Opinión
El comercio de República Dominicana con Haití parte de una agenda multidimensional
Por Miguel Ceara
El mercado haitiano de hoy para la República Dominicana no es marginal para las exportaciones formales, es más de la décima parte (13%) de las exportaciones totales, es el principal mercado para más de la mitad de las exportaciones hacia ese país (56%) y un poco más de 7 dólares por cada 100 exportado tiene como mercado principal Haití.
Las relaciones entre la República Dominicana y Haití, desde la fundación de la República han seguido un camino sinuoso que ha atravesado momentos de acercamientos, cooperación, distanciamientos, confrontaciones e indiferencias reciprocas.
El desconocimiento y la indiferencia hace que en la República Dominicana no exista el Oeste sino el “Sur profundo”para referirse a las provincias fronterizas del sur oeste como Pedernales e Independencia o en el oeste franco como en Elías Piña. A pesar de compartir una isla con un continuo geográfico y ambiental ni siquiera se enseña geografía de la isla en ningún nivel del sistema educativo dominicano aunque si de América. Por supuesto, el desconocimiento histórico es abismal y todo esto a pesar de que existe una realidad haitiana que de un modo u otro influye en el devenir delaparte este de la isla, básicamente por la inmigración y una realidad dominicana que influye en Haití.
El desencuentro entre ambos países ha llegado a un punto, en donde la República Dominicana tiene tres definiciones de nacionalidad: los nacidos en el territorio de padres dominicanos, los que se han naturalizados y los que son dominicanos por equivocación, es decir, los dominicanos de origen haitiano nacidas en el territorio, pero “inscritos irregularmente en el registro civil” (Ley 169-14 que instaura un régimen especial para personas inscritas irregularmente).
Creo que no hay en el mundo dos países fronterizos compartiendo una isla de 76 mil km2 con 20 millones de habitantes que registren tantas diferencias sociales, económicas y ambientales. En efecto,en otra parte[2] he calculado la distancia de desarrollo económico y social medida por el esfuerzo de crecimiento para que Haití alcance el nivel de desarrollo humano de la República Dominicana de hoy, observando que ese esfuerzo es mayor que el que debería hacer la República Dominicana para alcanzar el nivel de desarrollo humano en los Estados Unidos de hoy.
Estas diferencias sociales, económicas y ambientales determinan las formas de las influencias reciprocas entre los dos países. La República Dominicana representa para miles de haitianos la oportunidad de conseguir una vida mejor como inmigrantes (la mayoría de las veces de manera irregular), el tener acceso a mejores servicios de salud, de educación ente otros, mientras que para la República Dominicana representa la oportunidad de vender a un mercado desabastecido y de contratar a una mano de obra abundante (muchas veces más barata que la fuerza laboral dominicana) que permite mantener elevados ritmos de acumulación de capital.
Estos dos países están obligados a concertar algún tipo de acuerdo de cooperación y desarrollo, así cómo una agenda bilateral multidimensional e integral que permita:
- Crear las condiciones para una convivencia pacífica.
- Respetar las individualidades nacionales.
- Analizar losproblemas comunes derivados de la condición de isla.
- Tomar en cuenta las marcadas diferencias en los niveles de desarrollo.
- La discutir de forma simultánea todos los temas para garantizar el ganar-ganar.
Solamente sobre estas bases se pueden lograr relaciones armónicas y estables.Esa agenda debería incluir aspecto tales como: el comercio de bienes y servicios (formal e informal), inmigración, medio ambiente, seguridad (droga y crimen), frontera, agricultura, industria, educación, cultura, entre otras muchas dimensiones.
La importancia del comercio con Haití
El mercado dominicano es una oportunidad para los productos haitianos y viceversa, sin embargo, reglas no escritas, las debilidades institucionales en ambos países, las estructuras oligopólicas y monopólicas de los mercados nacionales, la debilidad relativa del aparato productivo haitiano, entre otros factores han creado barreras no arancelarias que dificultan un comercio entre ambos países.
El comercio con Haití se mueve en tres lógicas de mercado que son paralelas: el comercio informal, formal y de servicios. Sobre este último no hay ningún tipo de registro, más allá de lo anecdótico.
- El comercio fronterizo
Se realiza en una franja de menos de 20 km a ambos lados de la frontera, según sea la infraestructura de comunicación, la topografía, el nivel de interacciones entre comunidades, el tamaño de las poblaciones y la distancia en km.
Este comercio se realiza en mercados ubicados en territorio dominicano, caracterizados por su carácter informal, de valor total indeterminado, donde se transan de manera individual magnitudes pequeñas definidas por las condiciones socioeconómicas de los compradores (rural y elevado niveles de pobreza), ello implica mercados poco exigentes y productos de baja calidad, los cuales responden a estrategias de sobrevivencia de las poblaciones en ambos lados de la frontera o forma parte de la cadena de comercialización para algunos rubros agropecuarios dominicanos de gran impacto regional (el pollo y huevos). Este mercado es para la República Dominicana un mercado de vendedores mientras que para Haití es básicamente de compradores.
En “teoría” los mercados binacionales están ordenados por la Ley No. 216-11 que instituye su regulación en la frontera dominicano-haitiana. Esta ley define los mercados fronterizos, localizados en las cabeceras de municipios, así como los requisitos mediante el “Reglamento de Operatividad del Mercado Fronterizo”. En la práctica la regulación derivada de esta ley como muchas otras leyes de la República Dominicana no se aplica.
Todas las evidencias empíricas recogidas muestran que en estos mercados predomina el desorden, la arbitrariedad, la ausencia de los derechos sobre todo para los comerciantes haitianos, operan con poca regulación estatal, sin higiene, además de no tener infraestructura y ser una fuente de contaminación para el medio ambiente.
- El comercio formal.
El comercio formal de la República Dominicana con Haití ha venido tomando importancia en la década del 2000, de forma que en promedio durante 2014-2015, las exportaciones dominicanas a Haití representan el 13% de las exportaciones totales dominicanas y el 31% de las importaciones totales de Haití, para alcanzar un monto que se sitúa por encima de los US$1,200 millones.
Desafortunadamente, este comercio registra un saldo deficitario en perjuicio de Haití del orden de US$1.2 mil millones, explicando el 42% del déficit comercial total de ese país con el mundo para el período 2014-2015 (Haití exporta 1 o 2 millones a RD). Obviamente en esas condiciones es muy difícil, sino que imposible que se pueda mantener un trato comercial estable en el tiempo. Es previsible que Haití tomará medidas regulares e irregulares de legítima defensa para proteger su economía, creando sobresaltos permanentes para la economía dominicana
| Cuadro 1. Estructura de exportaciones dominicanas cuyo mercado principal es Haití | ||||
| Destino de las exportaciones por tipo de producto a nivel de 2 dígitos del Sistema Armonizado de Arancel | Millones US$ | Estructura en % | En % del total exportado a Haití | En % del total exportado |
| Único mercado: más del 90% | 359 | 53% | 29% | 3.9% |
| Mercado principal pero no único (50%<mercado<89% | 324 | 47% | 27% | 3.6% |
| Mercado principal | 683 | 100% | 56% | 7.5% |
| Fuente: TradeMapÚnico mercado: las exportaciones totales dominicana se concentran en más del 90% en el mercado haitiano
Mercado principal: las exportaciones totales dominicanas se concentran en más de 50% en el mercado haitiano |
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¿Qué significa el comercio con Haití según el tipo de producto? Si se define el mercado principal de un producto, cuando un destino representa más del 50% de las exportaciones dominicanas de ese tipo producto y si además se define único mercado, cuando un destino representa más del 90% de las exportaciones totales, tomando como referencia las estadísticas de TradeMap y la clasificación de productos según el sistema armonizado arancelarios a nivel de 2 dígitos, se puede concluir que:
Primero, el 56% de las exportaciones dominicanas hacia Haití, tienen a ese mercado como el principal destino, alcanzando un valor de US$683 millones, es decir, el 7.5% de todas las exportaciones dominicanas hacia el mundo (Cuadro 1).
Segundo, hay por lo menos 7 productos (Cuadro 2) cuyo único mercado de exportación es Haití, los cuales representan el 29% de las exportaciones dominicanas hacia ese país y el 3.9% de las exportaciones dominicanas totales (US$359 millones). Entre estos productos están: cereales, animales vivos, algodón, tejido de punto, filamentos sintéticos, grasas y aceites vegetales, y productos de carne y pescado.
| Cuadro 2. Exportaciones dominicanas cuyo mercado principal es Haití (más del 50% de las exportaciones totales de ese producto (2014-2015) | ||||
| Exportaciones que tienen como mercado principal Haití (más de 50%) | ||||
| Código | Productos | Mercado Haití en % exportaciones totales de RD | Peso en las exportaciones hacia Haití | Acumulado |
| ‘TOTAL | Todos los productos | 13% | 56% | 56% |
| 10 | Cereales | 98% | 1.1% | |
| 01 | Animales vivos | 98% | 0.9% | |
| 52 | Algodón | 97% | 21.7% | |
| 60 | Tejidos de punto | 95% | 1.3% | |
| 54 | Filamentos sintéticos o artificiales | 91% | 0.7% | |
| 15 | Grasas y aceites animales o vegetales | 91% | 2.5% | |
| 16 | Preparaciones de carne, pescado o crustáceos | 90% | 1.2% | 29% |
| 11 | Productos de la molinería | 85% | 6.3% | |
| 02 | Carne y despojos comestibles | 82% | 0.7% | |
| 37 | Productos fotográficos o cinematográficos | 80% | 0.0% | 7% |
| 66 | Paraguas, sombrillas, quitasoles y bastones | 79% | 0.0% | |
| 36 | Pólvora y explosivos; pirotecnia; fósforos | 71% | 0.0% | 0% |
| 25 | Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos | 63% | 5.6% | |
| 04 | Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural y comestibles de origen animal | 60% | 0.9% | 7% |
| 21 | Preparaciones alimenticias diversas | 58% | 7.2% | |
| 03 | Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos | 57% | 0.6% | |
| 31 | Abonos | 56% | 1.6% | |
| 96 | Manufacturas diversas | 51% | 0.6% | |
| 48 | Papel y cartón | 51% | 2.9% | |
| 35 | Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados | 50% | 0.1% | 13% |
| Fuente: TradeMap | ||||
Tercero, hay 15 tipos de productos que tienen a Haití como mercado principal pero no alcanzan a ser único destino. Estos 15 productos representan el 3.6% de las exportaciones totales y alcanzan un valor de US$324 millones. Entre estos están: los de molinería, carnes y despojo de comestibles y productos fotográficos, paraguas y sombrillas, pólvora y,fósforos, yeso y cemento, leche y productos lácteos, preparaciones alimenticias diversas, pescado y crustáceo, abonos, manufacturas diversas y papel y cartón.
En resumen, el mercado haitiano de hoy para la República Dominicana no es marginal para las exportaciones formales, es más de la décima parte (13%) de las exportaciones totales, es el principal mercado para más de la mitad de las exportaciones hacia ese país (56%) y un poco más de 7 dólares por cada 100 exportado tiene como mercado principal Haití. Así como casi 4 dólares de cada 100 exportado solamente se exporta a Haití y no se exporta a ningún otro país. Estas cifras denotan una situación de mucha vulnerabilidad de las exportaciones dominicanas hacia el mercado haitiano y dependen en gran medida de las decisiones que se tomen en ese país.
Para Haití,el 69% de las importaciones que provienen de la República Dominicana tienen como proveedor principal (más del 50%) a la República Dominicana, lo cual representa el 21% de las importaciones totales de Haití. Este porcentaje a su vez se descompone en 13% de las importaciones totales que tienen como mercado principal abastecedor a la República Dominicana y 8% tienen al país como abastecedor único.
A manera de conclusión
Haití y la República Dominicana tienen intereses comunes que debe abrir una agenda permanente de cooperación diversa que incluya todos los temas, es decir integral para que pueda ser estable, predecible y garantice a ambas partes el “ganar-ganar”. Un acuerdo de suma cero perjudica a ambos países.
Hay que ordenar los mercados informales y garantizar los derechos a los ciudadanos haitianos (vendedores o compradores) en territorio dominicano. La estabilidad del comercio formal hace inaceptable el alto déficit comercial que registra Haití con la República Dominicana. Se requiere el diseño de políticas que creen espacios de acuerdos entre empresarios haitianos y dominicanos, para que ese comercio tenga también dolientes haitianos, además de que el comercio como parte de esa agenda integral genere algún tipo de beneficio a la sociedad haitiana de lo contrario el país estará sometido a constantes sobresaltos como consecuencia de legítimas políticas proteccionistas haitianas.
[1]Economista. Profesor e Investigador del Centro de Estudios José Luis Alemán de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
[2]Ceara Hatton, Miguel (2017). Haití y República Dominicana: divergencia, población y migración. Pesquisas. Revista de Investigación. Año 1, Vol. 2. 2017. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Versión revisada en octubre 2016.
https://www.pucmm.edu.do/investigacion/Documents/Pesquisa-vol2-FINAL-hojas-sueltas.pdf
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.