Editorial
De lo Subjetivo a lo Objetivo
El último escándalo que envuelve a la Iglesia Católica en la República parece haberla impactado como nunca antes por la crueldad del crimen cometido por uno de sus curas en contra de un joven con minoría de edad.
Este caso de pederastia proyecta la idea de que ha hecho más daños a esta corriente religiosa que otras ocurridas hace algunos años, como por ejemplo, en la comunidad de Juncalito y las acciones inmorales del nuncio apostólico o representante diplomático en el país del Vaticano.
Aunque se parte de una valoración muy subjetiva, la realidad es que objetivamente hablando se ha sentido con mucha fuerza el crimen cometido por el párroco Elvin Taveras Guzmán en perjuicio de un joven que además se desempeñaba como monaguillo en una iglesia de Santo Domingo.
Aún en los que entienden que este podría tratarse de un caso aislado, y que el mismo no puede ser un referente para medir a todos los sacerdotes con la misma vara, lo cierto es que se siente en el ambiente que este hecho ha generado más desconfianza en aquellos que tienen como misión la promoción de la palabra de Dios en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
Es probable que en el caso de este crimen haya que esgrimir la expresión que dice: «Tanto cae la gotera en el mismo sitio hasta que hace un hoyo», lo cual es aplicable a los tantos escándalos que han ocurrido en el seno de la Iglesia Católica que cualquiera pudiera pensar que la violación de jóvenes y niños se trata de un mal endémico en esta corriente religiosa.
El impacto ha sido tan grande que hasta el papa Francisco ante la puesta en circulación de un libro de una de las victimas históricas de las violaciones ocurridas en la Iglesia Católica, ha hecho una medición de los daños físicos y morales del fenómeno.
Existen sospechas de que los daños causados por el cura en su parroquia tienen mucho mayor magnitud que el crimen en contra del monaguillo, porque incluso hay familias del lugar donde opera la iglesia que tenían muy mala espina con el padre presuntamente responsable del asesinato.
Por lo menos las fotos que han salido en los medios de comunicación proyectan una imagen de un cura, líder religioso y cabeza de una parroquia, hasta cierto punto diabólica, como aquel culpable de lo mal hecho que no es capaz de mantener totalmente abiertos sus ojos para vender por lo menos la idea de que nada de lo imputado obedece a la verdad.
Pero parece tanto el peso de la culpabilidad de un hombre, que incluso dice su familia que era el ídolo de ellos, el orgullo de ellos, que la imagen que proyecta en estos críticos días de su vida se acercan más a un demonio que a un ser normal.
Sólo habría que recordar un detalle dado por una de las familias del sector donde ocurrieron los hechos que han impactado a toda la Iglesia Católica de la República Dominicana, se trata de que el supuesto padre asesino escondía su transparencia y su mirada en unos lentes oscuros, tal y como ocurrió con su colega que cometió actos inmorales en Juncalito.
No se sabe cuándo podrá la Iglesia Católica recuperarse de esta herida mortal infringida por uno de los suyos, pero de lo que sí se debe estar plenamente seguro de que ésta es una estocada que parece que durará muchos años para cicatrizar por lo profundo y simbólica de la misma.
En este momento, por lo menos en lo que respecta a la República Dominicana, no basta con palabras de la jerarquía de la Iglesia Católica, sino con acciones sanadoras y dirigidas a limpiar de aberraciones y distorsiones en aquellos que han asumido la palabra del Señor para apaciguar el dolor y los daños que causan muchos seres humanos a su prójimo.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.