Latinoamericanas
Congreso guatemalteco frena avance de polémicas reformas a favor de políticos
Congreso guatemalteco frena avance de polémicas reformas a favor de políticos
AP
CIUDAD DE GUATEMALA. Las reformas al Código Penal realizadas por el Congreso de Guatemala, y que despertaron la ira de miles de guatemaltecos porque al tratar de quitar responsabilidad a políticos que cometieran financiamiento electoral ilícito también librarían de prisión a quienes cometieran al menos unos 400 delitos tipificados en ley, fueron derogadas el viernes.
Con 130 votos (el total de los asistentes) a favor de 158 diputados, los legisladores aprobaron suspender en definitiva la reforma de tres artículos del Código Penal. Los cambios a la ley se hicieron unos días después de que el presidente Jimmy Morales fuera señalado por la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de irregularidades durante la campaña que lo llevó al poder en 2016.
Miles de manifestantes rodearon durante 12 horas las instalaciones del Congreso y no permitieron la salida de los diputados del palacio legislativo tras la sesión de revocatoria de las reformas, exigiendo que renunciaran por los cambios hechos a la ley. A la media noche del viernes, nueve horas después de finalizada la sesión, un grupo de 200 policías antimotines evacuó a los diputados, lanzando gas pimienta contra los manifestantes que aún permanecían en el lugar.
A su salida, la diputada Alejandra Carrillo del partido Movimiento Reformador, hizo señas obscenas a manifestantes, encendiendo la ira de éstos.
Los bomberos atendieron a varios civiles intoxicados con el gas lanzado por la policía.
El mecanismo para derogar se conoce como Precedente Legislativo y sirve para regular los procedimientos que pueden aplicarse a decretos que reciban objeciones. En este caso, según el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, varios diputados objetaron el decreto.
Las manifestaciones de miles de guatemaltecos y la rabia expresada por ellos logró no solo que los diputados dieran marcha atrás, sino que además varios de ellos pidieran disculpas públicas “por el error” cometido. Marleni Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), uno de los partidos impulsores de la reforma, fue una de las legisladoras que aseguró que aprobó las reformas con conocimiento de causa.
“Por eso pido perdón”, dijo.
“¡No nos vamos hasta que renuncien!” y “¡Depuremos el Congreso!” eran algunas de las frases que miles de manifestantes gritaban el viernes a las afueras del Congreso.
La diputada de oposición, Nineth Montenegro, quién voto en contra de las polémicas reformas dijo al pleno: “Ojala que desde hoy, si es que nos dejan terminar el periodo, leamos bien las iniciativas para evitar el descontento que ahora hay”.
Antes de que las reformas fueran derogadas por el Congreso, la Corte de Constitucionalidad ya había hecho una suspensión provisional de las mismas con un recurso legal aduciendo que los cambios ponían en riesgo el sistema de justicia del país.
Los legisladores habían acordado reducir de 12 a 10 años la pena máxima de prisión para quien incurriera en el delito de financiamiento ilícito y en paralelo aprobaron que una sentencia de una década de cárcel pueda ser conmutada por una multa.
La indignación de la población evoca a la suscitada en 2015 cuando miles de personas pidieron la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de actos de corrupción. Ambos renunciaron a sus cargos y están presos a la espera de saber si irán a juicio.
Tras la convulsión política llegó al poder el presidente Jimmy Morales, que con poca experiencia política y después de ser un comediante de televisión ganó popularidad con el lema “Ni corrupto, ni ladrón”. El partido que lo apoyó —el Frente de Convergencia Nacional (FCN), fundado por exmilitares, algunos acusados de crímenes de lesa humanidad— fue uno de los impulsores de los cambios legales.
Las reformas fueron aprobadas unos días después de que la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusaran a Morales de financiamiento electoral ilícito durante la campaña política que lo llevó al poder en 2016.
Tras la acusación, el mandatario ordenó la expulsión del titular de ésta última, lo que lo volvió blanco de críticas dentro y fuera del país ante lo que varios consideraron un intento de protegerse. Finalmente, la Corte Constitucional detuvo la salida del país del comisionado.
Esta semana también se conoció que el mandatario recibió durante nueve meses un sobresueldo de 61.000 dólares de parte del ejército. La Contraloría General de Cuentas, que investiga el pago, lo obligó a devolver el dinero.
Agencia EFE
Caracas.- El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace casi un mes en la zona norte de Venezuela ascendió este miércoles a 5.398, después de que las autoridades sumaran 52 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.
Entretanto, el número de heridos se mantiene en 16.740, según el diputado, quien publicó el balance en su cuenta de Telegram.
El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 17.907 personas perdieron sus viviendas, un número que se había mantenido igual desde el pasado 7 de julio y que este martes bajó a 17.265.
De momento, hay 23.335 personas en 107 campamentos transitorios, 213 más que el martes, mientras 128.324 familias han sido atendidas por las autoridades.
Además, este desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el balance oficial, que también registra 1.463 réplicas -58 más respecto al anterior- desde el doble terremoto del pasado 24 de junio.
El lunes, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por el Gobierno a afectados por los terremotos, en un acto que encabezó Delcy Rodríguez junto a su hermano en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.
Las autoridades no ofrecen cifras de desaparecidos, pero la iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’, una web donde se reporta a personas en paradero desconocido tras los terremotos, registra a más de 29.000 a las que no se ha podido contactar.
Según cifras no confirmadas que recibió la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en junio pasado, el número de desaparecidos por los terremotos podría ascender a 50.000.
Víctimas sin identificar están siendo enterradas en varias fosas recientemente abiertas en un cementerio municipal del estado La Guaira, según informaron a EFE varios testigos a principios de este mes.
Latinoamericanas
Nicaragua responde a RD tras condena a Daniel Ortega por afirmaciones sobre comicios
Agencia EFE
San José.-El Gobierno de Nicaragua arremetió este miércoles contra la República Dominicana por condenar en los términos «más enérgicos» las recientes declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en las que afirmó que en ese país «no volverán a haber elecciones».
«Resulta increíble, a estas alturas de la historia, que un pueblo valiente y digno, como el pueblo dominicano, que ha sufrido dictaduras, invasiones e intervenciones imperiales, tenga voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones», indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en un comunicado.
«Hemos vivido las mismas miserias y los pueblos no tienen culpa de la deshonrosa conducta de ciertas figuras que creen ser de autoridad», señaló la cancillería nicaragüense.
«Como bien sabemos, hermanos dominicanos, el respeto al derecho ajeno, es la paz», añadió Managua.
La Cancillería dominicana anotó que una declaración de esa naturaleza, que un mandatario afirme que no volverán a haber elecciones, constituye un «abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense» a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, justas, transparentes y plurales.
República Dominicana consideró que «ningún gobierno» puede arrogarse el derecho de privar a un pueblo de la posibilidad de expresar periódicamente su voluntad soberana mediante el voto, ni cerrar por decisión unilateral la vía electoral como mecanismo legítimo para la alternancia en el poder.
«El Gobierno dominicano hace un llamado a las autoridades nicaragüenses a rectificar esta posición y garantizar plenamente los derechos políticos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense, incluyendo su derecho a participar en elecciones auténticas, competitivas y democráticas», indicó la Cancillería del país caribeño.
Este miércoles, el titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), el sandinista Gustavo Porras, dijo que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los «traidores a la patria» en el país.
«Lo importante es que dejemos en rango constitucional de que en este país no podemos aceptar elecciones donde participen golpistas, traidores a la patria, donde participen partidos y organismos financiados con dinero extranjero, con potencias extranjeras, por organismos extranjeros», subrayó Porras.
Latinoamericanas
Crisis demográfica: Cuba cierra 2025 con 68.051 nacimientos y 9,4 millones de habitantes
La Habana (EFE).- Cuba cerró el 2025 con apenas 68.051 nacimientos, la cifra más baja en décadas, y una población de 9,4 millones de personas, informaron este lunes medios estatales.
De acuerdo con datos del Centro de Estudios Demográficos (Cedem) de la isla, difundidos por el diario oficial Granma, la tendencia a la baja “es clara”, con 99.000 nacimientos en 2021; en 2022, fueron reportados unos 95.000; mientras que en 2024 la cifra cayó a poco más de 71.000; finalmente el pasado año cerró con 68.051 nacimientos.
Esa es “la cifra más baja en décadas, contrastada con las 134.354 defunciones, lo que evidencia un decrecimiento natural”, señala el artículo que cita a varios investigadores del Cedem.
Puntualiza, además, que el país caribeño abrió el año 2026 con 9.436.440 personas y la isla “enfrenta una realidad compleja marcada por la baja fecundidad, el envejecimiento poblacional y un saldo migratorio negativo que redefine las estructuras sociales y económicas”.
Al respecto, la investigadora del Cedem, Arelis Mora, señaló que la población menor de 35 años representa un 38,4% del total, y detalló que el grupo de cero a cuatro años es el que menos representatividad tiene, “consecuencia directa de la baja fecundidad” en el país.
Además, indicó que, al cierre de 2024, el 50 % de las personas que se movieron fuera de la isla eran jóvenes menores de 35 años.
Las cifras confirman la tendencia al envejecimiento y decrecimiento poblacional en la isla debido a la migración y un mayor número de muertes que nacimientos.
El Gobierno calcula que más de tres millones de cubanos viven en el extranjero, la mitad de los cuales tienen residencia en el país; mientras que 1,1 millón no poseen residencia efectiva en la isla.
Por su parte, la subdirectora del Cedem, Matilde Molina, resaltó que “uno de los desafíos más sensibles en Cuba es la fecundidad adolescente”, una situación que calificó de un “problema social que va más allá de la salud”.
Molina puntualizó que, en 2024, la tasa fue de 47,1 nacimientos por cada 1.000 adolescentes y pese a que “hubo una disminución, el peso relativo de este grupo en la fecundidad total del país aumentó”.
Según estima el demógrafo independiente cubano Juan Carlos Albizu-Campos, tras una caída del 18 % entre 2022 y 2023, la población total de la isla estaría cifrada en los 8,6 millones, lejos de los 9,4 que han anunciado las cifras oficiales.