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Sigue a las 9:30 de la mañana apelación de los imputados por el caso Odebrecht
SANTO DOMINGO. La Segunda Sala o Sala Penal, de la Suprema Corte de Justicia aplazó para las 9:30 de la mañana de este viernes el conocimiento de los recursos de apelación a la prisión preventiva, arresto domiciliario, impedimento de salida del país y pago de una fianza, que dictó el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, a 10 de los 13 imputados por el caso Odebrecht.
El tribunal presidido por Miriam Germán Brito, quien antes de iniciar la audiencia admitió que se apresuró y cometió un error al solicitar al presidente de la Suprema Corte, Mariano Germán Mejía, no tomarla en cuenta para el caso Odebrecht a firmando que su amistad con uno de los imputados no influirá en su decisión, fijó un calendario de audiencias hasta el sábado, de ser necesario.
Los acusados de presuntamente haber sido beneficiarios de los US$92 millones pagados como sobornos por la multinacional para ser favorecida con obras del Estado, solicitaron anular la resolución del magistrado Ortega Polanco ordenando la libertad pura y simple, y en caso contrario, variar la prisión preventiva y el arresto domiciliario por otra de las medidas de coerción establecidas en el Código Procesal Penal.
“Les pido disculpas por una reacción apresurada ante afirmaciones mal intencionadas. Mantengo con el procesado Víctor Díaz Rúa una no negada amistad, pero la amistad no es lo que el código pone como causa de inhibición ni de recusación. Incluso si esa amistad no me condicionó a mí cuando él tuvo un proceso para opinar contrario a lo que fueron los intereses”, expresó Germán Brito.
Los abogados del presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Andrés Bautista, fueron los que primero expusieron los argumentos que sustentan el recurso de apelación a la prisión preventiva que cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.
Entre sus argumentos figuran, primero; la libertad de su cliente por vencimiento del plazo establecido por la ley para fijar la audiencia, lo que fue rechazado por el tribunal, basado en que dicha jurisdicción no tiene oficina de atención permanente y que aunque el recurso fue depositado el 28 de junio, fue el día 29 a las 3:40 de la tarde que la secretaría de la cámara Penal fue apoderada del expediente, y procedieron a fijar audiencia el 30 del mismo mes.
La defensa dijo que el juez Ortega Polanco no hizo una correcta valoración del caso, que la decisión carece de motivación, y que impuso dicha medida respondiendo a presiones sociales, cuando, según explicaron, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la gravedad del hecho no es motivo suficiente para dictar prisión.
También que el juez cometió prevaricación, al presuntamente endilgar a Bautista haber violentado la ley al aceptar sobornos para seis obras públicas cuando el Ministerio Público sólo hace referencia a tres.
Pidió, además, la nulidad del arresto, debido a que la Procuraduría General de la República vulneró derechos fundamentales de los imputados, al difundir en los medios de comunicación el video de los arrestos.
La defensa del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, señaló al tribunal que la decisión del juez fue manipulada y desproporcionada, ya que no hubo igualdad en el trato a los procesados. Y que, además, las delaciones premiadas son una base para iniciar una investigación.
Añadió que el magistrado no hizo una correcta valoración de los hechos, y no motivó la resolución, pese a que el Tribunal Constitucional ha establecido como jurisprudencia que los jueces deben incluir suficiente motivación de las razones, concretas de sus decisiones porque las partes tienen derecho a que se les explique.
Describió, asimismo, que aunque el juez reconoció que no había peligro de fuga y que había arraigo para imponer una medida de coerción menos gravosa, se basó en la gravedad del hecho y el daño social para imponer prisión preventiva.
El exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Máximo De Óleo, basó sus argumentos en “los seis párrafos” en que se habla de él en el expediente, explicando que en el tiempo en que se ejecutó la hidroeléctrica Pinalito, él ya no era funcionario público.
Dijo que el Ministerio Público en su instancia señala que él habría influido en la ejecución del proyecto amparado en las declaraciones del brasileño Héctor De Abreu Q., las cuales presuntamente no fueron incorporadas.
Este viernes continúa el proceso con las exposiciones de los abogados defensores de los imputados Conrado Pitaluga, César Sánchez, Radhamés Segura y Ángel Rondón.
“Mantengo con el procesado Víctor Díaz Rúa una no negada amistad, pero la amistad no es lo que el código pone como causa de inhibición.
Mirian Germán Brito
Presidenta tribunal
“El juez sólo otorgó valor a las pruebas del Ministerio Público e hizo una valoración errada de las pruebas que presentó esta defensa”
Manuel A. Rodríguez
Abogado Temo Montás
De los tres legisladores a los que se les impuso coerción, el diputado Alfredo Pacheco, fue el único que presentó apelación a la resolución del juez Ortega Polanco. Julio César Valentín y Tommy Galán no apelaron. Entre los argumentos de la defensa de Pacheco, está que el juez hizo una mala interpretación, y que no se le debió imponer la medida de coerción porque el Ministerio Público sólo pidió 18 meses de prisión preventiva y al él gozar de inmunidad parlamentaria, no se le podía imponer esa medida, por lo que el juez no debió imponerle ninguna. Entre las conclusiones presentadas argumentaron que Pacheco no se sustraerá del proceso porque podría ser sometido a juicio político y perder su investidura.
diariolibre.com
Santo Domingo.- Viajará esta semana a la ciudad de Washington el presidente Abinader para recibir el premio Chairman’s Award for Leadership in the Americas y además interverndrá como orador en la 54 Conferencia Anual de Washington sobre las Américas.
El premio es otorgado por el Consejo de las Américas, el cual afirmó que el líder dominicano ha trabajado para promover la seguridad regional, apoyar la democracia y luchar contra la corrupción desde que asumió la presidencia en 2020.
El acto tendrá lugar este miércoles 8 de mayo en la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA.
El mandatario viajará acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje; los ministros, de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; de Hacienda, José Manuel Vicente; de Economía, Pavel Isa; sus asistentes, Eilyn Beltrán y Lourdes Herrera, el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), Jimmy Arias; Julio Eduardo Díaz Sosa.
También, se unirá a la delegación la embajadora dominicana en Washington, Sonia Guzmán; y el director de prensa del Presidente, Daniel García Archibald.
Este reconocimiento se otorga a funcionarios elegidos democráticamente que hayan demostrado un compromiso excepcional con el Hemisferio Oeste.
El Chairman’s Award for Leadership in the Americas se ha entregado en el pasado a otros líderes de la región, entre ellos Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos en 2022; Bill Cassidy, Senador de Estados Unidos en 2021; y Marco Rubio, Senador de Estados Unidos en 2019.
La Conferencia Anual de Washington sobre las Américas es el principal evento sobre la región, en la que cada año funcionarios del más alto nivel hablan sobre temas críticos como el comercio, la democracia, la energía y más. También ofrece a los participantes la oportunidad de interactuar con líderes empresariales y políticos, miembros de la comunidad diplomática e invitados especiales de todo el hemisferio.
Sánchez Ramírez, RD.- Una solicitud de medida de coerción fue depositada este lunes por el Ministerio Público, consistente en prisión preventiva en contra de un empleado de la Fiscalía de Cotuí, a quien le imputa la sustracción de evidencia.
La solicitud de medida de coerción fue depositada ante la Oficina de Atención Permanente de Sánchez Ramírez, por la fiscal titular de esta jurisdicción, Juana María Hernández Tavarez, en contra de Enmanuel Antonio Suarez Álvarez.
La investigación del Ministerio Público inició cuando un imputado, que fue absuelto por el Tribunal Colegiado de este distrito judicial de la acusación que pesaba en su contra, solicitó al órgano persecutor la devolución la suma de US 1,200.00 dólares americanos y RD$53,950.00 pesos en efectivo, los cuales le habían sido retenidos el día de su arresto.
Al ser cuestionado sobre lo ocurrido, Suarez Álvarez, quien fue el encargado de hacer dicho depósito, explicó que fue a realizar la transacción al banco en la cuenta de la Procuraduría General de la República, y que cuando estaba en la fila para dicho depósito, se le presentó una situación y dejó a una supuesta persona de su confianza, que se encontraba en el banco, haciendo el depósito y salió del lugar, y dos días después recibió de esa persona los recibos de depósito y lo agregó al expediente, sin notar ninguna supuesta irregularidad.
Luego de esto, indicó que desde Procuraduría, a través de las vías correspondientes, llamó a la Fiscalía de Cotuí y les informó que el expediente se lo habían devuelto de tesorería, porque verificaron los estados de cuenta y ese dinero no aparecía depositado en la cuenta de la institución persecutora del delito, por lo que al enterarse, procedió a llamar a su amigo, quien supuestamente había hecho el depósito del dinero, y este le dijo que había tenido un problema muy grave y se vio en la necesidad de utilizar el dinero y alterar los recibos.
El imputado, también precisó en su declaración, que al escuchar eso y, además, tratándose de una persona de su confianza, se asustó y se alteró, manifestándole que, si él no sabía la magnitud del problema en que lo había metido, ya que ese expediente había sido enviado a la Procuraduría para proceder a la devolución, ahí esa persona viendo la preocupación del imputado, decidió buscarle el dinero, el cual dijo entregó a su dueño, para quitárselo de arriba, debido a que “el ruido que se había creado le podría traer problemas en la Fiscalía”
Ante los hechos, el Ministerio Público le ha otorgado de manera provisional calificación jurídica que castiga los artículos 147, 148, 379 y 386-3, del Código Penal Dominicano, por falsificación, robo y fraude.
Santo Domingo, R.D,-Los funcionarios del Gobierno de Luis Abinader fueron llamados por la Junta Central Electoral (JCE) a suspender la entrega de bonos económicos, «publicidad que promueven candidatos directa o indirectamente» y cualquier beneficio especial a la población en los 13 días que faltan para la realización de las Elecciones Presidenciales y Congresuales.
Esta prohibición solo es un recordatorio por parte de la Junta para el gobierno central, al indicar este lunes en un comunicado que la Constitución en su artículo 211, la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 20-23 (art. 210 y 211) y la Resolución No. 38-2023 de fecha 15 de agosto de 2023 regula la participación de funcionarios públicos en el periodo de la campaña electoral y le ordena la suspensión de actividades tales como la ejecución de planes de apoyo social o comunitario extraordinarios a cargo de las instituciones públicas.
Además, no pueden otorgar bonos económicos, la tarjetas y beneficios especiales en favor de personas bajo cualquier modalidad, tampoco pensiones.
Las instituciones gubernamentales no pueden aumentar su nómina en este proceso, tampoco colocar publicidad que contenga elementos que promuevan directa o indirectamente a candidatos que estén compitiendo en los niveles de elección que se disputarán en las elecciones.
Está prohibida cualquier tipo de propaganda política en los edificios gubernamentales.
El órgano electoral indicó que estas medidas buscan garantizar la equidad en la contienda electoral y procurar que todos los candidatos, sin importar su bandería política, puedan competir con iguales condiciones.
Campaña electoral
La campaña electoral para las Elecciones Presidenciales y Congresuales comenzó oficialmente el pasado 8 de marzo y culmina el 15 de mayo.
El próximo domingo 19 de mayo los dominicanos hábiles para votar elegirán a un presidente, un vicepresidente, 32 senadores y 190 diputados, que incluyen a siete de ultramar y a cinco diputados nacionales. También se elegirán 20 diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).