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Crece ola de rechazo al pedido de renuncia a Danilo Medina

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FUNCIONARIOS, LEGISLADORES Y EL PRESIDENTE DE LA JCE DICEN PETICIÓN NO TIENE ASIDERO LEGAL NI JURÍDICO

Aparte. El presidente de la JCE fue claro que no organiza “ese lío”. No procede. El consultor jurídico dice que pedido carece de validez.

Santo Domingo.- El pedido de renuncia al presidente Danilo Medina formulado por un grupo de intelectuales y activistas sociales en un comunicado hecho público el lunes, ha levantado reacciones contrarias de instituciones, funcionarios, legisladores y activistas políticos del país.

Entre las reacciones relevantes están la del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán; el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal; la gobernadora de Santiago, Aura Toribio, así como legisladores principalmente de la bancada del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Ayer, LISTÍN DIARIO publicó un editorial titulado “Rechacemos esa aventura” en el que se opone a ese propósito antidemocrático y anota que “el gobierno del presidente Medina podrá adolecer de fallas y pecados, pero no es ilegítimo ni tampoco se ha ilegitimado”.

Castaños Guzmán pide retirar posición y evitar ridículo popular
El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, pidió ayer a los suscribientes del documento que persigue la renuncia del presidente Danilo Medina, retirar su posición antes de hacer “el ridículo popular”.

Castaños Guzmán advierte a ese grupo que la JCE va “de ley en ley, de constitución en constitución, en la defensa de la institucionalizad democrática”, y que como Presidente de ese organismo jamás se prestará organizar unas elecciones  que surjan del “lío que ellos quieren armar”.

“Esta institución no existe para estar apañando cosas de esa naturaleza y le reiteraría formalmente a los suscribientes de ese documento que se retiren antes de hacer un ridículo popular, que es lo que están haciendo con eso”, precisó el presidente de la JCE.

A través de un comunicado, un  grupo de  intelectuales, académicos y activistas de la República Dominicana pide la renuncia del presidente  Medina, como salida a la crisis que, a su juicio, vive el país.

Un día después de que fuera publicado el comunicado, por lo menos cuatro personas de las que aparecen como firmantes pidieron públicamente ser excluidas de esa lista debido a que no fueron consultadas o no conocían el contenido del documento.

Al respecto, Castaños Guzmán expresó que Medina es un presidente ungido por el pueblo y que quienes atenten contra la institucionalidad democrática les afectará a ellos y  posiblemente   hasta a sus descendientes.

“El presidente Danilo Medina es un presidente ungido por el voto popular, tiene la unción del voto popular que se manifestó en él de una manera incuestionablemente mayoritaria, y cualquier persona que atente contra esa unción está generando una contra reacción y vendrán unas maldiciones tan grandes, si esas personas se salen con la suya, que eso les afectará a ellos y probablemente a sus descendientes también”, expresó el presidente de la JCE.

El titular de la JCE fue enfático al señalar que todo lo que se haga en  materia electoral debe ir en la dirección del respeto a la institucionalidad democrática.

“Por supuesto, que en lo que tiene que ver con Julio César Castaños Guzmán, yo nunca me prestaría como presidente de esta institución a organizar unas elecciones que salgan de un lío de esa naturaleza”, agregó.

Piden ser excluidos
Mientras  personalidades,  funcionarios y dirigentes políticos opinan sobre el documento que busca que el Presidente de la República renuncie, cuatro personas, de las 88 que aparecen como firmantes, han reclamado que se excluya su nombre de la lista, unos porque no fueron consultados y otros porque, a pesar de que autorizaron su firma, no conocieron el contenido del  mismo antes de ser publicado.

El sociólogo César Pérez es una de esas personas. En comunicación con el diario digital Acento.Com. Do,  dice que aunque el documento refleja muchos de sus puntos de vista sobre la presente coyuntura, no comparte la renuncia del presidente Medina.

Otro de los casos es el de Ricardo Ripoll, quien pidió retirar su firma lo antes posible, ya que en su caso hubo un mal entendido con algunos puntos del documento.

Flavio Espinal afirma petición no tiene asidero político ni jurídico
La petición de renuncia  que hacen un grupo de activistas al presidente  Danilo Medina no tiene asidero político ni jurídico, según expresó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.

El funcionario dijo que en el país no hay ninguna crisis política que fundamente ese pedimento, por lo que no existen razones para hacerlo ya que el país goza de estabilidad y gobernabilidad.

“Ese no tiene asidero político, está fuera de lugar, porque no tiene resonancia en sectores de la sociedad, ni remotamente se percibe en el país la existencia de una crisis política, porque el país goza de gobernabilidad y estabilidad, desde el punto de vista político y económico”, agregó.

Espinal indicó que los procedimientos para un cambio de gobierno están claramente establecidos en la Constitución de la República y que a eso se debe que dentro de tres años estén pautadas las elecciones generales en el país.

Agregó que esa será una oportunidad para que los partidos políticos planteen sus candidaturas para optar por ganar puestos como establece el ordenamiento constitucional.

El funcionario precisó  que República Dominicana es un país, que no obstante a  los desafíos en el plano institucional, sus instituciones funcionan y que es una nación con un crecimiento económico, como lo establece una información recién publicada, sobre los países de América Latina, con un crecimiento mayor en la inversión extranjera.

Reconoce el derecho a la libertad de expresión de quienes hacen el  pedimento, pero insistió en que está fuera de lugar, ya que no existe en el país ninguna ruptura del orden constitucional que motive la renuncia del Presidente.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo habló en su despacho con los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional, donde en otro orden,  instó a todos los aspirantes a las altas cortes para llenar los puestos vacantes en la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral, a que sometan sus candidaturas, ya que el plazo vence dentro de una semana.

“El compromiso del Presidente y los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura es de que se haga una elección transparente, en el que se escoja lo mejor y exhortó a los aspirantes a presentar sus candidaturas, cumpliendo con el requisito de llenar el formulario estandarizado, el cual está colocado en la página web de la Presidencia de la Republica”, dijo Espinal.

Gobernadora de Santiago
La gobernadora de Santiago, Aura Toribio, se identificó ayer con el editorial del LISTÍN DIARIO que rechaza la sugerencia de un grupo de intelectuales y activistas del Movimiento de la Marcha Verde para que se abra un nuevo horizonte de lucha promoviendo la idea de que el presidente Medina renuncie y le sustituya un gobierno de transición que convoque a elecciones generales.

“Lo primero que yo pienso es que eso es una petición descabellada y penosa”, dijo Toribio al ser entrevistada al respecto mientras participaba en un recorrido por las instalaciones del Hospital Regional José María Cabral y Báez de Santiago junto al director de la OISOE, Francisco Pagán y otros funcionarios.

listindiario.com

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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.

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Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.

La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.

Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.

El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.

Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.

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Asesino de conductor de camión recolector de basura es apresado en Jamaica.

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Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.

La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.

En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.

Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.

Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.

Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.

El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.

En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.

El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.

Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.

Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.

Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.

Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.

Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.

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Tribunal Constitucional rechaza amparo contra embargo inmobiliario.

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Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.

La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.

La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.

El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.

En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.

Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.

Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.

Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.

El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.

La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.

Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.

El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.

En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.

El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.

Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.

El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.

Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.

También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.

Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medinahermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.

La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.

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