Nacionales
Tras años de debates el caso Antipulpo entra en su fase final
Santo Domingo, R.D.-Tres años y medio después, dado que el caso Antipulpo se inició en noviembre de 2020 cuando la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ejecutó una serie de operativos de allanamientos que resultaron en múltiples arrestos, las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, conformado por Claribel Nivar, Clara Castillo y Jisell Soto, han marcado la ruta final del proceso.
En la audiencia de este lunes fue presentado Jonathan Ramón Gutiérrez Arias, un contador que fue contratado por Alexis Medina Sánchez para realizar un contraperitaje al realizado por el Ministerio Público a las empresas del hermano del expresidente Danilo Medina.
En este juicio de fondo ya se han conocido la mayoría de las ofertas probatorias de cada una de las partes. En la audiencia pautada para el próximo miércoles 19 de febrero se iniciará con presentación de las conclusiones finales. Entonces, finalizada esta parte, el tribunal decidirá una fecha de fallo.
Las juezas han pedido a las partes involucradas, estar presentes desde las 8:30 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para evitar contratiempos.
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado que conocen el caso Antipulpo
Desde el 2020 el caso ha pasado por diversas fases, incluyendo la presentación de la acusación formal en diciembre de 2021 y el inicio del juicio de fondo en septiembre de 2023.
El abogado defensor Robinson Reyes estima que la evaluación final para emitir o no una condena, ha de tomarle un tiempo considerable a las juezas, debido al alto volumen de pruebas presentadas por las partes.
Lo que espera el Ministerio Público
El Ministerio Publico, encabezado por Mirna Ortiz, procuradora de Corte y coordinadora de Litigación de la Pepca, espera lograr condenas ejemplares contra los acusados.
Obtener sentencias condenatorias con penas de prisión y decomiso de bienes adquiridos ilícitamente, así como recuperar los fondos públicos desviados mediante contratos fraudulentos y maniobras irregulares.
El Ministerio Público ha calificado este caso como un «ejemplo del compromiso con la lucha contra la corrupción en el país».
Alexis Medina, principal acusado del caso Antipulpo.
A los acusados en el entramado de corrupción se les señala de haber estafado al Estado dominicano con más de 5,000 millones de pesos.
En este juicio se sindica a Alexis Medina y otros encartados de asociación de malhechores y de desfalcar al Estado, aprovechando su condición de hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, para, a través de diversas instituciones, negociar y así incurrir en corrupción.
Imputados
El proceso sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien se le acusa de utilizar su influencia como hermano del expresidente Medina para organizar un entramado societario que alegadamente desviaba fondos del Estado dominicano mediante empresas interpuestas en los procesos de compras. «Estas empresas se beneficiaban de contratos fraudulentos obtenidos gracias a su posición de poder».
Así como contra Carmen Magalys Medina Sánchez, quien, en su calidad de vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), presuntamente habría facilitado procesos de compras simulados en beneficio de las empresas vinculadas al entramado liderado por su hermano. Por su parte, Fernando Manuel Rosa Rosa, expresidente del Fonper, presuntamente utilizó los recursos de la institución para fines proselitistas, incluyendo la construcción de viviendas destinadas a campañas políticas».
Fernando Rosa, uno de los acusados en el caso Antipulpo
El exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, está acusado de participar en la adjudicación irregular de contratos a empresas vinculadas al entramado, permitiendo el desvío de fondos públicos. Rafael Antonio Germosén Andújar, como excontralor general de la República, presuntamente facilitó y encubrió las operaciones fraudulentas, impidiendo que fueran detectadas por los controles internos.
Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exdirector de Fiscalización de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), es señalado de presuntamente aprobar y supervisar obras con sobrevaluaciones y pagos irregulares en beneficio de las empresas del entramado.
José Dolores Santana Carmona está acusado de ser uno de los principales testaferros, alegadamente prestando su nombre para la creación de empresas ficticias que canalizaban los fondos desviados. De manera similar, Wacal Bernabé Méndez Pineda está acusado de participar en la falsificación de documentos y la creación de empresas fantasmas para simular competencias en licitaciones públicas.
Libni Arodi Valenzuela Matos habría presuntamente participado en la elaboración de documentos falsos y gestionado empresas de carpeta que desviaban recursos hacia los líderes del entramado.
Paola Mercedes Molina Suazo está acusada de ser intermediaria en las transacciones financieras del entramado, facilitando el movimiento y lavado de fondos ilícitos. Carlos Martín Montes de Oca Vásquez, por su parte, habría creado y administrado empresas ficticias, mientras que Víctor Encarnación Matías Montero está imputado por colaborar en la logística de los fraudes, incluyendo la coordinación de entregas y servicios ficticios.
Francisco Ramón Brea Morel (Johnny Brea) habría falsificado documentos relacionados con la entrega de materiales como el AC-30 para justificar pagos millonarios por servicios no realizados. Rigoberto Alcántara, Carlos Alarcón Veras y Lina Ercilia de la Cruz están imputados por la administración y creación de empresas utilizadas para justificar los contratos fraudulentos.
Documentos del caso Antipulpo.
Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino, José Miguel Genao, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa son señalados por alegadamente facilitar la creación de empresas y estructuras financieras para el blanqueo de capitales, permitiendo que los recursos desviados llegaran a los líderes del entramado sin levantar sospechas.
Empresas vinculadas
Domedical Supply, Fuel American Inc. Dominicana S.R.L., General Supply Corporations S.R.L., General Medical Solution A.M. S.R.L., Kyanred Supply S.R.L., Suim Suplidores Institucionales Méndez, United Suppliers Corporations S.R.L.
También, Wattmax Dominicana S.R.L., WMI International SRL, Wonder Island Park S.R.L, Editorama S.R.L, Acorpor S.R.L, Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina (Cemeraf) S.R.L, Ichor Oil S.R.L., Globus Electrical, Contratas Solution Services CSS S.R.L.
Además, figuran también Constructora Alcántara Bobea (Conalbo) S.R.L., R&T Construcciones e Inversiones S.R.L., Proyectos Engineering & Construction Pic SRL, Reivasapt Investments SRL, Suhold Transporte y Logística.
Nacionales
Se repite el discurso de Luis Henry Molina de que se han eliminado más de 40 años de mora judicial.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina dijo que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) exhibe como logro haber eliminado más de 40 años de mora judicial estructural, quien agregó que en la actualidad el 90 % de los casos se resuelve en un año o menos.
Dijo que detrás de cada expediente hay personas en incertidumbre, por lo que el principal objetivo era erradicar la mora. “Una obligación cívica impostergable. Porque detrás de cada expediente hay personas en incertidumbre, inversiones paralizadas, víctimas sin respuestas o inocentes privados de libertad”.
Luis Henry Molina y el presidente Luis Abinader encabezan misa solemne por el Día del Poder JudicialJosé Alberto Maldonado
Molina citó que el 87% de las salas a nivel nacional están al día y la información judicial se mantiene actualizada en línea.
“Se redujeron los asuntos administrativos (que no implican conflictos entre partes) del 49% al 36%, permitiendo a los jueces centrarse en su función constitucional”, destacó en su discurso por el Día del Poder Judicial.
Destacó las reformas legales: y dijo que ese avance fue respaldado por leyes clave como la Ley de uso de medios digitales, la Ley sobre Recurso de Casación y la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil.
La justicia debe llegar a tiempo y a todos, especialmente a los más vulnerables, por lo que abrieron seis nuevos Centros de Entrevista Forense, con lo que cubren todos los departamentos judiciales, ampliando el servicio a mujeres víctimas de violencia.
“Hoy, el acceso digital permite a más de 27 mil personas gestionar sus casos sin traslados ni filas, participar en audiencias virtuales, tramitar y consultar expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero”.
Santo Domingo, R.D.-Posibles restricciones a derechos fundamentales, exceso de discrecionalidad para el Gobierno y la falta de una supervisión democrática; estas son algunas de las falencias registradas por representantes opositores de la Cámara de Diputados en el proyecto de ley orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La iniciativa, aprobada este miércoles en la cámara baja en segunda discusión, será tramitada al Senado de la República, donde los legisladores tendrán la decisión de ponerla a disposición del Poder Ejecutivo para su promulgación o rechazarla.
La pieza fue favorecida por el bloque mayoritario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), no obstante, los congresistas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) advirtieron que el contenido entregaría un poder descontrolado al Gobierno para ejercer las labores de inteligencia.
Así lo manifestó el diputado Danilo Díaz, quien considera que las disposiciones redactadas en el documento que elaboró el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, “son muy abiertas y subjetivas”, otorgando la posibilidad de afectar derechos relacionados con la libertad de expresión, libre tránsito y a la protección de la vida privada, así como el debido proceso judicial.
Además, expresó su inquietud, ya que uno de los artículos le permitiría a la DNI accionar ante cualquier actividad pasible de atentar contra los intereses nacionales, sin que el proyecto de ley especifique el alcance.
“Investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que atente contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior, o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional, sin perjuicio de la investigación penal que pueda realizar el Ministerio Público”, versa una de las atribuciones establecidas en el artículo 10.
“Sin una definición objetiva y verificable que habilite el acceso a datos específicamente protegidos y que el régimen de secreto y gasto reservado concentra el control exclusivamente del Poder Ejecutivo…”, declaró el diputado del PLD al pronunciarse en el hemiciclo durante la sesión.
“No hay contrapeso”
Díaz entiende necesario que el Congreso Nacional conforme una comisión legislativa, en la cual los organismos de inteligencia deban rendir cuentas sobre sus labores, siendo así el contrapeso “democrático” del Gobierno.
“Esa es una de las cosas que deberían agregarse a este proyecto: una creación de la comisión que sirva de contrapeso para que no haya exceso”, dijo.
El dirigente peledeísta entiende que esta institución, en caso de ser finalmente creada, no debería estar encargada de gestionar el control de los extranjeros en los aeropuertos, muelles y la zona fronteriza del territorio nacional.
“Tratar de sustituir a la Dirección General de Migración con el control de los extranjeros; no estamos de acuerdo con esa discrecionalidad. El DNI haga una relación de lo que puede ser y lo notifique a Migración, no que el DNI tenga la autoridad operativa”, resaltó.
Díaz aclaró que el PLD no está en desacuerdo con readecuar el marco legal destinado a regular la protección y seguridad del Estado, sin embargo, la propuesta, según detalló, no tiene las condiciones para garantizar el desarrollo de diversos derechos ciudadanos.
“No estamos aquí para decir no a la inteligencia, estamos aquí para decir sí a la inteligencia, pero con límites claros, control judicial reforzado y supervisión democrática real”, indicó.
Protección a la fuente de información
El artículo 12 tiene dentro de las prohibiciones especiales que los agentes de inteligencia no podrán cometer el desconocimiento del derecho de los periodistas a proteger sus fuentes de información. No obstante, el diputado Carlos de Pérez lamentó que esta legislación no contemple la protección integral de otras profesiones importantes en el país.
“No hay una protección integrada, lo único que se protege es el derecho de los periodistas, pero el secreto de fuentes para sacerdotes, abogados en ejercicio, contables no está protegido”, alertó.
Es por esta razón que Pérez dijo que la FP se abstenía de votar a favor, ya que “sigue teniendo algunas falencias que coliden con derechos constitucionales y en ninguna medida podemos apoyar nada que aumente la discrecionalidad del Estado”.
“Una mejor regulación”
El presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, empatizó con las preocupaciones expresadas por las bancadas opositoras, pero respondió indicando la necesidad que tiene el país de modernizar la regulación de la forma aplicada por las autoridades para obtener informaciones e investigar asuntos extraoficiales.
“Lo más saludable es que los aspectos con los que se regula la seguridad nacional estén bien normados con una ley moderna, ágil, que reconoce y aglutina todos los actores del sistema, que permite regulación a muchísimos aspectos que hoy no están regulados y, por lo tanto, el Poder Ejecutivo tiene libre albedrío”, expresó.
Momentos después, los oficialistas del PRM y bloques políticos aliados lograron terminar la discusión con 112 votos a favor, superando a los opositores que, en su mayoría, prefirieron abstenerse.
Tras abusar sexualmente de la niña Brianna Genao González, un tio de la manor habria confesado a la Policía Nacional que abusó sexualmente y mató a la menor de edad.
Rafael Reyes Núñez Rosario, hermano de Yesica María González, habría confesado tras varios días de interrogatorio en torno al crimen ocurrido en la comunidad de Barrero en Imbert, Puerto Plata.
Fuentes indicaron que Núñez Rosario admitió que enterró el cadáver de su sobrina, que fue reportada como desaparecida desde el pasado 31 de diciembre, pero que «no se acuerda en qué lugar depositó los restos de esta».
Se indicó que en las próximas horas la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional al mando del general Jorge Luís Galán Guerrero ofrecerá los detalles del caso, el cual ha conllevado horas de investigación por partes de expertos en la materia y que ha conmocionado al municipio de Imbert y al país.
Este miércoles continuó la búsqueda de la menor, incluso a la comunidad de Barrero fueron trasladadas unidades de rescate, entre ellas ambulancias, palas, picos, entre otros utensilios que puedan establecer donde se encuentra enterrado el cadáver de la menor Genao González.
Otras cuatro personas, entre ellas parientes cercanas la familia Genao González, que están bajo investigación y permanecen en la dotación policial de Puerto Plata para los fines correspondientes.