Economía
Empresarios temen los efectos de la Ley contra el Lavado de Activos
Acoprovi estima que la actividad del sector construcción e inmobiliario se reducirá, y la AIRD considera que la aplicación de la ley es precipitada y que necesitan un periodo de transición
SANTO DOMINGO. Los empresarios están temerosos de lo que pueda ocurrir con la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. El sector construcción e inmobiliario cree que es posible que la actividad económica disminuya, mientras que los industriales estiman que la atracción de inversiones se puede ver impactada, tanto como la facilidad para hacer negocios en el país. Pero, además, consideran que la precipitada implementación de la norma les puede pasar factura, lo que, afirman, puede ser grave porque involucra elevadas sanciones administrativas e, incluso, penales.
Ahora, además de la banca, hay sectores como la construcción, inmobiliario y automotor, entre otros, que fungen como sujetos obligados por la Ley 155-17, lo que significa que las empresas de esas actividades están obligadas a investigar el origen de los recursos que pasen a través de ellas y deben reportar cualquier situación sospechosa de sus clientes o proveedores.
Para la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), María Gatón, el efecto inmediato sobre el sector —que es uno de los más sensibles al lavado de dinero— es que el costo administrativo de las empresas subirá porque ahora necesitan una unidad capacitada y calificada para hacer la debida diligencia a la que obliga la normativa, que no es otra cosa que vigilar que ni la empresa que les vende un solar o un terreno para la construcción de un complejo de viviendas, pasando por los proveedores de materiales, hasta llegar a los compradores finales de las unidades habitacionales, están involucrados en lavado de activos o financiamiento al terrorismo.
“Además, al igual que los industriales, tenemos la preocupación de que pudiera disminuir la actividad del sector porque tal vez no mucha gente tiene todo su dinero transparente, no sé. Sí tenemos el temor de que la actividad pudiera mermar, pudiera disminuir”, dijo Gatón.
La ley permite que, discrecionalmente, se amplíe el número de sectores obligados a hacer la debida diligencia, y eso puede ocurrir a través del reglamento que está en pleno proceso de definición y a punto de abrirse a consulta pública.
“Allí deben estar los mecanismos de aplicación efectiva de la ley. Estamos preocupados porque muchas de las observaciones que hicimos como sector empresarial, a través del Conep, básicamente no se ponderaron los efectos que podía tener la vigencia de manera inmediata de la ley sin un período de transición”, dijo la presidenta ejecutiva de la AIRD, Circe Almánzar.
Agregó que muchos de los sujetos obligados que deben ajustarse a la Ley 155-17, que fue promulgada a inicios de junio, no estaban totalmente informados sobre su papel en la prevención del lavado de dinero, y que ello genera mucha incertidumbre en los agentes económicos. “La diferencia entre esta ley y la que había antes es que se agregaron sujetos obligados no financieros que tienen un impacto importante en la economía dominicana y eso es lo que puede generar mucha incertidumbre”, señaló.
La vicepresidenta ejecutiva de la AIRD añadió que la aplicación de la normativa puede generar trabas a la hora de registrar transacciones, hacer cambios en los títulos, y también tener ciertas repercusiones con el manejo y el uso de efectivo. “En la economía dominicana tiene mucha incidencia el manejo de efectivo y eso crea muchos problemas de carácter cultural y logísticos. Básicamente estamos trabajando para ver cómo se puede paliar un poco el efecto de la ley”, expresó.
Pero en la visión de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no habrá cacerías de brujas, como temen empresarios. Entienden que pueda haber preocupación por el alcance de la Ley 155-17, pero “como ocurre con cualquier infracción, todo deberá llevarse a cabo dentro del marco de un debido proceso y con observancia de los derechos y garantías fundamentales”, dijo en una declaración a Diario Libre.La presidenta de Acoprovi, por su parte, dijo que a los promotores constructores e inmobiliarios les están recomendando que pidan tres pólizas a sus proveedores: una de avance inicial, otra de fiel cumplimiento y otra más de vicios ocultos, como una vía para cubrirse ante cualquier incidencia. “Hay promotores que ya lo requieren, otros que no. Le recomiendo a los asociados la importancia de estos tres requisitos”, puntualizó.
Entre tanto, al comprador de una vivienda ahora le pedirán referencias de cuentas bancarias, si sus ingresos o el de su grupo familiar concuerdan con la obra que están comprando. “Si, por ejemplo, un cliente quiere comprar una unidad de RD$10 millones, pero sus ingresos no son suficientes, entonces ese podría ser un cliente sospechoso. Es como si fuéramos la banca, que tenemos que reportarlo”, dijo Gatón.
Contó que desde hace años, si alguien quiere cubrir en efectivo una parte de la operación, pedían que depositara el dinero porque así el banco hacía la diligencia de preguntar el origen de los fondos. “Con esta ley no. Ahora si nos llega efectivo a la cuenta nuestra es como si ese dinero lo depositáramos nosotros”, explicó Gatón, quien dijo que eso los pone en riesgo de ser sancionados si resulta que esos recursos eran parte de una operación de lavado de dinero.Haber ampliado los sujetos obligados a otros agentes del sector privado distintos a la banca tiene su sentido. Dulce María Luciano, ex directora de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos del Ministerio Público y actualmente procuradora general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, adscrita a la Dirección General de Aduanas, recordó que la ley anterior (la 72-02) solo consideraba como lavado de activos a las actividades que pretendían blanquear dinero proveniente del narcotráfico.
El énfasis en la ley se puso en los sectores que suelen manejar efectivo o que no están monitoreados por el Estado, explicó la ex directora de la Unidad de Análisis Financiero. “En la medida en que se pongan las reglas claras a la criminalidad organizada y que los sujetos obligados estén haciendo buena prevención ajustada a la ley, en esa medida veremos cómo disminuirá el lavado de activos en los sectores, o a través de ellos”, dijo.Y para la DGII esto supone un reto porque ahora el Ministerio Público, ayudado por todos los entes auxiliares de la ley (entre los que está la autoridad tributaria) tendrá que establecer la relación entre un delito —que puede ser fiscal, aduanero, y ya no solo narcotráfico— y el blanqueo de capitales.
Por su parte, para el economista de la firma Analytica, Enrique Penson, el resultado de la Ley 155-17 será positivo para el país, y no avizora mayores trabas sobre los sectores inmobiliario y automotor porque ya la mayoría de las operaciones se realizan con préstamos que transparentan el proceso. “En la medida que la legislación impulsa mayor formalidad y transparencia en el país, su impacto es positivo tanto para el sector privado como para el público”, manifestó Penson.
Delitos que generan activos susceptibles al lavado
– Tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas.
– Terrorismo.
– Tráfico ilícito de personas, incluyendo inmigrantes ilegales.
– Trata de personas, pornografía infantil, proxenetismo.
– Tráfico ilícito de órganos humanos, de armas.
– Secuestro, extorsión.
– Robo agravado.
– Falsificación de monedas, valores o títulos.
– Estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencias, prevaricación y delitos cometidos por funcionarios públicos, soborno.
– Delito tributario, estafa agravada, contrabando, piratería, delito contra la propiedad intelectual, delito de medio ambiente.
– Testaferrato, sicariato, enriquecimiento no justificado, falsificación de documentos públicos, falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas.
– Tráfico ilícito de mercancías, obras de arte, joyas.
– Delitos financieros, crímenes y delitos de alta tecnología, uso indebido de información confidencial o privilegiada, y manipulación del mercado.
diariolibre.com
Ley 155-17
Economía
Gobierno destina RD$1,209.1 millones para mantener congelados precios de principales combustibles
El subsidio correspondiente a la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre permitirá mantener sin variación las gasolinas, los principales tipos de gasoil, el GLP y el gas natural
SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano destinará RD$1,209.1 millones al subsidio de los combustibles durante la semana comprendida entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre de 2026, como parte de las medidas implementadas para contener el impacto de las alzas internacionales sobre los consumidores.
De acuerdo con las informaciones suministradas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), la intervención permitirá mantener sin variación los precios de las gasolinas premium y regular, los gasoiles regular y óptimo, así como el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural.
La medida forma parte de los esfuerzos oficiales para amortiguar los efectos que el comportamiento del mercado energético internacional podría provocar sobre la economía doméstica y, particularmente, sobre los sectores de menores ingresos.
Subsidios de hasta RD$95.65 por galón
La mayor compensación será aplicada al gasoil regular, cuyo subsidio alcanzará los RD$95.65 por galón, mientras que para el gasoil óptimo será de RD$88.36.
Asimismo, el Gobierno asumirá RD$35.02 por cada galón de gasolina regular, RD$16.55 en la gasolina premium y RD$19.40 en el GLP.
Con esta nueva asignación, los recursos destinados por el Estado a subsidiar los combustibles superan los RD$28,000 millones en lo que va de 2026, según los datos suministrados.
Presiones provenientes del mercado internacional
La decisión se produce en un escenario internacional caracterizado por fuertes presiones sobre los precios de los productos derivados del petróleo.
Según la información suministrada para la noticia, las dificultades experimentadas por refinerías internacionales, vinculadas a los conflictos bélicos mencionados en el reporte, han incidido sobre los precios de productos terminados como las gasolinas y los gasoiles.
Los precios actualmente protegidos mediante el subsidio corresponden a los establecidos el pasado 13 de junio, cuando se anunció un período de congelamiento por 90 días dentro del denominado Plan Anticrisis, dirigido a preservar la estabilidad económica y reducir el impacto de las fluctuaciones internacionales sobre los hogares.
Algunos combustibles bajan y otros aumentan
Aunque los combustibles de mayor consumo permanecerán congelados, otros productos experimentarán modificaciones durante la semana.
El avtur disminuirá RD$6.27 por galón, mientras que el kerosene bajará RD$7.00. En sentido contrario, el fuel oil número 6 aumentará RD$0.30 y el fuel oil 1 % subirá RD$1.99.
La información suministrada establece, además, una tasa de cambio promedio semanal de RD$58.60, conforme a las publicaciones del Banco Central.
Mientras tanto, el petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró el viernes en US$83.40 por barril, después de registrar una disminución de 0.16 %.
Una política para contener el impacto interno
La magnitud de los recursos destinados al subsidio refleja el costo fiscal que representa para el Estado mantener temporalmente aislados los precios internos de las presiones procedentes del mercado energético internacional.
Al mismo tiempo, la medida procura evitar que aumentos significativos en los combustibles se trasladen a otros componentes de la economía, especialmente transporte, producción y comercialización de bienes y servicios.
Fuente de los datos suministrados: El Caribe / Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
Economía
Ahorro en dólares gana terreno entre dominicanos como alternativa para proteger sus recursos
Cerca del 30 % de los ahorros y captaciones del sistema financiero dominicano está denominado en moneda extranjera, una tendencia asociada a la búsqueda de estabilidad, planificación financiera y adquisición futura de activos.
SANTO DOMINGO.– El dólar continúa ganando espacio dentro de las estrategias de ahorro de los dominicanos, especialmente entre quienes buscan preservar el valor de sus recursos, planificar inversiones futuras o prepararse para compromisos financieros denominados en moneda extranjera.
La tendencia se refleja en las estadísticas de la Superintendencia de Bancos, según las cuales cerca del 30 % de los ahorros y captaciones del sistema financiero de República Dominicana está expresado en moneda extranjera, mientras que alrededor del 21.9 % de la cartera de crédito de las entidades bancarias corresponde a operaciones en dólares.
Aunque tradicionalmente el peso dominicano constituye la moneda utilizada por la mayoría de los hogares para manejar sus ingresos y gastos cotidianos, la posibilidad de diversificar los ahorros ha llevado a determinados segmentos de la población a mantener una parte de sus recursos en dólares.
Una decisión vinculada a la planificación
El economista y consultor financiero Jesús Martínez explica que el perfil de quienes acostumbran ahorrar en dólares generalmente está relacionado con personas que tienen compromisos futuros en esa moneda, contemplan adquirir determinados activos o utilizan la divisa como instrumento para trasladar valor económico del presente hacia el futuro.
Desde esta perspectiva, mantener recursos en dólares puede facilitar posteriormente operaciones que también estén denominadas en esa moneda, evitando realizar la conversión en el momento de efectuar la compra.
No obstante, esta alternativa no necesariamente resulta conveniente o accesible para todos los ciudadanos.
Martínez advierte que la decisión debe responder a una planificación financiera y a las condiciones económicas particulares de cada persona, especialmente cuando existe una finalidad concreta para esos recursos.
Inflación y depreciación influyen en las decisiones
El interés por diversificar los ahorros también está relacionado con la búsqueda de mecanismos que permitan enfrentar los efectos que pueden producir la inflación y las variaciones del tipo de cambio sobre el poder adquisitivo.
En ese contexto, algunos ahorrantes consideran conveniente distribuir sus recursos entre pesos dominicanos y monedas extranjeras, en lugar de concentrarlos completamente en una sola moneda.
Sin embargo, ahorrar en dólares tampoco significa automáticamente obtener una mayor rentabilidad.
La conveniencia de esta estrategia dependerá, entre otros elementos, de las tasas de interés ofrecidas, los costos de conversión, las comisiones bancarias y el objetivo para el cual se está acumulando el dinero.
Bancos ofrecen cuentas en moneda extranjera
Actualmente, numerosas entidades financieras dominicanas permiten abrir cuentas de ahorro en dólares.
Las condiciones varían dependiendo de cada institución y pueden incluir montos mínimos de apertura, balances mínimos y determinados cargos o comisiones.
Por esa razón, antes de abrir una cuenta de este tipo resulta conveniente conocer las condiciones aplicables y determinar cuánto dinero puede destinarse periódicamente al ahorro sin comprometer los gastos ordinarios.
También debe evaluarse la diferencia existente entre las tasas utilizadas para comprar y vender dólares.
Casas de cambio entran en la ecuación
Otro elemento que consideran los ahorrantes es el lugar donde adquieren las divisas.
Martínez señala que los agentes de cambio pueden ofrecer tasas diferentes a las disponibles en determinadas entidades bancarias, por lo que recomienda comparar antes de realizar una operación.
Asimismo, plantea prestar atención a los costos asociados a las transferencias y conversiones entre cuentas en pesos y dólares, debido a que esas condiciones pueden variar dependiendo de la entidad financiera y del tipo de operación realizada.
Diversificar, pero con objetivos claros
El crecimiento del ahorro en moneda extranjera muestra una transformación en la manera en que una parte de los dominicanos administra sus recursos.
Más que sustituir completamente el ahorro en pesos, la utilización del dólar aparece como una alternativa de diversificación financiera, particularmente para quienes tienen obligaciones, inversiones o proyectos futuros relacionados con esa moneda.
La clave, según las recomendaciones financieras recogidas, está en evitar convertir la adquisición de dólares en una decisión improvisada.
Definir el objetivo del ahorro, comparar tasas, conocer las comisiones y determinar la capacidad real de separar una parte de los ingresos son factores esenciales antes de adoptar esta estrategia.
En una economía cada vez más vinculada a los mercados internacionales, el dólar no solamente funciona como moneda para operaciones comerciales o viajes, sino que comienza a ocupar un espacio cada vez más visible dentro de las decisiones de ahorro de los hogares dominicanos.
Fuente base: información suministrada por la usuaria, publicada originalmente por Listín Diario, con datos atribuidos a la Superintendencia de Bancos y declaraciones del economista Jesús Martínez.
Santo Domingo, R.D.-La empresa Central Romana manifestó que las acusaciones realizadas por el grupo humanitario Corporate Accountability Lab (CAL), indicando que en los campos de caña de la entidad persiste el “trabajo forzoso”, son “malintencionadas” con el objetivo de “interferir y afectar” al sector azucarero productivo de la República Dominicana.
A través de una carta enviada al director del de un medio de comunicación, Miguel Franjul, Central Romana rechazó “categóricamente” la acusación y que el contenido de ese informe es “completamente difamatorio” y que ya dieron curso legal a la situación.
“Nuestra empresa cumple con el debido registro de sus trabajadores ante el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), en el caso de todo aquél cuyo estatus migratorio esté regularizado. El SDSS no admite el registro de un trabajador sin su debida documentación. Sin embargo, nuestra empresa no distingue en la remuneración salarial ni aplica deducciones al sueldo de un empleado que no esté registrado en el SDSS”, reseña la carta firmada por Jorge A. Sturla, quien es el vicepresidente de la empresa.
“A través de este gremio, los trabajadores negocian conquistas laborales como el Pacto Colectivo desde el año 1966, que incluye aumentos salariales y otros beneficios, como recibir bonificaciones por encima de las establecidas en la ley al finalizar cada zafra azucarera, sin tener que esperar que transcurran los 90 o 120 días del cierre de cada ejercicio económico del Central Romana, de acuerdo a las disposiciones de los Arts. 223 y 224 del Código de Trabajo”, explica Central Romana mediante la comunicación.
A continuación la carta integra enviada a este medio
En respuesta a la noticia publicada en el periódico LISTÍN DIARIO, tomada de la fuente de Associated Press, en la que un grupo de derechos humanos ha supuestamente determinado que en campos de caña de nuestra propiedad “persiste el trabajo forzado”, nos vemos en la necesidad de aclarar las siguientes peticiones que exige dicho grupo humanitario: “Corporate Accountability Lab (CAL) pidió a Central Romana que inscriba a los trabajadores en el sistema de seguridad social del país, les pague al menos el salario mínimo diario, les permita afiliarse a un sindicato independiente y proteja su salud, entre otras medidas”.
Primeramente, Central Romana rechaza categóricamente las acusaciones de trabajo forzoso contenidas en dicha publicación. No es sorpresa para nosotros estas alegaciones de CAL, que interpretamos como mal intencionadas para interferir y afectar al sector azucarero productivo de la República Dominicana.
El contenido de su informe es completamente difamatorio, como ya le hemos notificado en una carta dirigida a CAL por nuestros abogados. Nuestra empresa cumple con el debido registro de sus trabajadores ante el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), en el caso de todo aquél cuyo estatus migratorio esté regularizado. El SDSS no admite el registro de un trabajador sin su debida documentación. Sin embargo, nuestra empresa no distingue en la remuneración salarial ni aplica deducciones al sueldo de un empleado que no esté registrado en el SDSS.
Todos los trabajadores cañeros del Central Romana ganan por encima del salario mínimo diario establecido por ley en el sector azucarero. En cuanto a la afiliación a un sindicato independiente indicado por CAL, los empleados de Central Romana, incluyendo los trabajadores agrícolas, cuentan con la libertad de asociación al Sindicato Unido de Trabajadores, el de mayor afiliación en el país.
Sobre la petición de proteger la salud de nuestros trabajadores, Central Romana proporciona un seguro médico privado, mediante un acuerdo con ARS Abel González, sin ningún tipo de descuento para los empleados que son trabajadores agrícolas y que no están amparados por el sistema de seguridad social. Esta iniciativa, pionera en el país, ha permitido brindar cobertura de salud privada a trabajadores cañeros y recibir atención médica en cualquier hospital del país.
Sin embargo, nuestra empresa ha complementado sus servicios de salud en las comunidades agrícolas durante décadas con dos Subcentros Médicos, que ofrecen atención primaria y medicamentos de manera gratuita a nuestros empleados y sus familiares.
Todo lo descrito anteriormente son acciones palpables y verificables que implementamos por convicción, por llevar a cabo una cultura empresarial de responsabilidad social certera y trascendental en la vida de nuestros empleados. Estas difamaciones se levantan en contra de la República Dominicana por sectores con intereses de afectar la imagen del país, su capacidad productiva y su incidencia socio-económica en los mercados comerciales internacionales.