Editorial
Una Comisión sin Autoridad Moral para Determinar nada
El presidente de la República Dominicana creó mediante decreto una comisión para investigar la adjudicación y licitación de la Planta Santa Catalina, la cual está afectada de una serie de cuestionamientos que van desde su presupuesto hasta los supuestos sobornos pagados por la companía beneficiaria.
La Comisión que acaba de rendir su informe sostiene que no hubo ninguna irregularidad en la adjudicación de la obra, cuya empresa beneficiaria fue el Consorcio Estrella, en cuyo consejo de dirección figuraba como vocal, monseñor Agripino Núñez Collado, quien preside la misma.
La Comisión creada por el decreto también incluía como uno de sus miembros al señor César Sánchez, quien acaba de ser sentenciado a cumplir con una medida de coerción de seis meses en la cárcel de Najayo por supuestamente haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
En cualquier país del mundo que se respete frente a los cuestionamientos a la Comisión creada por el presidente Danilo Medina, quien también ha sido seriamente confrontado por lo que parece ser el financiamiento por la misma Odebrecht de su campaña electoral para optar por un segundo mandato presidencial, la misma hubiera quedado disuelta por sospecha legitima.
Sin embargo, la Comisión, presidida por Núñez Collado, quien todo el mundo sabe que mantiene una sociedad con empresarios muy específicos de la ciudad de Santiago, como Manuel Estrella, propietario del Consorcio Estrella, así como con Félix García, quien comparte acciones con el jerarca católico en empresas que manejan una serie de inversiones, como por ejemplo el aeropuerto Cibao, no merece la suficiente credibilidad.
No era de esperarse que una comisión encabezada por Núñez Collado vaya a ofrecer un informe que afecte sus propios intereses en el Consorcio Estrella, empresas que construye conjuntamente con Odebrecht la planta a carbón Santa Catalina.
El diagnostico de la Comisión de Notables deja mucho que desear porque en la misma hay conflictos de intereses y si el Gobierno de Danilo Medina se respetara hubiera disuelto la misma, a fin de no seguir haciendo el ridículo.
Una pregunta que surge ante el informe ofrecido por la Comisión, ¿Cómo es posible que Odebrecht se pase años con una oficina para sobornar funcionarios y legisladores para la adjudicación de obras y que entonces renuncie a esa mala conducta sólo en la planta a carbón San Catalina?.
Es una cuestión que nadie la va a creer, pero además cómo se explica que ODEBRECHT desarrolle todo una cultura de sobornos en la República Dominicana y que luego de una manera inexplicable renuncie a ella para entonces dar precios justos y no pagarle a nadie por la adjudicación de la obra mas importante como lo es Santa Catalina, siempre de acuerdo al informe de la Comisión de Notables, encabezada por Núñez Collado.
Decisiones como las tomadas por el presidente Danilo Medina en lo que respecta a la investigación de la adjudicación y licitación de la planta a carbón Santa Catalina son de las cosas que matan la credibilidad del Gobierno y que además explican la malversación o robo de los dineros del erario sin un régimen de consecuencias.
Con el informe de la Comisión de Notables queda claro que Odebrecht no bien pisó los terrenos donde sería construida Santa Catalina se olvidó de sus métodos corruptos y de compra de legisladores y funcionarios públicos y a partir de ahí se convirtió en una angelita que no rompe un plato y que abandona su política de corrupción.
De igual modo, quién podrá creer que la empresa socia en la República Dominicana de ODEBRECHT, Consorcio Estrella, de la cual forma parte Núñez Collado, se ha manejado limpiamente en medio de tremendo lodazal sin enlodarse.
El informe de la Comisión de Notables debe ser desestimado y crear otro mecanismo con menos conflictos de intereses y con personalidades de la vida académica y social que pueda determinar la realidad de lo ocurrido, no importa quién caiga.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.