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Tras años de debates el caso Antipulpo entra en su fase final
Santo Domingo, R.D.-Tres años y medio después, dado que el caso Antipulpo se inició en noviembre de 2020 cuando la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ejecutó una serie de operativos de allanamientos que resultaron en múltiples arrestos, las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, conformado por Claribel Nivar, Clara Castillo y Jisell Soto, han marcado la ruta final del proceso.
En la audiencia de este lunes fue presentado Jonathan Ramón Gutiérrez Arias, un contador que fue contratado por Alexis Medina Sánchez para realizar un contraperitaje al realizado por el Ministerio Público a las empresas del hermano del expresidente Danilo Medina.
En este juicio de fondo ya se han conocido la mayoría de las ofertas probatorias de cada una de las partes. En la audiencia pautada para el próximo miércoles 19 de febrero se iniciará con presentación de las conclusiones finales. Entonces, finalizada esta parte, el tribunal decidirá una fecha de fallo.
Las juezas han pedido a las partes involucradas, estar presentes desde las 8:30 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para evitar contratiempos.
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado que conocen el caso Antipulpo
Desde el 2020 el caso ha pasado por diversas fases, incluyendo la presentación de la acusación formal en diciembre de 2021 y el inicio del juicio de fondo en septiembre de 2023.
El abogado defensor Robinson Reyes estima que la evaluación final para emitir o no una condena, ha de tomarle un tiempo considerable a las juezas, debido al alto volumen de pruebas presentadas por las partes.
Lo que espera el Ministerio Público
El Ministerio Publico, encabezado por Mirna Ortiz, procuradora de Corte y coordinadora de Litigación de la Pepca, espera lograr condenas ejemplares contra los acusados.
Obtener sentencias condenatorias con penas de prisión y decomiso de bienes adquiridos ilícitamente, así como recuperar los fondos públicos desviados mediante contratos fraudulentos y maniobras irregulares.
El Ministerio Público ha calificado este caso como un «ejemplo del compromiso con la lucha contra la corrupción en el país».
Alexis Medina, principal acusado del caso Antipulpo.
A los acusados en el entramado de corrupción se les señala de haber estafado al Estado dominicano con más de 5,000 millones de pesos.
En este juicio se sindica a Alexis Medina y otros encartados de asociación de malhechores y de desfalcar al Estado, aprovechando su condición de hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, para, a través de diversas instituciones, negociar y así incurrir en corrupción.
Imputados
El proceso sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien se le acusa de utilizar su influencia como hermano del expresidente Medina para organizar un entramado societario que alegadamente desviaba fondos del Estado dominicano mediante empresas interpuestas en los procesos de compras. «Estas empresas se beneficiaban de contratos fraudulentos obtenidos gracias a su posición de poder».
Así como contra Carmen Magalys Medina Sánchez, quien, en su calidad de vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), presuntamente habría facilitado procesos de compras simulados en beneficio de las empresas vinculadas al entramado liderado por su hermano. Por su parte, Fernando Manuel Rosa Rosa, expresidente del Fonper, presuntamente utilizó los recursos de la institución para fines proselitistas, incluyendo la construcción de viviendas destinadas a campañas políticas».
Fernando Rosa, uno de los acusados en el caso Antipulpo
El exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, está acusado de participar en la adjudicación irregular de contratos a empresas vinculadas al entramado, permitiendo el desvío de fondos públicos. Rafael Antonio Germosén Andújar, como excontralor general de la República, presuntamente facilitó y encubrió las operaciones fraudulentas, impidiendo que fueran detectadas por los controles internos.
Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exdirector de Fiscalización de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), es señalado de presuntamente aprobar y supervisar obras con sobrevaluaciones y pagos irregulares en beneficio de las empresas del entramado.
José Dolores Santana Carmona está acusado de ser uno de los principales testaferros, alegadamente prestando su nombre para la creación de empresas ficticias que canalizaban los fondos desviados. De manera similar, Wacal Bernabé Méndez Pineda está acusado de participar en la falsificación de documentos y la creación de empresas fantasmas para simular competencias en licitaciones públicas.
Libni Arodi Valenzuela Matos habría presuntamente participado en la elaboración de documentos falsos y gestionado empresas de carpeta que desviaban recursos hacia los líderes del entramado.
Paola Mercedes Molina Suazo está acusada de ser intermediaria en las transacciones financieras del entramado, facilitando el movimiento y lavado de fondos ilícitos. Carlos Martín Montes de Oca Vásquez, por su parte, habría creado y administrado empresas ficticias, mientras que Víctor Encarnación Matías Montero está imputado por colaborar en la logística de los fraudes, incluyendo la coordinación de entregas y servicios ficticios.
Francisco Ramón Brea Morel (Johnny Brea) habría falsificado documentos relacionados con la entrega de materiales como el AC-30 para justificar pagos millonarios por servicios no realizados. Rigoberto Alcántara, Carlos Alarcón Veras y Lina Ercilia de la Cruz están imputados por la administración y creación de empresas utilizadas para justificar los contratos fraudulentos.
Documentos del caso Antipulpo.
Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino, José Miguel Genao, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa son señalados por alegadamente facilitar la creación de empresas y estructuras financieras para el blanqueo de capitales, permitiendo que los recursos desviados llegaran a los líderes del entramado sin levantar sospechas.
Empresas vinculadas
Domedical Supply, Fuel American Inc. Dominicana S.R.L., General Supply Corporations S.R.L., General Medical Solution A.M. S.R.L., Kyanred Supply S.R.L., Suim Suplidores Institucionales Méndez, United Suppliers Corporations S.R.L.
También, Wattmax Dominicana S.R.L., WMI International SRL, Wonder Island Park S.R.L, Editorama S.R.L, Acorpor S.R.L, Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina (Cemeraf) S.R.L, Ichor Oil S.R.L., Globus Electrical, Contratas Solution Services CSS S.R.L.
Además, figuran también Constructora Alcántara Bobea (Conalbo) S.R.L., R&T Construcciones e Inversiones S.R.L., Proyectos Engineering & Construction Pic SRL, Reivasapt Investments SRL, Suhold Transporte y Logística.
Santo Domingo, R.D.-El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tiene previsto emitir este lunes 17 su decisión sobre la solicitud de extinción del caso Antipulpo, un proceso que involucra a varios imputados acusados de corrupción administrativa.
La petición fue realizada por la defensa de Carmen Magalys Medina Sánchez y once imputados más, quienes argumentaron que sus clientes no han sido responsables del retraso en el desarrollo del proceso judicial.
Una de las defensas que se adhirió a la petición de extinción de los representantes de Medina Sánchez, fue la de su hermano y principal imputado, Juan Alexis Medina Sánchez, señalando que su defendido ha estado por 37 meses privado de libertad sin que, hasta el momento, se haya emitido una sentencia definitiva.
Las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, decidirán si aceptan o no la extinción del caso Antipulpo.
Figuran como imputados el exministro de Salud Pública, Lorenzo -Freddy- Hidalgo, actualmente se encuentran en juicio de fondo por este caso Carlos José Alarcón, Aquiles Cristofer, Antonio Florentino, Rigoberto Alcántara Batista, Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa y Libni Valenzuela.
Asimismo, Fernando Rosa y la empresa RyT, José Dolores Santana, Wacal Vernabel Méndez, Carmen Magali Medina Sánchez, Rafael Antonino Germosén Andújar, José Miguel Genao, la compañía Editorama y Juan Alexis Medina Sánchez, así como empresas de su propiedad.
Santo Domingo, R.D.-Dieciocho meses de prisión preventiva pidió la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Montecristi como medida de coerción a Yerfri Rafael Santana Durán, alias el Jefe o Patrón, imputado por tráfico ilícito de cocaína camufladas en cargamentos de bananas.
Solitaron además, que el caso sea declarado complejo.
El Ministerio Público vincula a Santana Durán con el decomiso de 316 láminas, con un peso de 102 kilogramos de cocaína, en el Puerto de Manzanillo en Montecristi, que pretendía sacar la organización criminal en un contenedor con bananas, el 23 de septiembre de 2024, con destino a Europa.
El Juzgado de la Instrucción de Montecristi conocerá este lunes 17 de marzo de 2025, a partir de las 4:30 de la tarde, la solicitud de medida de coerción al imputado, señalada como el «líder» de la organización desmantelada con la Operación Narcobananas.
De acuerdo con la información compartida por la Procuraduría General de la República, Santana Durán era encargado de transportar en sus vehículos los cargamentos de drogas y lavar los activos de la organización.
La nota señala que Interpol procedió con su arresto y dio parte a las autoridades del Ministerio Público, cuando este pretender salir del país por el Aeropuerto del Cibao en momentos en que se había activado su búsqueda.
En el arresto se le ocupó un vehículo de alta gama, del año 2025, marca Isuzu, modelo D-Max, la suma 7,899 dólares y 10 mil pesos dominicanos, así como prendas de alto valor económico.
Antecedentes
- En octubre de 2024, días después del decomiso de la sustancia, Santana Durán, se había ido con destino a Newark, Estados Unidos, regresando 19 días después, cuando ya se había presentado medida de coerción en contra de la estructura.
Otros imputados
Por el hecho también están sometidos a la justicia, con medidas de coerción los socios de la empresa Banalasa, SRL, José Rafael del Carmen Santana Liz y Miguel Tomás Rodríguez Almonte, quienes, según la acusación, siendo representantes de esa compañía, fueron los responsables de colocar la sustancia controlada en un sofisticado embalaje de láminas, proceso que debe hacerse dentro de las instalaciones, con un personal a cargo.
Las investigaciones se llevan a cabo bajo la dirección de las titulares Ramona Nova y Grimaldi Oviedo, de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de Montecristi, respectivamente. Integran también el equipo investigador los fiscales Manuel Castro y Claudio Cordero, por parte de la Procuraduría Antilavado, y Francis Peña, por la Fiscalía de Montecristi.
Santo Domingo, R.D.-Miembros de la Interpol Santo Domingo capturaron a un hombre que era activamente buscado tras haberse fugado de la Cárcel Pública de Hombres en Baní el 26 de julio de 2019, cuando fue trasladado a un centro de salud en esa ciudad.
Se trata de Helizardo Mejía Francisca, conocido como Adonis el Cojo, quien fue arrestado en el Aeropuerto Internacional del Cibao al momento de ingresar al país.
El informe indica que el detenido intentó evadir a las autoridades al identificarse como ciudadano colombiano bajo el nombre Anderson Armando Reyes Martínez, portando el pasaporte número BF162487, documentación adquirida de manera fraudulenta.
Sin embargo, mediante un análisis biométrico en los sistemas de la Policía Nacional, se confirmó que se trataba de Helizardo Mejía Francisca, de 33 años, quien también usaba la identidad de Gregorio Cruz Bautista.
Prontuario
“Adonis el Cojo” posee un amplio historial delictivo que incluye homicidio, porte ilegal de armas de fuego y armas blancas, distribución de drogas y asociación de malhechores, según los registros policiales.
Coordinación y captura
La detención se efectuó gracias a la coordinación entre la Interpol Santo Domingo, sus homólogos internacionales y la Dirección General de Migración, luego de que se detectara el desplazamiento del fugitivo.