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Latinoamericanas

Condenan a Joao y a Mónica a 4 años y medio

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IRÁN A PRISIÓN DOMICILIARIA CON DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Sentenciados. Joao Santana y su esposa Mónica Moura recibieron sus condenas ayer por el juez Sergio Moro.

Washington,  (EFE/Beatriz Pascual Macías).- El Tribunal Supremo de EE.UU. concedió hoy una victoria al presidente, Donald Trump, al admitir a trámite el caso de su veto migratorio y permitir la entrada en vigor de algunas partes de su iniciativa, destinada a prohibir la entrada de refugiados y nacionales de seis países de mayoría musulmana.

“La decisión unánime de hoy del Tribunal Supremo es una victoria clara para nuestra seguridad nacional”, dijo Trump en un comunicado, difundido por la Casa Blanca.

“Como presidente, no puedo permitir que entre en nuestro país gente que quiere hacernos daño. Quiero a gente que pueda amar a Estados Unidos y a todos sus ciudadanos, y que vayan a trabajar duro y ser productivos”, subrayó Trump, que emitió su veto supuestamente para frenar el terrorismo yihadista.

La decisión de hoy del Tribunal Supremo implica que el Gobierno de Trump podrá negar la entrada al país a cualquier individuo que no pueda probar que tiene familiares en territorio estadounidense o que tiene planes ya establecidos para trabajar o estudiar en organizaciones de Estados Unidos.

Uno de los principales argumentos del Gobierno para imponer su veto fue que países como Siria, Sudán y Yemen no tienen los mecanismos adecuados para examinar a las personas que viajan a EE.UU. y determinar si representan o no una amenaza para el pueblo estadounidense.

En concreto, en un escrito de 13 páginas y que no está firmado por ningún magistrado, el Tribunal Supremo determinó que Trump podrá prohibir el ingreso de los “extranjeros que no tengan ninguna relación genuina con una persona o una entidad de Estados Unidos”.

Por tanto, la decisión de los jueces afecta sobre todo a los refugiados, que por definición están huyendo de sus países de origen y, en teoría, no tienen por qué tener ninguna relación con EE.UU.

La orden ejecutiva de Trump buscaba anular durante 120 días el programa de acogida de refugiados, así como prohibir durante 90 días el ingreso a Estados Unidos de los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, el Yemen y Libia).

De esa forma, solo podrán entrar los refugiados y los nacionales de los seis países musulmanes que puedan demostrar que tienen una relación familiar o profesional con Estados Unidos.

La semana pasada, Trump afirmó que la orden podría entrar en vigor en 72 horas si las cortes levantaban el bloqueo que había impedido su implementación.

Por el momento, el Gobierno de EE.UU. no ha especificado cuándo ejecutará la parte del veto autorizada y el Departamento de Seguridad Nacional se limitó a decir en un comunicado que “dará detalles adicionales sobre su implementación” después de hacer las consultas pertinentes con los departamento de Justicia y de Estado.

“La implementación de la orden ejecutiva se hará profesionalmente, con una notificación clara y hecha con suficiente tiempo, en particular para los viajeros potencialmente afectados y en coordinación con los socios en la industria de viajes”, añadió el Departamento de Seguridad Nacional.

Trump trató de imponer su veto por primera vez el 27 de enero, cuando firmó una orden ejecutiva que entró en vigor de manera inmediata y sembró el caos en aeropuertos de todo el mundo.

Ese veto fue bloqueado por la Justicia y, entonces, el 6 de marzo, Trump firmó una nueva orden que, a diferencia de la anterior, dejaba fuera a los ciudadanos de Irak y modificaba la provisión sobre refugiados sirios al prohibir su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original.

Esa segunda orden nunca llegó a entrar en vigor porque fue bloqueada primero por jueces en Hawai y Maryland y, luego, por el Tribunal de Apelaciones del Distrito Cuarto, en Richmond (Virginia), y el Tribunal del Distrito Noveno, con sede en San Francisco (California).

Estos tribunales de apelaciones, instancia inferior al Supremo, bloquearon la implementación de la orden porque consideraron que podría suponer un abuso de poder del presidente y porque supuestamente discrimina a los musulmanes como minoría religiosa, lo que viola la Constitución de EE.UU.

Frente a esos argumentos, el Gobierno ha defendido en todo momento que el veto fue proclamado dentro de la capacidad que la Constitución otorga al presidente para decidir sobre asuntos de seguridad nacional.

Uno de los principales argumentos del Gobierno para imponer su veto fue que países como Siria, Sudán y Yemen no tienen los mecanismos adecuados para examinar a las personas que viajan a EE.UU. y determinar si representan o no una amenaza para el pueblo estadounidense.

El Tribunal Supremo estudiará la legalidad del veto durante su próximo período judicial, que comienza el primer lunes de octubre de 2017 y terminará en junio de 2018. EFE

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Haitianos no creen que la ONU logre una solución internacional a crisis de pandillas

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AP

Puerto Príncipe, Haití.-En un momento en que lo mandatarios mundiales reunidos en Naciones Unidas esta semana discuten el futuro de los esfuerzos para frenar a las pandillas que controlan Haití, los haitianos expresan su desesperanza de que una respuesta internacional pueda sofocar la violencia.

Hasta ahora, una fuerza respaldada por la ONU de 400 policías de Kenia y alrededor de dos docenas de agentes jamaicanos ha hecho poco para detener a las pandillas en Haití, que han aterrorizado al país desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

Los mandatarios mundiales han estado discutiendo los próximos pasos en complicados esfuerzos para restaurar el orden en la nación caribeña.

Estados Unidos ha planteado la idea de una fuerza de paz de la ONU, pero la idea se consideró demasiado polémica dados los casos de cólera y abuso sexual que se registraron la última vez que las tropas de Naciones Unidas operaron en Haití.

El despliegue de fuerzas kenianas fue, en parte, para evitar tensiones que podrían desencadenarse con el envío de otra misión de paz de la ONU.

Pero en una visita a Haití del presidente de Kenia, William Ruto, durante el fin de semana —en camino a la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que comenzó el domingo— Ruto se dijo dispuesto a expandir las operaciones de Kenia hasta convertirlas en una misión de paz de la ONU más grande.

Si bien Ruto elogió los logros de las fuerzas kenianas el domingo, un informe reciente de un experto en derechos humanos de Naciones Unidas señaló que la violencia de las pandillas se está extendiendo por todo Haití y que la policía haitiana todavía carece de la “capacidad logística y técnica” para combatir a las pandillas.

La violencia actual ha dejado a haitianos como Mario Canteve, de 39 años, desilusionados por nuevos esfuerzos internacionales para sofocar a las pandillas, afirmando que ya no cree en las promesas de los mandatarios mundiales de que podrán cambiar la situación en la nación azotada por la crisis.

Canteve vende chips para teléfonos móviles y repara aparatos electrónicos en la capital, Puerto Príncipe, cuyo 80% se estima está controlado por pandillas.

Ante la brutal violencia de las pandillas, algunos haitianos han organizado grupos de vigilantes para defenderse.

Moise Jean-Pierre, un profesor de 50 años, recordó misiones pasadas de la ONU en Haití y consideró que tales esfuerzos eran una “pérdida de tiempo”.

“No sería la primera vez que tengamos misiones de la ONU en Haití”, dijo. “¿Qué diferencia habrá?”

Tales opiniones en el lugar hablan de la situación en que se encuentran los mandatarios mundiales que han pasado años buscando una solución más amplia a los problemas de Haití.

El gobierno de Kenia prometió 600 agentes adicionales y se espera que la misión actual de seguridad alcance un total de 2,500 efectivos, y las Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin y Chad también se comprometieron a enviar policías y soldados. Aunque aún no queda claro cuándo sucederá eso.

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Parlamento venezolano rechaza reconocimiento de la Eurocámara a González Urrutia

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Agencia EFE

Caracas.- La Asamblea Nacional de Venezuela (AN), controlada por el chavismo, rechazó este jueves la decisión de la Eurocámara de reconocer a Edmundo González Urrutia, candidato de la mayor coalición opositora, como presidente electo en las elecciones del 28 de julio. El resultado oficial proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.

Durante una sesión transmitida por el canal estatal VTV, la AN condenó «la írrita e ilegítima práctica del Parlamento Europeo de reconocer gobiernos ficticios e ilusorios» y exhortó a respetar «la decisión del pueblo venezolano» que «eligió» a Maduro, un resultado que ha sido cuestionado tanto dentro como fuera del país.

Asimismo, instó a «los europarlamentarios fascistas» a abandonar «la fracasada estrategia neocolonialista» de «cambio de régimen» en Venezuela y pidió que se concentren en «las graves violaciones de derechos humanos que ocurren dentro de sus fronteras».

Por su parte, la diputada Blanca Eekhout, quien presentó el acuerdo, manifestó que «el fascismo pretende desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano», en referencia al resultado oficial de los comicios, que fue calificado de fraudulento por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que respalda a González Urrutia.

El bloque antichavista sostiene que su candidato es el presidente electo, sustentando este reclamo con el «83,5%» de las actas electorales, publicadas en una página web y posteriormente descalificadas como falsas por el Gobierno y la Fiscalía.

Tras el reconocimiento de la Eurocámara, el líder de la PUD, exiliado en Madrid desde el 8 de septiembre, solicitó a la Unión Europea que actúe para que en Venezuela «se haga valer la soberanía expresada en las urnas».

La resolución del Parlamento Europeo, que no es vinculante, fue aprobada con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. También reconoce a María Corina Machado, principal aliada de González Urrutia, como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela.

Maduro fue proclamado presidente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que, a pesar de la insistencia de numerosos países, aún no publica los resultados desagregados por centro de votación, como establece su propia normativa.

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Venezuela solicita orden de captura contra Milei por «robo de avión»; situación similar a la de RD

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Agencias

CARACAS.- La Fiscalía de Venezuela tramita la solicitud de una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei -a quien abrió «una averiguación»-, por el «robo» del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero, informó este miércoles el fiscal general, Tarek William Saab.

La institución «anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes al caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión» también contra la secretaria general de Presidencia de Argentina, Karina Milei, y la ministra de Seguridad del país austral, Patricia Bullrich.

En febrero de este año el Gobierno de Estados Unidos confiscó un avión de carga Boeing de la estatal venezolana Emtrasur, que había sido vendido por una aerolínea iraní sancionada en violación de las leyes federales de control de exportaciones.

El avión de carga, un Boeing 747-300M, partió desde Argentina, donde estaba retenido desde 2022, y aterrizó en un aeropuerto no revelado en la Florida.

Antes de su venta a la estatal venezolana, la aeronave era propiedad de Mahan Air, una compañía a la que Washington señala por su apoyo a las Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, designada por Estados Unidos como una organización terrorista.

Situación en RD
La situación es muy similar a la ocurrida el pasado 2 de septiembre en República Dominicana cuando la justicia dominicana decidió enviar la aeronave a Estados Unidos, a solicitud del Departamento de Justicia de ese país.

El Gobierno de República Dominicana ha negado cualquier responsabilidad directa en la incautación de un avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por orden de las autoridades de Estados Unidos, alegando que todo el proceso se desarrolló en el ámbito de los tribunales, sin intervención de autoridades políticas o de la Fiscalía dominicana.

Según Álvarez, en mayo de este año “el Ministerio Público recibió una solicitud formal de Estados Unidos para inmovilizar la aeronave como parte de una investigación criminal relacionada con actividades de fraude, contrabando y lavado de activos. La aeronave se encontraba en la República Dominicana para fines de mantenimiento debido a la alta calidad de los servicios disponibles en el país. Posteriormente, el 22 de mayo, el Ministerio Público obtuvo una orden judicial de un tribunal competente que autorizó la inmovilización del avión”.

La respuesta de Argentina al proceso de Maduro
El Gobierno de Argentina repudió este miércoles la decisión de la Fiscalía de Venezuela de tramitar la solicitud de una orden de captura contra el presidente, Javier Milei, por el caso del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires desde 2022 y enviado a Estados Unidos en febrero pasado.

«La República Argentina repudia las órdenes de aprehensión dictadas por el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela contra el presidente de la Nación, Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz del incidente del avión de la empresa Emtrasur», dijo la Cancillería argentina en un comunicado.

Según el Gobierno de Milei, «el mencionado caso fue resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional».

«El Gobierno argentino recuerda al régimen venezolano que en la República Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro», añade el comunicado.

En declaraciones transmitidas este miércoles por el canal estatal VTV, el fiscal general, de Venezuela Tarek William Saab, anunció que dos fiscales especializados «se encuentran tramitando la orden de aprehensión» contra Milei, su hermana Karina y Bullrich.

Explicó que, en el caso del avión, que fue «totalmente desmantelado» en Estados Unidos, se incurrió, según la legislación venezolana, en los delitos de «robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir».

Por otra parte, Saab informó de la designación de un «fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes» contra Milei y Bullrich por «las acciones cometidas contra el pueblo argentino» y aseveró que se podría «estar en presencia de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad».

El fiscal, quien llamó «fascista» y «neonazi» a Milei, dijo que en Argentina se aplica un «programa de violencia institucional premeditado» contra su población, por lo que señaló al mandatario argentino como «el violador de derechos humanos más feroz del continente» y como «un peligro brutal para todo el hemisferio».

Este mes, la Cancillería argentina instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a solicitar una orden de detención contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y «otros cabecillas del régimen», ante «el agravamiento de la situación» tras los comicios presidenciales en el país caribeño el 28 de julio.

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