Latinoamericanas
EE.UU. amenaza a sus “ciudades santuario” de inmigrantes
AP
NUEVO MÉXICO. El secretario de Justicia Jeff Sessions dio nuevos pasos el jueves para sancionar a las ciudades que considera que no están cooperando con los agentes federales de inmigración, medida que sorprendió a las autoridades locales, las cuales indicaron desconocer por qué estaban bajo advertencia.
El Departamento de Justicia envió cartas a cuatro ciudades afectadas por la violencia con armas de fuego, advirtiéndoles que no podrán beneficiarse de un nuevo programa que proporciona dinero para combatir el narcotráfico y la delincuencia de pandillas a menos que le den acceso a las autoridades federales de inmigración a sus cárceles, y que avisen con anticipación cuando alguien detenido por infracciones migratorias esté por ser liberado.
Las ciudades _Baltimore, Albuquerque, y Stockton y San Bernardino, en California_ han expresado interés en el programa Public Safety Partnership (Sociedad por la Seguridad Pública) del Departamento de Justicia, el cual incluye agentes federales, analistas y herramientas tecnológicas para ayudar a las comunidades a combatir la delincuencia.
“Al tomar en cuenta consideraciones sencillas y de sentido común, estamos alentando a todas las jurisdicciones de este país a cooperar con las agencias policiales federales”, dijo Sessions en un comunicado que acompañó a las cartas. “Ello redundará en mayor seguridad para todos, especialmente para los policías que patrullan nuestras calles”.
La amenaza es el intento más reciente de Sessions para obligar a las entidades locales a que ayuden a los agentes federales a detener y deportar a personas que viven en el país ilegalmente, parte de una iniciativa para reducir actos delictivos que cree están vinculados con la inmigración ilegal. El secretario de Justicia ha prometido repetidas veces que retendrá los fondos federales a las ciudades que no cooperen, en forma similar a la forma en que gobiernos previos han retenido los fondos para carreteras durante debates sobre el límite de velocidad y la edad para poder ingerir bebidas alcohólicas.
Pero a algunas de las ciudades no les quedó claro por qué están bajo amenaza.
En una carta dirigida a Sessions, Richard Berry, el alcalde republicano de Albuquerque, negó que la ciudad más grande de Nuevo México sea un santuario para los inmigrantes que viven ilegalmente en el país, y dijo que ha estado tratando de trabajar con las autoridades de inmigración desde que asumió el puesto en 2009. De hecho, dijo Berry, el personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en el centro de transporte de prisiones ha disminuido en los últimos años.
“Si su agencia tiene preguntas o preocupaciones con nuestras cárceles del condado (Bernalillo), yo los canalizaría a ustedes con sus directivos”, escribió Berry.
Peter Simonson, director general de la Unión Americana de Libertades Civiles en Nuevo México, consideró que las exigencias son “una estrategia de hostigamiento”.
Otra preocupación planteada por las ciudades es que la policía que patrulla las calles ficha a sospechosos en cárceles operadas por las autoridades estatales o del condado sobre las que no tiene control. Las misivas del Departamento de Justicia se enfocan en darles a los agentes federales de inmigración acceso a ese tipo de instalaciones de detención.
En San Bernardino, los agentes fichan a cualquier arrestado en cárceles que son operadas por el condado, no por la ciudad del sur de California con 216.000 habitantes, dijo el jefe policial Jarrod Burguan.
“La ciudad de San Bernardino nunca ha efectuado ningún acto formal para declararse ciudad santuario”, dijo Burguan. “Nuestras políticas han sido muy, muy coherentes a lo largo de los años”.
Eric Jones, jefe de la policía de Stockton, dijo que sus agentes también fichan a sospechosos en unas instalaciones operadas por el condado y su tarea es combatir los delitos violentos, no hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
“Eso no significa que no trabajemos con nuestros socios federales, pero eso simplemente no es una función que nos corresponda”, afirmó.
La policía tampoco hace cumplir las leyes de inmigración en Baltimore, donde los arrestados son trasladados a una cárcel administrada por el estado, dijo Anthony McCarthy, portavoz de la alcaldesa Catherine Pugh. El estado dice apegarse a las políticas federales sobre inmigración en su sistema de arrestos.
“Estamos recibiendo un apoyo federal tremendo para las acciones de reducción de la violencia, y no querríamos que nada desalentara los avances que esperamos lograr en ese frente”, señaló McCarthy.
Sessions se ha comprometido a hacer del combate a la inmigración y la delincuencia en las calles la principal prioridad del Departamento de Justicia, pero la estrategia lo está enfrentando con algunos líderes municipales, que dicen que la mejor forma de combatir a la delincuencia y ganar la confianza de la comunidad es mantener a la policía local fuera de los asuntos federales de inmigración.
La semana pasada, Sessions les dijo a las ciudades que deben cumplir las mismas condiciones o perder millones de dólares de un programa separado de subvenciones que ayuda a los departamentos de policía a pagar muchas cosas, desde chalecos a prueba de balas hasta cámaras corporales, una medida que hizo que algunos funcionarios locales se mostraran más desafiantes.
En las cuatro cartas, el Departamento de Justicia le pidió a los departamentos de policía de las ciudades afectadas que presenten pruebas de que están cumpliendo a más tardar el 18 de agosto.
En Albuquerque, estudiantes inmigrantes activistas dijeron que la misiva forma parte del ataque del gobierno de Donald Trump contra los inmigrantes.
“Es una visión de terror para familias como la mía”, dijo Gabriela Hernández, organizadora del suroeste para el grupo activista United We Dream (Unidos Soñamos).
En junio, el Departamento de Justicia eligió a 12 ciudades para que reciban ayuda a través de la Sociedad por la Seguridad Pública, y las autoridades indicaron que las cuatro ciudades amenazadas el jueves habían expresado su interés en la próxima oportunidad para participar. Las urbes fueron elegidas por tener tasas de violencia más elevadas que el promedio y por su disposición para recibir la ayuda y entrenamiento.
Las ciudades que deseen participar de aquí en adelante tendrán que mostrar que permiten comunicación sin trabas entre la policía y las autoridades federales de inmigración, que dan a los agentes acceso a las cárceles con el fin de interrogar a los inmigrantes y que avisan a los agentes con 48 horas de anticipación cuando alguien que esté ilegalmente en el país esté a punto de ser liberado.
San Juan, PR.-Las autoridades federales y puertorriqueñas detuvieron este sábado a tres venezolanos, al incautar 3,051 libras (1,384 kilos) de cocaína valoradas en 32 millones de dólares en la costa este de Puerto Rico.Fueron agentes de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), junto con otras agencias federales y locales, quienes llevaron a cabo este operativo cerca de la exclusiva zona residencial de Palmas del Mar en Humacao (este).
Según explicó la CBP en un comunicado de prensa, fue una tripulación de una embarcación de AMO que avistó una embarcación sospechosa o yola construida en madera con las luces apagadas navegando a alta velocidad al este de la isla.
La nave de AMO prosiguió su rumbo tratando de interceptar a la yola, pero la perdió de vista, pidiendo asistencia de un avión Bull-17 de la Guardia Costera de Estados Unidos.
La aeronave de los guardacostas logró ubicar la embarcación sospechosa a 10 millas (16 kilómetros) de la costa de Humacao, manteniendo vigilancia para ayudar a la unidad marina de AMO, así como otras de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción e Inteligencia de la Policía de Puerto Rico que se unieron en el operativo.
Finalmente, los agentes interceptaron la yola cerca del balneario Palmas del Mar.
A bordo de la embarcación iban tres hombres, quienes dijeron ser ciudadanos venezolanos, a quienes se les ocuparon 40 fardos de cocaína.
Investigaciones de Seguridad Nacional y la Administración de Control de Drogas recibieron la custodia del contrabando y los tres individuos para su investigación y enjuiciamiento.
Este es el operativo contra el narcotráfico en Puerto Rico más reciente desde que el pasado jueves, agentes de AMO interceptaron una embarcación cerca de isla de Mona, al oeste de Puerto Rico, arrestando a dos dominicanos con un cargamento de cocaína valorado en 2,9 millones de dólares.
Latinoamericanas
Los salvadoreños redescubren las calles tras un año de «guerra» contra las pandillas
San Salvador.-Así ya uno puede caminar […], para mí está bueno eso, lo que ha hecho el señor presidente», dice a la AFP Norma Gómez, de 58 años, mientras vende ungüentos para la piel en una calle de San Salvador.Antes de que el presidente Nayib Bukele lanzara una «guerra» contra las pandillas en El Salvador, para cualquier persona era arriesgado cruzar del «territorio» dominado por una banda criminal al de otra.
Un año después la gente camina sin temor de un barrio a otro y miles de comerciantes dejaron de pagar extorsiones a las pandillas, pero organismos de derechos humanos y la Iglesia Católica critican los métodos de Bukele.
«Hoy tengo la confianza de que mi hija y mi hijo salgan de su escuela, y vayan solos a casa usando el transporte público, sin temor que pandilleros los vayan a interceptar», indica Mauricio Reyes, empleado de 51 años.
La Mara Salvatrucha y la Barrio 18, con sus dos facciones, habían establecido «fronteras» en las áreas que controlaban, donde todos tenían que someterse a sus reglas bajo riesgo de perder la vida.
Controlaban el 80% del territorio del país, según Bukele, y se financiaban con extorsiones y narcomenudeo, y negocios de transporte, comercios y moteles, ahora desmontados por las autoridades.
Tomaron el control territorial después del fin de la guerra civil (1980-1992) y se les atribuyen 120.000 muertes, más que las que hubo en el conflicto armado (75.000).
«Megacárcel»
Todo comenzó a cambiar el 27 de marzo de 2022. Por pedido de Bukele, el Congreso aprobó un régimen de excepción que faculta a la policía y al ejército a hacer arrestos masivos sin orden judicial, en respuesta a una escalada de violencia que dejó 87 muertos.
El presidente lanzó redadas masivas en ciudades y construyó la cárcel «más grande de América», para 40.000 reos. En imágenes divulgadas por Bukele se observa a cientos de presos tatuados, descalzos, encadenados y con sus torsos desnudos, vistiendo apenas un pantaloncillo blanco mientras son trasladados a esta prisión.
Más de 66.000 presuntos pandilleros han sido detenidos y Bukele parece cerca de acabar con estas temidas bandas.
Antes la inseguridad agobiaba a los salvadoreños, pero ahora el 92% admite que la seguridad mejoró, según una encuesta del diario La Prensa Gráfica. «La seguridad está buena, antes no. Hoy nos movemos libremente», dice a la AFP el vendedor ambulante Carlos Dueñas, de 57 años.
Lo positivo
El investigador Carlos Carcach, de la Escuela Superior de Economía y Negocios, declara a la AFP que «lo que es evidente es prácticamente la neutralización (…) y parece que es el desbaratamiento, de las estructuras pandilleriles, y eso es positivo».
Ahora «hay posibilidades reales de ingresar a múltiples colonias adonde anteriormente era sumamente difícil o riesgoso», reconoce la jefa del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, Laura Andrade.
Lo negativo
Carcach admite que hay también un efecto «negativo», pues se «ha completado el proceso de desarticulación de todo el andamiaje institucional en materia de seguridad púbica y derechos humanos».
Hubo una «cesión de derechos por parte de la población a cambio de una aparente o real mejoría en la seguridad», afirma.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han criticado los métodos de Bukele, lo mismo que la jerarquía católica.
En una misa en memoria del arzobispo Oscar Arnulfo Romero (asesinado en 1980), el cardenal Gregorio Rosa Chávez dijo el viernes que siente «tristeza, frustración, impotencia, vergüenza y sentido de culpa».
«Sentimos culpa porque muchos de nosotros nos hemos acobardado, nos hemos quedado mudos, nos hemos hundido en la indiferencia. Parecemos un pueblo anestesiado, acomodado en su pequeño mundo, gozando de una paz muy semejante a la paz de los cementerios», agregó el cardenal.
De su lado, el juez Juan Antonio Durán afirma que «ha sido un año nefasto» para la justicia «por las violaciones a los derechos humanos» de inocentes detenidos sin «el debido proceso».
Los jóvenes
Bukele aspira a la reelección en febrero de 2024.
«Sigo pensando que el régimen de excepción es una estrategia fundamentalmente de corte político, de corte electoral, y en ese sentido se va a mantener muy probablemente hasta después de las elecciones», dice a la AFP el académico José Miguel Cruz, de la Universidad Internacional de Florida (EEUU).
Antes los jóvenes eran los más afectados por la violencia pandillera, según el gobierno, pero muchos de ellos todavía tienen miedo.
«Antes nuestros jóvenes eran asediados por las pandillas […], ahora el joven sale con temor porque el régimen de excepción también se los va a llevar si le caen mal al soldado o al policía», dice a la AFP el fontanero José Sánchez, de 55 años.
Honduras.-Honduras se une al bando diplomático de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, como parte de la agenda ideológica y económica de la presidenta hondureña Xiomara Castro.A diferencia de otros países centroamericanos que han anunciado en el pasado de forma oficial y abrupta su ruptura con Taiwán, por ahora, la mandataria hondureña solo ha anunciado el establecimiento de relaciones diplomáticas con Pekín. Sin embargo, este alineamiento supone de facto el reconocimiento de una sola China, la República Popular.
¿Por qué Honduras rompe con un país que ha sido históricamente amigo y ha tenido décadas de relaciones? ¿Por qué precisamente ahora, en un contexto de guerra y bloques entre Occidente y el eje China-Rusia?
Julio Raudales, economista y sociólogo hondureño, ha analizado para RFI las motivaciones de este movimiento y sus repercusiones en las relaciones políticas de América.
¿Qué impacto tendrá este movimiento en el tablero político de América y del mundo?
«En un contexto de guerra en Europa, una guerra que también ha dividido al mundo y probablemente afectará la relación que actualmente tenemos con Estados Unidos, un aliado que todo el mundo sabe que está del lado de Taiwán, esto tendrá algunas repercusiones. Sobre todo, en lo que respecta a la cooperación. China es el cooperante más grande del país. Esto matiza mucho el mapa político mundial, especialmente si consideramos que Europa está inclinándose cada vez más hacia la derecha. Espero que la presidenta y su equipo hayan medido las consecuencias y los beneficios de este acercamiento con China, y que los elementos positivos superen a los negativos»
Si se confirma la ruptura de Honduras con el gobierno democrático de Taiwán, esta última solo contará con 13 países que la reconocen oficialmente en todo el mundo. Como respuesta y para consolidar sus escasos aliados, la presidenta taiwanesa anunció una visita oficial a Guatemala y Belice para la próxima semana.