«Si los blancos supremacistas marchan en nuestras ciudades armados hasta los dientes y con la intención de hacer daño, no están llevando a cabo una actividad protegida por la Constitución de Estados Unidos», explicó esta semana la ACLU

Washington, Estados Unidos (EFE).- El auge de los movimientos de extrema derecha en Estados Unidos, con el reciente episodio de violencia racista en Charlottesville, ha puesto a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), ante un complejo dilema por su tradicional defensa de la libertad expresión sin atender ideologías.

“Si los blancos supremacistas marchan en nuestras ciudades armados hasta los dientes y con la intención de hacer daño, no están llevando a cabo una actividad protegida por la Constitución de Estados Unidos”, explicó esta semana la ACLU en California.

A juicio de la filial estatal del grupo, considerado un bastión de la izquierda progresista en EEUU, “la Primera Enmienda (que protege la liberad de expresión) no debería usarse como escudo o espada para justificar la violencia”.

El comunicado se emitió varios días después de la manifestación racista de Charlottesville en la que hace una semana se produjeron violentos altercados, y donde un mujer de 32 años, Heather Heyer, que protestaba contra la marcha racista, falleció al ser atropellada por un asistente neonazi.

No es la primera vez que la ACLU encara este problema.

En 1934 señaló que protegería la libertad de expresión de los nazis en EEUU en pleno ascenso del régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler en Alemania.

“No escogemos nuestros clientes”, indicó entonces el consejo de la organización, histórico referente de la izquierda estadounidense.

Posteriormente, en 1978, el grupo defendió ante los tribunales que la Primera Enmienda amparaba a un grupo de neonazis que quería desfilar por las calles de Chicago con esvásticas y demás simbología nazi en un barrio de judíos, y en las últimas décadas ha defendido en diferentes ocasiones al Ku Klux Klan en el sur de EEUU.

Precisamente, durante la convocatoria de la marcha de Charlottesville bajo el título de “Unir a la derecha”, y que tenía el objetivo de respaldar la permanencia de la estatua del general confederado Robert Lee en una plaza de la ciudad, la ACLU se puso del lado de los racistas supremacistas al considerar que no se les podía coartar su derecho a la libertad de expresión.

Sin embargo, el trágico giro de los acontecimientos, con violentos enfrentamientos entre supremacistas y antirracistas, y el atropello mortal de opositores en el que además de la fallecida, una veintena más resultaron heridos, pueden haber marcado un punto de inflexión en los 97 años de historia del ACLU.

“Lo sucedido en Charlottesville requiere un examen más agudo”, dijo el pasado jueves Anthony Romero, director ejecutivo del organismo, tras la emisión del comunicado de la filial californiana.

“Si un grupo de protesta insiste: ‘No, queremos ser capaces de llevar armas cargadas’. Bueno, entonces no tenemos que representarlos. Pueden encontrar a otro”, agregó Romero en una nota de prensa.

La decisión se produce en un momento en que la ACLU cuenta con un creciente apoyo tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, aupado por una agresiva retórica y con controvertidas propuestas como la prohibición de la entrada en EEUU de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana.

Tras la victoria de Trump, el número de miembros de la ACLU casi se ha cuadruplicado hasta los 1,6 millones y el grupo defensor de los derechos ciudadanos ha recibido más de 83 millones de dólares en donaciones.

“Nos vemos en los tribunales”, dijo la ACLU tras la llegada de Trump al poder.

Este grupo fue también el que llevó a los tribunales el veto musulmán de Trump, y logró el bloqueo temporal de esa norma, aunque después el Tribunal Supremo validó parcialmente la propuesta del mandatario mientras los altos magistrados estudian a fondo el asunto y pronuncian un fallo definitivo sobre el tema.

Sin embargo, Romero mantuvo la puerta abierta a continuar su defensa legal de grupos de extrema derecha “cuando se expresen de manera no violenta”.

“Creemos que incluso los discursos de odio detestable, con los que estamos en vehemente desacuerdo, merece la protección de la Primera Enmienda”, añadió.

Aunque a la vez, matizó, de cara al futuro “se tomarán estas decisiones caso por caso” y los “horribles acontecimientos en Charlottesville por supuesto que marcarán nuestro rumbo en adelante”. EFE