Editorial
Una Comisión sin Autoridad Moral para Determinar nada
El presidente de la República Dominicana creó mediante decreto una comisión para investigar la adjudicación y licitación de la Planta Santa Catalina, la cual está afectada de una serie de cuestionamientos que van desde su presupuesto hasta los supuestos sobornos pagados por la companía beneficiaria.
La Comisión que acaba de rendir su informe sostiene que no hubo ninguna irregularidad en la adjudicación de la obra, cuya empresa beneficiaria fue el Consorcio Estrella, en cuyo consejo de dirección figuraba como vocal, monseñor Agripino Núñez Collado, quien preside la misma.
La Comisión creada por el decreto también incluía como uno de sus miembros al señor César Sánchez, quien acaba de ser sentenciado a cumplir con una medida de coerción de seis meses en la cárcel de Najayo por supuestamente haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
En cualquier país del mundo que se respete frente a los cuestionamientos a la Comisión creada por el presidente Danilo Medina, quien también ha sido seriamente confrontado por lo que parece ser el financiamiento por la misma Odebrecht de su campaña electoral para optar por un segundo mandato presidencial, la misma hubiera quedado disuelta por sospecha legitima.
Sin embargo, la Comisión, presidida por Núñez Collado, quien todo el mundo sabe que mantiene una sociedad con empresarios muy específicos de la ciudad de Santiago, como Manuel Estrella, propietario del Consorcio Estrella, así como con Félix García, quien comparte acciones con el jerarca católico en empresas que manejan una serie de inversiones, como por ejemplo el aeropuerto Cibao, no merece la suficiente credibilidad.
No era de esperarse que una comisión encabezada por Núñez Collado vaya a ofrecer un informe que afecte sus propios intereses en el Consorcio Estrella, empresas que construye conjuntamente con Odebrecht la planta a carbón Santa Catalina.
El diagnostico de la Comisión de Notables deja mucho que desear porque en la misma hay conflictos de intereses y si el Gobierno de Danilo Medina se respetara hubiera disuelto la misma, a fin de no seguir haciendo el ridículo.
Una pregunta que surge ante el informe ofrecido por la Comisión, ¿Cómo es posible que Odebrecht se pase años con una oficina para sobornar funcionarios y legisladores para la adjudicación de obras y que entonces renuncie a esa mala conducta sólo en la planta a carbón San Catalina?.
Es una cuestión que nadie la va a creer, pero además cómo se explica que ODEBRECHT desarrolle todo una cultura de sobornos en la República Dominicana y que luego de una manera inexplicable renuncie a ella para entonces dar precios justos y no pagarle a nadie por la adjudicación de la obra mas importante como lo es Santa Catalina, siempre de acuerdo al informe de la Comisión de Notables, encabezada por Núñez Collado.
Decisiones como las tomadas por el presidente Danilo Medina en lo que respecta a la investigación de la adjudicación y licitación de la planta a carbón Santa Catalina son de las cosas que matan la credibilidad del Gobierno y que además explican la malversación o robo de los dineros del erario sin un régimen de consecuencias.
Con el informe de la Comisión de Notables queda claro que Odebrecht no bien pisó los terrenos donde sería construida Santa Catalina se olvidó de sus métodos corruptos y de compra de legisladores y funcionarios públicos y a partir de ahí se convirtió en una angelita que no rompe un plato y que abandona su política de corrupción.
De igual modo, quién podrá creer que la empresa socia en la República Dominicana de ODEBRECHT, Consorcio Estrella, de la cual forma parte Núñez Collado, se ha manejado limpiamente en medio de tremendo lodazal sin enlodarse.
El informe de la Comisión de Notables debe ser desestimado y crear otro mecanismo con menos conflictos de intereses y con personalidades de la vida académica y social que pueda determinar la realidad de lo ocurrido, no importa quién caiga.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.