Opinión
El salario: ¡alguien se queda con lo que no le corresponde!
Por: Miguel Ceara Hatton
El salario es y ha sido el precio de ajuste de la economía desde que se registran cifras macroeconómicas. Aunque esta función la ha asumido bajo diferentes circunstancias y diferentes lógicas de acumulación.
Para entender este rol hay que explicar la mecánica de distribución del ingreso, es decir, la definición como categorías de análisis económico del salario y la ganancia, así como explicar su nivel y movimiento.
Dos teorías explican el salario y la ganancia
Hay dos grandes corrientes de pensamiento que definen, explican las reglas del movimiento del salario y la ganancia.
La teoría económica convencional o neoclásica habla de factores de producción, de individuos y no de sociedad, de competencia perfecta, de uso óptimo de recursos y de una tendencia al pleno empleo de esos recursos. En ese contexto se explica la retribución a cada factor productivo por su aporte al producto total (la teoría de la productividad marginal). Por lo tanto, el salario es independiente de la ganancia y viceversa, ya que los niveles de ambos se definen a partir de una “relación técnica” de manera que si varía el aporte al producto de un factor (por ejemplo, la productividad marginal del trabajo), se modifica el precio de ese factor y los precios del bien final, dejando igual la retribución de los otros factores (ganancia). En este enfoque el nivel de empleo y el salario se determinan en el mercado de trabajo por la oferta y demanda de empleos. El desempleo se asocia a un salario real elevado que el mercado puede corregir si hay flexibilidad de salario.
La teoría neoclásica considera la posibilidad de una desviación momentánea de esta regla, es decir, que un factor reciba más o menos que su aporte marginal al producto total, pero ello es momentáneo porque la competencia llevaría a que los factores productivos se muevan entre actividades económicas buscando la mayor retribución hasta un punto en donde el salario y la ganancia serían más o menos los mismos en toda la economía.
La otra teoría está asociada al pensamiento económico clásico y las escuelas económicas que se definen como heterodoxas, las cuales argumentan que no existe ningún mecanismo “automático” en la economía para alcanzar pleno empleo, de manera que la economía se ocupa de estudiar la forma de cómo se multiplica la producción material, cómo se distribuye el ingreso y en dónde se acumula el capital. Para este enfoque el salario se establece a partir de un mínimo que garantiza un cierto nivel de reproducción (por ejemplo, el salario mínimo) y se regula por la fuerza o capacidad de negociación de los trabajadores (dado el nivel de desempleo).
La ganancia se define como un excedente determinado por la diferencia entre el salario y el valor de lo producido, de manera que salario y ganancia son interdependientes. Una variación del salario se refleja básicamente en la ganancia (y viceversa) y los cambios en la distribución del ingreso se producen a través del ajuste en el producto. Los precios se fijan por el costo primo (salarios y materias primas) más un sobreprecio (mark-up) que refleje el grado de monopolio de las empresas.
En resumen, la distribución del ingreso (el nivel del salario y la ganancia) se explica por las fuerzas de cada colectivo social para reivindicar su participación en el producto o ingreso. Además, en este enfoque, el empleo depende del nivel y estructura de la demanda agregada en el corto plazo y largo plazo (gasto autónomo: exportaciones, inversión)
¿Qué ha pasado en RD ?
Sobre la base de la segunda línea de argumentación es que se puede afirmar que el salario real ha sido el precio de ajuste de la economía. Todos los demás precios de la economía aumentan (tipo de cambio, la tasa de interés, el precio de la energía, la ineficiencia del Estado, el transporte, etc.) menos el salario que se convierte en el precio de ajuste para mantener la masa y tasa de ganancia.
En el gráfico que acompaña estas notas, aparece el índice de salario mínimo legal real desde 1930 a 2017 y se observa que el poder acquisito promedio no supera el 72% del nivel más elevado en la transición postrujillista, manteniéndose bajo por diferentes lógicas
En efecto, durante la dictadura fue para favorecer la acumulación de capital de Trujillo y sus allegados mientras que en la transición postrujillista se desataron grandes fuerzas sociales que empujaron hacia arriba el salario mínimo legal alcanzando los niveles más elevados en casi 9 décadas (1930-2017).
En la etapa siguiente de sustitución de importaciones financiado por las exportaciones tradicionales se elaboró una estrategia de políticas públicas para favorecer la acumulación industrial urbana (1969-1981) que situó el índice de salario en un 71% del nivel más alto alcanzado (1963-1968).
Luego se presentó la transición de la década del ochenta (s.XX) donde la economía registró una crisis de liquidez y de solvencia en dólares, en el marco de un severo ajuste macroeconómico y en la transición hacia la economía de los servicios, todo ello causante de dos crisis económicas (1984-85 y 1990). Los salarios reales se deprimen para generar un excedente que pagara la deuda externa y creara nuevas bases de competitividad internacional´.
A partir de la década del noventa los salarios reales se ha mantenido relativamente bajo (72% promedio del nivel de 1963-1968) como consecuencia de la economía de servicios con un cierto repunte en los últimos años, pero todavía muy por debajo de la transición postrujillo.
Entre 1950 y 2016, según cifras oficiales, el PIB ha crecido a un poco más de 5% (promedio anual) mientras que el salario mínimo legal real apenas lo ha hecho en 1.4%, es decir, se ha creado una brecha creciente de desigualdad que al día de hoy ha llevado a un salario mínimo legal de las empresas grandes no cubre el costo canasta familiar del quintil más pobre a junio de 2017. Esta situación es inaceptable desde una perspectiva económica, humana, social y de justicia, porque alguien se ha quedado con lo que no le corresponde por el uso del poder.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.