Latinoamericanas
Condenan a Joao y a Mónica a 4 años y medio
IRÁN A PRISIÓN DOMICILIARIA CON DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Sentenciados. Joao Santana y su esposa Mónica Moura recibieron sus condenas ayer por el juez Sergio Moro.
Washington, (EFE/Beatriz Pascual Macías).- El Tribunal Supremo de EE.UU. concedió hoy una victoria al presidente, Donald Trump, al admitir a trámite el caso de su veto migratorio y permitir la entrada en vigor de algunas partes de su iniciativa, destinada a prohibir la entrada de refugiados y nacionales de seis países de mayoría musulmana.
“La decisión unánime de hoy del Tribunal Supremo es una victoria clara para nuestra seguridad nacional”, dijo Trump en un comunicado, difundido por la Casa Blanca.
“Como presidente, no puedo permitir que entre en nuestro país gente que quiere hacernos daño. Quiero a gente que pueda amar a Estados Unidos y a todos sus ciudadanos, y que vayan a trabajar duro y ser productivos”, subrayó Trump, que emitió su veto supuestamente para frenar el terrorismo yihadista.
La decisión de hoy del Tribunal Supremo implica que el Gobierno de Trump podrá negar la entrada al país a cualquier individuo que no pueda probar que tiene familiares en territorio estadounidense o que tiene planes ya establecidos para trabajar o estudiar en organizaciones de Estados Unidos.
Uno de los principales argumentos del Gobierno para imponer su veto fue que países como Siria, Sudán y Yemen no tienen los mecanismos adecuados para examinar a las personas que viajan a EE.UU. y determinar si representan o no una amenaza para el pueblo estadounidense.
En concreto, en un escrito de 13 páginas y que no está firmado por ningún magistrado, el Tribunal Supremo determinó que Trump podrá prohibir el ingreso de los “extranjeros que no tengan ninguna relación genuina con una persona o una entidad de Estados Unidos”.
Por tanto, la decisión de los jueces afecta sobre todo a los refugiados, que por definición están huyendo de sus países de origen y, en teoría, no tienen por qué tener ninguna relación con EE.UU.
La orden ejecutiva de Trump buscaba anular durante 120 días el programa de acogida de refugiados, así como prohibir durante 90 días el ingreso a Estados Unidos de los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, el Yemen y Libia).
De esa forma, solo podrán entrar los refugiados y los nacionales de los seis países musulmanes que puedan demostrar que tienen una relación familiar o profesional con Estados Unidos.
La semana pasada, Trump afirmó que la orden podría entrar en vigor en 72 horas si las cortes levantaban el bloqueo que había impedido su implementación.
Por el momento, el Gobierno de EE.UU. no ha especificado cuándo ejecutará la parte del veto autorizada y el Departamento de Seguridad Nacional se limitó a decir en un comunicado que “dará detalles adicionales sobre su implementación” después de hacer las consultas pertinentes con los departamento de Justicia y de Estado.
“La implementación de la orden ejecutiva se hará profesionalmente, con una notificación clara y hecha con suficiente tiempo, en particular para los viajeros potencialmente afectados y en coordinación con los socios en la industria de viajes”, añadió el Departamento de Seguridad Nacional.
Trump trató de imponer su veto por primera vez el 27 de enero, cuando firmó una orden ejecutiva que entró en vigor de manera inmediata y sembró el caos en aeropuertos de todo el mundo.
Ese veto fue bloqueado por la Justicia y, entonces, el 6 de marzo, Trump firmó una nueva orden que, a diferencia de la anterior, dejaba fuera a los ciudadanos de Irak y modificaba la provisión sobre refugiados sirios al prohibir su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original.
Esa segunda orden nunca llegó a entrar en vigor porque fue bloqueada primero por jueces en Hawai y Maryland y, luego, por el Tribunal de Apelaciones del Distrito Cuarto, en Richmond (Virginia), y el Tribunal del Distrito Noveno, con sede en San Francisco (California).
Estos tribunales de apelaciones, instancia inferior al Supremo, bloquearon la implementación de la orden porque consideraron que podría suponer un abuso de poder del presidente y porque supuestamente discrimina a los musulmanes como minoría religiosa, lo que viola la Constitución de EE.UU.
Frente a esos argumentos, el Gobierno ha defendido en todo momento que el veto fue proclamado dentro de la capacidad que la Constitución otorga al presidente para decidir sobre asuntos de seguridad nacional.
Uno de los principales argumentos del Gobierno para imponer su veto fue que países como Siria, Sudán y Yemen no tienen los mecanismos adecuados para examinar a las personas que viajan a EE.UU. y determinar si representan o no una amenaza para el pueblo estadounidense.
El Tribunal Supremo estudiará la legalidad del veto durante su próximo período judicial, que comienza el primer lunes de octubre de 2017 y terminará en junio de 2018. EFE
Latinoamericanas
Extraditan a ocho colombianos a Estados Unidos, entre ellos un exfutbolista y un cantante
Bogotá, (EFE).- El exfutbolista colombiano Rolan de la Cruz Biojó y otras siete personas, entre ellas un cantante de música vallenata, fueron extraditados a Estados Unidos, donde una corte los requiere por delitos relacionados con narcotráfico, informó este sábado la Policía.
“La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, materializó la entrega de ocho ciudadanos colombianos a autoridades de Estados Unidos, quienes son requeridos por la Corte del Distrito Este de Texas por los delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir”, dijo la institución en un comunicado.
La información detalló que De la Cruz Biojó supuestamente “administraba una empresa de almacenamiento de cítricos, la cual resultó ser una fachada para camuflar cargamentos de cocaína que fueron enviados a EE.UU. a través de Centroamérica”.
Igualmente, en Colombia jugó con Deportivo Cali, América de Cali, Independiente Santa Fe y Deportivo Pasto.
Otro de los extraditados fue Pedro Pablo Guzmán Usma, alias ‘Pelomono’, capturado el 13 de enero de 2024 en Necoclí, departamento de Antioquia (noroeste).
La Policía explicó que Guzmán es “cercano al círculo de la familia de alias ‘Chiquito Malo’”, cuyo verdadero nombre es Jobanis de Jesús Ávila, máximo jefe del Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia.
Según las investigaciones, Guzmán era el dueño de varias entidades comerciales a través de las cuales lavaba dinero del narcotráfico, entre ellas una “dedicada a la financiación y producción de eventos musicales de gran magnitud en el norte del país”.
De Antonio Ballesteros Vecino, alias ‘Toño’, también cercano a alias “Chiquito Malo”, la Policía dijo que supuestamente coordinaba envíos de cocaína a través de lanchas rápidas desde el Golfo de Urabá, pasando por Panamá, Costa Rica, hasta llegar a Estados Unidos.
Del grupo de extraditados también hace parte Ángel Navarro Romero, cantante de música vallenata, quien al “parecer estaba vinculado a una red de narcotráfico que enviaba cargamentos de cocaína a Estados Unidos”, puntualizó la información policial.
Los otros extraditados fueron Darío Córdoba Chaverres, Juan Camilo Pacheco, Fernando López Rivera y Guido Bonilla. EFE
Montevideo.- En el marco de su visita oficial a Uruguay, el presidente Luís Abinader sostuvo hoy una reunión bilateral con el Rey de España, Felipe Vl, en la que abordaron temas de interés común, y pasaron revista a los acontecimientos internacionales que atañen a las dos naciones.
El jefe de Estado dominicano se reunió también con el presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios y el mandatario saliente de Uruguay, Luís Lacalle Pou.
En el encuentro con el presidente paraguayo, discutieron sobre la importancia de mantener y fortalecer las relaciones bilaterales, de oportunidades para ampliar la colaboración entre ambos países e impulsar iniciativas conjuntas en desarrollo económico, infraestructura y cooperación.
Abinader aprovechó para reiterar la invitación, tanto al Rey como al presidente de Paraguay, para la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en diciembre en la República Dominicana.
Con el presidente saliente de Uruguay, el mandatario dominicano sostuvo un encuentro, previo a la ceremonia de cambio de mando, en el que ambos se reiteraron amistad y agradecimiento por la colaboración mutua durante el mandato de Luis Lacalle Pou.
Estos encuentros refuerzan el compromiso de la República Dominicana de mantener relaciones diplomáticas sólidas y colaborativas.
La participación del presidente Abinader en la ceremonia de investidura de Yamandú Orsi subraya la voluntad de su administración de apoyar los procesos democráticos en la región.
En estos encuentros, el presidente Abinader estuvo acompañado por el ex ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión; el embajador dominicano en Uruguay, Fidel Santana; y el senador de la Provincia Santo Domingo, Antonio Taveras.
Agencia EFE
Puerto Príncipe.-La viuda del asesinado presidente de Haití Jovenel Moise, Martine Moise, pidió este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se desclasifiquen los documentos en EE.UU. acerca del magnicidio de su marido, en julio de 2021.
En un mensaje en la red social X, acompañado de una foto en la que aparecen los matrimonios Moise y Trump juntos, Martine Moise escribe: «Por favor, desclasifiquen todos los documentos del FBI (Oficina Federal de Investigación) y del Departamento de Estado relacionados con el asesinato de mi esposo».
La viuda recuerda que Jovenel Moise asumió la presidencia de Haití el 7 de febrero de 2017 tras ganar en las urnas y señala que «emprendió profundas reformas económicas para poner freno a miles de millones de dólares de corrupción embolsados por los oligarcas. Al igual que usted (en referencia a Trump), fue objeto de una campaña coordinada de difamación por sus ambiciosas y audaces reformas. También, al igual que usted, fue objeto de intentos de asesinato».
Jovenel Moise fue torturado y asesinado la madrugada del 7 de julio de 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Pétion-ville por un grupo de mercenarios, 17 de ellos colombianos.
Los hombres fueron acusados de varios delitos, entre ellos asesinato, intento de golpe de Estado y participación en una organización criminal, en un caso con numerosas detenciones y objeto de una compleja investigación internacional.
Según datos verificados por la ONU, al menos 5.626 personas murieron en Haití en 2024 como consecuencia de las acciones de bandas criminales (un millar más que el año anterior), 2.213 resultaron heridas y 1.494 fueron secuestradas.
A mediados de enero, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que el número de desplazados en Haití se ha triplicado en solo un año y ha superado el millón de personas, de los que más de la mitad son niños.