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Alza de la ultraderecha en EEUU desafía los límites a libertad de expresión
«Si los blancos supremacistas marchan en nuestras ciudades armados hasta los dientes y con la intención de hacer daño, no están llevando a cabo una actividad protegida por la Constitución de Estados Unidos», explicó esta semana la ACLU
Washington, Estados Unidos (EFE).- El auge de los movimientos de extrema derecha en Estados Unidos, con el reciente episodio de violencia racista en Charlottesville, ha puesto a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), ante un complejo dilema por su tradicional defensa de la libertad expresión sin atender ideologías.
“Si los blancos supremacistas marchan en nuestras ciudades armados hasta los dientes y con la intención de hacer daño, no están llevando a cabo una actividad protegida por la Constitución de Estados Unidos”, explicó esta semana la ACLU en California.
A juicio de la filial estatal del grupo, considerado un bastión de la izquierda progresista en EEUU, “la Primera Enmienda (que protege la liberad de expresión) no debería usarse como escudo o espada para justificar la violencia”.
El comunicado se emitió varios días después de la manifestación racista de Charlottesville en la que hace una semana se produjeron violentos altercados, y donde un mujer de 32 años, Heather Heyer, que protestaba contra la marcha racista, falleció al ser atropellada por un asistente neonazi.
No es la primera vez que la ACLU encara este problema.
En 1934 señaló que protegería la libertad de expresión de los nazis en EEUU en pleno ascenso del régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler en Alemania.
“No escogemos nuestros clientes”, indicó entonces el consejo de la organización, histórico referente de la izquierda estadounidense.
Posteriormente, en 1978, el grupo defendió ante los tribunales que la Primera Enmienda amparaba a un grupo de neonazis que quería desfilar por las calles de Chicago con esvásticas y demás simbología nazi en un barrio de judíos, y en las últimas décadas ha defendido en diferentes ocasiones al Ku Klux Klan en el sur de EEUU.
Precisamente, durante la convocatoria de la marcha de Charlottesville bajo el título de “Unir a la derecha”, y que tenía el objetivo de respaldar la permanencia de la estatua del general confederado Robert Lee en una plaza de la ciudad, la ACLU se puso del lado de los racistas supremacistas al considerar que no se les podía coartar su derecho a la libertad de expresión.
Sin embargo, el trágico giro de los acontecimientos, con violentos enfrentamientos entre supremacistas y antirracistas, y el atropello mortal de opositores en el que además de la fallecida, una veintena más resultaron heridos, pueden haber marcado un punto de inflexión en los 97 años de historia del ACLU.
“Lo sucedido en Charlottesville requiere un examen más agudo”, dijo el pasado jueves Anthony Romero, director ejecutivo del organismo, tras la emisión del comunicado de la filial californiana.
“Si un grupo de protesta insiste: ‘No, queremos ser capaces de llevar armas cargadas’. Bueno, entonces no tenemos que representarlos. Pueden encontrar a otro”, agregó Romero en una nota de prensa.
La decisión se produce en un momento en que la ACLU cuenta con un creciente apoyo tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, aupado por una agresiva retórica y con controvertidas propuestas como la prohibición de la entrada en EEUU de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana.
Tras la victoria de Trump, el número de miembros de la ACLU casi se ha cuadruplicado hasta los 1,6 millones y el grupo defensor de los derechos ciudadanos ha recibido más de 83 millones de dólares en donaciones.
“Nos vemos en los tribunales”, dijo la ACLU tras la llegada de Trump al poder.
Este grupo fue también el que llevó a los tribunales el veto musulmán de Trump, y logró el bloqueo temporal de esa norma, aunque después el Tribunal Supremo validó parcialmente la propuesta del mandatario mientras los altos magistrados estudian a fondo el asunto y pronuncian un fallo definitivo sobre el tema.
Sin embargo, Romero mantuvo la puerta abierta a continuar su defensa legal de grupos de extrema derecha “cuando se expresen de manera no violenta”.
“Creemos que incluso los discursos de odio detestable, con los que estamos en vehemente desacuerdo, merece la protección de la Primera Enmienda”, añadió.
Aunque a la vez, matizó, de cara al futuro “se tomarán estas decisiones caso por caso” y los “horribles acontecimientos en Charlottesville por supuesto que marcarán nuestro rumbo en adelante”. EFE
Por EFE
WASHINGTON.- Los indultos al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y al congresista Henry Cuéllar son los dos últimos añadidos a la larga lista de polémicos indultos presidenciales de Donald Trump en el último año y que han puesto en tela de juicio el uso de esos perdones por razones de afinidad política o por la falta de coherencia en su campaña contra las drogas.
Según un análisis publicado este lunes por el Washington Post, el mandatario ha concedido clemencia a al menos 10 personas por delitos relacionados con las drogas desde el inicio de su segundo mandato, como al líder de una pandilla de Chicago Larry Hoover y al capo de la droga de Baltimore Garnett Smith.
Juan Orlando Hernández
El caso más reciente es el indulto total al expresidente hondureño, condenado a 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico, con el argumento de que su procesamiento había sido una «trampa» de la administración del expresidente Joe Biden.
Críticos han cargado contra Trump por considerar «hipócrita» la liberación de una persona acusada de narcotráfico mientras eleva la presión en Latinoamérica con sus acciones contra las supuestas narcolanchas vinculadas al Tren de Aragua o al Cartel de los Soles.
Ross Ulbricht
El creador del mercado web ilegal Silk Road, Ross Ulbricht, había sido condenado a cadena perpetua en 2015 con cargos de narcotráfico, conspiración y fraude informático. A su regreso a la Casa Blanca, el republicano le concedió el indulto.
Liz Oyer, abogada de indultos bajo la Administración de Trump antes de que él la despidiera, aseguró al Washington Post que estos dos casos son una muestra de «la erosión de un sistema donde cada vez pesan más el dinero y la influencia política».
Pero en esta lista de nombres no solo se encuentran condenados por tráfico de drogas.
Henry Cuéllar
La supuesta persecución política de Biden también fue el motivo que el mandatario alegó para indultar la pasada semana al congresista demócrata de Texas Henry Cuéllar, acusado en mayo de 2024 de aceptar 600,000 dólares en sobornos de un banco mexicano.
Cuéllar, miembro del Congreso por el partido demócrata desde 2005, cargó abiertamente contra la política migratoria de Biden y se alineó con posturas más cercanas a las que ahora defiende Trump.
George Santos
En octubre pasado, el presidente conmutó la sentencia del excongresista republicano de Nueva York George Santos, condenado a más de siete años de prisión por fraude y robo de identidad agravado por el mal uso de fondos de campaña para disfrute personal.
Trump describió a Santos como alguien que suele ser «un poco pícaro» pero dijo que hay muchos pícaros en el país y que no por ello están obligados a pasar siete años en la cárcel. Santos es conocido por sus comentarios polémicos sobre corrupción y migración y acumula diversas denuncias en su carrera.
David Gentile
David Gentile, director ejecutivo de una empresa de capital privado condenado a siete años de cárcel por fraude de valores, acababa de entrar en prisión cuando también recibió la clemencia de la Casa Blanca.
El expropietario de GPB Capital Holdings fue sentenciado por estafar alrededor de 1,600 millones de dólares a más de 10,000 inversores.
Changpeng Zhao
Trump indultó el pasado 23 de octubre al cofundador de la plataforma de criptomonedas Binance Changpeng Zhao, condenado por blanqueo de dinero.
El caso tuvo especial relevancia ya que, desde el regreso del neoyorquino a la Casa Blanca, Binance se ha convertido en un importante apoyo para la empresa de criptomonedas World Liberty Financial, fundada por la familia de Trump.
Participantes en el ataque al Capitolio de 2021
El primer día de su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, Trump indultó a todos los condenados o pendientes de sentencia por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluidos aquellos acusados de sedición.
A estos polémicos indultos se suman casos como el de Joseph Shwartz, un magnate estadounidense condenado por fraude que, según informó el Washington Post, llegaría a pagar cerca de 1 millón de dólares a un lobby con la esperanza de obtener clemencia. La Casa Blanca le concedió el indulto, pero negó lazos con estos grupos de interés.
En manos del presidente, los perdones presidenciales, alrededor de 1,600 en 2025, se han convertido en una especie de termómetro del poder y, para muchos críticos, una práctica de «pago por clemencia» que sigue sumando nombres a la lista.
Londres (EFE).- América Latina tenderá a reforzar sus vínculos con China, ya consolidada como principal inversor de Sudamérica, si el Gobierno estadounidense de Donald Trump insiste en una política «punitiva» y sin incentivos para la región, declaró este martes a EFE Daniel Linsker, directivo de la consultora Control Risks.
Linsker evaluó el impacto del «meteorito Trump» en la presentación en Londres del informe ‘LatAm Outlook 2026’ del centro de estudios británico Canning House, que analiza los desafíos y oportunidades para el subcontinente.
El analista explicó que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Washington vuelve a colocar al «hemisferio oeste», o América, en el centro, pero no desde la cooperación sino desde la presión: sanciones, designación de carteles como terroristas y la exigencia de definir una política sobre China.
«Si EE.UU. no ofrece algo positivo, la región simplemente seguirá donde ya está: con China», afirmó.
El ‘shock’ de un ataque a Venezuela
El experto advirtió además de que un eventual uso de ataques aéreos selectivos contra Venezuela para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro tendría un impacto psicológico y político «muy fuerte» en toda América Latina.
El informe subraya que el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marcó «un cambio significativo» en la política estadounidense hacia América Latina, con un enfoque «más asertivo».
Según el estudio, los líderes latinoamericanos respondieron de distintas maneras, dado que las divisiones internas impidieron una postura unificada.
Oportunidad en la diversificación
Ante las presiones de Trump y la creciente influencia de China, muchas naciones latinoamericanas buscan ahora «diversificar sus relaciones internacionales», con la mira en países del Golfo, India y el sudeste asiático, aunque el potencial para el intercambio comercial, por el tipo de productos, es limitado, indica el documento.
Al mismo tiempo, América Latina, rica en recursos alimentarios y energéticos, atrae inversión de otros países en vías de desarrollo, como Vietnam, lo que «refleja un cambio en la dinámica económica mundial».
Los autores subrayan que la región tiene «potencial para revitalizar su economía», impulsada por la demanda de alimentos y minerales estratégicos, así como por oportunidades vinculadas a la transición energética.
No obstante, el estudio alerta sobre la persistencia de riesgos de seguridad, con violencia organizada y grupos criminales en países como México, Colombia, El Salvador o Ecuador, lo cual, dicen, «dificulta la gobernabilidad y afecta la inversión».
Internacionales
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