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Cámara de Diputados ha gastado sólo en viáticos el doble de lo que está presupuestado

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SANTO DOMINGO. El Congreso Nacional ha destinado una parte significativa de su presupuesto para gastos de representación, dietas y viáticos, que ascienden aproximadamente a RD$216 millones, de acuerdo con los informes de ejecución presupuestaria de la Cámara de Diputados y el Senado.

De este monto, gran parte pertenece a la Cámara de Diputados, que ha dispuesto, en el período que abarca desde el día 1 de enero al 30 de junio, RD$ 110 millones para gastos de viáticos, aunque en el presupuesto original aprobado para todo el año 2017, el estimado para este concepto era de RD$64,138,045.00.

Por esa razón, en apenas seis meses, el gasto en viáticos es casi el doble del que se había presupuestado para el período completo, según la información disponible en el portal del órgano legislativo que detalla las partidas ejecutadas.

Asimismo, en dietas y gastos de representación, la Cámara Baja ha destinado RD$93 millones, con una proyección para el año completo de RD$184,930,000.00.

En otro de los renglones, el de materiales y suministros, la Cámara de Diputados, que desde el 16 de agosto de 2016 ha encabezado Lucía Medina, ha gastado RD$21 millones en textiles y vestuarios en el periodo enero – junio de este año. La proyección inicial para el 2017 era de RD$5,761,000.

Con un presupuesto global de RD$ 4,025 millones, las mayores partidas del plan de gastos de la Cámara Baja son destinadas al pago del personal que incluye remuneraciones y sobresueldos por RD$730 millones, además de las contribuciones a la Seguridad Social que suman unos RD$235 millones. En alimentos y bebidas se han empleado RD$ 36 millones en adición a RD$ 41 millones para combustibles, lubricantes y productos químicos.

Mientras las transferencias corrientes al sector privado, sector público y otras instituciones ascienden a RD$ 341 millones.

Conforme al informe de ejecución de la Dirección General de Presupuesto la asignación presupuestaria de la Cámara de Diputados corresponde a un 0.1 por ciento en relación al Producto Interno Bruto (PIB).

Más de RD$140 millones en ayudas

En su último reporte de ejecución presupuestaria, que abarca el período del 1ro al 30 de junio de 2017, el Senado de la República presenta un gasto ascendiente a RD$ 946 millones de pesos que representan el 46 por ciento del monto global que le fue asignado para el presente año.

En la sumatoria de gastos en los meses de enero hasta junio, para ayudas y donaciones programadas a hogares y personas fueron destinados RD$ 48 millones, mientras que las “ocasionales” totalizaron RD$93 millones.

En el caso de las ayudas programadas el monto aprobado en el presupuesto inicial fue de RD$ 21 millones para todo el 2017, cifra que fue duplicada en los primeros seis meses del año.

Los gastos de alimentos y bebidas para personas dentro del Senado fueron de RD$21 millones y lo empleado en combustibles y lubricantes ascendió a RD$15 millones.

En tanto que lo dispuesto para dietas y gastos de representación en el país y el exterior fue de RD$12 millones. Los viáticos dentro y fuera del país junto a los pasajes suman RD$8 millones.

El Senado ha destinado para personal nominal, sueldos fijos, personal contratado e igualado, servicios especiales y probatorios RD$371 millones.

Las cuentas por servicio telefónico, internet y cable suman RD$11 millones.

El presupuesto global de la cámara alta, que preside el senador Reinaldo Pared Pérez, para el 2017 es de RD$ 2,075 millones.

Explicación de los gastos

La Constitución de la República y los reglamentos internos del Senado y la Cámara de Diputados obligan a los presidentes de ambos órganos a realizar una rendición de cuentas sobre la gestión en materia legislativa, administrativa y financiera en la primera semana de agosto, luego de que concluye la primera legislatura ordinaria del año. Ambos actos deben efectuarse frente a los miembros de sus respectivas cámaras.

diariolibre.com

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Tribunal aplaza audiencia de imputados separados en caso Medusa

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Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.

El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.

El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.

En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.

El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.

La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.

El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.

Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.

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Apertura a juicio hijo de exviceministro de Agricultura por estafa a esa institución

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Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.

Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.

El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.

El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).

La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.

Acusación

Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.

También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

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Aceptan irse voluntariamente en extradición dos de los acusados de estafar ancianos.

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Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez

En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.

Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.

Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.

Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.

Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.

Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.

Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.

El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.

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