Opinión
El salario: ¡alguien se queda con lo que no le corresponde!
Por: Miguel Ceara Hatton
El salario es y ha sido el precio de ajuste de la economía desde que se registran cifras macroeconómicas. Aunque esta función la ha asumido bajo diferentes circunstancias y diferentes lógicas de acumulación.
Para entender este rol hay que explicar la mecánica de distribución del ingreso, es decir, la definición como categorías de análisis económico del salario y la ganancia, así como explicar su nivel y movimiento.
Dos teorías explican el salario y la ganancia
Hay dos grandes corrientes de pensamiento que definen, explican las reglas del movimiento del salario y la ganancia.
La teoría económica convencional o neoclásica habla de factores de producción, de individuos y no de sociedad, de competencia perfecta, de uso óptimo de recursos y de una tendencia al pleno empleo de esos recursos. En ese contexto se explica la retribución a cada factor productivo por su aporte al producto total (la teoría de la productividad marginal). Por lo tanto, el salario es independiente de la ganancia y viceversa, ya que los niveles de ambos se definen a partir de una “relación técnica” de manera que si varía el aporte al producto de un factor (por ejemplo, la productividad marginal del trabajo), se modifica el precio de ese factor y los precios del bien final, dejando igual la retribución de los otros factores (ganancia). En este enfoque el nivel de empleo y el salario se determinan en el mercado de trabajo por la oferta y demanda de empleos. El desempleo se asocia a un salario real elevado que el mercado puede corregir si hay flexibilidad de salario.
La teoría neoclásica considera la posibilidad de una desviación momentánea de esta regla, es decir, que un factor reciba más o menos que su aporte marginal al producto total, pero ello es momentáneo porque la competencia llevaría a que los factores productivos se muevan entre actividades económicas buscando la mayor retribución hasta un punto en donde el salario y la ganancia serían más o menos los mismos en toda la economía.
La otra teoría está asociada al pensamiento económico clásico y las escuelas económicas que se definen como heterodoxas, las cuales argumentan que no existe ningún mecanismo “automático” en la economía para alcanzar pleno empleo, de manera que la economía se ocupa de estudiar la forma de cómo se multiplica la producción material, cómo se distribuye el ingreso y en dónde se acumula el capital. Para este enfoque el salario se establece a partir de un mínimo que garantiza un cierto nivel de reproducción (por ejemplo, el salario mínimo) y se regula por la fuerza o capacidad de negociación de los trabajadores (dado el nivel de desempleo).
La ganancia se define como un excedente determinado por la diferencia entre el salario y el valor de lo producido, de manera que salario y ganancia son interdependientes. Una variación del salario se refleja básicamente en la ganancia (y viceversa) y los cambios en la distribución del ingreso se producen a través del ajuste en el producto. Los precios se fijan por el costo primo (salarios y materias primas) más un sobreprecio (mark-up) que refleje el grado de monopolio de las empresas.
En resumen, la distribución del ingreso (el nivel del salario y la ganancia) se explica por las fuerzas de cada colectivo social para reivindicar su participación en el producto o ingreso. Además, en este enfoque, el empleo depende del nivel y estructura de la demanda agregada en el corto plazo y largo plazo (gasto autónomo: exportaciones, inversión)
¿Qué ha pasado en RD ?
Sobre la base de la segunda línea de argumentación es que se puede afirmar que el salario real ha sido el precio de ajuste de la economía. Todos los demás precios de la economía aumentan (tipo de cambio, la tasa de interés, el precio de la energía, la ineficiencia del Estado, el transporte, etc.) menos el salario que se convierte en el precio de ajuste para mantener la masa y tasa de ganancia.
En el gráfico que acompaña estas notas, aparece el índice de salario mínimo legal real desde 1930 a 2017 y se observa que el poder acquisito promedio no supera el 72% del nivel más elevado en la transición postrujillista, manteniéndose bajo por diferentes lógicas
En efecto, durante la dictadura fue para favorecer la acumulación de capital de Trujillo y sus allegados mientras que en la transición postrujillista se desataron grandes fuerzas sociales que empujaron hacia arriba el salario mínimo legal alcanzando los niveles más elevados en casi 9 décadas (1930-2017).
En la etapa siguiente de sustitución de importaciones financiado por las exportaciones tradicionales se elaboró una estrategia de políticas públicas para favorecer la acumulación industrial urbana (1969-1981) que situó el índice de salario en un 71% del nivel más alto alcanzado (1963-1968).
Luego se presentó la transición de la década del ochenta (s.XX) donde la economía registró una crisis de liquidez y de solvencia en dólares, en el marco de un severo ajuste macroeconómico y en la transición hacia la economía de los servicios, todo ello causante de dos crisis económicas (1984-85 y 1990). Los salarios reales se deprimen para generar un excedente que pagara la deuda externa y creara nuevas bases de competitividad internacional´.
A partir de la década del noventa los salarios reales se ha mantenido relativamente bajo (72% promedio del nivel de 1963-1968) como consecuencia de la economía de servicios con un cierto repunte en los últimos años, pero todavía muy por debajo de la transición postrujillo.
Entre 1950 y 2016, según cifras oficiales, el PIB ha crecido a un poco más de 5% (promedio anual) mientras que el salario mínimo legal real apenas lo ha hecho en 1.4%, es decir, se ha creado una brecha creciente de desigualdad que al día de hoy ha llevado a un salario mínimo legal de las empresas grandes no cubre el costo canasta familiar del quintil más pobre a junio de 2017. Esta situación es inaceptable desde una perspectiva económica, humana, social y de justicia, porque alguien se ha quedado con lo que no le corresponde por el uso del poder.
Por Isaías Ramos
La relación entre Haití y la República Dominicana —dos naciones, dos culturas, dos sentimientos diferentes que comparten la isla de La Española— ha sido marcada por una larga historia de acuerdos, tensiones y desafíos. Sin embargo, ante provocaciones recientes que amenazan el respeto mutuo y los acuerdos históricos, incluido el tratado de 1829, es vital recordar que, como pueblo dominicano, «Todos somos uno». En el Frente Cívico y Social, abogamos por la unidad nacional, el respeto a los acuerdos internacionales y la importancia de agotar todas las vías diplomáticas posibles para resolver los desafíos actuales. Entendemos que el jefe de Estado ha actuado acorde a lo que ameritan las circunstancias en estos momentos cruciales, así como fue su participación en la Asamblea Nacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sin animosidad ante nuestros vecinos, pero con determinación y firmeza para defender nuestro suelo patrio.
Nos encontramos en un momento crucial en el que la diplomacia y el diálogo son más importantes que nunca, pero con la falta de un interlocutor válido en el vecino país. Hemos extendido la mano en numerosas ocasiones, buscando el apoyo de organismos internacionales y solicitando intervenciones que puedan facilitar una resolución pacífica a los conflictos actuales. Esta es y siempre deberá ser nuestra primera línea.
La cuestión de los recursos hídricos es de vital importancia para la sostenibilidad de nuestros habitantes, algo que nuestro país ha sabido preservar y que nuestros vecinos han destruido en su territorio. Bajo ninguna circunstancia nuestra nación permitirá que esto ocurra en nuestro país, mucho menos que fuerzas foráneas provoquen este daño. Estos recursos naturales, fundamentales para el bienestar de nuestra patria, están siendo hoy amenazados por estos grupos incontrolables del otro lado de nuestra frontera. Sin embargo, la preservación de nuestros recursos hídricos no es solo un acto de soberanía, sino también una responsabilidad para garantizar un futuro sostenible para todos los habitantes de nuestra nación.
«Todos somos uno» no es simplemente un lema; es un llamado a la acción para todos los dominicanos. Es un recordatorio de que, en tiempos de desafío, nuestra fuerza reside en nuestra unidad. Es imperativo que, como nación, estemos preparados para defender nuestros derechos soberanos con firmeza, determinación y arrojo.
En el Frente Cívico y Social, entendemos que la acción unilateral solo se debe considerar como último recurso, en caso de que se agoten todas las vías diplomáticas y los recursos hídricos sufran daños irreparables. Cualquier acción de este tipo deberá llevarse a cabo en estricta conformidad con el derecho internacional, siempre con la mira puesta en la protección de nuestra soberanía y recursos naturales.
Hacemos un llamado al pueblo dominicano para cerrar filas, ya que es un momento para la unidad y la acción meditada, donde predomine nuestro sentir patriótico. Mantenemos la esperanza de que la diplomacia prevalecerá y que, junto con nuestros vecinos y la comunidad internacional, se encontrará una solución pacífica y justa. Pero también recordamos que «Todos somos uno», unidos en la defensa de nuestros derechos de soberanía, preparados para actuar con determinación si se agotan todas las demás opciones.
Ojalá que estas circunstancias nos sirvan como un llamado a la unidad nacional, al diálogo y al respeto mutuo, valores que nos definirán como nación en los desafíos que tenemos por delante.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 7 del Estatuto de Roma, la expresión de crímenes de lesa humanidad se emplea para describir los actos inhumanos que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, ya sea en tiempo de guerra o en tiempo de paz. La definición de crímenes de lesa humanidad del Estatuto de Roma está compuesta por seis elementos, algunos de los cuales pueden ser distintos a definiciones anteriores a este crimen.
Ataque contra una población civil. Se entiende por ataque ¨¨generalizado¨ como una línea de conducta que implique un alto número de víctimas, y ¨sistemático¨ en cuanto al alto nivel de organización , ya sea un plan o política. La palabra disyuntiva ¨o¨ determina que estas no sean condiciones acumulativas. El homicidio de un solo civil puede constituir un crimen de lesa humanidad si se cometió dentro de un ataque sistemático
Cuando el ataque está dirigido contra una población civil se considera que las relaciones de nacionalidad o similares entre los autores y las víctimas no son importantes.
La comisión de actos inhumanos. El Estatuto de Roma enumera los actos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad dentro del contexto de un ataque:
Asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, Tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad, desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental, conocimiento de un ataque contra una población civil.
El Estatuto de Roma señala que para los actos de persecución solamente, se deberán de tomar en cuenta los fundamentos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género.
Cabe destacar que un crimen de lesa humanidad puede cometerse en tiempos de paz o de guerra. No necesariamente se comete en conexión con otro crimen. Una excepción es el enjuiciamiento de cualquier grupo o colectividad; la cual debe de estar relacionada con otro acto enumerado en el artículo 7, o cualquier otro delito de la competencia de la Corte Penal Internacional.
En lo que respecta a los requisitos de complementariedad sería recomendable que los Estados Partes del Estatuto de Roma incorporen en su derecho interno todos los actos definidos como crímenes de lesa humanidad en el Estatuto. Los Estados que ya cuenten con legislación en relación con los crímenes de lesa humanidad podrían modificarla para que refleje plenamente lo desarrollado por el Estatuto.
En relación a la observación anterior tenemos el ejemplo de que el Estatuto amplía el derecho penal internacional al enumerar expresamente las ofensas sexuales y las desapariciones forzosas como crímenes de lesa humanidad. En ese orden deberán respetarse las definiciones contenidas en el segundo párrafo del articula 7 e incorporarse en el derecho interno.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma pueden incluir la conducta de delito de lesa humanidad en su derecho interno de las siguientes maneras:
Deberán adoptar una definición que refleje aquella del artículo 7 del Estatuto de Roma o que se refiera directamente a ella. La ventaja de esta opción yace en su simplicidad, ya que el legislador de la norma de implementación podrá crear una ley de conformidad con los requisitos del Estatuto.
Otra opción estaría en la adopción de una serie de delitos independientes, relacionados con cada una de las acciones enumeradas en el Estatuto. Por ejemplo un código penal nacional podría disponer de delitos tales como la esclavitud , cometida en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil, lo cual constituye un crimen de lesa humanidad.
Por otro lado, sería también pertinente incluir en cada disposición del código penal, una definición de los actos similar a aquella del Estatuto. Esto debería de hacerse para cada acto enumerado en el artículo 7 del Estatuto. La ventaja de este método yace en el hecho de que simplifica la labor de los jueces nacionales y permite a los legisladores realizar algunas adaptaciones.
Está claro que, algunas modificaciones pueden hacerse a las definiciones del delito de lesa humanidad, pero solo para definirlo de una manera similar o más amplia que aquella prevista en el Estatuto de Roma, para garantizar que no impida la comparecencia de algún responsable de estos crímenes ante la justicia.
Finalmente, los Estados también pueden utilizar su legislación penal existente para enjuiciar a los autores de los crímenes de lesa humanidad, haciendo uso de delitos suficientemente serios que describen los delitos perpetrados. No obstante, si algunas de las acciones que constituyen un crimen de lesa humanidad no está incluida en la ley penal general, el Estado Parte podría requerir de una enmienda a su código penal y crear nuevos delitos que incluirán estas acciones.
Por Rosario Espinal
Cuando la población tiene bajo nivel educativo, la tasa de natalidad se mantiene relativamente alta, igual los embarazos en adolescentes, en un contexto socioeconómico de limitadas ofertas de empleo y escasa movilidad social.
Hay que tomar conciencia de que la población de la República Dominicana y Haití sobrepasa los 20 millones de habitantes. Esto es el doble de la población de Cuba que tiene más territorio que la isla de Santo Domingo completa.
La República Dominicana tiene una densidad poblacional de 223 habitantes por kilómetro cuadrado y Haití de 413, mientras en Cuba es de 109 y el promedio para América Latina y el Caribe es 32.
El índice de fecundidad (número medio de hijos por mujer) de la República Dominicana es 2.3 y en Haití 2.9, mientras el promedio para América Latina y el Caribe es 1.85.
O sea, en los dos países que comparten la isla de Santo Domingo, ambos geográficamente pequeños, la población crece más que el promedio en la región y la densidad poblacional es mucho mayor.
Entiéndase, vivimos apiñados y nos apiñamos cada día más en esta isla tropical.
Ignorar estas cifras y sus consecuencias sociales constituye una irresponsabilidad de los gobiernos, las iglesias y la ciudadanía de ambos países.
A diferencia de las décadas de 1960 y 1970, cuando existían algunos programas públicos para reducir la tasa de natalidad, en décadas recientes, el control del crecimiento poblacional se ha dejado cada vez más al azar.
En sociedades donde la población tiene mayor nivel educativo y acceso a los servicios de salud, el control de la natalidad se produce de manera racional. No así en los países con bajo nivel educativo, sin programas de educación sexual efectivos, ni acceso adecuado a los servicios de salud.
La razón es que, a mayor escolaridad, mayor comprensión del costo de criar hijos, y a mayor acceso a los servicios de salud, mayor capacidad de acceder oportunamente a los métodos anticonceptivos.
Cuando la población tiene bajo nivel educativo, la tasa de natalidad se mantiene relativamente alta, igual los embarazos en adolescentes, en un contexto socioeconómico de limitadas ofertas de empleo y escasa movilidad social.
En los países muy pequeños, como la República Dominicana y Haití, la alta concentración población presenta serios problemas en las condiciones ambientales por el sobreuso del suelo, la tala de árboles, y la contaminación y sequía de los ríos. Esto es palpable de manera alarmante en todo el territorio haitiano; y, en la República Dominicana, aunque no hay un deterioro tan fuerte, hay fuerte vulnerabilidad ambiental.
Para enfrentar la situación se requiere educación sexual masiva a través del sistema educativo y los medios de comunicación, de manera que la población, sobre todo la joven, adquiera conciencia del impacto de la alta tasa de fecundidad en países pequeños y superpoblados.
El Estado debe ofrecer también amplios servicios de salud enfocados en la prevención de embarazos. Contar con la abstinencia sexual por la que abogan distintas iglesias es contraproducente en condiciones de tantas precariedades sociales.
Si la República Dominicana y Haití no controlan su crecimiento poblacional de manera racional (Haití, sobre todo), iremos de mal en peor, aún con crecimiento económico dominicano, y a pesar de tanta población de ambos países que emigra al exterior.