Economía
Empresarios temen los efectos de la Ley contra el Lavado de Activos
Acoprovi estima que la actividad del sector construcción e inmobiliario se reducirá, y la AIRD considera que la aplicación de la ley es precipitada y que necesitan un periodo de transición
SANTO DOMINGO. Los empresarios están temerosos de lo que pueda ocurrir con la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. El sector construcción e inmobiliario cree que es posible que la actividad económica disminuya, mientras que los industriales estiman que la atracción de inversiones se puede ver impactada, tanto como la facilidad para hacer negocios en el país. Pero, además, consideran que la precipitada implementación de la norma les puede pasar factura, lo que, afirman, puede ser grave porque involucra elevadas sanciones administrativas e, incluso, penales.
Ahora, además de la banca, hay sectores como la construcción, inmobiliario y automotor, entre otros, que fungen como sujetos obligados por la Ley 155-17, lo que significa que las empresas de esas actividades están obligadas a investigar el origen de los recursos que pasen a través de ellas y deben reportar cualquier situación sospechosa de sus clientes o proveedores.
Para la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), María Gatón, el efecto inmediato sobre el sector —que es uno de los más sensibles al lavado de dinero— es que el costo administrativo de las empresas subirá porque ahora necesitan una unidad capacitada y calificada para hacer la debida diligencia a la que obliga la normativa, que no es otra cosa que vigilar que ni la empresa que les vende un solar o un terreno para la construcción de un complejo de viviendas, pasando por los proveedores de materiales, hasta llegar a los compradores finales de las unidades habitacionales, están involucrados en lavado de activos o financiamiento al terrorismo.
“Además, al igual que los industriales, tenemos la preocupación de que pudiera disminuir la actividad del sector porque tal vez no mucha gente tiene todo su dinero transparente, no sé. Sí tenemos el temor de que la actividad pudiera mermar, pudiera disminuir”, dijo Gatón.
La ley permite que, discrecionalmente, se amplíe el número de sectores obligados a hacer la debida diligencia, y eso puede ocurrir a través del reglamento que está en pleno proceso de definición y a punto de abrirse a consulta pública.
“Allí deben estar los mecanismos de aplicación efectiva de la ley. Estamos preocupados porque muchas de las observaciones que hicimos como sector empresarial, a través del Conep, básicamente no se ponderaron los efectos que podía tener la vigencia de manera inmediata de la ley sin un período de transición”, dijo la presidenta ejecutiva de la AIRD, Circe Almánzar.
Agregó que muchos de los sujetos obligados que deben ajustarse a la Ley 155-17, que fue promulgada a inicios de junio, no estaban totalmente informados sobre su papel en la prevención del lavado de dinero, y que ello genera mucha incertidumbre en los agentes económicos. “La diferencia entre esta ley y la que había antes es que se agregaron sujetos obligados no financieros que tienen un impacto importante en la economía dominicana y eso es lo que puede generar mucha incertidumbre”, señaló.
La vicepresidenta ejecutiva de la AIRD añadió que la aplicación de la normativa puede generar trabas a la hora de registrar transacciones, hacer cambios en los títulos, y también tener ciertas repercusiones con el manejo y el uso de efectivo. “En la economía dominicana tiene mucha incidencia el manejo de efectivo y eso crea muchos problemas de carácter cultural y logísticos. Básicamente estamos trabajando para ver cómo se puede paliar un poco el efecto de la ley”, expresó.
Pero en la visión de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no habrá cacerías de brujas, como temen empresarios. Entienden que pueda haber preocupación por el alcance de la Ley 155-17, pero “como ocurre con cualquier infracción, todo deberá llevarse a cabo dentro del marco de un debido proceso y con observancia de los derechos y garantías fundamentales”, dijo en una declaración a Diario Libre.La presidenta de Acoprovi, por su parte, dijo que a los promotores constructores e inmobiliarios les están recomendando que pidan tres pólizas a sus proveedores: una de avance inicial, otra de fiel cumplimiento y otra más de vicios ocultos, como una vía para cubrirse ante cualquier incidencia. “Hay promotores que ya lo requieren, otros que no. Le recomiendo a los asociados la importancia de estos tres requisitos”, puntualizó.
Entre tanto, al comprador de una vivienda ahora le pedirán referencias de cuentas bancarias, si sus ingresos o el de su grupo familiar concuerdan con la obra que están comprando. “Si, por ejemplo, un cliente quiere comprar una unidad de RD$10 millones, pero sus ingresos no son suficientes, entonces ese podría ser un cliente sospechoso. Es como si fuéramos la banca, que tenemos que reportarlo”, dijo Gatón.
Contó que desde hace años, si alguien quiere cubrir en efectivo una parte de la operación, pedían que depositara el dinero porque así el banco hacía la diligencia de preguntar el origen de los fondos. “Con esta ley no. Ahora si nos llega efectivo a la cuenta nuestra es como si ese dinero lo depositáramos nosotros”, explicó Gatón, quien dijo que eso los pone en riesgo de ser sancionados si resulta que esos recursos eran parte de una operación de lavado de dinero.Haber ampliado los sujetos obligados a otros agentes del sector privado distintos a la banca tiene su sentido. Dulce María Luciano, ex directora de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos del Ministerio Público y actualmente procuradora general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, adscrita a la Dirección General de Aduanas, recordó que la ley anterior (la 72-02) solo consideraba como lavado de activos a las actividades que pretendían blanquear dinero proveniente del narcotráfico.
El énfasis en la ley se puso en los sectores que suelen manejar efectivo o que no están monitoreados por el Estado, explicó la ex directora de la Unidad de Análisis Financiero. “En la medida en que se pongan las reglas claras a la criminalidad organizada y que los sujetos obligados estén haciendo buena prevención ajustada a la ley, en esa medida veremos cómo disminuirá el lavado de activos en los sectores, o a través de ellos”, dijo.Y para la DGII esto supone un reto porque ahora el Ministerio Público, ayudado por todos los entes auxiliares de la ley (entre los que está la autoridad tributaria) tendrá que establecer la relación entre un delito —que puede ser fiscal, aduanero, y ya no solo narcotráfico— y el blanqueo de capitales.
Por su parte, para el economista de la firma Analytica, Enrique Penson, el resultado de la Ley 155-17 será positivo para el país, y no avizora mayores trabas sobre los sectores inmobiliario y automotor porque ya la mayoría de las operaciones se realizan con préstamos que transparentan el proceso. “En la medida que la legislación impulsa mayor formalidad y transparencia en el país, su impacto es positivo tanto para el sector privado como para el público”, manifestó Penson.
Delitos que generan activos susceptibles al lavado
– Tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas.
– Terrorismo.
– Tráfico ilícito de personas, incluyendo inmigrantes ilegales.
– Trata de personas, pornografía infantil, proxenetismo.
– Tráfico ilícito de órganos humanos, de armas.
– Secuestro, extorsión.
– Robo agravado.
– Falsificación de monedas, valores o títulos.
– Estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencias, prevaricación y delitos cometidos por funcionarios públicos, soborno.
– Delito tributario, estafa agravada, contrabando, piratería, delito contra la propiedad intelectual, delito de medio ambiente.
– Testaferrato, sicariato, enriquecimiento no justificado, falsificación de documentos públicos, falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas.
– Tráfico ilícito de mercancías, obras de arte, joyas.
– Delitos financieros, crímenes y delitos de alta tecnología, uso indebido de información confidencial o privilegiada, y manipulación del mercado.
diariolibre.com
Ley 155-17
Economía
Mercado laboral dominicano suma más de 147 mil ocupados y mujeres lideran creación de empleos
El 86.6 % de los nuevos ocupados fueron mujeres, mientras la tasa de desocupación abierta se situó en 5.3 % durante el segundo trimestre de 2026
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El mercado laboral dominicano incorporó 147,456 nuevos ocupados netos durante los doce meses terminados en el segundo trimestre de 2026, con una participación particularmente significativa de las mujeres, que representaron el 86.6 % del aumento, de acuerdo con datos divulgados por el Banco Central.
Entre abril y junio, el número total de personas ocupadas en la República Dominicana alcanzó 5,271,005, equivalente a un crecimiento interanual de 2.9 %.
Del incremento neto registrado en comparación con igual período de 2025, unas 127,742 nuevas ocupadas fueron mujeres, mientras el resto correspondió a hombres.
En la composición general del mercado laboral, sin embargo, los hombres continúan representando la mayoría de la población ocupada, con un 57 %, frente al 43 % correspondiente a las mujeres.
Empleos formales e informales crecen casi en igual proporción
Los datos muestran una distribución prácticamente equilibrada entre los nuevos puestos formales e informales.
De los 147,456 ocupados adicionales, 74,794, equivalentes al 50.7 %, ingresaron al sector formal, mientras 72,663, un 49.3 %, correspondieron al sector informal.
Pese al crecimiento registrado, la informalidad continúa teniendo un peso considerable dentro de la estructura laboral dominicana.
La tasa de informalidad total se situó en 53.8 %, aunque el Banco Central destaca que ese porcentaje se encuentra por debajo del promedio histórico de 56.7 % observado desde 2014 en la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT).
Esto significa que, aun con la reducción respecto al promedio de la serie, más de la mitad de la ocupación continúa vinculada a condiciones de informalidad laboral.
Desocupación abierta baja a 5.3 %
Otro de los indicadores presentados por el Banco Central corresponde a la tasa de desocupación abierta (SU1).
Durante el período abril-junio de 2026, el indicador se colocó en 5.3 %, por debajo del promedio histórico de 6.0 % registrado en la serie de la ENCFT.
Este indicador mide la proporción de personas que se encuentran sin empleo y buscan activamente trabajo respecto de la fuerza laboral.
Mayoría de ocupados conservó su empleo
El informe también analiza los movimientos de las personas entre la ocupación, la desocupación y la inactividad durante el último año.
De quienes estaban ocupados, 92.6 % permaneció realizando alguna actividad productiva, mientras un 5.9 % salió de la fuerza laboral y pasó a la condición de inactivo.
Otro 1.5 % pasó de estar ocupado a encontrarse desocupado.
Entre las personas que estaban desempleadas un año antes, 44 % logró pasar a la condición de ocupado, mientras un 28.3 % permaneció en situación de desocupación.
Participación femenina marca crecimiento del empleo
Uno de los datos más relevantes del comportamiento laboral durante el período fue la participación de las mujeres en la creación neta de puestos de trabajo.
Que aproximadamente 87 de cada 100 nuevos ocupados netos hayan sido mujeres evidencia que el crecimiento interanual estuvo fuertemente concentrado en la incorporación femenina al mercado laboral.
Los resultados muestran simultáneamente avances en el número de ocupados y en la tasa de desocupación abierta, aunque mantienen como uno de los principales desafíos estructurales el elevado peso de la informalidad.
Los indicadores corresponden al segundo trimestre de 2026 y forman parte de las mediciones del mercado laboral realizadas por el Banco Central mediante la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo.
Economía
Inteligencia artificial transforma el fraude financiero y obliga a reforzar la seguridad digital
Deepfakes, identidades sintéticas y documentos manipulados aumentan los riesgos para bancos, fintechs y usuarios ante el crecimiento de las transacciones digitales
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El acelerado desarrollo de la inteligencia artificial (IA) está abriendo nuevas oportunidades para la economía digital, pero al mismo tiempo proporciona a los ciberdelincuentes herramientas cada vez más sofisticadas para cometer fraudes financieros.
La posibilidad de crear rostros, voces, documentos e identidades digitales aparentemente auténticas está modificando los métodos tradicionales utilizados para engañar a usuarios y entidades financieras, lo que obliga a bancos, fintechs y plataformas de pago a fortalecer sus sistemas de verificación.
Pilar Pereira, directora de alianzas estratégicas y partnerships para Latinoamérica de la empresa de verificación de identidad Jumio, advierte que el fraude apoyado en inteligencia artificial representa actualmente uno de los principales desafíos para los sistemas de pagos digitales.
Entre las modalidades que generan mayor preocupación se encuentran los deepfakes, las identidades sintéticas, los bots y la toma de control de cuentas.
¿Qué son las identidades sintéticas?
Una de las modalidades que gana terreno es el denominado fraude de identidad sintética, mediante el cual los delincuentes combinan información verdadera de una persona con datos falsos para construir una nueva identidad aparentemente legítima.
El mecanismo puede incorporar nombres, documentos, fotografías y otros datos reales junto con información inventada o modificada digitalmente.
La inteligencia artificial aumenta el nivel de sofisticación de estas operaciones al permitir la creación de documentos, imágenes faciales y perfiles digitales con un mayor grado de realismo.
Esta realidad plantea un desafío adicional para las entidades financieras: comprobar la autenticidad de un documento ya no necesariamente resulta suficiente.
Los sistemas de seguridad deben procurar determinar también si la persona realmente existe, si corresponde con la identidad presentada y si está físicamente presente durante el proceso de validación.
Deepfakes elevan el nivel de riesgo
Los llamados deepfakes permiten utilizar inteligencia artificial para generar o manipular imágenes, videos y voces con un elevado nivel de realismo.
En el ámbito financiero, esta tecnología puede ser utilizada para intentar superar mecanismos tradicionales de reconocimiento facial o hacerse pasar por otra persona durante determinadas operaciones digitales.
Pereira señala que datos manejados por Jumio indican que un 69 % de los consumidores consultados considera que el fraude impulsado por inteligencia artificial constituye una amenaza mayor que el robo de identidad tradicional.
La cifra corresponde a información de la compañía y refleja la percepción de los consumidores incluidos en sus mediciones.
Seguridad deberá operar en tiempo real
El desafío adquiere especial importancia con el crecimiento de los pagos instantáneos, debido a que la rapidez con la que se completa una operación también reduce el tiempo disponible para identificar y detener una transacción fraudulenta.
Por esta razón, los especialistas consideran necesario que la prevención deje de funcionar únicamente como un mecanismo posterior a una operación sospechosa y pase a formar parte de todo el proceso transaccional.
Entre las tecnologías utilizadas para fortalecer esos controles se encuentran la biometría, las pruebas de vida, los sistemas para detectar deepfakes y documentos manipulados, el análisis del comportamiento del usuario y el monitoreo continuo de las transacciones.
La finalidad es identificar señales anormales antes de que una operación potencialmente fraudulenta pueda completarse.
República Dominicana prepara nuevo sistema de pagos instantáneos
El tema adquiere particular relevancia para República Dominicana ante los trabajos anunciados por el Banco Central para la implementación de un nuevo Sistema de Gestión de Pagos Instantáneos, proyectado para entrar en funcionamiento en 2027.
De acuerdo con Pereira, el desarrollo de este tipo de infraestructura debe incorporar mecanismos robustos de verificación desde el momento en que una persona se registra como cliente y mantener controles durante toda la relación con la entidad financiera.
La especialista plantea que verificar una identidad una sola vez no necesariamente garantiza que esa cuenta continuará siendo utilizada siempre por la misma persona.
Por ello, recomienda integrar diferentes señales de identidad, comportamiento y actividad transaccional.
El reto: proteger sin complicar al usuario
El fortalecimiento de la seguridad también plantea otro desafío: evitar que los nuevos controles conviertan las operaciones digitales en procesos excesivamente complicados para los usuarios legítimos.
Una de las alternativas planteadas es la denominada identidad reutilizable, mediante la cual una validación previamente realizada, y utilizada con consentimiento del cliente, puede facilitar futuros procesos de identificación.
La estrategia busca combinar rapidez y seguridad sin obligar al usuario a repetir constantemente procedimientos complejos.
Entre las principales medidas recomendadas frente al fraude impulsado por IA se encuentran la combinación de documentos con biometría y pruebas de vida, la detección de posibles deepfakes, el análisis de señales de riesgo y el monitoreo de operaciones en tiempo real.
La IA también puede convertirse en herramienta de defensa
La inteligencia artificial no representa únicamente una amenaza para el sistema financiero.
Las mismas capacidades tecnológicas utilizadas por los ciberdelincuentes pueden ser aprovechadas por bancos y empresas especializadas para analizar grandes cantidades de información, identificar comportamientos atípicos y detectar intentos de fraude con mayor rapidez.
La batalla por la seguridad financiera digital se desarrolla así en ambos sentidos: mientras los delincuentes incorporan herramientas de inteligencia artificial para perfeccionar sus métodos, las instituciones financieras necesitan utilizar tecnologías cada vez más avanzadas para reconocerlos y detenerlos.
El desafío para la economía digital será conseguir que la velocidad y facilidad de las nuevas formas de pago avancen acompañadas de sistemas de seguridad capaces de demostrar que detrás de cada operación se encuentra realmente la persona que afirma realizarla.
El organismo reclama mayores esfuerzos para eliminar las barreras estructurales y garantizar igual remuneración por trabajo de igual valor
SANTO DOMINGO.– Las mujeres continúan enfrentando una importante brecha salarial frente a los hombres y, a escala mundial, perciben alrededor de un 18 % menos, según advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al reiterar la necesidad de avanzar hacia una remuneración equitativa.
Con motivo del Día Internacional de la Igualdad Salarial, el organismo internacional recordó el principio de que un trabajo de igual valor debe recibir igual remuneración y llamó a gobiernos, empleadores y trabajadores a fortalecer las acciones destinadas a reducir las desigualdades económicas entre hombres y mujeres.
La OIT sostuvo que detrás de las estadísticas existen millones de mujeres cuyo trabajo contribuye al sostenimiento de hogares, empresas y economías, pero que continúan enfrentando diferencias en sus ingresos.
OIT plantea eliminar barreras estructurales
El organismo considera que parte de la desigualdad salarial está vinculada a barreras estructurales que pueden ser enfrentadas mediante políticas públicas, legislación laboral, instituciones más fuertes y mecanismos de diálogo entre trabajadores y empleadores.
Entre las medidas señaladas se encuentran una mayor transparencia salarial, estructuras de remuneración más equitativas y mecanismos que permitan valorar adecuadamente trabajos desempeñados mayoritariamente por mujeres.
La negociación colectiva y el diálogo social también pueden contribuir, según la organización, a reducir las diferencias y garantizar una mayor participación femenina en las decisiones relacionadas con el ámbito laboral.
Para la OIT, alcanzar la igualdad salarial no constituye únicamente un asunto económico, sino también una cuestión relacionada con derechos laborales, dignidad y justicia social.
Brecha salarial también afecta a las dominicanas
En República Dominicana, la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres también ha sido objeto de estudios.
Un análisis divulgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2022 situaba entonces la brecha salarial de género en alrededor del 18 %.
De acuerdo con ese estudio, por cada RD$100 percibidos por los hombres, las mujeres recibían aproximadamente RD$82, aunque las diferencias podían variar considerablemente dependiendo de factores como la situación socioeconómica y el tipo de empleo.
El informe también señalaba una paradoja en materia educativa: pese al importante avance de las mujeres en la formación universitaria, las diferencias de ingresos laborales persistían.
Informalidad profundiza diferencias
El análisis del PNUD advertía que las desigualdades eran mayores entre las mujeres incorporadas al sector informal de la economía.
Según los datos citados en el estudio, la diferencia de ingresos podía alcanzar aproximadamente un 40 % en el empleo informal, mientras que en el sector formal se situaba alrededor del 14 %.
Las cifras dominicanas corresponden al análisis publicado en 2022 y, por tanto, no deben interpretarse automáticamente como una medición actual de la brecha salarial en 2026.
La OIT insiste en que reducir estas diferencias requiere acciones coordinadas de los Estados, empleadores y trabajadores para avanzar hacia mercados laborales donde la remuneración responda al valor del trabajo y no al género de quien lo desempeña.