Latinoamericanas
Congreso guatemalteco frena avance de polémicas reformas a favor de políticos
Congreso guatemalteco frena avance de polémicas reformas a favor de políticos
AP
CIUDAD DE GUATEMALA. Las reformas al Código Penal realizadas por el Congreso de Guatemala, y que despertaron la ira de miles de guatemaltecos porque al tratar de quitar responsabilidad a políticos que cometieran financiamiento electoral ilícito también librarían de prisión a quienes cometieran al menos unos 400 delitos tipificados en ley, fueron derogadas el viernes.
Con 130 votos (el total de los asistentes) a favor de 158 diputados, los legisladores aprobaron suspender en definitiva la reforma de tres artículos del Código Penal. Los cambios a la ley se hicieron unos días después de que el presidente Jimmy Morales fuera señalado por la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de irregularidades durante la campaña que lo llevó al poder en 2016.
Miles de manifestantes rodearon durante 12 horas las instalaciones del Congreso y no permitieron la salida de los diputados del palacio legislativo tras la sesión de revocatoria de las reformas, exigiendo que renunciaran por los cambios hechos a la ley. A la media noche del viernes, nueve horas después de finalizada la sesión, un grupo de 200 policías antimotines evacuó a los diputados, lanzando gas pimienta contra los manifestantes que aún permanecían en el lugar.
A su salida, la diputada Alejandra Carrillo del partido Movimiento Reformador, hizo señas obscenas a manifestantes, encendiendo la ira de éstos.
Los bomberos atendieron a varios civiles intoxicados con el gas lanzado por la policía.
El mecanismo para derogar se conoce como Precedente Legislativo y sirve para regular los procedimientos que pueden aplicarse a decretos que reciban objeciones. En este caso, según el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, varios diputados objetaron el decreto.
Las manifestaciones de miles de guatemaltecos y la rabia expresada por ellos logró no solo que los diputados dieran marcha atrás, sino que además varios de ellos pidieran disculpas públicas “por el error” cometido. Marleni Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), uno de los partidos impulsores de la reforma, fue una de las legisladoras que aseguró que aprobó las reformas con conocimiento de causa.
“Por eso pido perdón”, dijo.
“¡No nos vamos hasta que renuncien!” y “¡Depuremos el Congreso!” eran algunas de las frases que miles de manifestantes gritaban el viernes a las afueras del Congreso.
La diputada de oposición, Nineth Montenegro, quién voto en contra de las polémicas reformas dijo al pleno: “Ojala que desde hoy, si es que nos dejan terminar el periodo, leamos bien las iniciativas para evitar el descontento que ahora hay”.
Antes de que las reformas fueran derogadas por el Congreso, la Corte de Constitucionalidad ya había hecho una suspensión provisional de las mismas con un recurso legal aduciendo que los cambios ponían en riesgo el sistema de justicia del país.
Los legisladores habían acordado reducir de 12 a 10 años la pena máxima de prisión para quien incurriera en el delito de financiamiento ilícito y en paralelo aprobaron que una sentencia de una década de cárcel pueda ser conmutada por una multa.
La indignación de la población evoca a la suscitada en 2015 cuando miles de personas pidieron la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de actos de corrupción. Ambos renunciaron a sus cargos y están presos a la espera de saber si irán a juicio.
Tras la convulsión política llegó al poder el presidente Jimmy Morales, que con poca experiencia política y después de ser un comediante de televisión ganó popularidad con el lema “Ni corrupto, ni ladrón”. El partido que lo apoyó —el Frente de Convergencia Nacional (FCN), fundado por exmilitares, algunos acusados de crímenes de lesa humanidad— fue uno de los impulsores de los cambios legales.
Las reformas fueron aprobadas unos días después de que la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusaran a Morales de financiamiento electoral ilícito durante la campaña política que lo llevó al poder en 2016.
Tras la acusación, el mandatario ordenó la expulsión del titular de ésta última, lo que lo volvió blanco de críticas dentro y fuera del país ante lo que varios consideraron un intento de protegerse. Finalmente, la Corte Constitucional detuvo la salida del país del comisionado.
Esta semana también se conoció que el mandatario recibió durante nueve meses un sobresueldo de 61.000 dólares de parte del ejército. La Contraloría General de Cuentas, que investiga el pago, lo obligó a devolver el dinero.
Latinoamericanas
Delegación de RD participa en el Foro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles
PANAMÁ.– Una delegación de alto nivel de la República Dominicana, encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, participa en el Foro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C), que reúne en Panamá a autoridades de defensa y seguridad de cerca de 18 países del hemisferio para fortalecer la cooperación regional frente al narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
Junto al ministro Fernández Onofre integran la delegación dominicana el viceministro de Seguridad Interior del Ministerio de Interior y Policía, Edwin Eusebio Féliz Brito; el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto; el director de Inteligencia del Ministerio de Defensa, general de brigada Enrique Armando Aguilera Trujillo, ERD; y el enlace de la República Dominicana para la iniciativa Escudo de las Américas, general de brigada Edgar Tiburcio.
El encuentro, celebrado los días 11 y 12 de agosto, tiene como anfitrión al Gobierno de Panamá y se desarrolla en el contexto de los esfuerzos de cooperación hemisférica impulsados a través de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles.
El foro cuenta con una representación de alto nivel de los Estados Unidos, encabezada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), general Francis Donovan; y la enviada especial de los Estados Unidos para Escudo de las Américas, Kristi Noem, junto a otras autoridades civiles y militares vinculadas a la seguridad y defensa del hemisferio.
La presencia de estas autoridades, junto a ministros de Defensa y Seguridad, jefes militares y responsables de inteligencia de los países participantes, confiere al encuentro un elevado valor estratégico como espacio para establecer mecanismos de coordinación y definir respuestas comunes frente a amenazas que trascienden las fronteras nacionales.
Asimismo, permite posicionar los intereses de seguridad de la República Dominicana dentro de las discusiones hemisféricas y continuar fortaleciendo las capacidades nacionales para la vigilancia y protección de sus espacios terrestre, marítimo y aéreo, particularmente frente al narcotráfico, el tráfico ilícito y otras manifestaciones del crimen organizado.
La participación de la delegación dominicana en el Foro A3C reafirma la disposición del Gobierno dominicano de continuar trabajando junto a sus socios regionales bajo principios de cooperación, coordinación y respeto a la soberanía de los Estados, entendiendo que la seguridad hemisférica requiere esfuerzos compartidos y capacidades cada vez más integradas frente a amenazas comunes.
Bogotá..- Al menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas en Colombia por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el país, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).
Pereira, capital del departamento de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, que se produjo a las 07:34 hora local (12:34 GMT) concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según la información.
La cifra aportada por esa institución solo recoge el desglose de las capitales del país, por lo que el balance no incluye las cifras de muertos y heridos en pueblos y localidades aledañas, que también sufrieron colapsos de edificios y daños en su infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.
En Pereira, además de los 60 fallecidos, hay 16 personas atrapadas en el Megacable (teleférico público), dos edificios colapsados y 15 puntos críticos en los que continúan las labores de rescate, mientras que el aeropuerto internacional Matecaña permanece cerrado por daños en su cubierta.
Agencia EFE
Caracas.- El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace casi un mes en la zona norte de Venezuela ascendió este miércoles a 5.398, después de que las autoridades sumaran 52 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.
Entretanto, el número de heridos se mantiene en 16.740, según el diputado, quien publicó el balance en su cuenta de Telegram.
El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 17.907 personas perdieron sus viviendas, un número que se había mantenido igual desde el pasado 7 de julio y que este martes bajó a 17.265.
De momento, hay 23.335 personas en 107 campamentos transitorios, 213 más que el martes, mientras 128.324 familias han sido atendidas por las autoridades.
Además, este desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el balance oficial, que también registra 1.463 réplicas -58 más respecto al anterior- desde el doble terremoto del pasado 24 de junio.
El lunes, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por el Gobierno a afectados por los terremotos, en un acto que encabezó Delcy Rodríguez junto a su hermano en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.
Las autoridades no ofrecen cifras de desaparecidos, pero la iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’, una web donde se reporta a personas en paradero desconocido tras los terremotos, registra a más de 29.000 a las que no se ha podido contactar.
Según cifras no confirmadas que recibió la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en junio pasado, el número de desaparecidos por los terremotos podría ascender a 50.000.
Víctimas sin identificar están siendo enterradas en varias fosas recientemente abiertas en un cementerio municipal del estado La Guaira, según informaron a EFE varios testigos a principios de este mes.