Latinoamericanas
EE.UU. amenaza a sus “ciudades santuario” de inmigrantes
AP
NUEVO MÉXICO. El secretario de Justicia Jeff Sessions dio nuevos pasos el jueves para sancionar a las ciudades que considera que no están cooperando con los agentes federales de inmigración, medida que sorprendió a las autoridades locales, las cuales indicaron desconocer por qué estaban bajo advertencia.
El Departamento de Justicia envió cartas a cuatro ciudades afectadas por la violencia con armas de fuego, advirtiéndoles que no podrán beneficiarse de un nuevo programa que proporciona dinero para combatir el narcotráfico y la delincuencia de pandillas a menos que le den acceso a las autoridades federales de inmigración a sus cárceles, y que avisen con anticipación cuando alguien detenido por infracciones migratorias esté por ser liberado.
Las ciudades _Baltimore, Albuquerque, y Stockton y San Bernardino, en California_ han expresado interés en el programa Public Safety Partnership (Sociedad por la Seguridad Pública) del Departamento de Justicia, el cual incluye agentes federales, analistas y herramientas tecnológicas para ayudar a las comunidades a combatir la delincuencia.
“Al tomar en cuenta consideraciones sencillas y de sentido común, estamos alentando a todas las jurisdicciones de este país a cooperar con las agencias policiales federales”, dijo Sessions en un comunicado que acompañó a las cartas. “Ello redundará en mayor seguridad para todos, especialmente para los policías que patrullan nuestras calles”.
La amenaza es el intento más reciente de Sessions para obligar a las entidades locales a que ayuden a los agentes federales a detener y deportar a personas que viven en el país ilegalmente, parte de una iniciativa para reducir actos delictivos que cree están vinculados con la inmigración ilegal. El secretario de Justicia ha prometido repetidas veces que retendrá los fondos federales a las ciudades que no cooperen, en forma similar a la forma en que gobiernos previos han retenido los fondos para carreteras durante debates sobre el límite de velocidad y la edad para poder ingerir bebidas alcohólicas.
Pero a algunas de las ciudades no les quedó claro por qué están bajo amenaza.
En una carta dirigida a Sessions, Richard Berry, el alcalde republicano de Albuquerque, negó que la ciudad más grande de Nuevo México sea un santuario para los inmigrantes que viven ilegalmente en el país, y dijo que ha estado tratando de trabajar con las autoridades de inmigración desde que asumió el puesto en 2009. De hecho, dijo Berry, el personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en el centro de transporte de prisiones ha disminuido en los últimos años.
“Si su agencia tiene preguntas o preocupaciones con nuestras cárceles del condado (Bernalillo), yo los canalizaría a ustedes con sus directivos”, escribió Berry.
Peter Simonson, director general de la Unión Americana de Libertades Civiles en Nuevo México, consideró que las exigencias son “una estrategia de hostigamiento”.
Otra preocupación planteada por las ciudades es que la policía que patrulla las calles ficha a sospechosos en cárceles operadas por las autoridades estatales o del condado sobre las que no tiene control. Las misivas del Departamento de Justicia se enfocan en darles a los agentes federales de inmigración acceso a ese tipo de instalaciones de detención.
En San Bernardino, los agentes fichan a cualquier arrestado en cárceles que son operadas por el condado, no por la ciudad del sur de California con 216.000 habitantes, dijo el jefe policial Jarrod Burguan.
“La ciudad de San Bernardino nunca ha efectuado ningún acto formal para declararse ciudad santuario”, dijo Burguan. “Nuestras políticas han sido muy, muy coherentes a lo largo de los años”.
Eric Jones, jefe de la policía de Stockton, dijo que sus agentes también fichan a sospechosos en unas instalaciones operadas por el condado y su tarea es combatir los delitos violentos, no hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
“Eso no significa que no trabajemos con nuestros socios federales, pero eso simplemente no es una función que nos corresponda”, afirmó.
La policía tampoco hace cumplir las leyes de inmigración en Baltimore, donde los arrestados son trasladados a una cárcel administrada por el estado, dijo Anthony McCarthy, portavoz de la alcaldesa Catherine Pugh. El estado dice apegarse a las políticas federales sobre inmigración en su sistema de arrestos.
“Estamos recibiendo un apoyo federal tremendo para las acciones de reducción de la violencia, y no querríamos que nada desalentara los avances que esperamos lograr en ese frente”, señaló McCarthy.
Sessions se ha comprometido a hacer del combate a la inmigración y la delincuencia en las calles la principal prioridad del Departamento de Justicia, pero la estrategia lo está enfrentando con algunos líderes municipales, que dicen que la mejor forma de combatir a la delincuencia y ganar la confianza de la comunidad es mantener a la policía local fuera de los asuntos federales de inmigración.
La semana pasada, Sessions les dijo a las ciudades que deben cumplir las mismas condiciones o perder millones de dólares de un programa separado de subvenciones que ayuda a los departamentos de policía a pagar muchas cosas, desde chalecos a prueba de balas hasta cámaras corporales, una medida que hizo que algunos funcionarios locales se mostraran más desafiantes.
En las cuatro cartas, el Departamento de Justicia le pidió a los departamentos de policía de las ciudades afectadas que presenten pruebas de que están cumpliendo a más tardar el 18 de agosto.
En Albuquerque, estudiantes inmigrantes activistas dijeron que la misiva forma parte del ataque del gobierno de Donald Trump contra los inmigrantes.
“Es una visión de terror para familias como la mía”, dijo Gabriela Hernández, organizadora del suroeste para el grupo activista United We Dream (Unidos Soñamos).
En junio, el Departamento de Justicia eligió a 12 ciudades para que reciban ayuda a través de la Sociedad por la Seguridad Pública, y las autoridades indicaron que las cuatro ciudades amenazadas el jueves habían expresado su interés en la próxima oportunidad para participar. Las urbes fueron elegidas por tener tasas de violencia más elevadas que el promedio y por su disposición para recibir la ayuda y entrenamiento.
Las ciudades que deseen participar de aquí en adelante tendrán que mostrar que permiten comunicación sin trabas entre la policía y las autoridades federales de inmigración, que dan a los agentes acceso a las cárceles con el fin de interrogar a los inmigrantes y que avisan a los agentes con 48 horas de anticipación cuando alguien que esté ilegalmente en el país esté a punto de ser liberado.
Ankara.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este martes a la carga con Groenlandia, al afirmar que debería estar controlada por Estados Unidos y no por Dinamarca, que, según asegura, no gasta dinero en ayudar a ese territorio.
«Eso es lo que dañó mi relación con la OTAN, porque Groenlandia no ayuda a Dinamarca. Dinamarca no gasta dinero para ayudar realmente a Groenlandia», dijo Trump tras su llegada a Ankara para participar en una cumbre de la OTAN.
Sin embargo, añadió Trump, Groenlandia «es una parte importante para Estados Unidos y está rodeada de barcos chinos y rusos», e insistió en que «Groenlandia debería estar bajo el control de Estados Unidos, no de Dinamarca».
La primera ministra danesa responde de nuevo a Trump que Groenlandia no está a la venta
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, respondió de nuevo al presidente estadounidense, Donald Trump, que Groenlandia «no está a la venta», después de que éste afirmara de nuevo que el territorio autónomo danés debería estar controlado por Estados Unidos y no por el reino.
«Tenemos una buena cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad en el Ártico. Queremos ampliarla. También contamos con un grupo de trabajo que está analizando precisamente esta cuestión en estos momentos», enfatizó Frederiksen.
La primera ministra destacó además que Dinamarca ya cumple prácticamente el objetivo de la OTAN de destinar el 5 % del PIB a defensa, por lo que considera que la atención debe centrarse en las amenazas externas y no en las disputas internas entre los países de la OTAN.
«Hay muchos enemigos fuera de la OTAN. No necesitamos enemistades dentro de la Alianza», afirmó.
Latinoamericanas
Suben a 3,342 los fallecidos y a 16,740 los heridos por los terremotos en Venezuela
Agencia EFE
Venezuela.-La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 3,342, mientras que la de heridos se elevó a 16,740, informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.
La nueva cifra supone un aumento de 388 personas fallecidas respecto al sábado, mientras se intensifican las labores para sacar cuerpos de debajo de los escombros.
Según el balance oficial, 6,462 personas han sido rescatadas y 17,345 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 79 campamentos transitorios.
De acuerdo con los datos oficiales, 86,794 familias han sido atendidas y se han distribuido 9,585 toneladas de alimentos y 669,008 litros de agua.
También se encuentran desplegados 29,567 efectivos del Ejército y las fuerzas de seguridad, mientras que habría un total de 27,482 voluntarios.
La iniciativa ciudadana ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’, una web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, hasta ahora ha registrado más de 31,000 personas a las que no se ha podido contactar.
El doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo.
Los recientes seísmos afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, de los cuales el más damnificado ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.
Este domingo, cuando se cumplen 11 días de los terremotos, los grupos de rescatistas internacionales se han retirado ya y en los edificios derruidos quedan voluntarios venezolanos, bomberos, defensa civil nacional y vecinos que siguen retirando escombros.
Latinoamericanas
Unicef estima que unos 680,000 niños necesitan asistencia en Venezuela tras los terremotos
Agencia EFE
La Guaira, Venezuela.-El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que unos 680,000 niños necesitan asistencia en Venezuela tras el doble terremoto de hace ocho días que ha dejado hasta ahora más de 2,200 fallecidos y 11,267 heridos, dijo este jueves a EFE la portavoz de comunicaciones de la oficina regional de América Latina, Sendai Zena.
«Estimamos que alrededor de 680,000 niños están en necesidad en todos los estados que han sido afectados por el terremoto y queremos llegar al menos a 232,000. Estamos trabajando para conseguir los recursos«, indicó Zena desde el campamento transitorio del complejo deportivo Domo José María Vargas de La Guaira, el estado más afectado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.
Zena indicó que Unicef está tratando de movilizar 52 millones de dólares para ayudar a unos 230,000 niños.
Unicef está brindando a los niños y a sus familias atención psicológica y médica con vacunas, agua y actividades recreativas para los menores de edad.
«Hay una necesidad apremiante, que es el tema del acceso al agua», remarcó.
Zena recordó que la población más vulnerable en este tipo de situaciones son los niños.
El doble terremoto de hace una semana es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.
Los sismos de hace ocho días afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país.
El Gobierno, que este jueves aún no ha actualizado las cifras, informó el miércoles que había contabilizado más de 12,000 damnificados y anunció la habilitación de 25 campamentos, 13 en La Guaira, ocho en Caracas, dos en Miranda, uno en Carabobo y uno en Yaracuy.
La ONU ha habilitado tres campamentos transitorios con la presencia de varias de sus agencias para asistir a las personas.