Latinoamericanas
EE.UU. amenaza a sus “ciudades santuario” de inmigrantes
AP
NUEVO MÉXICO. El secretario de Justicia Jeff Sessions dio nuevos pasos el jueves para sancionar a las ciudades que considera que no están cooperando con los agentes federales de inmigración, medida que sorprendió a las autoridades locales, las cuales indicaron desconocer por qué estaban bajo advertencia.
El Departamento de Justicia envió cartas a cuatro ciudades afectadas por la violencia con armas de fuego, advirtiéndoles que no podrán beneficiarse de un nuevo programa que proporciona dinero para combatir el narcotráfico y la delincuencia de pandillas a menos que le den acceso a las autoridades federales de inmigración a sus cárceles, y que avisen con anticipación cuando alguien detenido por infracciones migratorias esté por ser liberado.
Las ciudades _Baltimore, Albuquerque, y Stockton y San Bernardino, en California_ han expresado interés en el programa Public Safety Partnership (Sociedad por la Seguridad Pública) del Departamento de Justicia, el cual incluye agentes federales, analistas y herramientas tecnológicas para ayudar a las comunidades a combatir la delincuencia.
“Al tomar en cuenta consideraciones sencillas y de sentido común, estamos alentando a todas las jurisdicciones de este país a cooperar con las agencias policiales federales”, dijo Sessions en un comunicado que acompañó a las cartas. “Ello redundará en mayor seguridad para todos, especialmente para los policías que patrullan nuestras calles”.
La amenaza es el intento más reciente de Sessions para obligar a las entidades locales a que ayuden a los agentes federales a detener y deportar a personas que viven en el país ilegalmente, parte de una iniciativa para reducir actos delictivos que cree están vinculados con la inmigración ilegal. El secretario de Justicia ha prometido repetidas veces que retendrá los fondos federales a las ciudades que no cooperen, en forma similar a la forma en que gobiernos previos han retenido los fondos para carreteras durante debates sobre el límite de velocidad y la edad para poder ingerir bebidas alcohólicas.
Pero a algunas de las ciudades no les quedó claro por qué están bajo amenaza.
En una carta dirigida a Sessions, Richard Berry, el alcalde republicano de Albuquerque, negó que la ciudad más grande de Nuevo México sea un santuario para los inmigrantes que viven ilegalmente en el país, y dijo que ha estado tratando de trabajar con las autoridades de inmigración desde que asumió el puesto en 2009. De hecho, dijo Berry, el personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en el centro de transporte de prisiones ha disminuido en los últimos años.
“Si su agencia tiene preguntas o preocupaciones con nuestras cárceles del condado (Bernalillo), yo los canalizaría a ustedes con sus directivos”, escribió Berry.
Peter Simonson, director general de la Unión Americana de Libertades Civiles en Nuevo México, consideró que las exigencias son “una estrategia de hostigamiento”.
Otra preocupación planteada por las ciudades es que la policía que patrulla las calles ficha a sospechosos en cárceles operadas por las autoridades estatales o del condado sobre las que no tiene control. Las misivas del Departamento de Justicia se enfocan en darles a los agentes federales de inmigración acceso a ese tipo de instalaciones de detención.
En San Bernardino, los agentes fichan a cualquier arrestado en cárceles que son operadas por el condado, no por la ciudad del sur de California con 216.000 habitantes, dijo el jefe policial Jarrod Burguan.
“La ciudad de San Bernardino nunca ha efectuado ningún acto formal para declararse ciudad santuario”, dijo Burguan. “Nuestras políticas han sido muy, muy coherentes a lo largo de los años”.
Eric Jones, jefe de la policía de Stockton, dijo que sus agentes también fichan a sospechosos en unas instalaciones operadas por el condado y su tarea es combatir los delitos violentos, no hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
“Eso no significa que no trabajemos con nuestros socios federales, pero eso simplemente no es una función que nos corresponda”, afirmó.
La policía tampoco hace cumplir las leyes de inmigración en Baltimore, donde los arrestados son trasladados a una cárcel administrada por el estado, dijo Anthony McCarthy, portavoz de la alcaldesa Catherine Pugh. El estado dice apegarse a las políticas federales sobre inmigración en su sistema de arrestos.
“Estamos recibiendo un apoyo federal tremendo para las acciones de reducción de la violencia, y no querríamos que nada desalentara los avances que esperamos lograr en ese frente”, señaló McCarthy.
Sessions se ha comprometido a hacer del combate a la inmigración y la delincuencia en las calles la principal prioridad del Departamento de Justicia, pero la estrategia lo está enfrentando con algunos líderes municipales, que dicen que la mejor forma de combatir a la delincuencia y ganar la confianza de la comunidad es mantener a la policía local fuera de los asuntos federales de inmigración.
La semana pasada, Sessions les dijo a las ciudades que deben cumplir las mismas condiciones o perder millones de dólares de un programa separado de subvenciones que ayuda a los departamentos de policía a pagar muchas cosas, desde chalecos a prueba de balas hasta cámaras corporales, una medida que hizo que algunos funcionarios locales se mostraran más desafiantes.
En las cuatro cartas, el Departamento de Justicia le pidió a los departamentos de policía de las ciudades afectadas que presenten pruebas de que están cumpliendo a más tardar el 18 de agosto.
En Albuquerque, estudiantes inmigrantes activistas dijeron que la misiva forma parte del ataque del gobierno de Donald Trump contra los inmigrantes.
“Es una visión de terror para familias como la mía”, dijo Gabriela Hernández, organizadora del suroeste para el grupo activista United We Dream (Unidos Soñamos).
En junio, el Departamento de Justicia eligió a 12 ciudades para que reciban ayuda a través de la Sociedad por la Seguridad Pública, y las autoridades indicaron que las cuatro ciudades amenazadas el jueves habían expresado su interés en la próxima oportunidad para participar. Las urbes fueron elegidas por tener tasas de violencia más elevadas que el promedio y por su disposición para recibir la ayuda y entrenamiento.
Las ciudades que deseen participar de aquí en adelante tendrán que mostrar que permiten comunicación sin trabas entre la policía y las autoridades federales de inmigración, que dan a los agentes acceso a las cárceles con el fin de interrogar a los inmigrantes y que avisan a los agentes con 48 horas de anticipación cuando alguien que esté ilegalmente en el país esté a punto de ser liberado.
Agencia EFE
Caracas.- El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace casi un mes en la zona norte de Venezuela ascendió este miércoles a 5.398, después de que las autoridades sumaran 52 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.
Entretanto, el número de heridos se mantiene en 16.740, según el diputado, quien publicó el balance en su cuenta de Telegram.
El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 17.907 personas perdieron sus viviendas, un número que se había mantenido igual desde el pasado 7 de julio y que este martes bajó a 17.265.
De momento, hay 23.335 personas en 107 campamentos transitorios, 213 más que el martes, mientras 128.324 familias han sido atendidas por las autoridades.
Además, este desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el balance oficial, que también registra 1.463 réplicas -58 más respecto al anterior- desde el doble terremoto del pasado 24 de junio.
El lunes, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por el Gobierno a afectados por los terremotos, en un acto que encabezó Delcy Rodríguez junto a su hermano en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.
Las autoridades no ofrecen cifras de desaparecidos, pero la iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’, una web donde se reporta a personas en paradero desconocido tras los terremotos, registra a más de 29.000 a las que no se ha podido contactar.
Según cifras no confirmadas que recibió la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en junio pasado, el número de desaparecidos por los terremotos podría ascender a 50.000.
Víctimas sin identificar están siendo enterradas en varias fosas recientemente abiertas en un cementerio municipal del estado La Guaira, según informaron a EFE varios testigos a principios de este mes.
Latinoamericanas
Nicaragua responde a RD tras condena a Daniel Ortega por afirmaciones sobre comicios
Agencia EFE
San José.-El Gobierno de Nicaragua arremetió este miércoles contra la República Dominicana por condenar en los términos «más enérgicos» las recientes declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en las que afirmó que en ese país «no volverán a haber elecciones».
«Resulta increíble, a estas alturas de la historia, que un pueblo valiente y digno, como el pueblo dominicano, que ha sufrido dictaduras, invasiones e intervenciones imperiales, tenga voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones», indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en un comunicado.
«Hemos vivido las mismas miserias y los pueblos no tienen culpa de la deshonrosa conducta de ciertas figuras que creen ser de autoridad», señaló la cancillería nicaragüense.
«Como bien sabemos, hermanos dominicanos, el respeto al derecho ajeno, es la paz», añadió Managua.
La Cancillería dominicana anotó que una declaración de esa naturaleza, que un mandatario afirme que no volverán a haber elecciones, constituye un «abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense» a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, justas, transparentes y plurales.
República Dominicana consideró que «ningún gobierno» puede arrogarse el derecho de privar a un pueblo de la posibilidad de expresar periódicamente su voluntad soberana mediante el voto, ni cerrar por decisión unilateral la vía electoral como mecanismo legítimo para la alternancia en el poder.
«El Gobierno dominicano hace un llamado a las autoridades nicaragüenses a rectificar esta posición y garantizar plenamente los derechos políticos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense, incluyendo su derecho a participar en elecciones auténticas, competitivas y democráticas», indicó la Cancillería del país caribeño.
Este miércoles, el titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), el sandinista Gustavo Porras, dijo que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los «traidores a la patria» en el país.
«Lo importante es que dejemos en rango constitucional de que en este país no podemos aceptar elecciones donde participen golpistas, traidores a la patria, donde participen partidos y organismos financiados con dinero extranjero, con potencias extranjeras, por organismos extranjeros», subrayó Porras.
Latinoamericanas
Crisis demográfica: Cuba cierra 2025 con 68.051 nacimientos y 9,4 millones de habitantes
La Habana (EFE).- Cuba cerró el 2025 con apenas 68.051 nacimientos, la cifra más baja en décadas, y una población de 9,4 millones de personas, informaron este lunes medios estatales.
De acuerdo con datos del Centro de Estudios Demográficos (Cedem) de la isla, difundidos por el diario oficial Granma, la tendencia a la baja “es clara”, con 99.000 nacimientos en 2021; en 2022, fueron reportados unos 95.000; mientras que en 2024 la cifra cayó a poco más de 71.000; finalmente el pasado año cerró con 68.051 nacimientos.
Esa es “la cifra más baja en décadas, contrastada con las 134.354 defunciones, lo que evidencia un decrecimiento natural”, señala el artículo que cita a varios investigadores del Cedem.
Puntualiza, además, que el país caribeño abrió el año 2026 con 9.436.440 personas y la isla “enfrenta una realidad compleja marcada por la baja fecundidad, el envejecimiento poblacional y un saldo migratorio negativo que redefine las estructuras sociales y económicas”.
Al respecto, la investigadora del Cedem, Arelis Mora, señaló que la población menor de 35 años representa un 38,4% del total, y detalló que el grupo de cero a cuatro años es el que menos representatividad tiene, “consecuencia directa de la baja fecundidad” en el país.
Además, indicó que, al cierre de 2024, el 50 % de las personas que se movieron fuera de la isla eran jóvenes menores de 35 años.
Las cifras confirman la tendencia al envejecimiento y decrecimiento poblacional en la isla debido a la migración y un mayor número de muertes que nacimientos.
El Gobierno calcula que más de tres millones de cubanos viven en el extranjero, la mitad de los cuales tienen residencia en el país; mientras que 1,1 millón no poseen residencia efectiva en la isla.
Por su parte, la subdirectora del Cedem, Matilde Molina, resaltó que “uno de los desafíos más sensibles en Cuba es la fecundidad adolescente”, una situación que calificó de un “problema social que va más allá de la salud”.
Molina puntualizó que, en 2024, la tasa fue de 47,1 nacimientos por cada 1.000 adolescentes y pese a que “hubo una disminución, el peso relativo de este grupo en la fecundidad total del país aumentó”.
Según estima el demógrafo independiente cubano Juan Carlos Albizu-Campos, tras una caída del 18 % entre 2022 y 2023, la población total de la isla estaría cifrada en los 8,6 millones, lejos de los 9,4 que han anunciado las cifras oficiales.