Opinión
Fulgurazos OISOE
Por Andrés L. Mateo
¿Cómo reducir el funcionamiento de un sistema de corrupción que tocaba tres ministerios, a cuatro empleados subalternos que eran la cara visible del negocio?
UNO
El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a seis y cinco años de prisión a los cuatro acusados de extorsionar a contratistas, en el ya célebre caso de OISOE, que tuvo como telón de fondo el suicidio dramático del arquitecto David Rodriguez. Debería regocijarnos que lo hayan condenado, y olvidar la conciencia trágica de una sociedad que nos ha convertido a todos en seres unidimensionales y aislados. Pero, no. Si hay un caso en el cual el interés político está primando sobre la justicia es éste. Si hay un caso en el que la impunidad esté a flor de piel es éste. Primero, porque los condenados eran únicamente el plano operativo de la trama mafiosa que funcionaba en esa institución. Y, segundo, porque los dueños del negocio, los verdaderos culpables, quedaron fuera del expediente simple y llanamente porque la voluntad política los excluyó.
¿Cómo reducir el funcionamiento de un sistema de corrupción que tocaba tres ministerios, a cuatro empleados subalternos que eran la cara visible del negocio? ¿En las investigaciones no fueron mencionados varias veces el Director de la OISOE, Miguel Pimentel Kareh; y el subdirector técnico José Florencio? ¿Un caso de corrupción sistémica, con resultados económicos apetecibles, practicando la extorsión en los mismos recintos de los ministerios, no tenía que contar con el poder para operar con toda libertad? Ese espectáculo degradante de la justicia es lo que nos humilla, y nos enseña que la justicia oculta una perversión de la práctica política, y es su sierva. Incluso el Procurador General de la República, el inefable Jean Alain Rodriguez, consideró la sentencia como “un logro de la justicia”.
DOS
La legitimidad racional-legal del Procurador Jean Alain Rodriguez puede engendrar temor en los ciudadanos alejados del poder. Él es un procurador de la justicia sesgada, del prostibulario legal que únicamente atiende a los requerimientos del poder. ¿Un logro de la justicia? ¿De cuál justicia? Una acusación que dejó afuera a los verdaderos culpables, y sobre la cual se empina un veredicto vergonzoso que encubre más que descubre el crimen que juzga, se podría considerar “un logro de la justicia”. El retórico, ése hombre que los griegos antiguos llamaban “el perro”, el cínico, acaba siendo él mismo su bufón. Se puede convertir en poderoso, decir cosas que provienen de su artificialidad, pero siempre se quedará desnudo, incluso si lleva puesto el frac de un Procurador. En la carta número diecinueve del libro de Francisco Moscoso Puello “Cartas a Evelina” (Un libro iracundo, rabioso, lleno de diatribas contra sí mismo y contra una cierta idea de la dominicanidad) hay un curioso artículo sobre el frac, en el cual Moscoso Puello dice: “(…) Por lo regular el frac no piensa mucho, no se fatiga, agrega una encantadora ligereza al que lo lleva”. Y no sé por qué cuando leí las declaraciones del Procurador lo imaginé vestido de frac y desnudo.
TRES
Dotada de un vocabulario propio, la justicia dominicana es sierva del poder, siempre lo ha sido. Ahora que la Marcha Verde agita los vocablos “impunidad” y “corrupción”, es bueno detenerse en las desviaciones circunstanciales del aparato judicial para servir a quienes gobiernan. El caso OISOE fue detonante de una indignación social que ahora la sentencia medianamente sofoca. Con un fondo trágico, manejado con discreción y tacto, el caso llegó a la justicia, pero llegó expurgado. Ni Pimentel Kareh ni José Florencio figuraron como acusados. Sin que ni siquiera interviniera un juez, fueron esfumados del proceso, volatilizados; dejando el escenario a unos “culpables” que eran sus trabajadores, sus peones, sus testaferros. Si alguien quería encontrar un modelo arquetípico de la palabra impunidad ilustrado en la realidad, en el caso OISOE lo encontrará. Arbitrario, inmoral, descarado, ese “logro de la justicia” es el hecho de que haya siempre, constantemente, una repetición del poder, y de que los amos del poder impongan sus deseos. La comedia bufa de nuestra existencia ha deformado, prostituido, todas las instituciones para ubicarse en su lugar. Se puede precisar el sentido de esta prostitución en caso como éste. Laura Guerrero Pelletier, la fiscal que se supone debe perseguir la corrupción, construyó un expediente armada de pobres herramientas y aviesa voluntad, en el cual los verdaderos culpables no aparecen. Y hubo juicio. Pero, sobre todo, hubo impunidad. ¿Logro de la justicia? ¡No, basura del sistema!
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.