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Economía

Reglamento de Ley 155-17 plantea regulaciones sectoriales contra lavado

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Los sujetos obligados tendrán un año para actualizar los datos de sus clientes actuales, mientras que los registradores no deberán exigir las pruebas del origen de los fondos para anotar cualquier operación

SANTO DOMINGO. Ya inició el proceso de consulta pública del Reglamento de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, documento que plantea la definición de normas sectoriales para adecuar los procesos a la realidad de cada actividad.

De tal manera, no solo será la ley general y sus reglamentos los que marcarán las pautas en materia de prevención de blanqueo de activos, sino también regulaciones para los diferentes sectores que estarán afectados por la entrada en vigencia de los nuevos procedimientos legales.

Así lo indica en su disposición final el borrador de reglamento que ahora se discute. Otro de los aspectos definidos en la propuesta es el plazo de un año que podría otorgarse a los sujetos que están obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos para que actualicen las informaciones de sus clientes actuales.

Pero el reglamento, aún sujeto a cambios, no define plazos adicionales de adecuación, algo que sectores afectados consideran esencial para alistarse. Además de la banca, sectores como la construcción, inmobiliario y automotor, entre otros, y los notarios y registradores fungen como sujetos obligados por la Ley 155-17, lo que significa que, en algunos casos, están obligados a investigar el origen de los recursos que pasen a través de ellos y reportar cualquier situación sospechosa de sus clientes, proveedores o empresas interesadas en cerrar tratos comerciales.

En este sentido, el presidente de la International Fiscal Association-RD, José Salas, dijo que el país no está preparado para la Ley 155-17 que ya entró en vigencia.

“La verdad, estamos muy poco preparados. Hay muchas dudas sobre lo que hay que reportar y lo que no. Esperamos que el borrador de reglamento lo aclare”, dijo Salas.

Ante esas preocupaciones, y porque ahora las irregularidades tributarias se podrán considerar delitos precedentes al lavado, la Asociación Tributaria de RD y la International Fiscal Association-RD harán este 15 y 16 de septiembre el congreso “Encuentro Tributario 2017”, donde esperan despejar algunas dudas.

En todo caso, Salas cree que la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos podría mejorar la recaudación fiscal, que actualmente registra uno de los niveles más bajos del continente. Ello porque, al ser el delito tributario una irregularidad posiblemente asociada al blanqueo de capitales, transparentará la situación tributaria dominicana que se caracteriza por una elevada informalidad.

Por lo pronto, el proyecto de reglamento de la 155-17 aclara algunos asuntos como el papel de los nuevos sujetos obligados. Por ejemplo, señala que los registradores no deben exigir al cliente pruebas del origen de los fondos para realizar la transacción, sino que su responsabilidad se limitará a “la exigencia de entrega del medio de pago”. Y esas formas de pago, que en efectivo están prohibidas por encima de ciertos montos, también involucran a las tarjetas prepagadas, por la dificultad de seguir el rastro del dinero con esos instrumentos.

Los pagos que las personas físicas o jurídicas realicen o acepten de acuerdo con los umbrales establecidos en el artículo 64 de la Ley núm. 155-17 deberán realizarse a través de cheques, transferencias nacionales o internacionales (incluido los agentes de remesas y cambio), tarjetas de crédito o de débito, que constituyen medios de pago que dan fe de la liquidación o el pago”, dice el artículo 27 del proyecto de reglamento.

diariolibre.com

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Economía

Agricultura espera reanudar en cuatro meses las exportaciones de mango hacia Estados Unidos

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Santo Domingo, R.D.-Al Ministerio de Agricultura le tomará hasta cuatro meses ejecutar los protocolos de monitoreo y prevención de la mosca caribeña de la fruta (Anastrepha obliqua) en los mangos dominicanos para reanudar las exportaciones hacia Estados Unidos, destino que mantiene suspendida su compra de las variedades dominicanas de cáscara amarilla desde el pasado 9 de julio.

Aunque autoridades del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos habían alertado a sus homólogas dominicanas de la presencia de esta plaga desde el 2023, no fue sino hasta una última auditoría realizada en el presente mes que se determinó la suspensión, luego de confirmar su presencia.

El director de Sanidad e Inocuidad de AgriculturaEmigdio Gómez, indicó que la institución ha sostenido desde entonces varias reuniones y comunicaciones con las autoridades de Sanidad Vegetal de los Estados Unidos, informándoles de la disposición de endurecer las medidas locales.

Medidas recientesAl ser contactada, la institución no entró en detalles sobre el por qué estas medidas no se habían tomado antes y, desde su departamento de Comunicaciones, recordó que la administración actual sigue siendo reciente.

“Hasta febrero del 2026, cuando inició la zafra de cosecha del mango, no se habían tomado medidas; en ese momento se comenzó a tomar medidas, pero en abril inició el proceso de la auditoría (de las autoridades estadounidenses)”, abundó Gómez, quien indicó que ya se logró exportar hasta el 90 % de la cosecha de mangos que estaba prevista.

Pocos recursos

El presidente del Clúster del Mango de la República Dominicana (Promango), Rafael Leger, explicó que la medida afectará de manera particular a los productores de los mangos mingolo y banilejo, que son las dos variedades que más se exportan hacia los Estados Unidos, que compra el 25 % de los mangos exportados.

Asimismo, consideró que hubo un descuido por parte de las autoridades dominicanas. Dijo que faltó dotar de mayores recursos a los técnicos encargados de monitorear las trampas que alertan de la presencia del insecto y realizar chequeos preventivos cada semana.

Exportaciones hacia Europa se mantienen

Tanto Leger como Gómez precisaron que las exportaciones hacia otros destinos, como Europa o Canadá, han transcurrido con normalidad.

Leger recordó que el mayor mercado se encuentra en Europa, consumidor de variedades de cáscara roja como el Kitts, una fruta que “no ha tenido inconvenientes” con la mosca y que se ha seguido exportando sin problemas hacia ese mercado, a donde va hasta el 60 % de lo producido localmente.

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Economía

El barril de Brent alcanza los 100 dólares con la extensión del conflicto al mar Rojo

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Agencia AFP

Madrid, España.-El barril de petróleo Brent alcanzó este jueves los 100 dólares ante la extensión del conflicto en Oriente Medio al mar Rojo tras la reivindicación de los rebeldes hutíes de Yemen de ataques contra petroleros sauditas en la zona.

Hacia las 13:05 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre subía un 6,05%, hasta los 99,76 dólares, tras haber alcanzado brevemente los 100 dólares.

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Economía

El Ejecutivo vuelve a pedir autorización para emitir hasta US$4,354.5 MM en préstamos

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Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo aprovechó la reformulación del Presupuesto 2026 para redistribuir recursos entre instituciones, solicitar autorización para contratar hasta US$4,354.5 millones en préstamos e introducir cambios que amplían su capacidad de maniobra durante la ejecución del gasto público.

La propuesta de reformulación del Presupuesto General del Estado para 2026, sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, redistribuye miles de millones de pesos entre instituciones, incluyendo una reducción de 2,000 millones de pesos al Ministerio de Educación. Además,  incorpora la autorización para contratar 23 operaciones de crédito público por 4,354.5 millones de pesos y otorga al Ejecutivo nuevas facultades para realizar ajustes presupuestarios.

El proyecto modifica la Ley 99-25, que aprobó el presupuesto vigente, con el argumento de que el desempeño de las recaudaciones permite aumentar en 40,978.3 millones de pesos tanto los ingresos como las apropiaciones de gasto. Como ambos conceptos crecen en la misma proporción, el déficit fiscal previsto para 2026 permanece sin cambios en RD$280,575.2 millones.

  • Sin embargo, uno de los aspectos de mayor alcance es la reincorporación del artículo 71 de la Ley 99-25, mediante el cual se autoriza al Ministerio de Hacienda y Economía a concertar 23 operaciones de crédito con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la CAF, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otras entidades financieras internacionales.

Las operaciones abarcan proyectos de agua potable y saneamiento, ampliación del Metro y el Monorriel de Santo Domingo, redes de transmisión eléctrica, modernización de centrales hidroeléctricas, infraestructura vial, sistemas de riego, desarrollo territorial, resiliencia climática y reforma del sistema penitenciario. En conjunto representan un monto de 4,354.5 millones de dólares.

El texto no establece las condiciones financieras específicas de esas operaciones. En todos los casos dispone que serán contratadas a una «tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana», sin detallar tasas, plazos, períodos de gracia ni el costo financiero estimado de cada préstamo.

Reducen fondos a Educación

La reformulación también reorganiza el gasto entre instituciones públicas. Entre las reducciones figura una disminución de 2,000 millones de pesos para el Ministerio de Educación, y montos menores para el de Turismo y Energía y Minas.

En sentido contrario, aumentan las asignaciones para la Presidencia de la República, Interior y Policía, Salud Pública, Obras Públicas, Agricultura, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Economía y la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional.

Además del nuevo paquete de endeudamiento, el proyecto incorpora disposiciones que amplían la capacidad de actuación del Poder Ejecutivo durante la ejecución presupuestaria.

El artículo 10 autoriza al Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la aplicación de la ley y realizar los ajustes derivados de la ejecución del presupuesto conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuesto.

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