Editorial
La Exageración y la Politiquería Dominicanas
La República Dominicana podría pasar a formar parte del Consejo No Permanente de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en el periodo 2018-2019, ya que ha recibido el apoyo de los países latinoamericanos y caribeños.
Pero desde ya los más comprometidos con la causa perredeísta en el seno del Gobierno atribuyen la casi segura incorporación de la República Dominicana a un órgano que tiene como misión garantizar y promover la paz en el mundo, el cual está constituido por unos quince miembros, diez no permanentes y cinco permanentes, donde están representadas las diferentes regiones y continentes que conforman el mundo, a las gestiones del actual canciller Miguel Vargas Maldonado.
Los miembros permanentes son China, Rusia, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, mientras que los no permanentes son Bolivia, Egipto, Etiopia, Italia, Japón, Senegal, Suecia, Ucrania, Uruguay y Kazajistan.
De todas las naciones que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sólo tres países no han ocupado un puesto como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, los cuales son Haití, República Dominicana y El Salvador.
Nótese que la composición de ese importante Consejo de Seguridad, cuyas decisiones son vinculantes para todos los demás miembros de la ONU, está concebido hasta para que haya una representación equitativa de las diferentes regiones del mundo, incluidas las naciones más pobres y subderrolladas.
De manera, que el sólo hecho de que la República Dominicana nunca haya sido escogida para formar parte del Consejo de Seguridad, nos dice que es de justicia que uno de los tres que no ha tenido representación en tan importante Consejo tenga ahora la oportunidad mediante un tratamiento igualitario para todos los países.
Es decir que podría colegirse que el apoyo de las naciones latinoamericanas y caribeñas obedece más que nada a un problema de justicia y de un proceso de elección más democrático y equitativo, pero no a los buenos oficios de personas que ocupan posiciones de embajadores en la ONU o a la diligencia del canciller Miguel Vargas Maldonado, aunque haya habido algún cabildeo, como ya lo proyectan algunos periodistas al servicio del Gobierno y del PRD.
Porque en el caso concreto de Frank Corterreal, a quien se le atribuye alguna gestión en ese sentido, lo único que puede exhibir ese señor es que dirige la seccional de Nueva York del Partido de la Liberación Dominicana y su militancia en la tendencia del presidente Danilo Medina, porque es muy poco lo que sabe de diplomacia y mucho menos se puede alegar que sea un intelectual con algún mérito.
Corterreal pasó de profesor de escuela pública en Nueva York a embajador plenipotenciario ante la ONU, posición que consiguen muchos hombres y mujeres que no tienen nisiquiera una buena formación, por lo que querer darle mérito a un peledeísta que es «diplomático» sólo por la politiquería que prevalece en el servicio exterior dominicano, llena de nombramientos de personas que sólo retiran sus cheques cada mes, pero que no tienen la más mínima capacidad para desempeñar una función como tales o como consejeros o secretarios de cualquiera embajada, es un verdadero descaro.
El problema está en que los dominicanos somos expertos en sacarle provecho a cualquier situación que esté en nuestro entorno, sin importar que los demás la vean como una exageración o un descarado oportunismo.
La misión diplomática dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas siempre ha constituido, pero peor aún durante los gobiernos peledeístas, un nido de vagos y un centro de la politiquería que tiene al país al garete, cualquierizada e irrespetada por lo que entienden que la diplomacia es una carrera que no sólo se hace con los años en en un puesto diplomático, sino con estudios en prestigiosas universidades nacionales y extranjeras.
Es decir que ahora querer atribuir un apoyo al trabajo de gente que no sabe donde tiene su cabeza, cuando la realidad es que se trata de un asunto de distribución equitativa y de democracia en el seno del Consejo de Seguridad No Permanente, es una desfachatada forma de recurrir a la poliquería barata y darle mérito al que no lo tiene, sobre todo porque se trata de una representación por afinidad política más que por méritos propios.
Dejemos tantas desvergüenzas.
Basta ya!!
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.