Economía
Empresarios temen los efectos de la Ley contra el Lavado de Activos
Acoprovi estima que la actividad del sector construcción e inmobiliario se reducirá, y la AIRD considera que la aplicación de la ley es precipitada y que necesitan un periodo de transición
SANTO DOMINGO. Los empresarios están temerosos de lo que pueda ocurrir con la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. El sector construcción e inmobiliario cree que es posible que la actividad económica disminuya, mientras que los industriales estiman que la atracción de inversiones se puede ver impactada, tanto como la facilidad para hacer negocios en el país. Pero, además, consideran que la precipitada implementación de la norma les puede pasar factura, lo que, afirman, puede ser grave porque involucra elevadas sanciones administrativas e, incluso, penales.
Ahora, además de la banca, hay sectores como la construcción, inmobiliario y automotor, entre otros, que fungen como sujetos obligados por la Ley 155-17, lo que significa que las empresas de esas actividades están obligadas a investigar el origen de los recursos que pasen a través de ellas y deben reportar cualquier situación sospechosa de sus clientes o proveedores.
Para la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), María Gatón, el efecto inmediato sobre el sector —que es uno de los más sensibles al lavado de dinero— es que el costo administrativo de las empresas subirá porque ahora necesitan una unidad capacitada y calificada para hacer la debida diligencia a la que obliga la normativa, que no es otra cosa que vigilar que ni la empresa que les vende un solar o un terreno para la construcción de un complejo de viviendas, pasando por los proveedores de materiales, hasta llegar a los compradores finales de las unidades habitacionales, están involucrados en lavado de activos o financiamiento al terrorismo.
“Además, al igual que los industriales, tenemos la preocupación de que pudiera disminuir la actividad del sector porque tal vez no mucha gente tiene todo su dinero transparente, no sé. Sí tenemos el temor de que la actividad pudiera mermar, pudiera disminuir”, dijo Gatón.
La ley permite que, discrecionalmente, se amplíe el número de sectores obligados a hacer la debida diligencia, y eso puede ocurrir a través del reglamento que está en pleno proceso de definición y a punto de abrirse a consulta pública.
“Allí deben estar los mecanismos de aplicación efectiva de la ley. Estamos preocupados porque muchas de las observaciones que hicimos como sector empresarial, a través del Conep, básicamente no se ponderaron los efectos que podía tener la vigencia de manera inmediata de la ley sin un período de transición”, dijo la presidenta ejecutiva de la AIRD, Circe Almánzar.
Agregó que muchos de los sujetos obligados que deben ajustarse a la Ley 155-17, que fue promulgada a inicios de junio, no estaban totalmente informados sobre su papel en la prevención del lavado de dinero, y que ello genera mucha incertidumbre en los agentes económicos. “La diferencia entre esta ley y la que había antes es que se agregaron sujetos obligados no financieros que tienen un impacto importante en la economía dominicana y eso es lo que puede generar mucha incertidumbre”, señaló.
La vicepresidenta ejecutiva de la AIRD añadió que la aplicación de la normativa puede generar trabas a la hora de registrar transacciones, hacer cambios en los títulos, y también tener ciertas repercusiones con el manejo y el uso de efectivo. “En la economía dominicana tiene mucha incidencia el manejo de efectivo y eso crea muchos problemas de carácter cultural y logísticos. Básicamente estamos trabajando para ver cómo se puede paliar un poco el efecto de la ley”, expresó.
Pero en la visión de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no habrá cacerías de brujas, como temen empresarios. Entienden que pueda haber preocupación por el alcance de la Ley 155-17, pero “como ocurre con cualquier infracción, todo deberá llevarse a cabo dentro del marco de un debido proceso y con observancia de los derechos y garantías fundamentales”, dijo en una declaración a Diario Libre.La presidenta de Acoprovi, por su parte, dijo que a los promotores constructores e inmobiliarios les están recomendando que pidan tres pólizas a sus proveedores: una de avance inicial, otra de fiel cumplimiento y otra más de vicios ocultos, como una vía para cubrirse ante cualquier incidencia. “Hay promotores que ya lo requieren, otros que no. Le recomiendo a los asociados la importancia de estos tres requisitos”, puntualizó.
Entre tanto, al comprador de una vivienda ahora le pedirán referencias de cuentas bancarias, si sus ingresos o el de su grupo familiar concuerdan con la obra que están comprando. “Si, por ejemplo, un cliente quiere comprar una unidad de RD$10 millones, pero sus ingresos no son suficientes, entonces ese podría ser un cliente sospechoso. Es como si fuéramos la banca, que tenemos que reportarlo”, dijo Gatón.
Contó que desde hace años, si alguien quiere cubrir en efectivo una parte de la operación, pedían que depositara el dinero porque así el banco hacía la diligencia de preguntar el origen de los fondos. “Con esta ley no. Ahora si nos llega efectivo a la cuenta nuestra es como si ese dinero lo depositáramos nosotros”, explicó Gatón, quien dijo que eso los pone en riesgo de ser sancionados si resulta que esos recursos eran parte de una operación de lavado de dinero.Haber ampliado los sujetos obligados a otros agentes del sector privado distintos a la banca tiene su sentido. Dulce María Luciano, ex directora de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos del Ministerio Público y actualmente procuradora general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, adscrita a la Dirección General de Aduanas, recordó que la ley anterior (la 72-02) solo consideraba como lavado de activos a las actividades que pretendían blanquear dinero proveniente del narcotráfico.
El énfasis en la ley se puso en los sectores que suelen manejar efectivo o que no están monitoreados por el Estado, explicó la ex directora de la Unidad de Análisis Financiero. “En la medida en que se pongan las reglas claras a la criminalidad organizada y que los sujetos obligados estén haciendo buena prevención ajustada a la ley, en esa medida veremos cómo disminuirá el lavado de activos en los sectores, o a través de ellos”, dijo.Y para la DGII esto supone un reto porque ahora el Ministerio Público, ayudado por todos los entes auxiliares de la ley (entre los que está la autoridad tributaria) tendrá que establecer la relación entre un delito —que puede ser fiscal, aduanero, y ya no solo narcotráfico— y el blanqueo de capitales.
Por su parte, para el economista de la firma Analytica, Enrique Penson, el resultado de la Ley 155-17 será positivo para el país, y no avizora mayores trabas sobre los sectores inmobiliario y automotor porque ya la mayoría de las operaciones se realizan con préstamos que transparentan el proceso. “En la medida que la legislación impulsa mayor formalidad y transparencia en el país, su impacto es positivo tanto para el sector privado como para el público”, manifestó Penson.
Delitos que generan activos susceptibles al lavado
– Tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas.
– Terrorismo.
– Tráfico ilícito de personas, incluyendo inmigrantes ilegales.
– Trata de personas, pornografía infantil, proxenetismo.
– Tráfico ilícito de órganos humanos, de armas.
– Secuestro, extorsión.
– Robo agravado.
– Falsificación de monedas, valores o títulos.
– Estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencias, prevaricación y delitos cometidos por funcionarios públicos, soborno.
– Delito tributario, estafa agravada, contrabando, piratería, delito contra la propiedad intelectual, delito de medio ambiente.
– Testaferrato, sicariato, enriquecimiento no justificado, falsificación de documentos públicos, falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas.
– Tráfico ilícito de mercancías, obras de arte, joyas.
– Delitos financieros, crímenes y delitos de alta tecnología, uso indebido de información confidencial o privilegiada, y manipulación del mercado.
diariolibre.com
Ley 155-17
Agencia AFP
Washington, Estados Unidos.-La Reserva Federal estadounidense (Fed) recortó el miércoles sus tasas por primera vez desde 2020 y optó por una fuerte baja de medio punto porcentual, para dejarlas en 4,75-5,00%.
La segunda ola de reformas con la cual el Gobierno busca eficientizar el gasto público, que también contempla unificar a las direcciones de Aduanas (DGA) y de Impuestos Internos (DGII) en una Administración Tributaria, comenzará con una única Oficina Virtual, integrada, donde imperaría el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para el cruce de datos.
En esta fase, seguirá el proceso de fusiones entre instituciones del Gobierno central, entre las que figuran pendientes una única administración tributaria, y se creará un Ministerio de la Familia con la integración en este de los ministerios de la Juventud y el de la Mujer.
Tambiéb se ha hablado de los ministerios de Deportes y el de Cultura, sobre los cuales expertos en finanzas públicas estiman que estarán dentro del paquete de reducciones y eliminaciones, y del que el Gobierno deberá emitir un derecho de austeridad para que las demás instituciones puedan dar cumplimiento a los lineamientos de recortes en el Estado.
Pasado todo el proceso de eficientización y reducción del gasto público, se infiere que habrá un portal de transparencia donde todo el mudo podrá ver el salario y los ingresos públicos que se asignan con los recursos públicos, incluyendo contratos y subcontratos, nóminas y posibles “nominillas”.
Esto así, porque aún en el Estado hay un gran personal que recibe salarios muy por encima en una misma función o de menor posición que en el sector privado.
Un ejemplo de casos es el de un encargado de un departamento público con un salario de RD$150,000 y RD$300,000 más viáticos, comida y representación, que agota un horario de 9 am a 4 pm y, otro en el mismo sector público, que es diplomático de segundo nivel ganando RD$175,000 y múltiples responsabilidades en el país y en el exterior.
En otros puestos, de personal no tan imprescindibles, hay quien gana RD$300,000 al mes y obtienen beneficios como asignación de vehículos, chofer, y combustibles. El sueldo similar al del Presidente de la República, ocupando apenas una dirección pública.
Todavía hay salarios por encima del sueldo mensual presidencial que, debería ser el mayor, en el Gobierno central.
Esas “ineficiencias” y “filtraciones” son las que organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha recomendado eliminar y con la cual entiende que el Estado se puede ahorrar hasta un 7% del producto interno bruto (PIB). Además, el Estado se aliviaría de la rigidez presupuestaria que le impide aumentar el gasto de capital con inversiones en infraestructuras y servicios sociales y comenzaría a eliminar la figura del “Estado clientelar”, en República Dominicana.
Datos de la reforma
Como una forma de reducir la evasión y elusión fiscal, que hoy ronda el 47% en el caso del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), y de casi un 63% en el Impuesto Sobre la Renta, el Gobierno buscará presentar en los próximos días su propuesta de reforma fiscal integral.
Ya se inició la parte del gasto, mediante la reducción y eliminación de instituciones. En adelante, se contempla ampliar la base del ITBIS dejando exentas de impuestos muy pocos bienes y servicios, esencialmente los de gran peso en la canasta básica. La tasa del ITBIS será menor que el 18% actual.
El gravamen le será aplicado solamente prestadores de servicios que, desde el extranjero, prestan servicios en el territorio nacional, como Amazon, Expedia, Google, Netflix, Spotify, DiDi, Uber, Expedia, Airbnb, Indriver, entre otros.
Se reducirán las leyes de incentivos, se aplicará un motributo a las mipymes. Y el anticipo de renta se calculará en base a las ventas en el año corriente, no en base a las ventas del año anterior, lo que ayudará a la liquidez de las empresas. El IPI (Patrimonio) es el de la propuesta de 2021.
Los incentivos que permanecerán estarán condicionados al resultado de una análisis costo-beneficio. Si el costo es mayor que el beneficio el incentivo será eliminado.
Economía
Costo de la canasta familiar de la región Ozama alcanza los RD$52,535.8 en julio, según Economía
Santo Domingo, R.D.-Una familia dominicana, típica, que reside en la región Ozama paga más por los bienes y servicios que adquiere de manera habitual, frente al resto de la población del país.
Según datos del Ministerio de Economía, en julio de este año el costo de la canasta de consumo familiar de la región Ozama alcanzó los RD$52,535.8.
Con esa suma, la zona metropolitana que abarca el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Este, Norte, Oeste, entre otros, superó el costo de la canasta básica de las demás regiones, e incluso el costo a nivel nacional, que se situó en RD$45,494.6.
El incremento mensual que experimentó esa región fue de RD$209.6, lo que representa un aumento de 0.40%; mientras que la variación anual fue de RD$1,767.4, lo que equivale un incremento de 3.48%, según Economía.
“En magnitud le sigue la región Norte, con una canasta de consumo de RD$43,341.1”, precisó la institución en su informe de situación macroeconómica, edición especial.
La entidad, además, indicó que la región Sur, aunque registró el menor costo de la canasta entre las regiones (RD$36,756.8), ha experimentado la mayor variación positiva tanto mensual de 0.73%, como anual de 4.11%, respectivamente.