Editorial
Una Comisión sin Autoridad Moral para Determinar nada
El presidente de la República Dominicana creó mediante decreto una comisión para investigar la adjudicación y licitación de la Planta Santa Catalina, la cual está afectada de una serie de cuestionamientos que van desde su presupuesto hasta los supuestos sobornos pagados por la companía beneficiaria.
La Comisión que acaba de rendir su informe sostiene que no hubo ninguna irregularidad en la adjudicación de la obra, cuya empresa beneficiaria fue el Consorcio Estrella, en cuyo consejo de dirección figuraba como vocal, monseñor Agripino Núñez Collado, quien preside la misma.
La Comisión creada por el decreto también incluía como uno de sus miembros al señor César Sánchez, quien acaba de ser sentenciado a cumplir con una medida de coerción de seis meses en la cárcel de Najayo por supuestamente haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
En cualquier país del mundo que se respete frente a los cuestionamientos a la Comisión creada por el presidente Danilo Medina, quien también ha sido seriamente confrontado por lo que parece ser el financiamiento por la misma Odebrecht de su campaña electoral para optar por un segundo mandato presidencial, la misma hubiera quedado disuelta por sospecha legitima.
Sin embargo, la Comisión, presidida por Núñez Collado, quien todo el mundo sabe que mantiene una sociedad con empresarios muy específicos de la ciudad de Santiago, como Manuel Estrella, propietario del Consorcio Estrella, así como con Félix García, quien comparte acciones con el jerarca católico en empresas que manejan una serie de inversiones, como por ejemplo el aeropuerto Cibao, no merece la suficiente credibilidad.
No era de esperarse que una comisión encabezada por Núñez Collado vaya a ofrecer un informe que afecte sus propios intereses en el Consorcio Estrella, empresas que construye conjuntamente con Odebrecht la planta a carbón Santa Catalina.
El diagnostico de la Comisión de Notables deja mucho que desear porque en la misma hay conflictos de intereses y si el Gobierno de Danilo Medina se respetara hubiera disuelto la misma, a fin de no seguir haciendo el ridículo.
Una pregunta que surge ante el informe ofrecido por la Comisión, ¿Cómo es posible que Odebrecht se pase años con una oficina para sobornar funcionarios y legisladores para la adjudicación de obras y que entonces renuncie a esa mala conducta sólo en la planta a carbón San Catalina?.
Es una cuestión que nadie la va a creer, pero además cómo se explica que ODEBRECHT desarrolle todo una cultura de sobornos en la República Dominicana y que luego de una manera inexplicable renuncie a ella para entonces dar precios justos y no pagarle a nadie por la adjudicación de la obra mas importante como lo es Santa Catalina, siempre de acuerdo al informe de la Comisión de Notables, encabezada por Núñez Collado.
Decisiones como las tomadas por el presidente Danilo Medina en lo que respecta a la investigación de la adjudicación y licitación de la planta a carbón Santa Catalina son de las cosas que matan la credibilidad del Gobierno y que además explican la malversación o robo de los dineros del erario sin un régimen de consecuencias.
Con el informe de la Comisión de Notables queda claro que Odebrecht no bien pisó los terrenos donde sería construida Santa Catalina se olvidó de sus métodos corruptos y de compra de legisladores y funcionarios públicos y a partir de ahí se convirtió en una angelita que no rompe un plato y que abandona su política de corrupción.
De igual modo, quién podrá creer que la empresa socia en la República Dominicana de ODEBRECHT, Consorcio Estrella, de la cual forma parte Núñez Collado, se ha manejado limpiamente en medio de tremendo lodazal sin enlodarse.
El informe de la Comisión de Notables debe ser desestimado y crear otro mecanismo con menos conflictos de intereses y con personalidades de la vida académica y social que pueda determinar la realidad de lo ocurrido, no importa quién caiga.
Sin pretender quitarle importancia al derecho, valor y principio de igualdad, porque se supone que todos somos iguales ante la ley, pero la transferencia de los liderazgos políticos en el país es motivo de una gran preocupación.
En los actuales momentos la democracia nacional está en crisis y cualquiera sin un ápice de buenas intenciones puede convertirse en un líder nacional, porque esas son de las cosas que ocurren cuando un país llega al fondo en lo que respecta a los valores.
La República Dominicana atraviesa por ese trance, ya que hay una famosa expresión que dice que una gota de agua cae tanto en el mismo lugar hasta que hace un hoyo.
Exactamente eso ha ocurrido en el país, dado que ha sido tanta la corrupción y las acciones antijurídicas y anti morales, así como anti éticas que ya la gente parece haberse cansado.
Es de tal magnitud el problema que los funcionarios públicos que provienen de la partidocracia no se conforman con sustraer (50) cincuenta ó (100,000,000.00) cien millones de pesos, sino miles, cuyos mejores ejemplos son encontrados en los casos que están a punto de caer en prescripción extintiva porque ya van a cumplir 4 años de haberse iniciado.
Pero no es solo ese el problema, sino que la partidocracia ahora quiere perpetuar ese mal con dejar como herencia la administración del patrimonio público a sus esposas, hijos y nietos, principales beneficiarios de la sustracción del dinero del Estado.
Los herederos de la partidocracia ya están muy activos en la vida nacional y sólo esperan que sus padres y madres envejezcan para entonces ellos tomar las riendas del Estado para que continúe la fiesta de la que no participa el pueblo dominicano.
El fin de esa interminable parranda solo se llegará si la ciudadanía toma el toro por los cuernos e incluso impide que en el campo de la política partidista las cosas se manejen como si se tratara de una herencia proveniente de la determinación de herederos establecida para cuando el de cujus ha dejado bienes que sus legítimos herederos son sus hijos y nietos.
La partidocracia busca prolongar sus ilegales acciones hasta los más lejanos de sus herederos, mientras el pueblo dominicano no tiene derecho a la salud, la educación y una vivienda digna.
El momento parece haber llegado para decir basta ya y plantear una nueva regla del juego con la entrada de una forma diferente la figura de las candidaturas independientes, la cual parece representar una amenaza para que sobreviva el Estado Social Democrático y de Derecho, dado que algunos de los representantes de la partidocracia ya pretenden atentar hasta en contra de la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Lo primero que debe establecerse es que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes representa un paso vital para convertir la democracia nacional en más participativa.
Esta decisión del TC, quiérase o no, permite que el ciudadano se empodere y si lo hace correctamente podría detener la debacle que han impuesto en la sociedad dominicana los partidos políticos, cuya principal misión es promover anti-valores.
Ante los argumentos de la partidocracia, habría necesariamente que preguntarse y si ellos están tan bien como dicen, por qué tanto miedo con las candidaturas independientes, sobre todo si se entiende que si esta figura jurídica no es aprovechada por ahí podría ser que no venga nada nuevo y que en segundo lugar pueda servir para traer algo peor de lo que tenemos.
Entonces, si es verdad que se trabaja en favor de la sociedad, se impone que no se exhiba tanto miedo, porque si consideran que hacen lo correcto, pues no deben preocuparse.
Es un verdadero contrasentido muchas de las cosas que se dicen, porque si fuera algo que verdaderamente reviste tanto peligro, lo que procede es desmontar su importancia con argumentos con lógicos y despojados de todo mal razonamiento.
En una sociedad cimentada en antivalores no es fácil lograr cambios importantes, pero si la herramienta existe podría venir la reformación integral del Estado dominicano.
Las candidaturas independientes son una tabla de salvación nacional de una sociedad en la que ya no cabe más corrupción, contaminada de los pies hasta la cabeza y lo contrario.
Ahora falta que el ciudadano, vale decir la mayoría de ellos, se despoje de ese fanatismo que tradicionalmente lo ha cegado en favor del partidarismo, a fin de asumir con la toda la responsabilidad posible esta nueva figura que podría cambiar totalmente el escenario político nacional.
Hace falta que todos nos armemos de coraje y vayamos al Congreso Nacional a defender en las vistas públicas que habrán de anunciarse sobre las candidaturas independientes, ya que no hacerlo sería apostar al fracaso de la sociedad dominicana.
Que se entienda que la pelea está echada y que nadie detendrá las aspiraciones de los amplios sectores de la vida nacional de tener un país mejor, ya no soportan más corrupción y la negación de derechos, principios y valores constitucionales.
Lo que debe prevalecer en el ánimo nacional es darle vigencia al Estado Social Democrático y de Derecho, a los fines de que prevalezcan los deseos sanos y de verdaderos cambios del pueblo dominicano por una sociedad mejor.
El periódico La República ha vivido de cerca la desgracia que ocurre con la falta de credibilidad del Ministerio Público, principalmente en Santiago, aunque el fenómeno es general, es decir, a nivel de todo el territorio nacional.
El problema de este órgano del Estado, persecutor del crimen y el delito, es más complejo y profundo de lo que cualquiera pueda pensar.
Este periódico lo ha vivido en carne propia, lo cual ha provocado que haya presentado ante el Tribunal Superior Administrativo varios recursos de amparos de cumplimiento tras ser víctimas de no menos de diez ataques de delincuentes que se mueven en diferentes escenarios y cuya respuesta del órgano ha sido su falta por acción o omisión.
Y este diario reitera que está consciente de que por la violación de derechos fundamentales del Ministerio Publico el país está frente a un asunto de una dimensión que podría lesionar y comprometer seriamente la responsabilidad civil y penal del Estado, principalmente frente al derecho internacional.
Se puede proclamar a todo pulmón que, si bien la judicatura no está libre de culpas, lo cierto es que lo del Ministerio Público representa una crisis de magnitudes muy peligrosas para el Estado y la sociedad.
En virtud de este escenario la escogencia de un nuevo procurador general de la República es una oportunidad para desviar el camino tomado por un órgano tan importante como el Ministerio Público, pero en el que nadie cree.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el propio presidente de la República tienen ahora la oportunidad de iniciar un proceso de saneamiento de este órgano del Estado con la escogencia de una figura como Melton Ray Guevara que viene de una gran labor en el proceso de constitucionalización que vive el país.
En opinión de este periódico es la mejor opción de todas, no sólo por su formación en derecho constitucional, principal dolencia del Ministerio Público, sino porque, sin lugar a dudas, es una persona metódica y disciplinada en el desempeño de funciones públicas.
Es una oportunidad que no debe desperdiciarse para enderezar un órgano como el Ministerio Público que tiene como función perseguir el crimen y el delito y su principal debilidad consiste en que su personal camina al margen del respeto de los derechos fundamentales.
Si se escoge a una persona como Ray Guevara como procurador general de la Republica es muy probable que su gestión trascienda históricamente y que los resultados sean el fortalecimiento de la persecución penal y una notable mejoría en lo que respecta al respeto de los derechos fundamentales que debe garantizar el Estado.