Latinoamericanas
Condenan a Joao y a Mónica a 4 años y medio
IRÁN A PRISIÓN DOMICILIARIA CON DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Sentenciados. Joao Santana y su esposa Mónica Moura recibieron sus condenas ayer por el juez Sergio Moro.
Washington, (EFE/Beatriz Pascual Macías).- El Tribunal Supremo de EE.UU. concedió hoy una victoria al presidente, Donald Trump, al admitir a trámite el caso de su veto migratorio y permitir la entrada en vigor de algunas partes de su iniciativa, destinada a prohibir la entrada de refugiados y nacionales de seis países de mayoría musulmana.
“La decisión unánime de hoy del Tribunal Supremo es una victoria clara para nuestra seguridad nacional”, dijo Trump en un comunicado, difundido por la Casa Blanca.
“Como presidente, no puedo permitir que entre en nuestro país gente que quiere hacernos daño. Quiero a gente que pueda amar a Estados Unidos y a todos sus ciudadanos, y que vayan a trabajar duro y ser productivos”, subrayó Trump, que emitió su veto supuestamente para frenar el terrorismo yihadista.
La decisión de hoy del Tribunal Supremo implica que el Gobierno de Trump podrá negar la entrada al país a cualquier individuo que no pueda probar que tiene familiares en territorio estadounidense o que tiene planes ya establecidos para trabajar o estudiar en organizaciones de Estados Unidos.
Uno de los principales argumentos del Gobierno para imponer su veto fue que países como Siria, Sudán y Yemen no tienen los mecanismos adecuados para examinar a las personas que viajan a EE.UU. y determinar si representan o no una amenaza para el pueblo estadounidense.
En concreto, en un escrito de 13 páginas y que no está firmado por ningún magistrado, el Tribunal Supremo determinó que Trump podrá prohibir el ingreso de los “extranjeros que no tengan ninguna relación genuina con una persona o una entidad de Estados Unidos”.
Por tanto, la decisión de los jueces afecta sobre todo a los refugiados, que por definición están huyendo de sus países de origen y, en teoría, no tienen por qué tener ninguna relación con EE.UU.
La orden ejecutiva de Trump buscaba anular durante 120 días el programa de acogida de refugiados, así como prohibir durante 90 días el ingreso a Estados Unidos de los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, el Yemen y Libia).
De esa forma, solo podrán entrar los refugiados y los nacionales de los seis países musulmanes que puedan demostrar que tienen una relación familiar o profesional con Estados Unidos.
La semana pasada, Trump afirmó que la orden podría entrar en vigor en 72 horas si las cortes levantaban el bloqueo que había impedido su implementación.
Por el momento, el Gobierno de EE.UU. no ha especificado cuándo ejecutará la parte del veto autorizada y el Departamento de Seguridad Nacional se limitó a decir en un comunicado que “dará detalles adicionales sobre su implementación” después de hacer las consultas pertinentes con los departamento de Justicia y de Estado.
“La implementación de la orden ejecutiva se hará profesionalmente, con una notificación clara y hecha con suficiente tiempo, en particular para los viajeros potencialmente afectados y en coordinación con los socios en la industria de viajes”, añadió el Departamento de Seguridad Nacional.
Trump trató de imponer su veto por primera vez el 27 de enero, cuando firmó una orden ejecutiva que entró en vigor de manera inmediata y sembró el caos en aeropuertos de todo el mundo.
Ese veto fue bloqueado por la Justicia y, entonces, el 6 de marzo, Trump firmó una nueva orden que, a diferencia de la anterior, dejaba fuera a los ciudadanos de Irak y modificaba la provisión sobre refugiados sirios al prohibir su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original.
Esa segunda orden nunca llegó a entrar en vigor porque fue bloqueada primero por jueces en Hawai y Maryland y, luego, por el Tribunal de Apelaciones del Distrito Cuarto, en Richmond (Virginia), y el Tribunal del Distrito Noveno, con sede en San Francisco (California).
Estos tribunales de apelaciones, instancia inferior al Supremo, bloquearon la implementación de la orden porque consideraron que podría suponer un abuso de poder del presidente y porque supuestamente discrimina a los musulmanes como minoría religiosa, lo que viola la Constitución de EE.UU.
Frente a esos argumentos, el Gobierno ha defendido en todo momento que el veto fue proclamado dentro de la capacidad que la Constitución otorga al presidente para decidir sobre asuntos de seguridad nacional.
Uno de los principales argumentos del Gobierno para imponer su veto fue que países como Siria, Sudán y Yemen no tienen los mecanismos adecuados para examinar a las personas que viajan a EE.UU. y determinar si representan o no una amenaza para el pueblo estadounidense.
El Tribunal Supremo estudiará la legalidad del veto durante su próximo período judicial, que comienza el primer lunes de octubre de 2017 y terminará en junio de 2018. EFE
Latinoamericanas
Delegación de RD participa en el Foro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles
PANAMÁ.– Una delegación de alto nivel de la República Dominicana, encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, participa en el Foro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C), que reúne en Panamá a autoridades de defensa y seguridad de cerca de 18 países del hemisferio para fortalecer la cooperación regional frente al narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
Junto al ministro Fernández Onofre integran la delegación dominicana el viceministro de Seguridad Interior del Ministerio de Interior y Policía, Edwin Eusebio Féliz Brito; el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto; el director de Inteligencia del Ministerio de Defensa, general de brigada Enrique Armando Aguilera Trujillo, ERD; y el enlace de la República Dominicana para la iniciativa Escudo de las Américas, general de brigada Edgar Tiburcio.
El encuentro, celebrado los días 11 y 12 de agosto, tiene como anfitrión al Gobierno de Panamá y se desarrolla en el contexto de los esfuerzos de cooperación hemisférica impulsados a través de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles.
El foro cuenta con una representación de alto nivel de los Estados Unidos, encabezada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), general Francis Donovan; y la enviada especial de los Estados Unidos para Escudo de las Américas, Kristi Noem, junto a otras autoridades civiles y militares vinculadas a la seguridad y defensa del hemisferio.
La presencia de estas autoridades, junto a ministros de Defensa y Seguridad, jefes militares y responsables de inteligencia de los países participantes, confiere al encuentro un elevado valor estratégico como espacio para establecer mecanismos de coordinación y definir respuestas comunes frente a amenazas que trascienden las fronteras nacionales.
Asimismo, permite posicionar los intereses de seguridad de la República Dominicana dentro de las discusiones hemisféricas y continuar fortaleciendo las capacidades nacionales para la vigilancia y protección de sus espacios terrestre, marítimo y aéreo, particularmente frente al narcotráfico, el tráfico ilícito y otras manifestaciones del crimen organizado.
La participación de la delegación dominicana en el Foro A3C reafirma la disposición del Gobierno dominicano de continuar trabajando junto a sus socios regionales bajo principios de cooperación, coordinación y respeto a la soberanía de los Estados, entendiendo que la seguridad hemisférica requiere esfuerzos compartidos y capacidades cada vez más integradas frente a amenazas comunes.
Bogotá..- Al menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas en Colombia por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el país, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).
Pereira, capital del departamento de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, que se produjo a las 07:34 hora local (12:34 GMT) concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según la información.
La cifra aportada por esa institución solo recoge el desglose de las capitales del país, por lo que el balance no incluye las cifras de muertos y heridos en pueblos y localidades aledañas, que también sufrieron colapsos de edificios y daños en su infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.
En Pereira, además de los 60 fallecidos, hay 16 personas atrapadas en el Megacable (teleférico público), dos edificios colapsados y 15 puntos críticos en los que continúan las labores de rescate, mientras que el aeropuerto internacional Matecaña permanece cerrado por daños en su cubierta.
Agencia EFE
Caracas.- El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace casi un mes en la zona norte de Venezuela ascendió este miércoles a 5.398, después de que las autoridades sumaran 52 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.
Entretanto, el número de heridos se mantiene en 16.740, según el diputado, quien publicó el balance en su cuenta de Telegram.
El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 17.907 personas perdieron sus viviendas, un número que se había mantenido igual desde el pasado 7 de julio y que este martes bajó a 17.265.
De momento, hay 23.335 personas en 107 campamentos transitorios, 213 más que el martes, mientras 128.324 familias han sido atendidas por las autoridades.
Además, este desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el balance oficial, que también registra 1.463 réplicas -58 más respecto al anterior- desde el doble terremoto del pasado 24 de junio.
El lunes, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por el Gobierno a afectados por los terremotos, en un acto que encabezó Delcy Rodríguez junto a su hermano en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.
Las autoridades no ofrecen cifras de desaparecidos, pero la iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’, una web donde se reporta a personas en paradero desconocido tras los terremotos, registra a más de 29.000 a las que no se ha podido contactar.
Según cifras no confirmadas que recibió la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en junio pasado, el número de desaparecidos por los terremotos podría ascender a 50.000.
Víctimas sin identificar están siendo enterradas en varias fosas recientemente abiertas en un cementerio municipal del estado La Guaira, según informaron a EFE varios testigos a principios de este mes.