Economía
Empresarios temen los efectos de la Ley contra el Lavado de Activos
Acoprovi estima que la actividad del sector construcción e inmobiliario se reducirá, y la AIRD considera que la aplicación de la ley es precipitada y que necesitan un periodo de transición
SANTO DOMINGO. Los empresarios están temerosos de lo que pueda ocurrir con la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. El sector construcción e inmobiliario cree que es posible que la actividad económica disminuya, mientras que los industriales estiman que la atracción de inversiones se puede ver impactada, tanto como la facilidad para hacer negocios en el país. Pero, además, consideran que la precipitada implementación de la norma les puede pasar factura, lo que, afirman, puede ser grave porque involucra elevadas sanciones administrativas e, incluso, penales.
Ahora, además de la banca, hay sectores como la construcción, inmobiliario y automotor, entre otros, que fungen como sujetos obligados por la Ley 155-17, lo que significa que las empresas de esas actividades están obligadas a investigar el origen de los recursos que pasen a través de ellas y deben reportar cualquier situación sospechosa de sus clientes o proveedores.
Para la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), María Gatón, el efecto inmediato sobre el sector —que es uno de los más sensibles al lavado de dinero— es que el costo administrativo de las empresas subirá porque ahora necesitan una unidad capacitada y calificada para hacer la debida diligencia a la que obliga la normativa, que no es otra cosa que vigilar que ni la empresa que les vende un solar o un terreno para la construcción de un complejo de viviendas, pasando por los proveedores de materiales, hasta llegar a los compradores finales de las unidades habitacionales, están involucrados en lavado de activos o financiamiento al terrorismo.
“Además, al igual que los industriales, tenemos la preocupación de que pudiera disminuir la actividad del sector porque tal vez no mucha gente tiene todo su dinero transparente, no sé. Sí tenemos el temor de que la actividad pudiera mermar, pudiera disminuir”, dijo Gatón.
La ley permite que, discrecionalmente, se amplíe el número de sectores obligados a hacer la debida diligencia, y eso puede ocurrir a través del reglamento que está en pleno proceso de definición y a punto de abrirse a consulta pública.
“Allí deben estar los mecanismos de aplicación efectiva de la ley. Estamos preocupados porque muchas de las observaciones que hicimos como sector empresarial, a través del Conep, básicamente no se ponderaron los efectos que podía tener la vigencia de manera inmediata de la ley sin un período de transición”, dijo la presidenta ejecutiva de la AIRD, Circe Almánzar.
Agregó que muchos de los sujetos obligados que deben ajustarse a la Ley 155-17, que fue promulgada a inicios de junio, no estaban totalmente informados sobre su papel en la prevención del lavado de dinero, y que ello genera mucha incertidumbre en los agentes económicos. “La diferencia entre esta ley y la que había antes es que se agregaron sujetos obligados no financieros que tienen un impacto importante en la economía dominicana y eso es lo que puede generar mucha incertidumbre”, señaló.
La vicepresidenta ejecutiva de la AIRD añadió que la aplicación de la normativa puede generar trabas a la hora de registrar transacciones, hacer cambios en los títulos, y también tener ciertas repercusiones con el manejo y el uso de efectivo. “En la economía dominicana tiene mucha incidencia el manejo de efectivo y eso crea muchos problemas de carácter cultural y logísticos. Básicamente estamos trabajando para ver cómo se puede paliar un poco el efecto de la ley”, expresó.
Pero en la visión de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no habrá cacerías de brujas, como temen empresarios. Entienden que pueda haber preocupación por el alcance de la Ley 155-17, pero “como ocurre con cualquier infracción, todo deberá llevarse a cabo dentro del marco de un debido proceso y con observancia de los derechos y garantías fundamentales”, dijo en una declaración a Diario Libre.La presidenta de Acoprovi, por su parte, dijo que a los promotores constructores e inmobiliarios les están recomendando que pidan tres pólizas a sus proveedores: una de avance inicial, otra de fiel cumplimiento y otra más de vicios ocultos, como una vía para cubrirse ante cualquier incidencia. “Hay promotores que ya lo requieren, otros que no. Le recomiendo a los asociados la importancia de estos tres requisitos”, puntualizó.
Entre tanto, al comprador de una vivienda ahora le pedirán referencias de cuentas bancarias, si sus ingresos o el de su grupo familiar concuerdan con la obra que están comprando. “Si, por ejemplo, un cliente quiere comprar una unidad de RD$10 millones, pero sus ingresos no son suficientes, entonces ese podría ser un cliente sospechoso. Es como si fuéramos la banca, que tenemos que reportarlo”, dijo Gatón.
Contó que desde hace años, si alguien quiere cubrir en efectivo una parte de la operación, pedían que depositara el dinero porque así el banco hacía la diligencia de preguntar el origen de los fondos. “Con esta ley no. Ahora si nos llega efectivo a la cuenta nuestra es como si ese dinero lo depositáramos nosotros”, explicó Gatón, quien dijo que eso los pone en riesgo de ser sancionados si resulta que esos recursos eran parte de una operación de lavado de dinero.Haber ampliado los sujetos obligados a otros agentes del sector privado distintos a la banca tiene su sentido. Dulce María Luciano, ex directora de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos del Ministerio Público y actualmente procuradora general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, adscrita a la Dirección General de Aduanas, recordó que la ley anterior (la 72-02) solo consideraba como lavado de activos a las actividades que pretendían blanquear dinero proveniente del narcotráfico.
El énfasis en la ley se puso en los sectores que suelen manejar efectivo o que no están monitoreados por el Estado, explicó la ex directora de la Unidad de Análisis Financiero. “En la medida en que se pongan las reglas claras a la criminalidad organizada y que los sujetos obligados estén haciendo buena prevención ajustada a la ley, en esa medida veremos cómo disminuirá el lavado de activos en los sectores, o a través de ellos”, dijo.Y para la DGII esto supone un reto porque ahora el Ministerio Público, ayudado por todos los entes auxiliares de la ley (entre los que está la autoridad tributaria) tendrá que establecer la relación entre un delito —que puede ser fiscal, aduanero, y ya no solo narcotráfico— y el blanqueo de capitales.
Por su parte, para el economista de la firma Analytica, Enrique Penson, el resultado de la Ley 155-17 será positivo para el país, y no avizora mayores trabas sobre los sectores inmobiliario y automotor porque ya la mayoría de las operaciones se realizan con préstamos que transparentan el proceso. “En la medida que la legislación impulsa mayor formalidad y transparencia en el país, su impacto es positivo tanto para el sector privado como para el público”, manifestó Penson.
Delitos que generan activos susceptibles al lavado
– Tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas.
– Terrorismo.
– Tráfico ilícito de personas, incluyendo inmigrantes ilegales.
– Trata de personas, pornografía infantil, proxenetismo.
– Tráfico ilícito de órganos humanos, de armas.
– Secuestro, extorsión.
– Robo agravado.
– Falsificación de monedas, valores o títulos.
– Estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencias, prevaricación y delitos cometidos por funcionarios públicos, soborno.
– Delito tributario, estafa agravada, contrabando, piratería, delito contra la propiedad intelectual, delito de medio ambiente.
– Testaferrato, sicariato, enriquecimiento no justificado, falsificación de documentos públicos, falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas.
– Tráfico ilícito de mercancías, obras de arte, joyas.
– Delitos financieros, crímenes y delitos de alta tecnología, uso indebido de información confidencial o privilegiada, y manipulación del mercado.
diariolibre.com
Ley 155-17
Santo Domingo, R.D.-La creciente llegada de visitantes al país y el apoyo al turismo a través de la inversión extranjera y el financiamiento a la banca han permitido que la industria afiance su dinamismo y contribuya cada vez más a la economía.
El flujo turístico aportó 25,000 millones de dólares en valor agregado a la economía solo en el 2025, mismo período en el que el sistema financiero dominicano destinó un total de 3,293.4 millones de dólares a esta industria.
Durante la celebración del foro “Capital, confianza y crecimiento”, un evento organizado por la banca múltiple y el sector hotelero para pasar balance al dinamismo del turismo e identificar oportunidades de estrechar el apoyo del sector financiero a este sector, el ministro de Turismo, David Collado, resaltó que estos resultados están respaldados por un trabajo público-privado que fortalece el destino, la ampliación de conectividad aérea y los esfuerzos de promoción internacional.
Derrama económica
Si se analizara el valor al producto interno bruto (PIB) de esta actividad económica por el tipo de visitante que ingresa al país, el 65 % de estas divisas se generó gracias a la llegada de extranjeros no residentes, el 25 % fue alcanzado por la visita de dominicanos no residentes, el 8 % fue debido al turismo interno y el 2 % fue aportado por los cruceristas.
De este modo, la industria contribuyó en un 17 % a la generación de valor agregado de los hoteles, seguido de sectores como construcción (11 %), pymes (10 %), transporte interurbano y turístico (10 %), comercio (9 %), inmobiliario (6 %), entre otros segmentos (12 %).
“Solamente los hoteles (compraron) anualmente unos 98,000 millones de pesos del sector comercio, transporte y manufactura”, aseguró Mora, tras agregar que cada turista que viene al país “trae esperanza y trae bienestar”.
Este desempeño se debe en gran medida al acceso sostenido a créditos otorgado por la banca.
El asesor general de la Superintendencia de Bancos (SB), Enmanuel Cedeño, explicó que, del total destinado por el sistema financiero a la banca, la mayor cantidad de créditos provino de la banca, que mantuvo una cartera de 1,860 millones de dólares en 2025.
A esto le siguió el financiamiento a través del mercado de valores (con 1,231 millones de dólares) y los préstamos offshore (con 202.4 millones de dólares).
La banca dominicana ha aportado el equivalente al 0.7 % del PIB en financiamiento para el desarrollo de los proyectos de inversión dentro del sector turístico, aseguró Mora.
Durante la celebración del foro, la presidenta de la ABA, Rosanna Ruiz, otorgó un reconocimiento a David Collado en el que resaltó su liderazgo y trayectoria al frente del Ministerio de Turismo, implementando una estrategia de promoción turística que ha contribuido a apuntalar a la industria frente a otros países competidores.
Ruiz destacó que su gestión ha fortalecido la confianza de los inversionistas y ha promovido iniciativas que generan bienestar y desarrollo para el país, manteniéndolo como uno de los principales destinos turísticos para la región.
Economía
Economía dominicana crecería un 4.1 % este año atada a resolución del conflicto EE.UU.-Irán
Santo Domingo, R.D.-La economía dominicana crecería este año un 4.1 %, compartiendo con Panamá la mayor expansión entre los países de América Latina. Pero el cumplimiento de esa proyección, realizada por la empresa financiera Citi, dependerá de la duración del conflicto armado en Medio Oriente y de que los precios del petróleo comiencen a retroceder.
Si esas condiciones no se cumplen dentro de las próximas semanas, el país enfrentaría presiones mientras que la economía mundial pudiera sufrir un período de estanflación: alta inflación y bajo crecimiento, con probabilidad de una recesión. Ambos indicadores acaban de sufrir variaciones negativas en las estimaciones de Citi para 2026.
- El conflicto armado que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán llevó a la empresa financiera a reducir 20 puntos básicos a sus proyecciones de crecimiento del producto interno bruto (PIB) global para este año, pasando de 2.9 % a 2.7 %, un cambio asociado a un mayor precio del petróleo producto de la guerra.
Los cálculos de la firma indican que los precios promedio en la economía dominicana subirían un 3.9 % este 2026, mientras que la inflación promedio global pasaría de un 2.6 % a un 3.3 %.
Revilla estableció que el deterioro en las proyecciones de ambos indicadores dependerá de la duración del conflicto pero, sobre todo, de la reapertura del estrecho de Ormuz y el precio del petróleo.
Escenarios
El ejecutivo de Citi planteó dos escenarios sobre el precio del crudo como variable clave que impactaría los pronósticos de la entidad. En uno de base, la firma visualiza una resolución del conflicto en mayo, con el costo del petróleo manteniéndose cerca de sus niveles actuales por un par de semanas y luego bajando a los 80 dólares por barril los siguientes meses y a 70 dólares en el 2027.
El jefe de Economía de Citi para América Latina señaló que en una estimación realizada por la firma sobre el valor del crudo en 120 dólares por barril por el resto del año, el crecimiento económico global perdería cerca de 100 puntos bases, con un incremento de la inflación de hasta un 5 %.
El petróleo intermedio de Texas cerró este martes con una subida del 3.7 %, hasta los 99.93 dólares el barril, en medio de vaivenes en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y la salida de Emiratos Árabes Unidos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+.
Fortaleza macroeconómica
Ernesto Revilla destacó los fundamentos económicos de la República Dominicana, sin embargo, advirtió sobre el impacto en el país de un posible recrudecimiento del conflicto.
- «La República Dominicana ha avanzado mucho en fortalecer sus fundamentos económicos. Ha tenido suerte (frente al actual escenario internacional) de que la economía de Estados Unidos se ha mantenido resiliente, que significa flujo de turismo y capital para el país, pero es un importador de energía y justamente la energía se está encareciendo por el conflicto de Irán», precisó.
Revilla puntualizó que, si el choque del petróleo es transitorio, «las cosas» para el país estarán bien, pero que si el conflicto se recrudece o el precio del crudo se mantiene elevado por mucho más tiempo provocará presiones sobre la economía nacional.
Santo Domingo.- El Gobierno Central incrementó el gasto en sueldos, salarios y beneficios a empleados durante el cierre fiscal de 2025.
En términos generales, el gasto total en remuneraciones ascendió a RD$361,092 millones en 2025, frente a RD$338,157 millones en 2024, lo que representa un aumento de aproximadamente RD$22,935 millones, de acuerdo con el Estado de Recaudación e Inversión de la Rentas, publicado por el Ministerio de Industria y Comercio.
El informe destaca que el mayor peso del gasto se concentra en los sueldos para cargos fijos, que alcanzaron RD$240,854 millones, por encima de los RD$226,931 millones del año anterior. A esto se suman los sueldos para personal temporero, que subieron a RD$21,184 millones, desde RD$17,335 millones en 2024.
Uno de los cambios más notorios se observa en dietas y gastos de representación, que disminuyeron considerablemente de RD$2,008 millones en 2024 a RD$744 millones en 2025.
En cuanto a las prestaciones y bonificaciones, el Estado destinó RD$27,420 millones, superando los RD$26,128 millones del año previo, lo que confirma una tendencia al alza en los beneficios laborales. Dentro de este renglón, la regalía pascual sigue siendo el componente principal.
Trabajadores del sector público
En diciembre de 2025, en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) figuraban 767,825 cotizaciones provenientes del sector público, lo cual, de manera interanual, significa una variación de 4.98%.
Al evaluar la distribución de los trabajadores cotizantes del sector público por sector económico, la mayor
cantidad de cotizaciones se encuentran concentradas en el sector de Servicios, representado cerca del 99.88% del total de cotizaciones, según registra la Tesorería de la Seguridad Social.