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Tras años de debates el caso Antipulpo entra en su fase final
Santo Domingo, R.D.-Tres años y medio después, dado que el caso Antipulpo se inició en noviembre de 2020 cuando la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ejecutó una serie de operativos de allanamientos que resultaron en múltiples arrestos, las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, conformado por Claribel Nivar, Clara Castillo y Jisell Soto, han marcado la ruta final del proceso.
En la audiencia de este lunes fue presentado Jonathan Ramón Gutiérrez Arias, un contador que fue contratado por Alexis Medina Sánchez para realizar un contraperitaje al realizado por el Ministerio Público a las empresas del hermano del expresidente Danilo Medina.
En este juicio de fondo ya se han conocido la mayoría de las ofertas probatorias de cada una de las partes. En la audiencia pautada para el próximo miércoles 19 de febrero se iniciará con presentación de las conclusiones finales. Entonces, finalizada esta parte, el tribunal decidirá una fecha de fallo.
Las juezas han pedido a las partes involucradas, estar presentes desde las 8:30 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para evitar contratiempos.
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado que conocen el caso Antipulpo
Desde el 2020 el caso ha pasado por diversas fases, incluyendo la presentación de la acusación formal en diciembre de 2021 y el inicio del juicio de fondo en septiembre de 2023.
El abogado defensor Robinson Reyes estima que la evaluación final para emitir o no una condena, ha de tomarle un tiempo considerable a las juezas, debido al alto volumen de pruebas presentadas por las partes.
Lo que espera el Ministerio Público
El Ministerio Publico, encabezado por Mirna Ortiz, procuradora de Corte y coordinadora de Litigación de la Pepca, espera lograr condenas ejemplares contra los acusados.
Obtener sentencias condenatorias con penas de prisión y decomiso de bienes adquiridos ilícitamente, así como recuperar los fondos públicos desviados mediante contratos fraudulentos y maniobras irregulares.
El Ministerio Público ha calificado este caso como un «ejemplo del compromiso con la lucha contra la corrupción en el país».
Alexis Medina, principal acusado del caso Antipulpo.
A los acusados en el entramado de corrupción se les señala de haber estafado al Estado dominicano con más de 5,000 millones de pesos.
En este juicio se sindica a Alexis Medina y otros encartados de asociación de malhechores y de desfalcar al Estado, aprovechando su condición de hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, para, a través de diversas instituciones, negociar y así incurrir en corrupción.
Imputados
El proceso sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien se le acusa de utilizar su influencia como hermano del expresidente Medina para organizar un entramado societario que alegadamente desviaba fondos del Estado dominicano mediante empresas interpuestas en los procesos de compras. «Estas empresas se beneficiaban de contratos fraudulentos obtenidos gracias a su posición de poder».
Así como contra Carmen Magalys Medina Sánchez, quien, en su calidad de vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), presuntamente habría facilitado procesos de compras simulados en beneficio de las empresas vinculadas al entramado liderado por su hermano. Por su parte, Fernando Manuel Rosa Rosa, expresidente del Fonper, presuntamente utilizó los recursos de la institución para fines proselitistas, incluyendo la construcción de viviendas destinadas a campañas políticas».
Fernando Rosa, uno de los acusados en el caso Antipulpo
El exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, está acusado de participar en la adjudicación irregular de contratos a empresas vinculadas al entramado, permitiendo el desvío de fondos públicos. Rafael Antonio Germosén Andújar, como excontralor general de la República, presuntamente facilitó y encubrió las operaciones fraudulentas, impidiendo que fueran detectadas por los controles internos.
Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exdirector de Fiscalización de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), es señalado de presuntamente aprobar y supervisar obras con sobrevaluaciones y pagos irregulares en beneficio de las empresas del entramado.
José Dolores Santana Carmona está acusado de ser uno de los principales testaferros, alegadamente prestando su nombre para la creación de empresas ficticias que canalizaban los fondos desviados. De manera similar, Wacal Bernabé Méndez Pineda está acusado de participar en la falsificación de documentos y la creación de empresas fantasmas para simular competencias en licitaciones públicas.
Libni Arodi Valenzuela Matos habría presuntamente participado en la elaboración de documentos falsos y gestionado empresas de carpeta que desviaban recursos hacia los líderes del entramado.
Paola Mercedes Molina Suazo está acusada de ser intermediaria en las transacciones financieras del entramado, facilitando el movimiento y lavado de fondos ilícitos. Carlos Martín Montes de Oca Vásquez, por su parte, habría creado y administrado empresas ficticias, mientras que Víctor Encarnación Matías Montero está imputado por colaborar en la logística de los fraudes, incluyendo la coordinación de entregas y servicios ficticios.
Francisco Ramón Brea Morel (Johnny Brea) habría falsificado documentos relacionados con la entrega de materiales como el AC-30 para justificar pagos millonarios por servicios no realizados. Rigoberto Alcántara, Carlos Alarcón Veras y Lina Ercilia de la Cruz están imputados por la administración y creación de empresas utilizadas para justificar los contratos fraudulentos.
Documentos del caso Antipulpo.
Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino, José Miguel Genao, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa son señalados por alegadamente facilitar la creación de empresas y estructuras financieras para el blanqueo de capitales, permitiendo que los recursos desviados llegaran a los líderes del entramado sin levantar sospechas.
Empresas vinculadas
Domedical Supply, Fuel American Inc. Dominicana S.R.L., General Supply Corporations S.R.L., General Medical Solution A.M. S.R.L., Kyanred Supply S.R.L., Suim Suplidores Institucionales Méndez, United Suppliers Corporations S.R.L.
También, Wattmax Dominicana S.R.L., WMI International SRL, Wonder Island Park S.R.L, Editorama S.R.L, Acorpor S.R.L, Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina (Cemeraf) S.R.L, Ichor Oil S.R.L., Globus Electrical, Contratas Solution Services CSS S.R.L.
Además, figuran también Constructora Alcántara Bobea (Conalbo) S.R.L., R&T Construcciones e Inversiones S.R.L., Proyectos Engineering & Construction Pic SRL, Reivasapt Investments SRL, Suhold Transporte y Logística.
Santo Domingo, R.D.-Fue rechazada por Segundo Tribunal Colegiado la solicitud de extincion de la accion penal que hubiera favorecido al exprocurador Jean Alain Rodríguez tras el tribunal argumentar que la demora en los casi seis años que tiene el proceso ha sido justificada y «razonable».
Las tres jueces, que decidieron denegar la petición de manera unánime, afirmaron que la tardanza se debe a solicitud de aplazamientos de todas las partes, incluida el Ministerio Público, y se acogieron para hacer valer la tutela de los derechos de todas las partes del caso de presunta corrupción.
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, Clara Castillo y Yissell Soto, sostienen que su resolución es por la razón de no haber existido «una mora injustificada y haciendo acopio del criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional» que ha establecido que «no debe ser un mero conteo matemático» el plazo de los procesos penales.
Las juezas acogieron el conteo de la defensa de Rodríguez Sánchez, desde el inicio de la alerta migratoria en el 2020 y no cuando se le detuvo en junio del 2021, por lo que el proceso, según el tribunal, tiene » 5 años, 8 meses y 17 días».
Al exfuncionario se le impidió salir del país «el 25 de noviembre del año 2020», como consecuencia de la alerta migratoria por la investigación que se le realizaba.
La jueza Castillo hizo un recuerdo de todos los incidentes presentado, desde la etapa de Instrucción, por salud, fallecimiento de parientes de los imputados, recusaciones a jueces y a fiscales, que motivaron los aplazamientos.
Subrayó que en los casi seis años los distintos tribunales se han mantenido activo conociendo los incidentes del caso, los que incluso han llegado hasta al Tribunal Constitucional.
«Este caso no ha llegado a este tiempo porque el proceso estuvo engavetado en algún lugar«, aclaró la jueza al hablar por el tribunal.
Las otras defensas de los demás acusados solicitaron presentar ellos la misma petición fallada por el tribunal a Jean Alain Rodríguez, lo que obligó al titular de Persecución, Wilson Camacho, volver a sentarse cuando se le autorizó presentar la acusación.
A las 1:00 de la tarde se dio un receso por almuerzo para retornar con la audiencia a las 2:00 de la tarde.
Inmediatamente después de emitirse el rechazo a poner fin a la persecución penal contra el exprocurador general, su defensa, encabezada por Carlos Balcácer, adelantó que lo apelarán a la Corte inmediatamente se publique la resolución completa, el 7 de septiembre.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, acusó al exprocurador Jean Alain Rodríguez de, una vez rechazársele la extinción, «organiza» a los demás acusados para que presenten el mismo incidente para evitar que se lea la acusación y se presenten las pruebas en su contra.
Reiteró que el exfuncionario deberá en cualquier momento enfrentarse a las imputaciones que se le hacen.
La acusación y quiénes son
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los otros 14 procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Se les señala de afectar al Estado con más de 6 mil millones de pesos mediante procesos de compras irregulares, extorsión y el uso de recursos públicos para fines personales y políticos del exprocurador.
Los que enfrentan actualmente el juicio de fondo junto a Rodríguez Sánchez son e exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonnathan Rodríguez Imbert; el exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano Augusto, y el exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina.
También la excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado; el excontador del Ministerio Público, Rafael Antonio Mercedes Marte y la exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría, Isis Tapia Stefanni.
Asimismo están señalados por el Ministerio Público, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.
Santo Domingo, R.D.-Fueron identificados este lunes los dos fallecidos en el accidente de tránsito que involucró un camión de combustible, un automóvil, una yipeta y una motocicleta en la avenida George Washington, próximo al restaurante Adrián Tropical, en el Distrito Nacional, en el que dos vehículos se calcinaron producto de una explosión.
Las víctimas fueron identificadas como Luis Alejandro Torres Mejía, de 35 años, y María Altagracia Méndez de Olivo, de 53.
De acuerdo con la información suministrada por el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Frómeta Herasme, el hombre fallecido conducía el camión y la mujer se desplazaba en la yipeta.
- Frómeta Herasme indicó que las causas de la explosión del camión tanquero se encuentran en fase de investigación.
El accidente ocurrió a las 6:58 de la mañana de este lunes. Según las autoridades, el camión transportaba alrededor de 10,000 galones de combustible, que se derramaron y posteriormente explotó causando un incendio.
- Por tratarse de gasoil, los bomberos utilizaron espuma para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas.
El incendio provocó una intensa humareda en la zona y movilizó a unas 12 unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, además de generar un fuerte congestionamiento vehicular.
Al lugar del hecho acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom).
Santo Domingo, R.D.-Los recién designados mandos militares y politiciales designados mediante decretos por el presidente Luis Abinader fueron juramentados por el jefe de Estado.
En un acto realizado en el Palacio Nacional, el mandatario tomó juramento a Ernesto Rafael Rodríguez García como nuevo director general de la Policía Nacional; Jimmy Arias Grullón, como nuevo comandante general del Ejército de la República Dominicana; Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, como comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
Igualmente se juramentó a Jorge Iván Camino Pérez, Inspector General de las Fuerzas Armadas; Buenaventura Colón Rosario, como viceministro de Defensa para asuntos militares; a Manuel José Brito Estepan, como subcomandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana; a Dionisio de la Rosa Hernández, como inspector general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
En la imagen, los nuevos altos mandos militares y policiales.Javier Flores
Por igual quedaron juramentados en sus nuevas posiciones Celin Rubio Terreno, como asesor militar del presidente de la República; el general de brigada José Manuel Duran Infante, como subcomandante general del Ejército; Raúl Esteban Mora Hernández, inspector general del Ejército; Rafael Raimundo Ramírez Tejada, comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial del Ejército.
También fueron juramentados Guillermo Caro Cruz, como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Emmanuel Almonte Polanco, como subjefe del Cusep.
La designación de los altos mandos militares está contenida en el decreto 557-26, el cual fue dado a conocer en horas de la madrugada del lunes. Mientras que en la tarde fue difundido el 558-26, que dispone el nombramiento del nuevo director de la Policía Nacional.