Economía
Empresarios temen los efectos de la Ley contra el Lavado de Activos
Acoprovi estima que la actividad del sector construcción e inmobiliario se reducirá, y la AIRD considera que la aplicación de la ley es precipitada y que necesitan un periodo de transición
SANTO DOMINGO. Los empresarios están temerosos de lo que pueda ocurrir con la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. El sector construcción e inmobiliario cree que es posible que la actividad económica disminuya, mientras que los industriales estiman que la atracción de inversiones se puede ver impactada, tanto como la facilidad para hacer negocios en el país. Pero, además, consideran que la precipitada implementación de la norma les puede pasar factura, lo que, afirman, puede ser grave porque involucra elevadas sanciones administrativas e, incluso, penales.
Ahora, además de la banca, hay sectores como la construcción, inmobiliario y automotor, entre otros, que fungen como sujetos obligados por la Ley 155-17, lo que significa que las empresas de esas actividades están obligadas a investigar el origen de los recursos que pasen a través de ellas y deben reportar cualquier situación sospechosa de sus clientes o proveedores.
Para la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), María Gatón, el efecto inmediato sobre el sector —que es uno de los más sensibles al lavado de dinero— es que el costo administrativo de las empresas subirá porque ahora necesitan una unidad capacitada y calificada para hacer la debida diligencia a la que obliga la normativa, que no es otra cosa que vigilar que ni la empresa que les vende un solar o un terreno para la construcción de un complejo de viviendas, pasando por los proveedores de materiales, hasta llegar a los compradores finales de las unidades habitacionales, están involucrados en lavado de activos o financiamiento al terrorismo.
“Además, al igual que los industriales, tenemos la preocupación de que pudiera disminuir la actividad del sector porque tal vez no mucha gente tiene todo su dinero transparente, no sé. Sí tenemos el temor de que la actividad pudiera mermar, pudiera disminuir”, dijo Gatón.
La ley permite que, discrecionalmente, se amplíe el número de sectores obligados a hacer la debida diligencia, y eso puede ocurrir a través del reglamento que está en pleno proceso de definición y a punto de abrirse a consulta pública.
“Allí deben estar los mecanismos de aplicación efectiva de la ley. Estamos preocupados porque muchas de las observaciones que hicimos como sector empresarial, a través del Conep, básicamente no se ponderaron los efectos que podía tener la vigencia de manera inmediata de la ley sin un período de transición”, dijo la presidenta ejecutiva de la AIRD, Circe Almánzar.
Agregó que muchos de los sujetos obligados que deben ajustarse a la Ley 155-17, que fue promulgada a inicios de junio, no estaban totalmente informados sobre su papel en la prevención del lavado de dinero, y que ello genera mucha incertidumbre en los agentes económicos. “La diferencia entre esta ley y la que había antes es que se agregaron sujetos obligados no financieros que tienen un impacto importante en la economía dominicana y eso es lo que puede generar mucha incertidumbre”, señaló.
La vicepresidenta ejecutiva de la AIRD añadió que la aplicación de la normativa puede generar trabas a la hora de registrar transacciones, hacer cambios en los títulos, y también tener ciertas repercusiones con el manejo y el uso de efectivo. “En la economía dominicana tiene mucha incidencia el manejo de efectivo y eso crea muchos problemas de carácter cultural y logísticos. Básicamente estamos trabajando para ver cómo se puede paliar un poco el efecto de la ley”, expresó.
Pero en la visión de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no habrá cacerías de brujas, como temen empresarios. Entienden que pueda haber preocupación por el alcance de la Ley 155-17, pero “como ocurre con cualquier infracción, todo deberá llevarse a cabo dentro del marco de un debido proceso y con observancia de los derechos y garantías fundamentales”, dijo en una declaración a Diario Libre.La presidenta de Acoprovi, por su parte, dijo que a los promotores constructores e inmobiliarios les están recomendando que pidan tres pólizas a sus proveedores: una de avance inicial, otra de fiel cumplimiento y otra más de vicios ocultos, como una vía para cubrirse ante cualquier incidencia. “Hay promotores que ya lo requieren, otros que no. Le recomiendo a los asociados la importancia de estos tres requisitos”, puntualizó.
Entre tanto, al comprador de una vivienda ahora le pedirán referencias de cuentas bancarias, si sus ingresos o el de su grupo familiar concuerdan con la obra que están comprando. “Si, por ejemplo, un cliente quiere comprar una unidad de RD$10 millones, pero sus ingresos no son suficientes, entonces ese podría ser un cliente sospechoso. Es como si fuéramos la banca, que tenemos que reportarlo”, dijo Gatón.
Contó que desde hace años, si alguien quiere cubrir en efectivo una parte de la operación, pedían que depositara el dinero porque así el banco hacía la diligencia de preguntar el origen de los fondos. “Con esta ley no. Ahora si nos llega efectivo a la cuenta nuestra es como si ese dinero lo depositáramos nosotros”, explicó Gatón, quien dijo que eso los pone en riesgo de ser sancionados si resulta que esos recursos eran parte de una operación de lavado de dinero.Haber ampliado los sujetos obligados a otros agentes del sector privado distintos a la banca tiene su sentido. Dulce María Luciano, ex directora de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos del Ministerio Público y actualmente procuradora general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, adscrita a la Dirección General de Aduanas, recordó que la ley anterior (la 72-02) solo consideraba como lavado de activos a las actividades que pretendían blanquear dinero proveniente del narcotráfico.
El énfasis en la ley se puso en los sectores que suelen manejar efectivo o que no están monitoreados por el Estado, explicó la ex directora de la Unidad de Análisis Financiero. “En la medida en que se pongan las reglas claras a la criminalidad organizada y que los sujetos obligados estén haciendo buena prevención ajustada a la ley, en esa medida veremos cómo disminuirá el lavado de activos en los sectores, o a través de ellos”, dijo.Y para la DGII esto supone un reto porque ahora el Ministerio Público, ayudado por todos los entes auxiliares de la ley (entre los que está la autoridad tributaria) tendrá que establecer la relación entre un delito —que puede ser fiscal, aduanero, y ya no solo narcotráfico— y el blanqueo de capitales.
Por su parte, para el economista de la firma Analytica, Enrique Penson, el resultado de la Ley 155-17 será positivo para el país, y no avizora mayores trabas sobre los sectores inmobiliario y automotor porque ya la mayoría de las operaciones se realizan con préstamos que transparentan el proceso. “En la medida que la legislación impulsa mayor formalidad y transparencia en el país, su impacto es positivo tanto para el sector privado como para el público”, manifestó Penson.
Delitos que generan activos susceptibles al lavado
– Tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas.
– Terrorismo.
– Tráfico ilícito de personas, incluyendo inmigrantes ilegales.
– Trata de personas, pornografía infantil, proxenetismo.
– Tráfico ilícito de órganos humanos, de armas.
– Secuestro, extorsión.
– Robo agravado.
– Falsificación de monedas, valores o títulos.
– Estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencias, prevaricación y delitos cometidos por funcionarios públicos, soborno.
– Delito tributario, estafa agravada, contrabando, piratería, delito contra la propiedad intelectual, delito de medio ambiente.
– Testaferrato, sicariato, enriquecimiento no justificado, falsificación de documentos públicos, falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas.
– Tráfico ilícito de mercancías, obras de arte, joyas.
– Delitos financieros, crímenes y delitos de alta tecnología, uso indebido de información confidencial o privilegiada, y manipulación del mercado.
diariolibre.com
Ley 155-17
Santo Domingo, R.D.-El sector empresarial advirtió este miércoles que varios puntos contenidos en la propuesta de reforma al Código de Trabajo podrían incrementar los costos laborales, generar incertidumbre jurídica y dificultar la creación de empleos formales, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas.
La posición fue fijada mediante un documento conjunto encabezado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y respaldado por más de 80 organizaciones empresariales y entidades representativas de distintos sectores productivos del país.
En el comunicado, las entidades hicieron un llamado a los legisladores a actuar con “prudencia, visión de país y sentido de responsabilidad histórica” durante el proceso de discusión del proyecto de reforma laboral que cursa en el Congreso Nacional.
Sostuvieron que una legislación laboral moderna debe preservar y fortalecer los derechos fundamentales de los trabajadores, pero al mismo tiempo contribuir a enfrentar desafíos estructurales como la informalidad, el aumento de la productividad, la generación de empleos y el fortalecimiento de la competitividad nacional.
“Estos elementos deben analizarse cuidadosamente para asegurar un equilibrio adecuado entre protección laboral, productividad y sostenibilidad”, expresaron las organizaciones en el documento fechado el 20 de mayo de 2026.
El sector privado insistió en la necesidad de continuar el diálogo para lograr una reforma que responda a las nuevas dinámicas del empleo y a las exigencias de un entorno económico cada vez más competitivo.
Entre las entidades firmantes figuran además la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), así como asociaciones vinculadas a las zonas francas, comercio, turismo, construcción, industria y pequeñas empresas.
Santo Domingo, R.D.-La cartera de crédito en moneda extranjera del sistema financiero dominicano ascendió a US$10,228.52 millones al cierre de diciembre de 2025, representando el 24% de la cartera total.
La información está contenida en el Informe sobre el comportamiento de la cartera en moneda extranjera, publicado por la Superintendencia de Bancos (SB).
El rubro económico al que se dirigió la mayor proporción de estos préstamos en 2025 fue el sector eléctrico, cuya cartera ascendió a US$1,761.1 millones y representó el 19.4% de los créditos en moneda extranjera. Le siguen los sectores turismo y actividades inmobiliarias, cuyos préstamos representaron el 18.6% y el 11.1%, respectivamente.
En cuanto a los indicadores de riesgo, la publicación de la SB muestra que la morosidad se mantiene por debajo del resultado del sistema financiero, ubicándose en 0.6% durante el año pasado, en línea con el promedio de los últimos cinco años.
Las provisiones para cubrir la cartera vencida en moneda extranjera (la que tiene atrasos superiores a los 90 días) representa más de tres veces la exposición a incumplimientos. A diciembre de 2025, las provisiones constituidas en moneda extranjera se colocaron en 357.3%.
Relevancia de esta cartera
La intermediación financiera en moneda extranjera constituye un componente relevante dentro de la estructura del sistema financiero, al facilitar el acceso al financiamiento en divisas a sectores económicos que presentan necesidades específicas de este tipo de recursos.
Esta dinámica contribuye al sostenimiento de actividades vinculadas al comercio exterior, inversión y la generación de ingresos en moneda extranjera.
Santo Domingo, R.D.-Con 15 años de presencia en la República Dominicana, el banco Banesco sostiene un crecimiento fundamentado en una gestión financiera consistente y en el fortalecimiento de su base patrimonial, respaldado por su cartera de productos atractiva para el joven empresariado que desea posicionarse en el exterior.
Conforme a lo expresado por su presidente ejecutivo, Juan Carlos Carneiro, en conversación con el director del Listín Diario, Miguel Franjul, la entidad bancaria ha logrado experimentar en el país uno de los mayores crecimientos en activos de todo el sistema financiero dominicano en el primer trimestre del 2026 gracias a la cartera de servicios que ofrecen y su portafolio diversificado.
“Somos el banco que más ha crecido en términos porcentuales en activo y en el ámbito de la captación del pasivo, pues estábamos de cuartos cerrando el primer trimestre”, destacó, además de recordar que a nivel internacional poseen más de 34 años de experiencia y su asentamiento a nivel internacional en países de América y Europa.
En materia de desarrollo en la red bancaria, el uso de tecnología resulta fundamental para sobrevivir y destacar en el mercado, debido a que transforma los procesos operativos en sistemas eficientes, mejora en la seguridad al usuario y redefine su experiencia, logrando una conexión más pronta y duradera.
Conscientes de esta notoria transformación digital que exige a las instituciones crediticias sacar partido a las nuevas tecnologías y herramientas digitales, Banesco ofrece contacto directo con sus clientes particulares a través del celular móvil, simplificando todos los servicios a realizar por medio de banca móvil sin necesidad de ir a la sucursal, permitiendo rapidez en la solicitud y seguridad.
Juan Carlos Carneiro, Ricardo Villegas Houllemont y Sofía Guzmán Villalobos. leonel matos/ldLeonel Matos
Para ejemplificar, mencionó el servicio de “onboarding digital”, el cual permite abrir cuentas en línea desde la web o aplicación móvil en menos de cinco minutos, sin necesidad de balances mínimos y con 5% de interés anual.
Adicionalmente, planean fortalecer su estructura tecnológica de servicios, actualizar su banca móvil a una de última generación, renovar sus cajeros automáticos para ofrecer servicios de manejo de efectivo y depósitos.
“No entendemos un futuro que no pase por el desarrollo tecnológico”, subrayó el ejecutivo.
Nuevas tecnologías
Con un eje estratégico en la inteligencia artificial, pretenden adaptar en el país una plataforma bautizada con el nombre de Sofía, donde cualquier colaborador podrá preguntar cualquier elemento relacionado con las normativas, procedimientos o argumentos comerciales relacionados con la banca y recibirá respuesta en cuestión de segundos.
“Tiene toda la base documental detrás, todas las normativas, las leyes, la reglamentación, la superintendencia, todo, y en cuestión de segundos responde a cualquier inquietud”, aclaró Carneiro.
Juan Carlos Carneiro, director ejecutivo de Banesco.Leonel Matos
Asimismo, su sucursal en España cuenta con un robot humanoide nombrado R4, diseñado para mejorar la experiencia del usuario recibiéndolos, gestionando turnos, resolviendo inquietudes y mejorando la interacción en la entidad.
Solidez institucional y respaldo global
Durante el ejercicio 2025, la agencia calificadora Feller Rate ratificó la solvencia de Banesco Banco Múltiple en “A+” con perspectiva estable, sustentada en una administración prudente del riesgo y en la capacidad de ejecución de su modelo de negocios en entornos económicos dinámicos.
Este posicionamiento se ve reforzado por el soporte de Banesco Internacional, que hoy cuenta con cifras globales que superan los US$113,118 millones de dólares de activos, más con un patrimonio neto superior a los US$9,302 millones de dólares, aportando una estructura de gobernanza y resiliencia que asegura la sostenibilidad de las operaciones en la República Dominicana a largo plazo.
Mientras tanto, su crédito hipotecario se consolidó como el principal hito comercial del año con un crecimiento del 33.7% en moneda nacional y del 37.5% en moneda extranjera, permitiendo elevar la participación de las hipotecas a 415 puntos básicos con una representatividad del 16.6% al cierre del 2025.
Matriz de riesgo
Carneiro también resaltó que todos los avances y propuestas de Banesco están acompañados de una matriz de riesgo frente al conflicto internacional de Medio Oriente coordinada por dos variables según la duración del conflicto y el precio del petróleo para mitigar su impacto.
Para la primera, visualizan un escenario donde la crisis de Irán se extienda más allá de tres a seis meses y, en consecuencia, los precios del barril del petróleo se posicionen por encima de los $100 dólares; en la segunda, una resolución del conflicto en corto plazo donde estabilicen los precios del barril a $70 dólares y una tercera opción donde el precio esté muy por encima de los US$100, afectando a la situación macroeconómica.
Sea cual sea la situación, aseguraron estar al tanto de la geopolítica internacional, resguardándose en las fortalezas del sistema dominicano y su estabilidad política y financiera.