Editorial
La Exageración y la Politiquería Dominicanas
La República Dominicana podría pasar a formar parte del Consejo No Permanente de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en el periodo 2018-2019, ya que ha recibido el apoyo de los países latinoamericanos y caribeños.
Pero desde ya los más comprometidos con la causa perredeísta en el seno del Gobierno atribuyen la casi segura incorporación de la República Dominicana a un órgano que tiene como misión garantizar y promover la paz en el mundo, el cual está constituido por unos quince miembros, diez no permanentes y cinco permanentes, donde están representadas las diferentes regiones y continentes que conforman el mundo, a las gestiones del actual canciller Miguel Vargas Maldonado.
Los miembros permanentes son China, Rusia, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, mientras que los no permanentes son Bolivia, Egipto, Etiopia, Italia, Japón, Senegal, Suecia, Ucrania, Uruguay y Kazajistan.
De todas las naciones que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sólo tres países no han ocupado un puesto como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, los cuales son Haití, República Dominicana y El Salvador.
Nótese que la composición de ese importante Consejo de Seguridad, cuyas decisiones son vinculantes para todos los demás miembros de la ONU, está concebido hasta para que haya una representación equitativa de las diferentes regiones del mundo, incluidas las naciones más pobres y subderrolladas.
De manera, que el sólo hecho de que la República Dominicana nunca haya sido escogida para formar parte del Consejo de Seguridad, nos dice que es de justicia que uno de los tres que no ha tenido representación en tan importante Consejo tenga ahora la oportunidad mediante un tratamiento igualitario para todos los países.
Es decir que podría colegirse que el apoyo de las naciones latinoamericanas y caribeñas obedece más que nada a un problema de justicia y de un proceso de elección más democrático y equitativo, pero no a los buenos oficios de personas que ocupan posiciones de embajadores en la ONU o a la diligencia del canciller Miguel Vargas Maldonado, aunque haya habido algún cabildeo, como ya lo proyectan algunos periodistas al servicio del Gobierno y del PRD.
Porque en el caso concreto de Frank Corterreal, a quien se le atribuye alguna gestión en ese sentido, lo único que puede exhibir ese señor es que dirige la seccional de Nueva York del Partido de la Liberación Dominicana y su militancia en la tendencia del presidente Danilo Medina, porque es muy poco lo que sabe de diplomacia y mucho menos se puede alegar que sea un intelectual con algún mérito.
Corterreal pasó de profesor de escuela pública en Nueva York a embajador plenipotenciario ante la ONU, posición que consiguen muchos hombres y mujeres que no tienen nisiquiera una buena formación, por lo que querer darle mérito a un peledeísta que es «diplomático» sólo por la politiquería que prevalece en el servicio exterior dominicano, llena de nombramientos de personas que sólo retiran sus cheques cada mes, pero que no tienen la más mínima capacidad para desempeñar una función como tales o como consejeros o secretarios de cualquiera embajada, es un verdadero descaro.
El problema está en que los dominicanos somos expertos en sacarle provecho a cualquier situación que esté en nuestro entorno, sin importar que los demás la vean como una exageración o un descarado oportunismo.
La misión diplomática dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas siempre ha constituido, pero peor aún durante los gobiernos peledeístas, un nido de vagos y un centro de la politiquería que tiene al país al garete, cualquierizada e irrespetada por lo que entienden que la diplomacia es una carrera que no sólo se hace con los años en en un puesto diplomático, sino con estudios en prestigiosas universidades nacionales y extranjeras.
Es decir que ahora querer atribuir un apoyo al trabajo de gente que no sabe donde tiene su cabeza, cuando la realidad es que se trata de un asunto de distribución equitativa y de democracia en el seno del Consejo de Seguridad No Permanente, es una desfachatada forma de recurrir a la poliquería barata y darle mérito al que no lo tiene, sobre todo porque se trata de una representación por afinidad política más que por méritos propios.
Dejemos tantas desvergüenzas.
Basta ya!!
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.