Editorial
De lo Subjetivo a lo Objetivo
El último escándalo que envuelve a la Iglesia Católica en la República parece haberla impactado como nunca antes por la crueldad del crimen cometido por uno de sus curas en contra de un joven con minoría de edad.
Este caso de pederastia proyecta la idea de que ha hecho más daños a esta corriente religiosa que otras ocurridas hace algunos años, como por ejemplo, en la comunidad de Juncalito y las acciones inmorales del nuncio apostólico o representante diplomático en el país del Vaticano.
Aunque se parte de una valoración muy subjetiva, la realidad es que objetivamente hablando se ha sentido con mucha fuerza el crimen cometido por el párroco Elvin Taveras Guzmán en perjuicio de un joven que además se desempeñaba como monaguillo en una iglesia de Santo Domingo.
Aún en los que entienden que este podría tratarse de un caso aislado, y que el mismo no puede ser un referente para medir a todos los sacerdotes con la misma vara, lo cierto es que se siente en el ambiente que este hecho ha generado más desconfianza en aquellos que tienen como misión la promoción de la palabra de Dios en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
Es probable que en el caso de este crimen haya que esgrimir la expresión que dice: «Tanto cae la gotera en el mismo sitio hasta que hace un hoyo», lo cual es aplicable a los tantos escándalos que han ocurrido en el seno de la Iglesia Católica que cualquiera pudiera pensar que la violación de jóvenes y niños se trata de un mal endémico en esta corriente religiosa.
El impacto ha sido tan grande que hasta el papa Francisco ante la puesta en circulación de un libro de una de las victimas históricas de las violaciones ocurridas en la Iglesia Católica, ha hecho una medición de los daños físicos y morales del fenómeno.
Existen sospechas de que los daños causados por el cura en su parroquia tienen mucho mayor magnitud que el crimen en contra del monaguillo, porque incluso hay familias del lugar donde opera la iglesia que tenían muy mala espina con el padre presuntamente responsable del asesinato.
Por lo menos las fotos que han salido en los medios de comunicación proyectan una imagen de un cura, líder religioso y cabeza de una parroquia, hasta cierto punto diabólica, como aquel culpable de lo mal hecho que no es capaz de mantener totalmente abiertos sus ojos para vender por lo menos la idea de que nada de lo imputado obedece a la verdad.
Pero parece tanto el peso de la culpabilidad de un hombre, que incluso dice su familia que era el ídolo de ellos, el orgullo de ellos, que la imagen que proyecta en estos críticos días de su vida se acercan más a un demonio que a un ser normal.
Sólo habría que recordar un detalle dado por una de las familias del sector donde ocurrieron los hechos que han impactado a toda la Iglesia Católica de la República Dominicana, se trata de que el supuesto padre asesino escondía su transparencia y su mirada en unos lentes oscuros, tal y como ocurrió con su colega que cometió actos inmorales en Juncalito.
No se sabe cuándo podrá la Iglesia Católica recuperarse de esta herida mortal infringida por uno de los suyos, pero de lo que sí se debe estar plenamente seguro de que ésta es una estocada que parece que durará muchos años para cicatrizar por lo profundo y simbólica de la misma.
En este momento, por lo menos en lo que respecta a la República Dominicana, no basta con palabras de la jerarquía de la Iglesia Católica, sino con acciones sanadoras y dirigidas a limpiar de aberraciones y distorsiones en aquellos que han asumido la palabra del Señor para apaciguar el dolor y los daños que causan muchos seres humanos a su prójimo.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.