Economía
Reglamento de Ley 155-17 plantea regulaciones sectoriales contra lavado
Los sujetos obligados tendrán un año para actualizar los datos de sus clientes actuales, mientras que los registradores no deberán exigir las pruebas del origen de los fondos para anotar cualquier operación
SANTO DOMINGO. Ya inició el proceso de consulta pública del Reglamento de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, documento que plantea la definición de normas sectoriales para adecuar los procesos a la realidad de cada actividad.
De tal manera, no solo será la ley general y sus reglamentos los que marcarán las pautas en materia de prevención de blanqueo de activos, sino también regulaciones para los diferentes sectores que estarán afectados por la entrada en vigencia de los nuevos procedimientos legales.
Así lo indica en su disposición final el borrador de reglamento que ahora se discute. Otro de los aspectos definidos en la propuesta es el plazo de un año que podría otorgarse a los sujetos que están obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos para que actualicen las informaciones de sus clientes actuales.
Pero el reglamento, aún sujeto a cambios, no define plazos adicionales de adecuación, algo que sectores afectados consideran esencial para alistarse. Además de la banca, sectores como la construcción, inmobiliario y automotor, entre otros, y los notarios y registradores fungen como sujetos obligados por la Ley 155-17, lo que significa que, en algunos casos, están obligados a investigar el origen de los recursos que pasen a través de ellos y reportar cualquier situación sospechosa de sus clientes, proveedores o empresas interesadas en cerrar tratos comerciales.
En este sentido, el presidente de la International Fiscal Association-RD, José Salas, dijo que el país no está preparado para la Ley 155-17 que ya entró en vigencia.
“La verdad, estamos muy poco preparados. Hay muchas dudas sobre lo que hay que reportar y lo que no. Esperamos que el borrador de reglamento lo aclare”, dijo Salas.
Ante esas preocupaciones, y porque ahora las irregularidades tributarias se podrán considerar delitos precedentes al lavado, la Asociación Tributaria de RD y la International Fiscal Association-RD harán este 15 y 16 de septiembre el congreso “Encuentro Tributario 2017”, donde esperan despejar algunas dudas.
En todo caso, Salas cree que la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos podría mejorar la recaudación fiscal, que actualmente registra uno de los niveles más bajos del continente. Ello porque, al ser el delito tributario una irregularidad posiblemente asociada al blanqueo de capitales, transparentará la situación tributaria dominicana que se caracteriza por una elevada informalidad.
Por lo pronto, el proyecto de reglamento de la 155-17 aclara algunos asuntos como el papel de los nuevos sujetos obligados. Por ejemplo, señala que los registradores no deben exigir al cliente pruebas del origen de los fondos para realizar la transacción, sino que su responsabilidad se limitará a “la exigencia de entrega del medio de pago”. Y esas formas de pago, que en efectivo están prohibidas por encima de ciertos montos, también involucran a las tarjetas prepagadas, por la dificultad de seguir el rastro del dinero con esos instrumentos.
Los pagos que las personas físicas o jurídicas realicen o acepten de acuerdo con los umbrales establecidos en el artículo 64 de la Ley núm. 155-17 deberán realizarse a través de cheques, transferencias nacionales o internacionales (incluido los agentes de remesas y cambio), tarjetas de crédito o de débito, que constituyen medios de pago que dan fe de la liquidación o el pago”, dice el artículo 27 del proyecto de reglamento.
diariolibre.com
Agencia AFP
Washington, Estados Unidos.-La Reserva Federal estadounidense (Fed) recortó el miércoles sus tasas por primera vez desde 2020 y optó por una fuerte baja de medio punto porcentual, para dejarlas en 4,75-5,00%.
La segunda ola de reformas con la cual el Gobierno busca eficientizar el gasto público, que también contempla unificar a las direcciones de Aduanas (DGA) y de Impuestos Internos (DGII) en una Administración Tributaria, comenzará con una única Oficina Virtual, integrada, donde imperaría el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para el cruce de datos.
En esta fase, seguirá el proceso de fusiones entre instituciones del Gobierno central, entre las que figuran pendientes una única administración tributaria, y se creará un Ministerio de la Familia con la integración en este de los ministerios de la Juventud y el de la Mujer.
Tambiéb se ha hablado de los ministerios de Deportes y el de Cultura, sobre los cuales expertos en finanzas públicas estiman que estarán dentro del paquete de reducciones y eliminaciones, y del que el Gobierno deberá emitir un derecho de austeridad para que las demás instituciones puedan dar cumplimiento a los lineamientos de recortes en el Estado.
Pasado todo el proceso de eficientización y reducción del gasto público, se infiere que habrá un portal de transparencia donde todo el mudo podrá ver el salario y los ingresos públicos que se asignan con los recursos públicos, incluyendo contratos y subcontratos, nóminas y posibles “nominillas”.
Esto así, porque aún en el Estado hay un gran personal que recibe salarios muy por encima en una misma función o de menor posición que en el sector privado.
Un ejemplo de casos es el de un encargado de un departamento público con un salario de RD$150,000 y RD$300,000 más viáticos, comida y representación, que agota un horario de 9 am a 4 pm y, otro en el mismo sector público, que es diplomático de segundo nivel ganando RD$175,000 y múltiples responsabilidades en el país y en el exterior.
En otros puestos, de personal no tan imprescindibles, hay quien gana RD$300,000 al mes y obtienen beneficios como asignación de vehículos, chofer, y combustibles. El sueldo similar al del Presidente de la República, ocupando apenas una dirección pública.
Todavía hay salarios por encima del sueldo mensual presidencial que, debería ser el mayor, en el Gobierno central.
Esas “ineficiencias” y “filtraciones” son las que organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha recomendado eliminar y con la cual entiende que el Estado se puede ahorrar hasta un 7% del producto interno bruto (PIB). Además, el Estado se aliviaría de la rigidez presupuestaria que le impide aumentar el gasto de capital con inversiones en infraestructuras y servicios sociales y comenzaría a eliminar la figura del “Estado clientelar”, en República Dominicana.
Datos de la reforma
Como una forma de reducir la evasión y elusión fiscal, que hoy ronda el 47% en el caso del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), y de casi un 63% en el Impuesto Sobre la Renta, el Gobierno buscará presentar en los próximos días su propuesta de reforma fiscal integral.
Ya se inició la parte del gasto, mediante la reducción y eliminación de instituciones. En adelante, se contempla ampliar la base del ITBIS dejando exentas de impuestos muy pocos bienes y servicios, esencialmente los de gran peso en la canasta básica. La tasa del ITBIS será menor que el 18% actual.
El gravamen le será aplicado solamente prestadores de servicios que, desde el extranjero, prestan servicios en el territorio nacional, como Amazon, Expedia, Google, Netflix, Spotify, DiDi, Uber, Expedia, Airbnb, Indriver, entre otros.
Se reducirán las leyes de incentivos, se aplicará un motributo a las mipymes. Y el anticipo de renta se calculará en base a las ventas en el año corriente, no en base a las ventas del año anterior, lo que ayudará a la liquidez de las empresas. El IPI (Patrimonio) es el de la propuesta de 2021.
Los incentivos que permanecerán estarán condicionados al resultado de una análisis costo-beneficio. Si el costo es mayor que el beneficio el incentivo será eliminado.
Economía
Costo de la canasta familiar de la región Ozama alcanza los RD$52,535.8 en julio, según Economía
Santo Domingo, R.D.-Una familia dominicana, típica, que reside en la región Ozama paga más por los bienes y servicios que adquiere de manera habitual, frente al resto de la población del país.
Según datos del Ministerio de Economía, en julio de este año el costo de la canasta de consumo familiar de la región Ozama alcanzó los RD$52,535.8.
Con esa suma, la zona metropolitana que abarca el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Este, Norte, Oeste, entre otros, superó el costo de la canasta básica de las demás regiones, e incluso el costo a nivel nacional, que se situó en RD$45,494.6.
El incremento mensual que experimentó esa región fue de RD$209.6, lo que representa un aumento de 0.40%; mientras que la variación anual fue de RD$1,767.4, lo que equivale un incremento de 3.48%, según Economía.
“En magnitud le sigue la región Norte, con una canasta de consumo de RD$43,341.1”, precisó la institución en su informe de situación macroeconómica, edición especial.
La entidad, además, indicó que la región Sur, aunque registró el menor costo de la canasta entre las regiones (RD$36,756.8), ha experimentado la mayor variación positiva tanto mensual de 0.73%, como anual de 4.11%, respectivamente.