Latinoamericanas
EE.UU. amenaza a sus “ciudades santuario” de inmigrantes
AP
NUEVO MÉXICO. El secretario de Justicia Jeff Sessions dio nuevos pasos el jueves para sancionar a las ciudades que considera que no están cooperando con los agentes federales de inmigración, medida que sorprendió a las autoridades locales, las cuales indicaron desconocer por qué estaban bajo advertencia.
El Departamento de Justicia envió cartas a cuatro ciudades afectadas por la violencia con armas de fuego, advirtiéndoles que no podrán beneficiarse de un nuevo programa que proporciona dinero para combatir el narcotráfico y la delincuencia de pandillas a menos que le den acceso a las autoridades federales de inmigración a sus cárceles, y que avisen con anticipación cuando alguien detenido por infracciones migratorias esté por ser liberado.
Las ciudades _Baltimore, Albuquerque, y Stockton y San Bernardino, en California_ han expresado interés en el programa Public Safety Partnership (Sociedad por la Seguridad Pública) del Departamento de Justicia, el cual incluye agentes federales, analistas y herramientas tecnológicas para ayudar a las comunidades a combatir la delincuencia.
“Al tomar en cuenta consideraciones sencillas y de sentido común, estamos alentando a todas las jurisdicciones de este país a cooperar con las agencias policiales federales”, dijo Sessions en un comunicado que acompañó a las cartas. “Ello redundará en mayor seguridad para todos, especialmente para los policías que patrullan nuestras calles”.
La amenaza es el intento más reciente de Sessions para obligar a las entidades locales a que ayuden a los agentes federales a detener y deportar a personas que viven en el país ilegalmente, parte de una iniciativa para reducir actos delictivos que cree están vinculados con la inmigración ilegal. El secretario de Justicia ha prometido repetidas veces que retendrá los fondos federales a las ciudades que no cooperen, en forma similar a la forma en que gobiernos previos han retenido los fondos para carreteras durante debates sobre el límite de velocidad y la edad para poder ingerir bebidas alcohólicas.
Pero a algunas de las ciudades no les quedó claro por qué están bajo amenaza.
En una carta dirigida a Sessions, Richard Berry, el alcalde republicano de Albuquerque, negó que la ciudad más grande de Nuevo México sea un santuario para los inmigrantes que viven ilegalmente en el país, y dijo que ha estado tratando de trabajar con las autoridades de inmigración desde que asumió el puesto en 2009. De hecho, dijo Berry, el personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en el centro de transporte de prisiones ha disminuido en los últimos años.
“Si su agencia tiene preguntas o preocupaciones con nuestras cárceles del condado (Bernalillo), yo los canalizaría a ustedes con sus directivos”, escribió Berry.
Peter Simonson, director general de la Unión Americana de Libertades Civiles en Nuevo México, consideró que las exigencias son “una estrategia de hostigamiento”.
Otra preocupación planteada por las ciudades es que la policía que patrulla las calles ficha a sospechosos en cárceles operadas por las autoridades estatales o del condado sobre las que no tiene control. Las misivas del Departamento de Justicia se enfocan en darles a los agentes federales de inmigración acceso a ese tipo de instalaciones de detención.
En San Bernardino, los agentes fichan a cualquier arrestado en cárceles que son operadas por el condado, no por la ciudad del sur de California con 216.000 habitantes, dijo el jefe policial Jarrod Burguan.
“La ciudad de San Bernardino nunca ha efectuado ningún acto formal para declararse ciudad santuario”, dijo Burguan. “Nuestras políticas han sido muy, muy coherentes a lo largo de los años”.
Eric Jones, jefe de la policía de Stockton, dijo que sus agentes también fichan a sospechosos en unas instalaciones operadas por el condado y su tarea es combatir los delitos violentos, no hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
“Eso no significa que no trabajemos con nuestros socios federales, pero eso simplemente no es una función que nos corresponda”, afirmó.
La policía tampoco hace cumplir las leyes de inmigración en Baltimore, donde los arrestados son trasladados a una cárcel administrada por el estado, dijo Anthony McCarthy, portavoz de la alcaldesa Catherine Pugh. El estado dice apegarse a las políticas federales sobre inmigración en su sistema de arrestos.
“Estamos recibiendo un apoyo federal tremendo para las acciones de reducción de la violencia, y no querríamos que nada desalentara los avances que esperamos lograr en ese frente”, señaló McCarthy.
Sessions se ha comprometido a hacer del combate a la inmigración y la delincuencia en las calles la principal prioridad del Departamento de Justicia, pero la estrategia lo está enfrentando con algunos líderes municipales, que dicen que la mejor forma de combatir a la delincuencia y ganar la confianza de la comunidad es mantener a la policía local fuera de los asuntos federales de inmigración.
La semana pasada, Sessions les dijo a las ciudades que deben cumplir las mismas condiciones o perder millones de dólares de un programa separado de subvenciones que ayuda a los departamentos de policía a pagar muchas cosas, desde chalecos a prueba de balas hasta cámaras corporales, una medida que hizo que algunos funcionarios locales se mostraran más desafiantes.
En las cuatro cartas, el Departamento de Justicia le pidió a los departamentos de policía de las ciudades afectadas que presenten pruebas de que están cumpliendo a más tardar el 18 de agosto.
En Albuquerque, estudiantes inmigrantes activistas dijeron que la misiva forma parte del ataque del gobierno de Donald Trump contra los inmigrantes.
“Es una visión de terror para familias como la mía”, dijo Gabriela Hernández, organizadora del suroeste para el grupo activista United We Dream (Unidos Soñamos).
En junio, el Departamento de Justicia eligió a 12 ciudades para que reciban ayuda a través de la Sociedad por la Seguridad Pública, y las autoridades indicaron que las cuatro ciudades amenazadas el jueves habían expresado su interés en la próxima oportunidad para participar. Las urbes fueron elegidas por tener tasas de violencia más elevadas que el promedio y por su disposición para recibir la ayuda y entrenamiento.
Las ciudades que deseen participar de aquí en adelante tendrán que mostrar que permiten comunicación sin trabas entre la policía y las autoridades federales de inmigración, que dan a los agentes acceso a las cárceles con el fin de interrogar a los inmigrantes y que avisan a los agentes con 48 horas de anticipación cuando alguien que esté ilegalmente en el país esté a punto de ser liberado.
Latinoamericanas
Elecciones presidenciales y legislativas de Haití fueron aplazadas para el 18 de julio de 2027
Esta decisión era esperada desde comienzos de mes, cuando el CEP prorrogó hasta el 31 de octubre el plazo para la inscripción de candidaturas, pero no había fijado una nueva fecha para las elecciones.
Puerto Príncipe, Haití.–La primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas de Haití, previstas para el próximo 13 de diciembre, fueron aplazadas junto con el referéndum constitucional y se celebrarán el 18 de julio de 2027 debido a la crisis que vive el país, informó este miércoles el Consejo Electoral Provisional (CEP).
El organismo divulgó un calendario electoral actualizado, que establece que la segunda vuelta de estas elecciones, aplazadas varias veces en los últimos años, se llevará a cabo el 4 de octubre del año próximo.
Esta decisión era esperada desde comienzos de mes, cuando el CEP prorrogó hasta el 31 de octubre el plazo para la inscripción de candidaturas, pero no había fijado una nueva fecha para las elecciones.
«Este calendario actualizado tiene por objeto favorecer la continuación de las operaciones electorales en condiciones que permitan a los actores concernidos cumplir sus obligaciones con respeto a las disposiciones del marco legal», señala una nota que acompaña al nuevo calendario.
Aplazamientos sucesivos en haití
Estas elecciones debían haberse celebrado el pasado 30 de agosto, pero debido a la profunda crisis política y de seguridad en Haití, marcada por la violencia de las bandas armadas y las dificultades para restablecer la estabilidad institucional, fueron aplazadas para el 13 de diciembre de este año, fecha sustituida ahora por el 18 de julio de 2027.
El Consejo Electoral Provisional subrayó hoy su «voluntad de proseguir la ejecución del proceso electoral con diálogo, profesionalismo y rigor, con vistas a la organización de elecciones inclusivas, creíbles y transparentes».
Todo ello «en estricto respeto de los principios de independencia e integridad electorales, así como del derecho de cada ciudadana y de cada ciudadano a participar en la vida democrática del país».
El actual mandatario del país es el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, quien ejerce el cargo de manera interina desde el 10 de noviembre de 2024.
Fils-Aimé ha tenido que gobernar un país sometido por la violencia de las bandas armadas, que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe y que son combatidas por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), creada en septiembre 2025 por mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, que lo renovó por seis meses más al cumplir un año.
Latinoamericanas
Fuerza internacional intensifica ofensiva contra bandas haitianas y advierte que mantendrá sus operaciones
Por Efe
La misión multinacional reafirmó su compromiso de combatir a las organizaciones criminales pese a la emboscada contra cuatro militares salvadoreños, mientras autoridades haitianas realizan operativos y buscan reforzar sus fuerzas de seguridad.
PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ. – La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) aseguró que continuará sus operaciones contra las organizaciones criminales que mantienen bajo su control amplias zonas de Haití, pese a los recientes ataques contra integrantes de la misión internacional, incluido el incidente en el que desaparecieron cuatro militares salvadoreños.
Mediante una declaración difundida en la red social X, la fuerza multinacional reafirmó su determinación de contribuir al restablecimiento de la seguridad y la estabilidad del país caribeño, advirtiendo que las acciones violentas de las bandas no detendrán el cumplimiento de su mandato.
El pronunciamiento se produce en medio de una creciente tensión por la desaparición de cuatro integrantes del contingente salvadoreño, quienes fueron emboscados por hombres armados en las afueras de Puerto Príncipe el pasado 18 de octubre.
La GSF acompañó su mensaje con imágenes de sus operaciones, en las que aparecen vehículos blindados, militares de Chad y personal salvadoreño participando en actividades de vigilancia aérea.
Operativos contra grupos armados en Puerto Príncipe
Mientras la misión internacional mantiene su ofensiva, la Policía Nacional de Haití continúa desarrollando intervenciones en sectores considerados estratégicos para las organizaciones criminales.
Según informaciones difundidas por Radio Télé Galaxie, durante la noche del domingo se ejecutó un operativo en el barrio Bel-Air, en Puerto Príncipe, que habría dejado varios presuntos integrantes de bandas armadas muertos.
La intervención estuvo dirigida contra una organización que operaba en ese sector y que, de acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio haitiano, estaría relacionada con numerosos secuestros registrados en la capital.
Las autoridades buscan recuperar espacios ocupados por estructuras criminales que han limitado la movilidad de la población y afectado las actividades económicas y sociales.
Haití busca incorporar miles de nuevos militares
Paralelamente a las operaciones de seguridad, las Fuerzas Armadas haitianas iniciaron un proceso de selección de nuevos integrantes para fortalecer su capacidad institucional.
Alrededor de 2,000 aspirantes participaron el domingo en evaluaciones intelectuales, de las cuales serán seleccionados aproximadamente 700 candidatos.
El proceso forma parte de un programa gubernamental que contempla incorporar 15,000 miembros a las Fuerzas Armadas durante los próximos tres años.
La iniciativa pretende ampliar la capacidad del Estado para enfrentar la inseguridad y respaldar las acciones desarrolladas contra las organizaciones criminales.
Persiste incertidumbre sobre militares salvadoreños desaparecidos
La situación de los cuatro integrantes del contingente salvadoreño continúa generando preocupación internacional.
La GSF informó que recibió restos humanos cuya identidad no había sido establecida y que inicialmente se consideró que podrían corresponder a los militares desaparecidos.
Sin embargo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuestionó esa posibilidad, por lo que la identificación de los restos permanece pendiente de confirmación.
Las autoridades salvadoreñas han desplegado unidades especializadas para apoyar las operaciones de búsqueda y determinar el paradero de sus efectivos.
La emboscada representa uno de los acontecimientos más delicados enfrentados por la misión internacional en su lucha contra las organizaciones criminales haitianas.
Organización denuncia presuntos vínculos entre bandas y sectores de poder
En medio de las operaciones, la Red Haitiana de Periodistas contra la Corrupción (Rhajac) pidió al presidente salvadoreño actuar con cautela ante la compleja situación política y de seguridad de Haití.
La organización denunció la supuesta existencia de acuerdos entre el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, y dirigentes de organizaciones armadas, que presuntamente tendrían como propósito favorecer su permanencia en el poder.
También señaló alegadas relaciones de protección y colaboración entre bandas criminales y determinados integrantes de sectores políticos, empresariales y policiales.
Entre sus señalamientos, la organización mencionó presuntas complicidades relacionadas con miembros de instituciones policiales haitianas y dominicanas.
Estas afirmaciones constituyen denuncias de la Rhajac y no hechos judicialmente establecidos. La información difundida no aporta una determinación oficial que permita confirmar tales acusaciones ni atribuir responsabilidades individuales.
La recuperación territorial sigue siendo el principal desafío
La persistencia de las bandas armadas continúa representando uno de los mayores obstáculos para la estabilización de Haití.
Aunque las operaciones conjuntas han permitido recuperar algunos espacios y enfrentar determinadas estructuras criminales, las organizaciones armadas mantienen una considerable influencia territorial y capacidad de movilización.
La situación evidencia que las acciones militares necesitan complementarse con el fortalecimiento institucional, la interrupción del tráfico ilegal de armas y el combate contra las fuentes de financiamiento criminal.
Para la fuerza internacional, el desafío no consiste únicamente en neutralizar integrantes de las bandas, sino en contribuir a crear condiciones que permitan al Estado haitiano recuperar de manera permanente el control de las comunidades afectadas.
Mientras continúen los enfrentamientos y las denuncias sobre posibles redes de protección criminal, la estabilidad de Haití seguirá dependiendo tanto de los resultados de las operaciones de seguridad como de la capacidad de sus instituciones para restablecer el Estado de derecho.
Fuente: Agencia EFE, declaraciones de la GSF, informaciones de Radio Télé Galaxie y comunicado de la Rhajac, 27 de octubre de 2026.
Latinoamericanas
Misión internacional desafía a las bandas armadas de Haití y anuncia que mantendrá sus operaciones
La desaparición de cuatro militares salvadoreños aumenta la tensión en el país caribeño, mientras continúan los enfrentamientos, las operaciones de seguridad y las denuncias sobre presuntos vínculos entre sectores de poder y grupos criminales.
PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ. – La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) aseguró que mantendrá su ofensiva contra las organizaciones criminales que operan en Haití, pese al recrudecimiento de la violencia y la desaparición de cuatro integrantes del contingente salvadoreño, cuyo paradero continúa sin esclarecerse.
La misión multinacional reiteró este lunes que las acciones intimidatorias y los ataques perpetrados por las bandas armadas no modificarán sus objetivos de contribuir al restablecimiento de la seguridad y respaldar a las autoridades haitianas.
El pronunciamiento se produce en medio de una creciente preocupación internacional por la capacidad operativa de los grupos criminales, que mantienen bajo amenaza a comunidades enteras y representan un desafío para las fuerzas nacionales y extranjeras desplegadas en el territorio.
La desaparición de los cuatro militares salvadoreños, ocurrida el pasado 18 de octubre durante una emboscada en Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe, ha agravado la tensión y provocado nuevas interrogantes sobre las condiciones de seguridad en las que opera la misión.
Incertidumbre por militares desaparecidos
Uno de los acontecimientos que mayor preocupación ha generado es la recepción de restos humanos cuya identidad todavía no ha sido establecida.
La GSF informó que recibió, mediante una organización humanitaria, restos que inicialmente se consideraron relacionados con los cuatro militares desaparecidos. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita establecer esa correspondencia.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rechazó que los restos encontrados pertenezcan a sus compatriotas y explicó que las características observadas no coinciden con las de los militares buscados.
Operativos contra organizaciones criminales
Mientras continúa la búsqueda, las fuerzas de seguridad haitianas han intensificado sus intervenciones en sectores considerados de alta peligrosidad.
De acuerdo con informaciones difundidas por Radio Télé Galaxie, la Policía Nacional de Haití desarrolló una operación en Bel-Air, uno de los barrios de Puerto Príncipe afectados por la presencia de grupos armados.
Durante la intervención, realizada la noche del domingo, varios presuntos integrantes de bandas criminales habrían perdido la vida.
Las autoridades buscan debilitar la capacidad de organizaciones señaladas por su participación en secuestros, ataques armados y otras actividades delictivas que afectan a la población.
La GSF también difundió imágenes de sus operaciones, en las que aparecen vehículos blindados y miembros de los contingentes internacionales desplegados para apoyar las labores de seguridad.
Haití busca fortalecer sus Fuerzas Armadas
Paralelamente a las operaciones contra las pandillas, el Gobierno haitiano desarrolla un programa de fortalecimiento militar con el propósito de aumentar la capacidad de respuesta de sus instituciones.
Como parte de esa iniciativa, aproximadamente 2,000 aspirantes participaron el domingo en evaluaciones destinadas a seleccionar nuevos integrantes de las Fuerzas Armadas.
De ese grupo se escogerán alrededor de 700 candidatos, dentro de un proyecto gubernamental que contempla incorporar 15,000 efectivos durante los próximos tres años.
La medida forma parte de los esfuerzos por recuperar progresivamente el control territorial y reducir la dependencia de la asistencia internacional en materia de seguridad.
Denuncias sobre presuntas complicidades políticas
La crisis también ha generado cuestionamientos sobre la posible existencia de vínculos entre organizaciones criminales y determinados sectores de influencia política y económica.
La Red Haitiana de Periodistas contra la Corrupción (RHAJAC) solicitó al presidente salvadoreño actuar con cautela ante informaciones sobre supuestos acuerdos entre dirigentes políticos haitianos y líderes de bandas armadas.
La organización denunció la presunta existencia de mecanismos de protección y apoyo a grupos criminales desde determinados espacios de poder.
Sus señalamientos también alcanzan a sectores privados y a supuestos integrantes de organismos policiales haitianos y dominicanos.
Estas acusaciones constituyen denuncias de la organización y no hechos judicialmente demostrados. Por tanto, requieren investigaciones independientes que permitan determinar su veracidad y establecer eventuales responsabilidades.
La crisis haitiana mantiene en alerta a la región
La persistencia de la violencia en Haití continúa representando un desafío de seguridad que trasciende sus fronteras, especialmente por sus posibles repercusiones humanitarias, migratorias y territoriales.
Para República Dominicana, que comparte la isla de La Española con Haití, el deterioro de la seguridad del país vecino constituye un asunto de especial interés nacional.
La desaparición de militares extranjeros evidencia las dificultades que enfrenta la comunidad internacional para desarrollar operaciones en territorios donde las organizaciones criminales conservan una importante capacidad de acción.
Aunque la misión multinacional insiste en que continuará sus actividades, los acontecimientos recientes ponen de manifiesto la complejidad de enfrentar a estructuras armadas que desafían tanto a las autoridades nacionales como a las fuerzas internacionales.
El principal desafío sigue siendo transformar las operaciones militares en resultados sostenibles que permitan recuperar el control institucional, proteger a la población y crear condiciones para restablecer la estabilidad política y social de Haití.
Fuentes: Agencia EFE, comunicados de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), Radio Télé Galaxie y declaraciones atribuidas a la Red Haitiana de Periodistas contra la Corrupción.