Opinión
Fulgurazos OISOE
Por Andrés L. Mateo
¿Cómo reducir el funcionamiento de un sistema de corrupción que tocaba tres ministerios, a cuatro empleados subalternos que eran la cara visible del negocio?
UNO
El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a seis y cinco años de prisión a los cuatro acusados de extorsionar a contratistas, en el ya célebre caso de OISOE, que tuvo como telón de fondo el suicidio dramático del arquitecto David Rodriguez. Debería regocijarnos que lo hayan condenado, y olvidar la conciencia trágica de una sociedad que nos ha convertido a todos en seres unidimensionales y aislados. Pero, no. Si hay un caso en el cual el interés político está primando sobre la justicia es éste. Si hay un caso en el que la impunidad esté a flor de piel es éste. Primero, porque los condenados eran únicamente el plano operativo de la trama mafiosa que funcionaba en esa institución. Y, segundo, porque los dueños del negocio, los verdaderos culpables, quedaron fuera del expediente simple y llanamente porque la voluntad política los excluyó.
¿Cómo reducir el funcionamiento de un sistema de corrupción que tocaba tres ministerios, a cuatro empleados subalternos que eran la cara visible del negocio? ¿En las investigaciones no fueron mencionados varias veces el Director de la OISOE, Miguel Pimentel Kareh; y el subdirector técnico José Florencio? ¿Un caso de corrupción sistémica, con resultados económicos apetecibles, practicando la extorsión en los mismos recintos de los ministerios, no tenía que contar con el poder para operar con toda libertad? Ese espectáculo degradante de la justicia es lo que nos humilla, y nos enseña que la justicia oculta una perversión de la práctica política, y es su sierva. Incluso el Procurador General de la República, el inefable Jean Alain Rodriguez, consideró la sentencia como “un logro de la justicia”.
DOS
La legitimidad racional-legal del Procurador Jean Alain Rodriguez puede engendrar temor en los ciudadanos alejados del poder. Él es un procurador de la justicia sesgada, del prostibulario legal que únicamente atiende a los requerimientos del poder. ¿Un logro de la justicia? ¿De cuál justicia? Una acusación que dejó afuera a los verdaderos culpables, y sobre la cual se empina un veredicto vergonzoso que encubre más que descubre el crimen que juzga, se podría considerar “un logro de la justicia”. El retórico, ése hombre que los griegos antiguos llamaban “el perro”, el cínico, acaba siendo él mismo su bufón. Se puede convertir en poderoso, decir cosas que provienen de su artificialidad, pero siempre se quedará desnudo, incluso si lleva puesto el frac de un Procurador. En la carta número diecinueve del libro de Francisco Moscoso Puello “Cartas a Evelina” (Un libro iracundo, rabioso, lleno de diatribas contra sí mismo y contra una cierta idea de la dominicanidad) hay un curioso artículo sobre el frac, en el cual Moscoso Puello dice: “(…) Por lo regular el frac no piensa mucho, no se fatiga, agrega una encantadora ligereza al que lo lleva”. Y no sé por qué cuando leí las declaraciones del Procurador lo imaginé vestido de frac y desnudo.
TRES
Dotada de un vocabulario propio, la justicia dominicana es sierva del poder, siempre lo ha sido. Ahora que la Marcha Verde agita los vocablos “impunidad” y “corrupción”, es bueno detenerse en las desviaciones circunstanciales del aparato judicial para servir a quienes gobiernan. El caso OISOE fue detonante de una indignación social que ahora la sentencia medianamente sofoca. Con un fondo trágico, manejado con discreción y tacto, el caso llegó a la justicia, pero llegó expurgado. Ni Pimentel Kareh ni José Florencio figuraron como acusados. Sin que ni siquiera interviniera un juez, fueron esfumados del proceso, volatilizados; dejando el escenario a unos “culpables” que eran sus trabajadores, sus peones, sus testaferros. Si alguien quería encontrar un modelo arquetípico de la palabra impunidad ilustrado en la realidad, en el caso OISOE lo encontrará. Arbitrario, inmoral, descarado, ese “logro de la justicia” es el hecho de que haya siempre, constantemente, una repetición del poder, y de que los amos del poder impongan sus deseos. La comedia bufa de nuestra existencia ha deformado, prostituido, todas las instituciones para ubicarse en su lugar. Se puede precisar el sentido de esta prostitución en caso como éste. Laura Guerrero Pelletier, la fiscal que se supone debe perseguir la corrupción, construyó un expediente armada de pobres herramientas y aviesa voluntad, en el cual los verdaderos culpables no aparecen. Y hubo juicio. Pero, sobre todo, hubo impunidad. ¿Logro de la justicia? ¡No, basura del sistema!
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.