Editorial
Una Sociedad Sumergida en el Peor de los Peligros
En la sociedad dominicana todos los caminos parecen conducirla al peor de los peligros, cuya realidad aparece hasta en los escenarios sin ninguna trascendencia, pero también en cuestiones vitales para la convivencia social y moral.
Cada día el dominicano se levanta con la ocurrencia de crímenes por razones delincuenciales, pero también por motivos sin ningún valor, poco entendible, a menos que no se recurra a la crisis ético-moral y socio-económicas que se traga la nación ante la mirada indiferente de aquellos que tienen la misión de manejar el Estado para que la gente no se coma entre si.
Es un drama que va desde la delincuencia de poca monta, hasta la de cuello blanco, pasando por una crisis muy grande de los valares nacionales, sobre todo del sentido de la responsabilidad, donde quedar mal es una virtud, más que un defecto, un orgullo más que una vergüenza.
El cuadro luce tan feo y preocupante que el dominicano está definitivamente atrapado por un malestar que por donde quiera que la gente se mueve cae en un laberinto, cuya solución al problema sólo se observa en el campo de la percepción, la cual es proyectada a través de una retórica política adornada por la mentira y los sofismas.
En la práctica no se observa ninguna solución al problema y la mayoría de la gente no tiene una salida a la vista, entonces se apela al día a día, a la solución fácil, sin tener que trabajar, sin metodología, sin sacrificios y con la incertidumbre de qué será de la comida mañana, dónde encontrarla, porque no existe el trabajo que proviene del empleo.
Es como si nos encamináramos a comernos unos con otros, cuyo salvajismo en tiempos de civilización parece normal para los que viven de la retórica y la percepción, de la venta de unos sueños que no llevan a otra cosa que no sea a la disolución de la sociedad dominicana.
Hoy jueves 15 de junio las principales noticias de los diarios nacionales tienen que ver con el apresamiento en Puerto Rico con un cargamento de drogas de un coronel del Ejercito Nacional y la denuncia de que los colmados y otros establecimientos del país venden alimentos a la población, vencidos, adulterados y falsificados.
Esta última información es sumamente grave, ya que se trata de un referente de lo que pasa en los lugares donde compra alimentos la gente pobre, los colmados, donde se venden quesos hechos en callejones, sin ninguna higiene, como lo demanda el Ministerio de Salud Pública y otras instancias del Estado.
La denuncia explica que en la actualidad en la República Dominicana operan alrededor de 700 lugares donde se fabrican quesos que no tienen ninguna autorización oficial, que además no cuentan con plantas pasteurizadoras para su elaboración, lo cual podría poner en peligro la vida de los consumidores mediante cualquier bacteria que les puede provocar la muerte.
En la actualidad en la República Dominicana sólo hay cuatro o cinco empresas autorizadas por el Estado para producir este producto, lo cual nos proporciona una idea de hasta dónde estamos arropados por la informalidad y la ilegalidad, lo que pone en peligro la salud de todos.
Pero este no es un caso aislado, no lo crea así, arropa toda la sociedad, porque se trata de un problema integral, pasa tanto abajo como arriba de la pirámide social, porque éste es el resultado de un Estado que no está en capacidad de regular y fiscalizar nada, donde no importa cómo se haga el dinero, así sea cortándole la cabeza a su vecino, lo cual es premiado como una gran hazaña y el protagonista de semejante inconducta termina con el recibimiento de un gran reconocimiento como un ciudadano distinguido.
El problema de la sociedad dominicana es tan grave que si saltamos del campo de los alimentos a la medicinas, nos encontramos con el mismo o un cuadro peor, pero no se entiende cómo la gente no ha entrado en pánico colectivo que tenga su clímax con una explosión social.
Es como si no hubiera una salida a la vista, porque la vía para la solución de los problemas es el empoderamiento ciudadano para refundar el Estado, pero habría que preguntarse si la sociedad dominicana está en capacidad de entenderlo, porque de alguna manera la misma también luce gravemente enferma y cansada, sin la capacidad de dar la respuesta que el problema demanda.
De cualquier manera, no se pueden perder las esperanzas y el poquito de gente que entiende el fenómeno debe trabajar para solucionar el problema antes de que sea demasiado tarde.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.