Análisis Noticiosos
La eterna tentación continuista en la agenda de Danilo Medina
Por Juan Bolívar Díaz
Prosiguiendo la constante historia nacional, el presidente Danilo Medina acariciará mientras pueda la posibilidad de prolongarse en el poder, aunque sus perspectivas lucen desfavorables, por lo que el realismo político le está aconsejando buscarse alguna alternativa para evitar que pueda volver “un vengativo Leonel Fernández”.
Como advirtió esta semana el dirigente del PLD Monchy Rodríguez, para los suyos Medina sigue siendo el mejor activo de cara a las elecciones del 2020, pero el eficiente superministro Gustavo Montalvo adelantó hace un mes la opción alternativa: promover caras nuevas para el relevo, gente “comprometida con los cambios profundos en marcha”.
Una constante histórica.- Como ha sido constante en la historia nacional, todos los presidentes que concluyen siquiera un período, y Medina va agotando el segundo, se consideran imprescindibles y gobiernan con el interés primario de continuar en el poder. Las excepciones fueron los perredeístas Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, porque tenían como líder del partido a un antireeleccionista de la categoría de José F. Peña Gómez, y aún así el primero lo intentó. Desaparecido el carismático líder popular, otro perredeísta, Hipólito Mejía, no resistió la tentación de abandonar el “principio peñagomista” y modificó la Constitución, para inscribirse como el único que ha fracasado en el intento.
Heureaux, Trujillo y Balaguer han sido los mayores reeleccionistas de la historia dominicana, con elecciones controladas, y le sigue Leonel Fernández, quien logró tres períodos en la aún incipiente democracia. Sus seguidores los proclamaban regalo divino imprescindible. Repercute el que “mientras Balaguer respire, que nadie aspire”, como predominó en su partido hasta su muerte en 2002, tras agotar seis períodos de gobierno, aunque fracasó buscando el séptimo, a los 94 años, ciego y discapacitado físicamente.
La consigna balaguerista retumbó hace dos semanas cuando el director de Etica del Gobierno, refiriéndose a Medina planteó: “aprovechemos a este hombre mientras Dios le tenga el aliento en el cuerpo”. Lidio Cadet aseguró luego que no estaba promoviendo la reelección, pero su recomendación quedó flotando en el viento. Otros, como Monchy Rodríguez, Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Lucía Medina, Radhamés Camacho y Domingo Contreras, han expresado su preferencia por la continuidad de Danilo, pero con prudencia han advertido que “todavía no es tiempo para hablar de eso”.
Leonel no pudo en 2012.- Los que se aferran al determinismo histórico deberían tomar en cuenta que Leonel Fernández fracasó en el intento de buscar un tercer período consecutivo para el 2012, aunque sus fervientes “ingenieros constitucionalistas”, sostenían que era posible recién proclamada la Constitución del 2010, que modificó el dos períodos y nunca jamás para establecer la reelección sin límites pero alternada. De nada valieron los “dos millones de firmas” que entregaron en carretillas al presidente Fernández en el Palacio de los Deportes.
Entonces a Leonel no le faltaba liderazgo en su partido y apoyo popular y le seguía sobrando carisma y recursos económicos para comprar todo lo que fuere necesario, como en efecto hizo a lo largo de la campaña incurriendo en un histórico déficit fiscal sobre 150 mil millones de pesos para que en mayo del 2012 su compañero de partido Danilo Medina pudiera ganar las elecciones
De los más diversos sectores sociales, incluyendo a los conservadores y reverentes del poder, como los empresariales y eclesiales, se levantaron voces pidiendo respeto a la recentina Constitución. Los reeleccionistas quedaron atrapados, pues no podían alegar que a Leonel no se le podía aplicar la nueva carta magna, del período alternativo, porque entonces le tocaba la anterior del nunca jamás.
Fernández lo entendió para optar por el continuismo partidista a través de Medina. Fue lo que no pudo hacer Antonio Guzmán, quien acarició la ilusión de la reelección sin contemplar a tiempo el continuismo a través de su vicepresidente Jacobo Majluta para los comicios de 1982. Cuando llegaron a apoyar su precandidatura presidencial, resultó tarde para evitar el triunfo de su contrincante Jorge Blanco.
La fórmula Montalvo
En el danilismo es difícil encontrar un funcionario más eficiente, frío y honesto que el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, pero también alguien más renuente al debate público. Por eso hay que tener en cuenta que el 12 de agosto declaró tajantemente, sin hablar de esperar tiempo ni circunstancias, que el presidente Medina solo estará en el Gobierno hasta el 16 de agosto del 2020 “y ni un día más”. Añadió que el próximo candidato del PLD “debe estar comprometido con los cambios profundos en marcha y ofrecer nuevas medidas para el progreso”, y abundó que “en mi humilde opinión, el PLD debe reciclarse y mostrar caras nuevas en el 2020”.
El planteamiento no podía ser más claro y apunta en la dirección de aquel danilista que el año pasado advirtió en privado que “en el 2020 no podemos permitir el retorno de un Leonel vengativo. Los leonelistas descifraron el mensaje y le salieron al paso, encabezados por Franklin Almeyda, quien llegaría a sostener que Montalvo y otros ministros relevantes de Danilo son “políticos análogos, porque no están al ritmo del desarrollo”, al tiempo que proclamó que quien está en la era digital es Leonel Fernández.
Quieren el padrón abierto.- La persistencia de los danilistas por establecer en la ley de partidos que las elecciones primarias deben ser con el padrón universal abierto, para que todo ciudadano pueda votar en la elección de candidatos, estaría relacionada con la línea de las caras nuevas. Parten de la convicción de que sin Danilo de candidato no asoma nadie que pueda vencer a Leonel si es solo con el voto de los peledeístas. Descartan a Montalvo porque los adictos a la corrupción lo consideran peligroso; “no tiene seguidores”, dicen abiertamente. En el danilismo se señalan como alternativas a los ministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Andrés Navarro, pero se cree que quedarían muy cortos frente a Leonel.
Cualquiera de ellos, con el apoyo del presidente y del poder, tendría más posibilidades si el candidato se escoge con voto universal. Podría operar la magia del control de las tarjetas de los programas sociales y otros incentivos para llevar gente a las primarias. Permitirían mayor margen de maniobras desde la infinitamente poderosa fuerza de la presidencia de la nación.
Todo eso podría estar sobre el tapete este fin de semana cuando el Comité Político del PLD tiene una cita para decidir si apoyan el padrón abierto en la Ley de Partidos.
Hace rato comenzaron a cultivar la ilusión de continuar, Reconocen que en las actuales circunstancias, con gobierno y Danilo a la defensiva por Odebrecht. Catalina-Marcha Verde, no es tiempo apropiado.
Parece una consigna que Monchy Rodríguez repitió, aunque acariciándola.
Pronunciamientos como el de Lidio Cadet.
Ni Danilo ni Leonel
Expectativas de la primaria con padrón universal abierto
Si no es Danilo, nadie le gana a Leonel Fernández en el PLD.
Transferir apoyo externo a un candidato emergente: Navarro, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta…
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.