Latinoamericanas
EE.UU. amenaza a sus “ciudades santuario” de inmigrantes
AP
NUEVO MÉXICO. El secretario de Justicia Jeff Sessions dio nuevos pasos el jueves para sancionar a las ciudades que considera que no están cooperando con los agentes federales de inmigración, medida que sorprendió a las autoridades locales, las cuales indicaron desconocer por qué estaban bajo advertencia.
El Departamento de Justicia envió cartas a cuatro ciudades afectadas por la violencia con armas de fuego, advirtiéndoles que no podrán beneficiarse de un nuevo programa que proporciona dinero para combatir el narcotráfico y la delincuencia de pandillas a menos que le den acceso a las autoridades federales de inmigración a sus cárceles, y que avisen con anticipación cuando alguien detenido por infracciones migratorias esté por ser liberado.
Las ciudades _Baltimore, Albuquerque, y Stockton y San Bernardino, en California_ han expresado interés en el programa Public Safety Partnership (Sociedad por la Seguridad Pública) del Departamento de Justicia, el cual incluye agentes federales, analistas y herramientas tecnológicas para ayudar a las comunidades a combatir la delincuencia.
“Al tomar en cuenta consideraciones sencillas y de sentido común, estamos alentando a todas las jurisdicciones de este país a cooperar con las agencias policiales federales”, dijo Sessions en un comunicado que acompañó a las cartas. “Ello redundará en mayor seguridad para todos, especialmente para los policías que patrullan nuestras calles”.
La amenaza es el intento más reciente de Sessions para obligar a las entidades locales a que ayuden a los agentes federales a detener y deportar a personas que viven en el país ilegalmente, parte de una iniciativa para reducir actos delictivos que cree están vinculados con la inmigración ilegal. El secretario de Justicia ha prometido repetidas veces que retendrá los fondos federales a las ciudades que no cooperen, en forma similar a la forma en que gobiernos previos han retenido los fondos para carreteras durante debates sobre el límite de velocidad y la edad para poder ingerir bebidas alcohólicas.
Pero a algunas de las ciudades no les quedó claro por qué están bajo amenaza.
En una carta dirigida a Sessions, Richard Berry, el alcalde republicano de Albuquerque, negó que la ciudad más grande de Nuevo México sea un santuario para los inmigrantes que viven ilegalmente en el país, y dijo que ha estado tratando de trabajar con las autoridades de inmigración desde que asumió el puesto en 2009. De hecho, dijo Berry, el personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en el centro de transporte de prisiones ha disminuido en los últimos años.
“Si su agencia tiene preguntas o preocupaciones con nuestras cárceles del condado (Bernalillo), yo los canalizaría a ustedes con sus directivos”, escribió Berry.
Peter Simonson, director general de la Unión Americana de Libertades Civiles en Nuevo México, consideró que las exigencias son “una estrategia de hostigamiento”.
Otra preocupación planteada por las ciudades es que la policía que patrulla las calles ficha a sospechosos en cárceles operadas por las autoridades estatales o del condado sobre las que no tiene control. Las misivas del Departamento de Justicia se enfocan en darles a los agentes federales de inmigración acceso a ese tipo de instalaciones de detención.
En San Bernardino, los agentes fichan a cualquier arrestado en cárceles que son operadas por el condado, no por la ciudad del sur de California con 216.000 habitantes, dijo el jefe policial Jarrod Burguan.
“La ciudad de San Bernardino nunca ha efectuado ningún acto formal para declararse ciudad santuario”, dijo Burguan. “Nuestras políticas han sido muy, muy coherentes a lo largo de los años”.
Eric Jones, jefe de la policía de Stockton, dijo que sus agentes también fichan a sospechosos en unas instalaciones operadas por el condado y su tarea es combatir los delitos violentos, no hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
“Eso no significa que no trabajemos con nuestros socios federales, pero eso simplemente no es una función que nos corresponda”, afirmó.
La policía tampoco hace cumplir las leyes de inmigración en Baltimore, donde los arrestados son trasladados a una cárcel administrada por el estado, dijo Anthony McCarthy, portavoz de la alcaldesa Catherine Pugh. El estado dice apegarse a las políticas federales sobre inmigración en su sistema de arrestos.
“Estamos recibiendo un apoyo federal tremendo para las acciones de reducción de la violencia, y no querríamos que nada desalentara los avances que esperamos lograr en ese frente”, señaló McCarthy.
Sessions se ha comprometido a hacer del combate a la inmigración y la delincuencia en las calles la principal prioridad del Departamento de Justicia, pero la estrategia lo está enfrentando con algunos líderes municipales, que dicen que la mejor forma de combatir a la delincuencia y ganar la confianza de la comunidad es mantener a la policía local fuera de los asuntos federales de inmigración.
La semana pasada, Sessions les dijo a las ciudades que deben cumplir las mismas condiciones o perder millones de dólares de un programa separado de subvenciones que ayuda a los departamentos de policía a pagar muchas cosas, desde chalecos a prueba de balas hasta cámaras corporales, una medida que hizo que algunos funcionarios locales se mostraran más desafiantes.
En las cuatro cartas, el Departamento de Justicia le pidió a los departamentos de policía de las ciudades afectadas que presenten pruebas de que están cumpliendo a más tardar el 18 de agosto.
En Albuquerque, estudiantes inmigrantes activistas dijeron que la misiva forma parte del ataque del gobierno de Donald Trump contra los inmigrantes.
“Es una visión de terror para familias como la mía”, dijo Gabriela Hernández, organizadora del suroeste para el grupo activista United We Dream (Unidos Soñamos).
En junio, el Departamento de Justicia eligió a 12 ciudades para que reciban ayuda a través de la Sociedad por la Seguridad Pública, y las autoridades indicaron que las cuatro ciudades amenazadas el jueves habían expresado su interés en la próxima oportunidad para participar. Las urbes fueron elegidas por tener tasas de violencia más elevadas que el promedio y por su disposición para recibir la ayuda y entrenamiento.
Las ciudades que deseen participar de aquí en adelante tendrán que mostrar que permiten comunicación sin trabas entre la policía y las autoridades federales de inmigración, que dan a los agentes acceso a las cárceles con el fin de interrogar a los inmigrantes y que avisan a los agentes con 48 horas de anticipación cuando alguien que esté ilegalmente en el país esté a punto de ser liberado.
Agencia AP
Guadalajara, México.-Varios estados mexicanos cancelaron las clases el lunes, y gobiernos locales y extranjeros por igual advirtieron a sus ciudadanos que permanecieran en interiores ante una violencia generalizada que estalló tras la muerte, a manos del ejército, del poderoso líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, dirigía una de las redes criminales de más rápido crecimiento en México, notoria por traficar fentanilo, metanfetamina y cocaína a Estados Unidos, y por perpetrar ataques descarados contra funcionarios gubernamentales que la desafiaban.
Murió durante un tiroteo en su estado natal de Jalisco cuando el ejército mexicano intentaba capturarlo. Integrantes del cártel respondieron con violencia en todo el país, bloqueando carreteras e incendiando vehículos.
La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia a la operación para capturar al líder del cártel y aplaudió al ejército de México por abatir a un hombre que era uno de los criminales más buscados en ambos países.
México esperaba que la muerte del mayor traficante de fentanilo del mundo aliviara la presión del gobierno de Trump para que haga más contra los cárteles, pero muchos permanecían atrincherados y en vilo mientras esperaban ver la reacción del poderoso cártel.
Muchos temen más violencia
La embajada de Estados Unidos dijo a través de X que su personal en ocho ciudades y en el estado de Michoacán se resguardaría en el lugar y trabajaría de forma remota el lunes, y advirtió a los ciudadanos estadounidenses en muchas partes de México que hicieran lo mismo.
Los autos comenzaron a circular en Guadalajara antes del amanecer del lunes con el inicio de la semana laboral, un cambio notable respecto al domingo, cuando la capital del estado de Jalisco y la segunda ciudad más grande de México, quedó paralizada casi por completo mientras residentes temerosos se quedaban en casa.
A los pasajeros que llegaron al aeropuerto internacional de la ciudad el domingo por la noche se les informó que operaba con personal limitado debido al estallido de violencia.
Murcia iba pasando con ansiedad distintas noticias en redes sociales que mostraban el rostro de “El Mencho” y envió mensajes a sus hijos, quienes seguían su ubicación mientras ella intentaba cruzar la ciudad hacia su casa después de anochecer.
“Mi plan hoy al salir del aeropuerto es ver si hay taxis, pero tengo miedo de todo. Que haya bloqueos, que haya toque de queda, que pueda pasar algo”, expresó. “Estoy completamente sola”.
Videos que circulaban en redes sociales el domingo mostraban a turistas en Puerto Vallarta caminando por la playa mientras una humareda se elevaba a lo lejos.
Un golpe contra un cártel podría ser un triunfo diplomático
David Mora, analista de México para International Crisis Group, señaló que la captura y el estallido de violencia marcan un punto de inflexión en el impulso de Sheinbaum por endurecer la ofensiva contra los cárteles y aliviar las presiones de Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido que México haga más para combatir el contrabando de fentanilo, una droga a menudo mortal, y ha amenazado con imponer más aranceles o emprender una acción militar unilateral si el país no muestra resultados.
Había indicios iniciales de que los esfuerzos de México fueron bien recibidos por Estados Unidos.
El embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, reconoció el éxito de las fuerzas armadas mexicanas y su sacrificio en un comunicado a última hora del domingo. Añadió que “bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, la cooperación bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes”.
Pero, según Mora, también podría allanar el camino para más violencia, a medida que grupos criminales rivales aprovechen el golpe asestado al CJNG.
“Este podría ser un momento en el que esos otros grupos vean que el cártel está debilitado y quieran aprovechar la oportunidad para expandir su control y tomar el control del Cártel Jalisco en esos estados”, afirmó.
“Desde que la presidenta Sheinbaum está en el poder, el ejército ha sido mucho más confrontacional, más combativo contra los grupos criminales en México”, comentó Mora. “Esto le está señalando a Estados Unidos que, si seguimos cooperando, compartiendo inteligencia, México puede hacerlo; no necesitamos tropas de Estados Unidos en suelo mexicano”.
“El Mencho” era un objetivo principal
Oseguera Cervantes, quien resultó herido en la operación para capturarlo el domingo en Tapalpa, Jalisco, a unas dos horas en auto al suroeste de Guadalajara, murió mientras era trasladado en avión a Ciudad de México, informó la Secretaría de la Defensa en un comunicado.
Durante la operación, las tropas fueron atacadas a tiros y mataron a cuatro personas en el lugar. Otras tres personas, incluido Oseguera Cervantes, resultaron heridas y murieron después, indicó el comunicado.
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a través de X que el gobierno de Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia para la operación. “‘El Mencho’ era un objetivo prioritario para el gobierno de México y el de Estados Unidos como uno de los principales traficantes de fentanilo hacia nuestro territorio”, escribió. Elogió al ejército de México por su labor.
El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera al arresto de “El Mencho”. El Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones criminales más poderosas y de más rápido crecimiento en México y comenzó a operar alrededor de 2009.
En febrero de 2025, el gobierno de Trump designó al cártel como una organización terrorista extranjera.
Sheinbaum ha criticado la estrategia de “capos” de gobiernos anteriores, que eliminaban a líderes de cárteles, solo para detonar estallidos de violencia cuando los cárteles se fragmentaban. Aunque se ha mantenido popular en México, la seguridad es una preocupación persistente y, desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo hace un año, ella ha estado bajo una enorme presión para mostrar resultados contra el narcotráfico.
El cártel de Jalisco ha sido uno de los más agresivos en sus ataques contra el ejército —incluidos ataques a helicópteros— y es pionero en lanzar explosivos desde drones e instalar minas. En 2020, llevó a cabo un espectacular intento de asesinato con granadas y rifles de alto poder en el corazón de Ciudad de México contra el entonces jefe de la policía de la capital y ahora secretario federal de seguridad.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.