualquier candidato a un cargo electivo debe ingeniársela y buscar cantidades significativas de dinero para lograr el triunfo.
El asunto tiene una complejidad que incluso el problema de la creación de un nuevo liderazgo tiene como dique de contención el criterio que prevalece en el ciudadano de que cualquier aspirante que busque su apoyo debe decirle donde está lo suyo, lo cual además tiene el agravante de que todas las personas se consideran con las condiciones hasta para dirigir el Estado, aunque nunca hayan ido a la escuela.
Sin embargo, nadie puede negar que han surgido las evidencias de que el país podría estar a la puerta del nacimiento de un “outsider”, cuya figura tal vez no sea la ideal por las razones expuestas más arriba, pese a que esto queda en manos de los ciudadanos, ya que los partidos políticos tienen un descredito tal que puede llevar a la ruina total a la democracia.
Ahí precisamente está la explicación de la oposición de senadores y diputados a tolerar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), la cual abre la vía de que los ciudadanos, si bien tienen la opción de ir a la administración pública a través de los partidos políticos, pero de igual modo pueden hacerlo mediante lo consignado en el artículo 22, numeral 1, de la Constitución de la República.
De manera, que tras la interpretación del TC existen las vías directa e indirecta para buscar participar en la lucha por el control del Estado, pero que esta visión no es compartida por los partidos políticos por sus altos niveles de descréditos en la sociedad dominicana.
No obstante, la figura de las candidaturas independientes, la cual en español no es otra cosa que el “outsider” ha traído consigo grandes retos para la partidocracia, principalmente para el partido de gobierno, el Revolucionario Moderno, que no sale de una torpeza que cuestiona su verdadera vocación democrática.
Lo que nadie puede poner en duda es de que en país están dadas las condiciones jurídicas, políticas y sociales para que surge la figura del “outsider”, pero todo dependerá de cómo el ciudadano asuma la circunstancia surgida y si realmente está en capacidad de que la política salga del clientelismo para entrar a la racionalidad y la conciencia del voto para construir una mejor sociedad, naturalmente siempre en el marco de una democracia más participativa que representativa, lo cual sólo es posible a través de las candidaturas independientes, no de los partidos políticos.
En el país se desarrolla un debate nacional sobre la decisión tomada por el Congreso Nacional, conformada por diputados y senadores provenientes de los partidos políticos tradicionales, que busca eliminar las candidaturas independientes del sistema electoral nacional.
La ilegalidad de los legisladores choca frontalmente con el mandato de la Constitución de la República que dispone en su artículo 2 y 22 que la soberanía del pueblo dominicano descansa en el ciudadano y es el único que disfruta del derecho de elegir y ser elegido.
Pero en una interpretación distorsionada y negadora del espíritu democrático de la carta magna los partidos políticos a través de sus senadores y diputados, principalmente el Revolucionario Moderno, hoy en el poder, se han empañado en anular las candidaturas independientes que son el resultado en su nueva versión de una interpretación del Tribunal Constitucional en virtud de su facultad otorgada por los artículos 184 y 185 de la ley sustantiva de la nación y el 47 de su ley orgánica, la 137-11.
Los diputados y senadores han pretendido atribuirse una facultad que no tienen de abolir una norma que es el resultado de una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional, olvidándose que, si bien ellos tienen la autoridad de interpretar la constitución en su labor legislativa, pero que la misma no es definitiva ni vinculante, como son aquellas que provienen del TC.
Sin embargo, el Congreso Nacional sostiene su posición en que para introducir las candidaturas independientes en el sistema electoral nacional debe producirse una modificación constitucional, lo cual choca con lo ya decidido por el alto tribunal en torno a la figura, pero además que esa decisión no está en el contexto de la competencia del legislador, sino de la alta corte.
La cuestión toma otra dimensión porque habrá que ver cuál es la decisión del presidente Luis Abinader, ya que el proyecto aprobado para eliminar las candidaturas independientes ahora pasa a su control y del Poder Ejecutivo debe venir una observación o la promulgación de una ley que sería inconstitucional y que entonces devuelve el asunto hacia el propio TC mediante la interposicion de una acción directa de inconstitucionalidad.
De cualquier modo, el proyecto de ley aprobado por ambas cámaras pone en una situación difícil, no sólo a la democracia, sino también a la vida institucional de la nación, ya que lo aprobado en el Congreso Nacional cuestiona la autoridad de un órgano facultado por la Constitución para interpretar las normas e incluso los tratados y convecciones del derecho internacional.
Ahora falta esperar cuál será el próximo paso de un gobierno que no planifica nada y que carece de un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo para que el dominicano cuente con una mejor democracia.
El reto está echado, pero del presidente inclinarse por la promulgación del proyecto dejaría la democracia muy mal parada, incluida su propia legalidad como jefe de Estado y de observarla estaría fortaleciendo la institucionalidad que tanto se cuestiona en el país.
Sólo falta esperar.